Legalsol proporciona un modelo para alegar ante multas por Objeción Fiscal al Gasto Militar

Publicidad

Como saben gran parte de personas objetoras fiscales al gasto militar en el territorio administrado tributariamente por el Ministerio de Hacienda (no ocurre lo mismo en las haciendas autonómicas de Euskadi y Navarra), este año la Agencia Tributaria española ha intensificado la revisión de declaraciones de IRPF. El resultado de este cambio de orientación es que ha aumentado el número de revisiones a las declaraciones con Objeción Fiscal al Gasto Militar y se han impuesto algunas sanciones a causa de ello.

Sobre ello, para estar correctamente informadas, conviene tener presente que la cuantía de dichas sanciones es de la mitad de la cantidad objetada (con bonificaciones de casi un 50% por pronto pago). Pero, y es lo más importante, son recurribles y es posible que sean retiradas. En breve os informaremos más detalladamente sobre ello.

En un texto anterior, desde Tortuga os recordábamos que este hecho no debe hacernos desistir de seguir realizando cada año nuestra Objeción Fiscal: «Es esencial que el gasto militar desaparezca si queremos construir un mundo decente: la Objeción Fiscal al Gasto Militar es tan necesaria como siempre. Frente a la persecución estatal hacia las personas que delatan el gasto militar, debemos recordar que esta es una campaña de desobediencia civil y, por lo tanto, pública y colaborativa».

También os recordábamos la iniciativa de la Asamblea Antimilitarista de Madrid para poder dar una respuesta conjunta a quienes, en defensa del militarismo y el gasto militar, están tratando de amedrentar a las personas objetoras: http://www.antimilitaristasmadrid.o…

Hoy, además, para quienes están en el caso de enfrentar una sanción de la Agencia Tributaria, compartimos el estupendo modelo de alegaciones que nos han hecho llegar las compañeras y compañeros juristas de la comisión legal 15M de Madrid: Legalsol.

Dicho recurso, que observamos muy completo y bien redactado, entre otras cosas, se apoya en sentencias en las que los tribunales han dado la razón a las personas demandantes. Si os encontráis en el caso de querer recurrir una de estas multas, podéis descargar el modelo de alegaciones aquí:

https://www.grupotortuga.com/IMG/odt/modelo_primeras_alegaciones_objecia_oea_n_fiscal.odt

O copiarlo de aquí:

 

Delegación de ________ GESTION TRIBUTARIA

(Dirección oficina Agencia Tributaria que manda la carta)

(Municipio, Provincia)

Tel. _____

Nº de Remesa: _____

Nº Certificado: ______

Nombre y apelidos persona sancionada

Dirección persona sancionada

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

N.I.F.: ______

Referencia: _______

ALEGACIONES

D./Doña _____________ con N.I.F___________, expone que el día __ de ___de 2019 he recibido el acuerdo de iniciación y comunicación del trámite de audiencia del expediente sancionador de referencia. En dicho escrito se comunica la puesta de manifiesto del expediente a fin de poder consultar el mismo, alegar lo que entienda conveniente y aportar cualquier documento, justificante o prueba que considere oportuna para la defensa de mis derechos.

Por todo ello deseo poner de manifiesto que no estoy de acuerdo con la propuesta contenida en el citado escrito, por lo que deseo poner de manifiesto las siguientes

ALEGACIONES


PRIMERA. – VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24.1 CE. DISCONFORMIDAD CON LOS HECHOS ALEGADOS. 

La sanción notificada define el hecho que da origen a la misma encuadrándolo dentro del artículo art. 193 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que sanciona: 

1. Constituye infracción tributaria obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente como consecuencia de la comisión de la infracción.

2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3000 euros, o, siendo superior, no exista ocultación”.

Sobre la base de los siguientes fundamentos fácticos:

ELIGE Y COMPLETA EL QUE PROCEDA. BORRA EL QUE NO PROCEDA.

El contribuyente identificado en el encabezamiento del presente expediente obtuvo indebidamente una devolución tributaria derivada de la presentación de su autoliquidación del IRPF/___ por importe de ___ euros, regularizada por la Administración en la liquidación por dicho impuesto como consecuencia de no haber justificado retenciones por importe de ___ euros, lo que supone la comisión de una infracción tributaria tipificada como leve, de acuerdo al Art. 193 de la Ley 58/2003, general tributaria, produciéndose el elemento objetivo de la infracción”.

