Lo que se puede aprender de la crisis de Celsa sobre la anatomía del capital actual

Celsa Group es una empresa del sector del acero con sede social en el Polígono Industrial de San Vicente Castellbisbal, en Barcelona. Su facturación en el año 2020 alcanzó los 4.120 millones de euros, y en ese mismo año trabajaban en sus factorías y oficinas 9.680 personas. Su presidente es Francesc Rubiralta, un joven directivo perteneciente a una familia de amplia solera en la Cataluña empresarial.

Celsa es, en estos momentos, una empresa en crisis que ha acaparado muchos titulares en la prensa económica. Se está hablando de un hipotético rescate estatal, y de la posibilidad de que acabe, si no se da dicho rescate, en concurso de acreedores, lo que podría significar despidos masivos. Las tensiones entorno al posible rescate de Celsa son un magnífico ejemplo práctico de cómo se constituye, en estas décadas convulsas del siglo XXI, la anatomía básica del capitalismo actual. Las contradicciones y la fragmentación de los intereses de los actores que participan en este drama (actores empresariales y proletarios) pueden enseñarnos mucho acerca de cómo está constituido el ecosistema empresarial de nuestro tiempo y de cuáles son los intereses convergentes y divergentes de las distintas fracciones del capital global.

Celsa arrastra una deuda muy elevada desde 2017. La empresa, que es propiedad al 100% de la familia Rubiralta, tiene un pasivo de 2.805 millones de euros, que la sitúa al borde de la quiebra. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el vehículo creado por el Estado para inyectar fondos públicos en empresas estratégicas en situación de crisis ha ofrecido recapitalizar la empresa con 550 millones de euros. Pero tiene una exigencia asociada a dicha ayuda: que Celsa alcance un acuerdo con sus acreedores que le permita reducir su deuda en un 38 %, hasta los 1.737 millones.

La deuda de Celsa se divide en tres tramos: un préstamo a largo plazo de 750 millones; un crédito convertible de 1430 millones; y líneas de circulante por otros 425 millones. Los dos primeros tramos están en manos de fondos internacionales que los adquirieron a precio de ganga por la situación de crisis de la empresa. Entre ellos están Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Sculptor, Goldentree, Atteestor y Anchorage, que controlan el 90 % de estos instrumentos.

La familia Rubiralta entiende que son los fondos los que tienen que asumir una quita de la deuda en su poder de 1200 millones de euros. Los fondos no quieren ni oír hablar de ello, y han planteado que una parte de los créditos se conviertan en un 49 % del capital social, y que se cree un instrumento financiero híbrido entre capital y deuda que les permita mantener buena parte de sus derechos de cobro sin que figure contablemente como deuda de la empresa.

Las negociaciones entre la familia Rubiralta y los fondos llegan a una situación de bloqueo. Nadie quiere ceder. Ambas partes intercambian nuevas propuestas. Celsa ofrece un bonus de rentabilidad a los fondos, garantizado por acciones de Celsa, que se cobraría por estos a partir de 2029, una vez finalizado el rescate de la SEPI. Los fondos desisten de entrar en el accionariado de Celsa, pero insisten en no asumir el pasivo que la empresa entiende que les corresponde. La situación se vuelve angustiosa, ante la premura de los plazos para hacer efectivo el rescate de la SEPI. Los trabajadores se manifiestan en Barcelona, Bilbao, Santander y A Coruña para defender la continuidad del grupo y del empleo con consignas como “Todos somos Celsa”.

Rastreemos brevemente las posiciones de los distintos actores de este drama, representativo de la anatomía general de muchas empresas de nuestro tiempo.

Por un lado, tenemos a la familia Rubiralta, propietaria del 100 % del capital social de Celsa, y que ejerce el control operativo del grupo. Estamos ante una empresa familiar. El fundador de la saga, Francesc Rubiralta Vilaseca, falleció en 2010, después de haber edificado uno de los mayores grupos europeos del acero, y haberse convertido en una de las principales fortunas del Estado Español. Su nieto es quien dirige ahora Celsa.

