Ley de uso obligatorio de mascarilla criminaliza la pobreza en Honduras: debe comprarse cuando no hay con qué comer

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En la aldea El Guanábano del Distrito Central, kilómetro 8 carretera al departamento de Olancho, se encuentra el crematorio o botadero de la capital hondureña Tegucigalpa. En el lugar, decenas de familias, lideradas en su mayoría por madres solteras, han dejado de recolectar plásticos desde que se decretó emergencia nacional por la propagación del Coronavirus.

Bajo el inclemente sol y el humo que sigue saliendo del incendio de un sector del crematorio, un mediodía de mayo, Sonia Marina carga con su brazo izquierdo a su pequeña hija de un año, mientras que con la mano derecha sostiene una botella que espera llenar con la voluntad de cada conductor que pasa por la carretera, con suerte logra algunos lempiras.

Sonia Marina y su hija salen a la calle sin una mascarilla que las proteja del Coronavirus. “Nosotros estamos pidiendo por necesidad, trabajamos en el Crematorio y ahorita no están comprando nada; pedimos que se ponga –Juan Orlando Hernández- la mano en el corazón, a veces no tenemos ni para comprarle un huevito a los cipotes, miramos llorar de hambre a los niños”.

Según el Observatorio Demográfico Universitario, en Honduras 2 millones 90 mil 564 mujeres son madres y un 52% de las madres jefas de hogar solteras viven en condiciones de pobreza.

Tras 15 días de haber tomado la decisión de apostarse a mitad de carretera, Sonia Marina puede ser sancionada con 200 lempiras, trabajo comunitario por seis horas y detención policial de 12 horas por no portar una mascarilla. El Congreso Nacional, la tarde del 21 de mayo, aprobó la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad.

La normativa, que además establece en los casos de reincidencia habitual, perderán el derecho a gozar de los beneficios de los programas sociales, incentivos fiscales o de otro orden promovidos por el Gobierno, fue aprobada sin un proceso de socialización previo, denuncia el diputado Jorge Cálix.

“Nos la compartieron un día antes, mandar la ley no es socialización. Nosotros estamos claros que debemos usar mascarilla, el problema es que esta ley criminaliza la pobreza porque obliga a la gente a comprar mascarillas y en Honduras hay 2.5 millones de personas que viven con menos de un dólar al día”, señala Cálix, asegurando que la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) votó en contra la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas.

En su último informe, Análisis y Propuestas Frente a la Crisis del Coronavirus, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) indica que Honduras, hasta el año 2019, contaba con 474,066 hogares en condición de pobreza relativa y 770,621 en condición de pobreza extrema para un total de 1.2 millones de hogares en condiciones de pobreza, sin embargo, los hogares beneficiados del programa Honduras Solidaria son 710,744 a nivel nacional.

“Las transferencias monetarias o alimentarias, realizadas a través de las municipalidades, son equivalentes a 471.86 lempiras, transferencia que es insuficiente para garantizar una canasta de bienes y servicios básica cuyo costo, según datos del INE ronda los 11,345.10 lempiras; sin mencionar que la medida tiende a ser excluyente, al no abarcar al total de personas en condición de pobreza”, apunta el FOSDEH.

Una ley inconstitucional y desconectada de la realidad

Desde el punto de vista jurídico, la abogada Gracia María Bertrand, jueza de sentencia en San Pedro Sula, indica que con la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas el gobierno está incumpliendo la obligación de garantizar la salud de la ciudadanía: “el Estado, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo primero, debe respetar el derecho a la salud y que debe garantizarlo; debe garantizarlo por medio de presupuestos, de acciones positivas por medio de leyes y de medidas encaminadas a que todos gocemos por igual, qué quiere decir todos, que no exista discriminación”.

La jueza Gracia Bertrand interpreta que la normativa de uso obligatorio de mascarillas “a todas luces es discriminatoria e inconstitucional porque lo que pretende es criminalizar la pobreza”, puesto que no todas las personas podrán comprar una mascarilla.

Durante el debate de aprobación de la ley, el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Pérez, aseguró que no se establecen penas “porque las penas son derivadas de un delito, después de haber desarrollado un proceso penal y de encontrar responsable a una persona, el mismo Código Penal establece que las sanciones administrativas no se pueden considerar penas”.

Sin embargo, la jueza Bertrand interpreta que las imposiciones de la nueva ley violenta el artículo 187 de la Constitución de la República, porque ante un estado de emergencia no se pueden establecer ni nuevos delitos ni nuevas penas: “esta es una pena, desde todo punto de vista, porque se lleva a cabo un trabajo comunitario, una multa pecuniaria y una detención”.

Agrega que la Ley, además, infringe el artículo 97 constitucional que enmarca el principio de legalidad criminal, el cual se indica que ninguna persona podrá ser limitada de sus derechos y de sus libertades si no ha sido oído y vencido en juicio.

“Esa persona tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a ser escuchada ante un juez, que conforme a todas las garantías procesales le va a decir que no tenía la plata suficiente para comprar una mascarilla y la va eximir de toda responsabilidad”, explica la jueza Bertrand.

Para el sociólogo y catedrático universitario, Eugenio Sosa, la medida impuesta por la administración de Juan Orlando Hernández está totalmente desconectada de la realidad, porque no se han tomado en cuenta los niveles de extrema pobreza y desigualdad social, y se estaría colocando como un paliativo a la apertura de la economía que, probablemente necesitaba una reflexión y preparación más profunda.

Sosa plantea que, más allá si es constitucional o legal, el gobierno ha sido incapaz de suministrar al personal médico y de enfermería el equipo de bioseguridad: “no necesitamos ley para que el gobierno dote a toda la población, específicamente a las más pobres, de mascarillas suficientes de manera universal”.

De acuerdo a Sosa, la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas no solo es una situación de criminalización es una “especie de fascismo político y social”, porque son los más pobres los que van a pagar las consecuencias de las sanciones impuestas y de la falta de control en los precios de los materiales de bioseguridad.

“Eso es parecido al confinamiento que se instaló sin garantizarle comida a la gente; las leyes fuera de contexto social terminan siendo no solo perversas y autoritarias, sino estúpidas”, expresó Sosa.

A Sonia Marina le sigue una fila de madres con sus bebés en brazos, quienes esperan ver salir la mano sobre el vidrio de un carro: “soy madre soltera y no tengo nadie quien me ayude”.

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