El contribuyente identificado en el encabezamiento del presente expediente obtuvo indebidamente una devolución tributaria derivada de la presentación de su autoliquidación del IRPF/__ por importe de ___ euros, regularizada por la Administración en la liquidación por dicho impuesto como consecuencia de que se ha suprimido el importe consignado como retenciones efectivamente practicadas en virtud del art. 11 de la Directiva 2003/48/CE (casilla 568 de su declaración), porque no consta ninguna imputación ni se ha informado por otros Estados de conformidad con el art. 8.2.C de la Directiva 2003/48 CE, de la obtención por parte del contribuyente de algún rendimiento de capital mobiliario sometido a retención en el exterior y que le permita deducir en su declaración por dicha cuantía, lo que supone la comisión de una infracción tributaria tipificada como leve, de acuerdo al Art. 193 de la Ley 58/2003, general tributaria, produciéndose el elemento objetivo de la infracción”.

Mi oposición a los fundamentos fácticos en los que se sustenta la sanción impuesta se sostiene en los siguientes elementos:

En primer lugar, yo no he obtenido indebidamente ninguna devolución tributaria. Realicé de manera adecuada la justificación de las retenciones por importe de ___ € en el ejercicio fiscal de 20__, en la que procedí a realizar un ejercicio de objeción fiscal al gasto militar. Así:

  • No tengo retenciones a cuenta practicadas en virtud del artículo 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, ni tengo rendimientos del capital mobiliario obtenidos en el extranjero.

  • Entregué la declaración de la renta de 20__, utilizando ___€ en la casilla de Retenciones a cuenta efectivamente practicadas en virtud del artículo 11 de la Directiva 2003/48/CE como medida de objeción fiscal, pues, al no disponer de una casilla para ello, utilicé una cualquiera que me permitiera detraer la cantidad objetada. Así, calculé la cantidad que de mi cuota líquida va destinada, según los Presupuestos Generales del Estado, al Ejército y la ingresé a una entidad sin ánimo de lucro.

  • Presenté a continuación una carta de objeción después de presentar la declaración, en la que explicaba las razones por las que realizaba esta objeción de conciencia. Actuaba, por tanto, al amparo de mi derecho fundamental a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de la objeción de conciencia. Así, entiendo como viable la objeción de conciencia fiscal, puesto que la normativa vigente no la prohíbe, y actúo con el convencimiento que no incumplía ningún precepto legal.

  • La Administración me giró una liquidación provisional, en la cual no tiene en cuenta este ingreso a una entidad sin ánimo de lucro (al menos a efectos de una deducción) y abre un procedimiento sancionador por una falta leve.

Por tanto, sí que he justificado las retenciones por importe de ____ euros, en el marco de una actuación de carácter ideológico que considero legítima.

En segundo lugar, respecto de la siguiente afirmación contenida en el acuerdo de iniciación:

Es constitutiva de la citada infracción tributaria, dado la claridad de los hechos producidos contenidos y la motivación contenida igualmente en la liquidación provisional que provocan dicha regularización (que se da por reproducida en el presente acto) sin que, por todo lo que se motiva en este caso concreto, tal actuación pueda ampararse en una interpretación razonable de la norma, ni en ninguna de las causas de exoneración de responsabilidad”.

He de señalar que sí existe una interpretación razonable de la norma, precisamente por el hecho de que existe una laguna interpretativa en la misma: ningún precepto legal del cuerpo normativo tributario prohíbe la objeción fiscal. De todos modos, la Ley 49/1998 de Presupuestos Generales del Estado mantiene una alternativa respecto de la libertad ideológica en materia religiosa. Por lo tanto, la laguna normativa respecto de la objeción de conciencia (profundamente ligada con la libertad ideológica) tiene que ser autointegrada con esta norma que permite el ejercicio de escoger por razones ideológicas.

En tercer lugar, respecto de la “motivación”, si pudiéramos llamarla de este modo, sobre el elemento subjetivo del tipo infractor, en la que se aprecia “culpa o al menos negligencia”, he de señalar mi oposición al contenido de esta, que señala que:

En este caso concreto, se aprecia culpa o, al menos, negligencia en la actuación del contribuyente porque:

1) ha declarado claramente con error e incorrección ya que en el procedimiento de comprobación limitada origen del presente expediente sancionador ha quedado acreditado que el contribuyente obtuvo indebidamente una devolución tributaria por importe de ____ euros

2) porque para descubrir dicha clara incorrección ha sido necesario la actividad de comprobación por parte de la Agencia Tributaria.

3) porque la conducta del contribuyente no se halla amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales ya que ha deducido erróneamente retenciones a cuenta efectivamente practicadas en virtud del artículo 11 de la Directiva 2003/48/CE por importe de ___ euros, las cuales no ha quedado acreditado que hayan sido soportadas efectivamente por el contribuyente.

