Los Dirigentes de I. Xunida son procesados por Coacciones y Falsedad Documental

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Iglesias y Martín serán juzgados por la "guerra" de la sede del PCA El TSJA cree que puede haber delitos de coacciones y falsedad documental.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acordó la apertura de juicio oral por un presunto delito de coacciones y otro de falsedad documental contra la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, y el diputado regional, coordinador de IU Asturias y portavoz del grupo parlamentario, Jesús Iglesias. Además también están imputados el apoderado y el secretario de finanzas de la organización, Alfonso Suárez Hernández y Luis Alvarez Pérez. El Ministerio Fiscal interesó el sobreseimiento provisional por entender que no existen "elementos suficientes" para imputar los delitos.

Los hechos enjuiciados se remontan al 29 de mayo de 2007 cuando la disputa por la sede de IU y el Partido Comunista de Asturias (PCA), en la plaza de América, dio lugar a un cambio de cerraduras a instancias de la organización que dirige Iglesias y que tuvo como consecuencias una batalla campal en plena sede con varios lesionados y una denuncia presentada por el secretario general del PCA, Francisco de Asís Fernández Junquera. La guerra por los locales es consecuencia de la crisis en el seno de IU donde los críticos accedieron a la dirección del PCA al ser anulado por el PCE el congreso que reeligió a Noemí Martín como secretaria general de los comunistas asturianos.

En el auto del TSJA también se formula acusación por un presunto delito de falsedad documental contra el diputado autonómico Francisco Javier García Valledor al que se le exime del delito de coacciones. La falsedad documental habría tenido lugar por la existencia de un contrato de arrendamiento a IU del local de plaza de América propiedad del Partido Comunista de España (PCA).

Según la denuncia de Fernández Junquera el citado contrato es falso ya que habría sido redactado con posterioridad a la fecha que figura en el mismo –23 de junio de 2003– y después de que a Noemí Martín le revocaran sus poderes como secretaria general del PCA, para justificar la ocupación que IU hizo de la sede que venía compartiendo con el PCA. Según este contrato, se cedía en arrendamiento a IU el local por una duración inicial de 10 años con prórrogas obligatorias anuales, hasta un máximo de cinco, con una renta mensual de 2.400 euros.

AFORADOS Por su condición de aforados la denuncia de Junquera –que pide dos años de prisión e inhabilitación, además de multa, para los dirigentes de IU imputados– contra Iglesias, Martín, Valledor, y demás será juzgada en la sala de lo Penal del TSJA. Al hoy secretario del PCA y a otros miembros del partido se les impidió el acceso a la sede aquel 29 de mayo por parte de vigilancia privada contratada por la dirección de IU tras proceder al cambio de cerraduras. Esta situación se produjo durante tres días y derivó en una trifulca entre los partidarios de unos y otros en el portal que obligó a la intervención de la policía y alguno de los contendientes salió en camilla.

Un auto del 31 de mayo del juzgado de instrucción dictaminó la reposición de la situación anterior con la retirada de la vigilancia privada y la entrega al PCA de las nuevas llaves para que pudieran seguir utilizando los locales de forma conjunta como antes. Dicha orden, según Junquera no fue acatada en tiempo y forma por lo que se acusó a la dirección de IU de desobediencia.

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