Los disturbios en los suburbios franceses inquietan a la Policía Española

Y no es para menos. Las consecuencias de índices de paro cada vez más crecientes y una singular pérdida en el poder adquisitivo de la población ha implicado un incremento de las dotaciones policiales en barrios periféricos de las grandes ciudades, así como una notable presión policial en diversos ámbitos de la vida ciudadana.

Esto sirve para concluir que los responsables de Interior tienen claro que el mantenimiento del modelo económico actual implica un incremento de la violencia sobre los sectores afectados. Esto significa cuerpos policiales cada vez más violentos y numerosos. Sin ir más lejos, en Guadalajara, la concejala de seguridad del Partido Popular María José Agudo ya ha anunciado un plan de videovigilancia de las calles de la capital así como un incremento de plantilla de la Policía Local.

«Municipalismo Policial»

La vieja idea del Policía Municipal que manteníamos hasta hace muy poco, que nos daba la idea de un funcionario público que ayudaba a los ancianos a cruzar la calle y asistía a las escuelas para enseñar a los niños educación vial ha desaparecido. El punto de inflexión fue en el año 2002 cuando siendo Ministro de Interior el ahora parlamentario del Partido Popular Ángel Acebes, la Policía Municipal de Guadalajara se le otorgó competencias de Policía Judicial; esto significa que desde entonces, los agentes locales podrían detener a una persona, identificarla y ponerla a disposición de la Policía Nacional. Lo que era anteriormente un cuerpo de atención ciudadana y asistencia ahora se convierte en un cuerpo subsidiario de otro más complejo y con funciones mucho más amplias.

Las conocidas como «Ordenanzas Municipales de Limpieza» o de Convivencia, aplicadas en muchas grandes ciudades del Estado, han sido la tapadera para otorgar a este cuerpo municipal funciones hasta ahora nunca vistas. Desde la capacidad para requisar propaganda política, intervención en concentraciones de masas, registro de locales públicos prácticamente sin orden judicial hasta la atribución de facultades de antidisturbios, siendo todas estas acciones restrictivas de los derechos y libertades y por tanto, solamente pueden ser efectuadas bajo la supervisión judicial. En otras ciudades y capitales de provincia, la Policía Municipal ya tiene cuerpos especiales de intervención que algunos abogados y organizaciones de defensa de los derechos civiles han puesto en duda su legitimidad. Desde los Cuerpos de Intervención de la Guardia Urbana en Barcelona, Zaragoza, o la siniestra UNIPOL de Tenerife, recientemente denunciada por torturas. Sin llegar a esos extremos en Guadalajara, las perspectivas no son nada alentadoras. Cada vez hay más quejas de un cuerpo de Policía Municipal renovado cada vez más violento e intransigente.

El grupo de los «Rambitos» (está información proviene de un miembro de la Policía Municipal ahora en excedencia), parodia de logia policial afín a la ultraderecha alcarreña, es una realidad de sobra conocida por los mandos de la Policía Municipal y del Ayuntamiento de Guadalajara, que lejos de ser disuelta es guardada en un baul. Y en efecto, las circunstancias socioeconómicas y los cambios que está habiendo en la realidad de Guadalajara hacen pensar a los jefes de la seguridad municipal que va a ser necesario utilizarlos en un próximo futuro.

La Policía Nacional

Si bien es cierto que este cuerpo está supeditado a las directrices del Ministerio del Interior, no está exento de sospechas acerca de una «mala praxis profesional». Tras la etapa de gobierno de José María Aznar, donde el Cuerpo Nacional de Policía quedó muy en entredicho por la actividad represiva en las movilizaciones sociales que hubo contra su gobierno, se pudo, o mejor dicho, se quiso ver un cambio en el cuerpo como consecuencia de la victoria electoral de Jose Luís Rodríguez Zapatero en las elecciones de marzo de 2004. Un escenario político de creciente respaldo social por la retirada de las tropas de Irak, así como las esperanzas de paz tras la declaración de Alto el Fuego Permanente por parte de ETA hicieron pensar en cambios sustanciales en la doctrina de la Policía Nacional.

Pero la realidad no fue así. Una derecha ultramontana encarnada en la política de oposición del PP, más la debilidad del gobierno Zapatero hicieron que este último hiciera todo tipo de concesiones a la derecha. Entre ellas estaba aplicar mano dura con los movimientos sociales, incremento de la vigilancia sobre las organizaciones ciudadanas así como un espectacular despliegue de medios de control sobre locales, puntos de reunión y manifestaciones de masas.