El interesado omitió las necesaria cautelas y cuidados en relación con la inclusión de dichas retenciones en la declaración del IRPF y cuya adopción hubiera evitado la comisión de la infracción. Es de destacar que la Administración Tributaria pone, asimismo, a disposición de los contribuyentes una gran variedad de servicios de información y de confección de declaraciones a los cuales pudo acudir el obligado tributario en caso de duda sobre la citada obligación”.

Respecto de estas afirmaciones, he de señalar que:

  • No he declarado con “error e incorrección” en ningún momento. Calculé la cantidad de mi cuota líquida que va dirigida a gastos militares e ingresé dicha cantidad a una organización sin ánimo de lucro. No fue mi ánimo el de defraudar a la Administración, ni ocultar devoluciones indebidas. Mi intención fue ejercer mi derecho fundamental a la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE), evitando que se pagaran con mi dinero los gastos que provocan guerras en el mundo.

  • En la medida en que no hubo engaño ni ocultamiento por mi parte, ya que manifesté mi proceder mediante una carta explicativa, no cabe entender que he provocado con ello una actividad de comprobación innecesaria por parte de la Agencia Tributaria, ya que mi actuación estuvo clara desde el primer momento, sin ánimo de actuar en la sombra.

  • No he “deducido erróneamente retenciones a cuenta por importe de ____ euros”, ni omití “las necesaria cautelas y cuidados en relación con la inclusión de dichas retenciones en la declaración del IRPF”. Creo que fui cuidadoso a la hora de explicar mi proceder y sus motivos, y, evidentemente, sé cómo realizar una declaración de la renta, por lo que no necesito los folletos explicativos que me indican. Lo que se empeñan en calificar de error fue una decisión consciente y de carácter político.

Al respecto, cabe señalar que ya la Sentencia 206/2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 24 de febrero de 2006 señaló que:

En lo tocante a la alegada falta de culpabilidad, para resolver la cuestión planteada, una vez más, hemos de traer a colación la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tiene declarado que «Cuando el contribuyente no sustrae el conocimiento de los elementos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante de la norma, que la Administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no procede la imposición de sanciones puesto que para ello se exige el carácter doloso o culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios» ( STS de 5 de septiembre de 1991, 8 de mayo de 1997, 25 de mayo de 2000, entre otras muchas ).

Así, respecto del carácter doloso de mi conducta, he de señalar que, como menciona la ya citada Sentencia 206/2006 del TSJ de Cataluña:

Ya el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de febrero de 1986 señaló que «el ejercicio de la potestad punitiva, en cualquiera de las manifestaciones, debe acomodarse a los principios y preceptos constitucionales que presiden el ordenamiento jurídico penal en su conjunto y, sea cual sea, el ámbito en el que se mueva la potestad punitiva del Estado, la Jurisdicción, o el campo en que se produzca, viene sujeta a unos mismos principios cuyo respeto legitima la imposición de las penas y sanciones, por lo que, las infracciones administrativas, para ser susceptibles de sanción o pena, deben ser típicas, es decir, previstas como tales por norma jurídica anterior, antijurídicas, esto es, lesivas de un bien jurídico previsto por el Ordenamiento, y culpable, atribuible a un autor a título de dolo o culpa, para asegurar en su valoración el equilibrio entre el interés público y la garantía de las personas, que es lo que constituye la clave del Estado de Derecho«.

De hecho, en dicha resolución se anula la sanción recurrida en la medida en que “la Sala no aprecia culpabilidad alguna en la conducta del sujeto pasivo al no existir por su parte ocultación ni ánimo defraudatorio, por lo que procede la anulación de la sanción impuesta”. Tampoco se produce en el presente supuesto.

Por mi parte, he de señalar que reiterada jurisprudencia (STC 08/07/91 entre otras) determina que la intencionalidad y el grado o intensidad en que se produjese tienen que ser tenidos en cuenta como elemento determinante en la aplicación del Derecho Administrativo. En el presente caso, queda probada la carencia de dolo por mi parte, ya que ingreso la cantidad correspondiente en la parte proporcional de la cuota destinada a fines armados a una entidad sin ánimo de lucro, destinada a finalidades pacíficas y sociales.

No existe, por tanto, ánimo defraudatorio por mi parte, ni por dolo, ni por negligencia. Considero que no ha lugar a la imposición de una multa, pues en ningún momento he ocultado a la AEAT mis intenciones ni mi proceder, comunicando mis acciones, y tampoco me he lucrado al quedarme con un dinero que asumo que, por mi nivel de ingresos, forma parte del dinero que debo aportar a esta sociedad. Existe una actuación de carácter ideológico, motivada en una interpretación razonable de una laguna en el ordenamiento jurídico tributario, orientada a garantizar mi derecho fundamental a la libertad ideológica y de conciencia, recogido en el art. 16 de la Constitución.

