Publicado en: 29 mayo, 2015

Los condenados por delito fiscal podrán evitar la publicidad de las sentencias si pagan la deuda

Por Kaos. Laboral y economía

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la ley orgánica que permitirá publicar de forma parcial las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, aunque los condenados podrán evitar que se publiquen sus sentencias si reparan el daño causado pagando la cantidad defraudada antes de la firmeza de la sentencia. Así lo ha señalado […]

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la ley orgánica que permitirá publicar de forma parcial las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, aunque los condenados podrán evitar que se publiquen sus sentencias si reparan el daño causado pagando la cantidad defraudada antes de la firmeza de la sentencia.

Así lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que se publicarán solo sentencias firmes, “jurídicamente inatacables” y consideradas probadas por resolución judicial.

La primera lista que se publicará, la de deudores, estará compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón de euros.

Estas sentencias harán referencia a delitos contra la Hacienda Pública y por insolvencia punible. Como ejemplo, Sáenz de Santamaría ha asegurado que en el año 2014 se produjeron 343 procesos penales firmes por delitos contra la Hacienda Pública.

La publicación, en cualquier caso, será parcial y respetará el derecho al honor y la intimidad del condenado, así como los derechos de todas aquellas personas implicadas en la causa pero que no resulten afectadas por el fallo de la sentencia. Las sentencias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se aplicará una “retroactividad media”

Cuestionada por la retroactividad, la vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo ha estudiado los diferentes informes que se han emitido sobre la retroactividad de la publicación de las sentencias y el carácter penal o no de una medida de esta naturaleza, sobre la que hay distintos criterios según las instituciones.

A este respecto, ha subrayado que el Gobierno comparte la postura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que no es una pena, “igual que no lo son algunas sanciones de ámbito económico que deben publicarse y que no se consideran normas restrictivas”.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Ejecutivo ha optado por una “retroactividad media”. Es decir, que se prevé que se publiquen las sentencias que sean firmes una vez que haya entrado en vigor la ley, aunque los hechos se hayan cometido antes.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el tiempo medio de tramitación de una sentencia desde que es registrada la denuncia por la Agencia Tributaria hasta que es firme, en 2014 y lo que ha transcurrido en 2015, ha sido de 2.331 días (6,4 años).

El Ejecutivo lleva a Cortes Generales este proyecto de ley después de recibir los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal.

Agencias

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