Estamos hablando de puro capital del sector secundario y afincado en el territorio, lo que, en principio, haría las delicias del pensamiento económico nacional-popular y sus variantes. Pero no pensemos que la empresa industrial familiar, como paradigma de lo que podría llamarse el “capitalismo productivo nacional” es inequívocamente algo que se opone al mundo de los fondos de capital riesgo. La familia Rubiralta mantiene el 100 % de Celsa, pero las grandes fortunas familiares de nuestro país cada vez hacen menos ascos a los fondos. En 2021, los “family offices” de las grandes familias empresariales españolas inyectaron un récord de recursos en los fondos de venture capital locales que financian start-ups. Los Abelló, los March, los Entrecanales Franco (Acciona), los Cosentino (Silestone), los Carulla Font (Gallina Blanca) y otros inyectaron en 2021 el 40 % de los fondos captados por las gestoras locales de venture capital.

Por otro lado, tenemos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El martes 14 de junio, el presidente Pedro Sánchez llama personalmente a algunos de los acreedores de Celsa, indicándoles que el rescate de la empresa es un “asunto de Estado”. La SEPI puede permitirse inyectar 550 millones en Celsa porque, ante la situación de colapso provocada por la pandemia, la Comisión Europea autorizó a los gobiernos europeos a realizar este tipo de operaciones con empresas estratégicas. Antes del Covid este rescate hubiera sido considerado una ayuda pública proscrita por el Derecho Comunitario de la Competencia. El gobierno pide, a cambio de la ayuda, reservarse el poder de veto respecto de las decisiones estratégicas de la empresa, y un acuerdo con los acreedores que implique una quita sustancial de la deuda, ya que no quiere que el dinero inyectado en la empresa se pierda y vaya únicamente a las cuentas de resultados de los fondos. Recordemos, en definitiva, que el gobierno no paga estos rescates de un imaginario “bolsillo del Ministerio”, sino, de una manera u otra, de los impuestos que gravan el trabajo de los ciudadanos y ciudadanas españoles.

En tercer lugar, tenemos a los fondos, que posiblemente actúan en este asunto como auténticos “vulture funds” (fondos buitre), ya que la deuda que reclaman no fue emitida por ellos originariamente, sino comprada con amplios descuentos ante la situación de crisis de la empresa. No se trata, pues, de una operación de financiación de la actividad industrial de Celsa que ha salido mal, sino de una operación especulativa consistente en comprar barato un activo problemático y luego forzar el pago de la totalidad de la deuda llevando al límite la situación. Un comportamiento que no es extraño: algunos de estos fondos ya han operado en otras ocasiones de esta misma manera con otros “activos en crisis” como la vivienda pública de protección oficial de Madrid o la deuda externa de países del Sur. En su mano estaría demostrar que este análisis es exagerado, aceptando salvar a Celsa mediante una sustancial quita del nominal de la deuda que, muy probablemente, aún les permitiría obtener beneficios dados los fuertes descuentos con que la compraron.

Y en cuarto lugar tenemos a los convidados de piedra en la crisis de Celsa: los trabajadores. Trabajadores desmovilizados que pertenecen a comunidades desestructuradas que no son capaces de hacer un frente común y movilizarse para salvar miles de empleos. Un sindicalismo adormilado, una ética del consumo pasivo y una trama urbana falta de latido solidario, permiten que la voz de la clase trabajadora no sea audible en una situación de urgencia como la actual. Las movilizaciones han sido escasas y aisladas, hasta el momento. La solidaridad que se le presupone al sindicalismo y al “Barrionalismo”, limitada.

La crisis de Celsa, como decíamos, permite hacer visible la trama fundamental del capitalismo actual: fondos financieros globales con comportamientos voraces, empresariado productivo nacional en crisis, administraciones públicas que inyectan grandes sumas para rescatar al capital, sindicalismo autista.

Revertir esta situación precisa grandes dosis de inteligencia, solidaridad y capacidad de trabajar en común. Recuperar las tramas comunitarias, la conciencia de clase. Operar en los espacios naturales de socialización (trabajo, barrio, familia), desde una política de escucha y organización. Dejar lo de la política abstracta y los maquiavélicos conflictos entre sectas para otro momento. Leer el presente, entender lo que pasa, construir un pueblo fuerte. Estamos en ello.

José Luis Carretero Miramar para Kaosenlared