SEGUNDO. – VULNERACIÓN DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA (OBJECIÓN DE CONCIENCIA, ART. 16 CE).

El artículo 9 de la Ley General Tributaria fija las normas por las cuales se tienen que regir los tributos, y enumera con carácter supletorio el Derecho Común. Haciendo una interpretación generosa de la analogía, podríamos entender que el ingreso de la cantidad de la cuota líquida destinada al Ejército a una entidad destinada a fines pacíficos significa el ejercicio de la objeción de conciencia: estamos realizando un ingreso social substitutorio. La ley del IRPF no prohíbe la objeción fiscal, por lo tanto existe una laguna que tenemos que solucionar, o bien por autointegración, o bien por heterointegración.

Si acudimos a la Ley reguladora de la Objeción de Conciencia, en su Exposición de Motivos enuncia que se articula un Prestación Social Substitutoria para superar la incompatibilidad entre las actividades militares y las convicciones del ciudadano por razón de sus creencias ideológicas.

Por lo tanto, entiendo que, a falta de normativa específica en lo referente a la Objeción de Conciencia Fiscal, tenemos que aplicar la Ley reguladora de la Objeción de Conciencia ,según la cual se puede realizar una prestación substitutoria para evitar contribuir directamente con las actividades militares. A falta de entidades autorizadas directamente para realizar esta “Prestación Fiscal Substitutoria”, he utilizado las autorizadas para realizar la Prestación Social Substitutoria.

Además, la normativa relativa al IRPF ya reconoce el derecho a la libertad ideológica. A través de la Ley 49/1998 de Presupuestos Generales del Estado se permite la opción entre contribuir a la Iglesia, y otras entidades de carácter social. Por lo tanto, tenemos que interpretar que dentro de la normativa del impuesto está permitida esta opción, en aras de evitar un choque con el Derecho Fundamental de la libertad ideológica.

Por tanto, mi actuación estaba regida por el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, al que se ponen limitaciones desproporcionadas, sin la acreditación de la comisión de un hecho infractor. Procede señalar que la sentencia del TC 110/2006, de 10 de abril (RTC 2006, 110), ha recordado que «Por lo que se refiere a los límites que, como en todo derecho fundamental, contribuyen a configurar su propio contenido, hemos recordado que el ejercicio del derecho de reunión, no sólo puede ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga, sino también ante los que de manera mediata o indirecta se infieran de ella como consecuencia de la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionales (artículo 10.1 CE), aun cuando al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que las limitaciones que se establezcan no pueden ser absolutas (STC 20/1990, de 15 de febrero [ RTC 1990, 20] , F. 5), ni obstruir el derecho fundamental más allá de lo razonable (STC 53/1986, de 5 de mayo [ RTC 1986, 53], F. 3), pues la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre él. De ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre [RTC 1986, 159], F. 6; 254/1988, de 23 de enero [RTC 1988, 254], F. 3; 3/1997, de 13 de enero [RTC 1997, 3], F. 6)1 «.

TERCERO.- INEXISTENCIA DE SANCIÓN DADA LA FALTA DE RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS DENUNCIADOS. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO ALEGADO Y LA RESPONSABILIDAD DE ESTE Y POR TANTO IMPOSIBLIDAD DE APLICACIÓN DE SANCIÓN ALGUNA

En la notificación recibida se determina que los hechos pudieran ser constitutivos de una infracción que viene tipificada en el artículo 193 de la Ley 58/2003, General Tributaria.


De entrada, ya he manifestado mi oposición a dicha alegación y acreditado la misma: realizado lo cual, y por tal motivo, vengo a negar la inclusión e imputación de dicha actuación por los motivos expuestos y por tanto las consecuencias previstas para la referida infracción que vienen previstas en el artículo: por mi parte no se llevó a cabo el comportamiento que se me imputa.  No hubo fraude, ni voluntad de ocultamiento, ni dolo, ni negligencia en la actuación realizada, que fue debidamente explicada y contextualizada en el marco del ejercicio de un derecho fundamental.

