Líderes mineros de UGT se repartieron 2,7 millones en un bar asturiano

Los proveedores sacaban grandes cantidades de golpe de sus empresas

La Fiscalía conecta estas salidas masivas con el dinero dado a los investigados

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los líderes mineros de la UGT de Asturias de repartirse cuantiosas comisiones en metálico en un bar de la localidad de Pola de Lena. En concreto, 2,7 millones de euros.

El dinero procedía de una subvención de 31 millones otorgada por el Ministerio de Industria del PSOE en 2009 para la construcción de un geriátrico. La cifra de sobornos calculada asciende a 2,7 millones de euros, que es la cantidad que sacaron de golpe y en efectivo de sus cuentas las empresas proveedoras durante la ejecución de los trabajos.

El Ministerio Público ha tomado declaración durante los últimos meses en el marco de la operación Hulla a los contratistas de la residencia de ancianos, que han admitido que José Antonio Postigo, mano derecha del histórico dirigente de UGT José Ángel Fernández Villa y responsable de Montepío -la mutualidad minera que recibió la subvención gubernamental-, les emplazaba en el referido bar para exigirles dinero a cambio de participar en la construcción de la «Residencia de Mayores de la Minería en Felechosa».

Anticorrupción sostiene que Fernández Villa «abusó de su poder de influencia» como dirigente sindical y del PSOE para conseguir la ayuda. Esta adjudicación fue otorgada en 2009 de manera irregular por el Instituto para la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria. El alto cargo socialista que la rubricó fue Pedro Luis Marín, en ese momento secretario de Estado de Industria con Miguel Sebastián como ministro de Zapatero.

Anticorrupción sostiene que los cargos públicos de Industria se «concertaron» con los líderes mineros para amañar la adjudicación. «La connivencia llegó hasta el extremo», subraya Anticorrupción, «de que mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto, Montepío ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra». Y dicha obra comenzó «sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones».

Anticorrupción destaca que los cabecillas de la trama «falsearon y ocultaron datos esenciales para obtener la subvención y que «el convenio de colaboración para la concesión de dicha subvención se firmó simulando la concurrencia de los requisitos necesarios para ello». Por si fuera poco, «se creó un procedimiento de licitación ficticio para la adjudicación de la obra» y «se concedió la subvención por un importe muy superior al que hubiera sido necesario para acometer dicho proyecto». Señala que «no se destinó parte del dinero de la subvención a los fines para los que fue concedida» y «se obtuvieron ilícitamente ingentes cantidades de dinero».

Los investigadores han rastreado las salidas de dinero en efectivo de las empresas implicadas en los trabajos y han descubierto que durante la ejecución de la residencia de ancianos sacaron de golpe 2.799.060 euros de sus cuentas. «La investigación ha venido a revelar», destacan los fiscales Carmen García e Ignacio Stampa en sus informes, a los que ha tenido acceso este periódico, que «la facturación de dichos proveedores habría sido uno de los instrumentos utilizados para el desvío del dinero público de la subvención».

El foco principal está sobre la constructora Alcedo de los Caballeros, que fue adjudicataria «a sabiendas de que dicha empresa no contaba con la solvencia técnica necesaria para acometer la ejecución del proyecto, por lo que desde un principio los querellados contaron con la necesidad de subcontratar los diferentes elementos de la instalación». Esto «permitió» a los líderes mineros «fijar unilateralmente los presupuestos de cada partida para ajustarlos a sus intereses, adaptándolos al montante exacto de la subvención».

Por citar algunos ejemplos descubiertos por los investigadores, la empresa responsable de la climatización de la residencia retiró en efectivo de sus cuentas, entre 2009 y 2012, 758.740 euros. La empresa encargada del hormigón, sólo en 2010 sacó 117.400 euros. Los responsables de los aislamientos retiraron en metálico en tres años 1.200.849 euros. Los albañiles sacaron 120.480 euros , los pintores de la residencia 163.089 euros y los electricistas 206.500 euros.

Anticorrupción pone en conexión estas salidas masivas de dinero en efectivo con los fondos de origen desconocido que luego afloraron Fernández Villa y Postigo durante la amnistía fiscal. Sólo Fernández Villa declaró 1,2 millones de euros.

UGT se puso ayer en contacto con este periódico para remarcar que los fondos desviados no fueron a parar al sindicato, sino a los líderes mineros investigados en el caso. Asimismo, UGT recuerda que tiene presentada una querella contra Fernández Villa.

http://www.elmundo.es/espana/2017/06/12/593da629468aeb5e0a8b4643.html

 

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