El mayor punto de inflexión viene en diciembre de 2006. ETA rompe de hecho el Alto el Fuego, y el gobierno pone en marcha toda una maquinaria destinada a preparar un escenario cada vez más represivo. En Guadalajara saltan las alarmas en febrero de 2007, cuando la Coordinadora Antifascista denuncia una brutal paliza que agentes de la Policía Nacional propinan a un joven en dependencias policiales. Además, se hacen sendas denuncias públicas acerca de un encañonamiento discriminado que un miembro de este cuerpo hace a dos jóvenes de 16 años en las inmediaciones del Colegio de las Anas.

Otro aspecto en Guadalajara es el de los barrios más populosos (Escritores, Parque Sandra, Alamín o Manantiales), donde además de haberse redoblado la presencia policial, determinados casos de abusos están envueltos en secretismo por las limitaciones que tienen sus habitantes a la hora de denunciar: limitaciones económicas o incluso legales, esto es, bien inmigrantes con miedo a perder su status laboral o bien ciudadanos con determinados problemas legales que se ven impedidos a denunciar una nueva situación que creen que puede empeorar la que ya tienen.

Pero además, hay que incluir el hecho de que es cada vez más amplia la tupida red de informadores que, pertenecientes o no al cuerpo, proceden a obtener información en las inmediaciones de bares, puntos de ocio, parques e incluso los institutos de secundaria. Todo ello con el fin de controlar una situación que lejos de ser un mero problema de seguridad tiene un hondo contenido económico.

Las raíces del problema

El caso Francés, donde lo que ya preveía la película La Haine en el año 1995 terminó de concretarse 10 años después, dio un claro ejemplo que, sin ser equiparable a la situación en España, puede darnos solución a algunas dudas. Los disturbios de las barriadas humildes de varias ciudades francesas fueron provocados por ciudadanos franceses, hijos de segunda o de tercera generación de aquellos emigrantes provenientes de las antiguas colonias que este país tenía en África, fundamentalmente Argelia. Estas familias que emigraron poco después de la independencia de este país norteafricano han tenido históricamente un trato denigrante por su condición de inmigrantes, y ello ha sido una marca que han llevado sus hijos y sus nietos. La actual generación, a la que en teoría le corresponde todos los derechos que como ciudadanos franceses le son inherentes, se sienten víctimas de un tácito apartheid&nbsp socioeconómico, es decir, desde que nacieron estuvieron condenados a vivir recluidos en barriadas pobres, con escasas oportunidades de empleo y con un control brutal por parte de las Fuerzas de Seguridad, lo que significa que para las víctimas de este cuarto mundo Policía es igual a enemigo. Mientras tanto, la Policía y los responsables de Interior toman nota de esta percepción, e imponen un modelo claramente desigual de desarrollo a golpe de porrazo.

En España, el problema es más reciente. La inmigración proveniente de Marruecos fundamentalmente es un movimiento migratorio que comienza a percibirse como una realidad a principios de los años 90. Pero lo cierto es que muchos ciudadanos marroquíes o de otras nacionalidades, plenamente adaptados a la realidad del lugar donde viven, siguen siendo discriminados, sin que exista una voluntad por parte de las Administraciones de dar carta de naturaleza a una realidad que se percibe sociológicamente como un problema. Aunque adquieran un carnet de identidad que les otorgue la nacionalidad española, siguen siendo tratados como inferiores y ello significa la incubación de un huevo de serpiente que puede romperse en cualquier momento, es decir, que los hijos de estos trabajadores exijan esos derechos que el Estado no les reconoce.

Y si a este problema de la población migrante se suma un problema económico que afecta a todas las capas trabajadoras de la sociedad, y fundamentalmente a los jóvenes que ven cada vez menos salidas dignas a sus necesidades básicas de vivienda, trabajo o educación, podemos ver que en un plazo corto de tiempo, las barriadas pobres de las ciudades del Estado sean el escenario de un conflicto que ponga, como en Francia, en entredicho esas estructuras políticas.

Pero las Fuerzas de Seguridad y los responsables de Interior españoles han determinado darle un carácter purgatorio al conflicto que sobreviene al modelo económico. Lejos de proceder a una lectura económica del problema, cobijan una extrema torpeza camuflando este conflicto como una cuestión de «lucha contra la criminalidad» y ese patrón es el que aplican a la hora de resolver cualquier clase de conflicto, lo que pone en entredicho una relación cordial entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad, que a medio y largo plazo se volverán actores antagónicos, pues en definitiva son más los afectados por la acuciante crisis económica que los que demandan seguridad para mantener sus enormes propiedades y activos financieros.

Y por ello en Guadalajara vamos a ver escenas de conflicto, porque las dificultades para mantener condiciones de vida básicas están empezando a ser ya la nota dominante de la vida de las familias.

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