Los atrasos en los pagos del salario social y la Dependencia provocan cientos de quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz

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Dice el Defensor del Pueblo Andaluz que en 2014 les ha resultado imposible encontrar una queja en la que la denuncia ciudadana no se tradujese en la pérdida o vulneración de algún derecho como consecuencia de la crisis o como resultado de las medidas adoptadas para solventar la falta de recursos públicos.

Por eso Jesús Maetzu Gregorio de Tejada, en su memoria del año pasado, ha querido llamar la atención sobre lo extremadamente duro que supone cada día escuchar -en sus consultas, en las llamadas telefónicas, en los escritos y mensajes de las redes sociales- el dolor, la desesperanza, la indignación y la impotencia de los ciudadanos: «Jóvenes, mayores y menores que van perdiendo todo lo que tenían como el empleo, la vivienda, las ayudas a las que se suma la impotencia de no poder pagar el alquiler, los suministros básicos, el copago, los tratamientos médicos, los estudios de los hijos, e ir perdiendo el trabajo, prestaciones, coberturas sociales, derechos adquiridos». Eso se resume en una cifra: el 53% de la actividad de la institución fue sobre denuncias que afectan directamente al Estado del Bienestar. El crecimiento del número de personas que ha acudido para la defensa de un derecho ha sido uno de los datos más significativos: 165.800 individuos. Eso supone un 300% más que el año anterior. Desde Granada llegaron un 8% del total, esto es, 13.264 solicitudes de ayuda, entre quejas formales, consultas, mails solicitando información…

En su memoria, el Defensor regaña a la Junta por el retraso en el reconocimiento y concesión de ayudas como el salario social, cuyas demoras en la provincia de Granada han llegado a los 11 meses, pese a que el plazo legal de su resolución -como contempla la propia normativa aprobada por la administración- es dos meses.

Según la investigación abierta por esa entidad, y con datos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, desde finales de febrero de 2014 las solicitudes de ayudas sociales presentadas en las delegaciones provinciales de la consejería dejaron de aprobarse y pagarse por haberse agotado el presupuesto para el año. En 2013 se concedieron 55.711 solicitudes del programa de solidaridad -alrededor del 10% fueron para Granada-, entre las que se incluían las pendientes de 2012. «Preocupa lo que pueda ocurrir en 2015, ya que en el 2014 se presentaron 62.758, de las que se han concedido 8.718, denegado 4.724 y archivadas 7.916, quedando pendientes de resolver 41.400 en el momento de redactar la memoria», avisa la institución. Esta alerta, además, de la falta de justificación y motivación en muchas solicitudes rechazadas.

Deudas con herederos

Por otra parte, los retrasos y el atasco de las prestaciones de la Ley de Dependencia copan la mayoría de las quejas formalmente tramitadas por los granadinos, que ascienden a 55. En una reciente respuesta al Defensor, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia se mostraba confiada en abonar en 2015 la deuda acumulada tanto por la demora en el abono por la prestación económica para cuidados en el entorno familiar correspondiente a 2014; la anualidad 2015 y la deuda generada en favor de los herederos dependientes fallecidos.

A pesar de la gravedad de lo anterior, nuevamente las quejas más reiteradas en 2014 fueron las relativas a la aplicación de la cláusula suelo hipotecaria. Desde Granada, en concreto, la mayoría de ciudadanos que se dirigieron al Defensor lo hicieron en el área de consumo y más concretamente por este tema de los bancos, además de por peticiones relacionadas con la luz y el agua, para los que Jesús Maetzu pide una regulación que los garantice. Sesenta y seis residentes en la provincia tramitaron su disconformidad y pidieron una mediación por los suministros o las hipotecas. En esta última materia ya ejerció la defensoría una actuación de oficio en 2013, ante la recepción en masa de escritos que reclamaban la eliminación de la cláusula por abusiva y por no haberse ofrecido suficiente información acerca de la misma al suscribir el préstamo.

«Nuestra intervención se dirigió a la Secretaría General de Consumo proponiendo actuaciones que podrían redundar en una mejora de la situación de las personas afectadas ante la reticencia de las entidades financieras a eliminar sus cláusulas», explica el Defensor, quien reconoce que los bancos le han hecho poco caso.

Peor Educación

Otros asuntos granadinos versan sobre Educación (44), algunos son quejas que afectaban a centros docentes, donde la Junta decidió suprimir determinadas líneas, argumentando la necesidad de modificar la oferta inicial para adecuarla al descenso de la natalidad, la zonificación existente, la configuración de los centros y su plantilla orgánica y de funcionamiento. La escasez de plazas en conservatorios profesionales de música de Granada también ha sido un tema debatido en esa institución. En ella también se abrió una investigación al objeto de mejorar la calidad y evitar el riesgo que para las personas con movilidad reducida supone el paso por los semáforos, tras verse alterada la cadencia de estos en la ciudad de Granada.

Especialmente duro se muestra el Defensor con lo ocurrido en el SAS, donde advierte de la precarización de su plantilla y del abuso de nombramientos a tiempo parcial. Considera que aunque esta práctica es legal, la generalización de este tipo de nombramientos permite hablar de «un fraude de ley, una rebaja encubierta de salarios y un ataque frontal a la profesión médica y, por tanto, al corazón del propio sistema sanitario público».

Como curiosidad, en materia de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, 49 quejas no fueron admitidas a trámite al no apreciarse irregularidad por parte de la Administración y una de ella fue relativa a la Línea de Alta Capacidad de Granada (LAC). «Una vez estudiada su comunicación, le señalábamos que no podía ser admitida a trámite porque no se desprendía que se hubiera producido una infracción que supusiera la vulneración de un derecho constitucional o estatutario. Y ello, por cuanto que se trataba de una decisión del gobierno municipal que había sido adoptada dentro de su ámbito».

http://www.ideal.es/granada/201504/12/atrasos-salario-social-dependencia-20150411223539.html

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