El artículo 53.2 b) de la Ley 39/2015, traslada al ejercicio de la potestad sancionadora administrativa la garantía de que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Este derecho, con encaje en el artículo 24.2 de la Constitución, garantiza que la actuación administrativa sancionadora esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio2. En este mismo sentido se ha pronunciado tanto el Tribunal Constitucional (sentencia 18/1981 de 8 de junio, sentencia 70/2008, de 23 de junio) como el Tribunal Supremo (sentencias de 10 de mayo y 23 de octubre de 1996, 7 y 10 de marzo, 2 de junio y 17 de julio de 1997, 25 de febrero de 1998), jurisprudencia de la que resulta la plena aplicación a los procedimientos administrativos sancionadores del derecho a la presunción de inocencia, recayendo por tanto en esta Administración la carga de la prueba para acreditar los hechos sostenidos en su Informe.

Habiendo quedado acreditado que no llevé a cabo el comportamiento que se me imputa no existe nexo causal que haga procedente la sanción, y por tal motivo debe rechazarse, admitiéndose estas alegaciones.


CUARTO. – FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA INFRACCIÓN IMPUESTA

La concurrencia de los elementos de la infracción que se me imputa en mi conducta no está debidamente acreditada en la “motivación” no motivada de la infracción. Así, la misma se limita a señalar que “en el procedimiento de comprobación limitada de este expediente sancionador ha quedado acreditado”, sin que se mencionen los criterios en que se fundamenta dicha afirmación:

1) ha declarado claramente con error e incorrección ya que en el procedimiento de comprobación limitada origen del presente expediente sancionador ha quedado acreditado que el contribuyente obtuvo indebidamente una devolución tributaria por importe de ____ euros”.

Vuelvo a señalarles que, la resolución de unificación de criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 18 de febrero de 2016, de carácter vinculante, establece que la Agencia Tributaria debe fundamentar concretamente en el proceso sancionador la culpabilidad del contribuyente, siguiendo la línea impuesta por el Tribunal Constitucional en la sentencia 164/2005 que señala:

Que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando se impone la sanción por la simple circunstancia de no ingresar la cuota tributaria, pero sin acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio y que no se puede por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos sancionar, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere (FD 6)”.

Señala además esta Resolución que: “Por ello, los elementos fácticos y jurídicos en los que la Administración fundamente la existencia de la culpabilidad deben constar en el expediente sancionador y en el propio acuerdo sancionador, sin que resulte admisible intentar acreditar su existencia por remisión a los hechos que resulten acreditados en el expediente de regularización de la deuda o a otros documentos distintos del expediente sancionador diferentes de la propia resolución sancionadora”. Nótese que es exactamente lo que sucede en este supuesto.

El Tribunal Supremo ha declarado que debe rechazarse el automatismo consistente en que la falta de oposición a la liquidación supone, sin más, la imposición de la sanción, pues ello significaría desterrar el elemento esencial de culpabilidad e incorporar el criterio objetivo de la responsabilidad [sentencia de 23 de octubre de 2009 (casación 3121/03, FJ 3º )]. En el mismo sentido, se ha resaltado la necesidad de prueba, pues esa aquiescencia no supone sin más la concurrencia de culpabilidad [sentencias de 15 de octubre de 2009 (casación 6567/03 y 4493/03, FFJJ 8º y 5º , respectivamente)].

Por lo tanto, la infracción carece de la motivación suficiente para considerar acreditados los elementos delimitados normativa y jurisprudencialmente.

QUINTO.- MEDIOS DE PRUEBA  

Para la defensa de mis intereses y contradicción de los hechos denunciados, solicito se practiquen los siguientes 

MEDIOS DE PRUEBA

  • Que se tengan por admitidos los siguientes documentos:

    • Declaración de la Renta del Ejercicio ____, en la que explicito la cantidad de la cuota líquida que se me aplica y su destino a entidades sin ánimo de lucro, como Documento adjunto nº1.

    • Carta dirigida a la Agencia Tributaria, en la que explicito los motivos de mi decisión, como Documento adjunto nº2.____.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO A LA AGENCIA TRIBUTARIA que, previa admisión de este escrito, copias y documentos adjuntos al mismos, dentro del plazo establecido al efecto, tenga por formuladas las alegaciones realizadas en el mismo y tras su examen, análisis y prueba que se acuerde y practique, proceda a dejar sin efecto el expediente sancionador instado contra mi persona, revocando el mismo y dictando resolución por la que anule de conformidad con las alegaciones aquí planteadas.

En _____, a __ de _____ de 2019.

Fdo. _________.

1 Tribunal Superior de Justicia de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª) Sentencia núm. 126/2008 de 21 febrero

2 EDJ 2007/273229 STSJ País Vasco Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 noviembre 2007


https://www.grupotortuga.com/Modelo-para-alegar-ante-multas-por

También podría gustarte

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More