Las Unidades de Cuidados Criticos de Madrid en la pandemia: Desorganización con premeditación
Después de 11 meses de pandemia y sus correspondientes tres olas, conocemos las consecuencias que tiene dejar crecer la transmisión comunitaria sin evitar el incremento de casos: saturación y colapso hospitalario.
Esto es especialmente relevante en las unidades de cuidados intensivos. Son unidades de alta complejidad que ya presentaban una alta ocupación en las épocas pre pandemia. Y que son fruto del plan premeditado de desmantelamiento del sistema público de salud que se lleva ejecutando con la complicidad de partidos, sindicatos subvencionados y sociedades científicas desde hace décadas. A pesar de haberse visto reforzadas mediante reconversión de otras unidades similares (unidades de reanimación postquirúrgicas) o habilitando otros espacios (bibliotecas, gimnasios o capillas), representan el cuello de botella definitivo y uno de los principales determinantes del incremento de mortalidad directa e indirecta por la Covid19. Ello se debe a que su colapso interfiere en la realización de la actividad asistencial normal (suspensión de técnicas diagnósticas, intervenciones programadas, etc.).
A pesar de repetirse en esta tercera ola el incremento de pacientes que precisan soporte intensivo por COVID19, en la CAM sigue sin desarrollarse un plan de coordinación de actividad/asistencia al paciente crítico. Cada hospital vive el colapso o se gestiona de una manera independiente. Los traslados intercentros están muy limitados. Cada Gerencia se excusa en no aceptar traslados para evitar un supuesto colapso posterior de su hospital. Los traslados se gestionan a través de chats de whatsapp y contactos personales “por afinidad” entre unidades y servicios, al margen de las propias instituciones, como se demostró en la primera ola, en base a la propia autoorganización de los trabajadores. La ausencia de una coordinación central da lugar a situaciones de inequidad entre individuos dependiendo del área de influencia en el que residan y los recursos de partida de cada hospital.
Esto es especialmente delicado en los hospitales periféricos de modelo “semi-privado” inaugurados a partir de 2008 por el PP (Arganda, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Aranjuez). Estos centros fueron dotados inicialmente con material y recursos para realizar asistencia de segundo nivel. Durante los inicios de esta pandemia se les exigió lo mismo que a hospitales de tercer nivel y que se “estirasen” sin dotación material y humana suficiente durante los azotes de marzo-abril. Esto provocó situaciones dramáticas, aunque aún desconocemos datos desagregados de mortalidad por hospitales. A pesar de todo y después de varias olas, la situación amenaza con repetirse, con la consiguiente sensación de desprotección tanto para personal sanitario como para los pacientes.
No hay un plan para distribuir de manera proporcional los pacientes críticos en función del número de camas y recursos de cada hospital. Además, los pacientes críticos COVID19, pueden llegar a presentar complicaciones muy graves, cuyas alternativas terapéuticas no están al alcance de cualquier centro (cirugía torácica/cardiaca, necesidad de ECMO, etc. Tras 3 olas, no se ha establecido aún un sistema de filtro y derivación intercentros en función de la complejidad del paciente, similar al que se realizan para otras patologías complejas como los trasplantes.
El problema de los enfermos críticos tampoco lo ha resuelto el buque insignia de la gestión pandémica, el hospital Isabel Zendal. No es suficiente ni en número de camas de UCI, ni en cuanto a poder ser centro de referencia de tratamiento de pacientes graves, ya que carece de servicios de apoyo que puedan ser necesarios (quirófanos, banco de sangre, procedimientos invasivos…).
Ante todo esto, la solución que plantea la CAM vuelve a ser suscribir conciertos con la sanidad privada para derivar pacientes a precio de oro.
Mientras tanto las sociedades científicas implicadas (SEDAR y SEMYUC) en lugar de promover medidas efectivas para dar salida y gestionar esta situación con las máximas garantías para todos, están más preocupadas en bloquear posibles soluciones peleándose sobre quién debe tener más o menos relevancia y “poder” en el manejo de estos pacientes, que en dar alternativas en base a las necesidades de cuidados críticos para la población, más aun en un contexto en que en varios de los hospitales de modelo privado y semiprivado, existen en la actualidad camas UCI sin abrir que deberían de haber estado disponibles desde 2017. Incluso las camas de hospitalización reconocidas en las memorias del año 2010 y 2016 son menores a las contempladas inicialmente en los planes funcionales del 2007. Ahora anuncian el empleo de cientos de millones de los fondos de “Recuperación y Resiliencia de la UE”1, no para reforzar los centros públicos de gestión directa, sino para “reformar» 3 hospitales privados de modelo PFI, cuyas empresas propietarias tenían que garantizar su disponibilidad a cambio de los elevados cánones que ya cobran anualmente. Un nuevo desvío de fondos públicos a bolsillos privados.
No debemos olvidarnos que la base de los problemas descritos está en la conversión del SERMAS en un suculento negocio y en la asunción de la máxima “que el dinero siga al paciente”, en base a su transformación en un modelo basado en la competencia entre los diferentes hospitales de la CAM (en flagrante contradicción con el espíritu de complementariedad que establecía la Ley General de Sanidad), según un modelo de mercantilización sanitario que se introdujo a partir de 2008, amparado en las leyes estatales que lo permiten (ley 15/97 y articulo 90 de la LGS -conciertos privados-).
Por todo lo anterior, desde CAS Madrid exigimos la puesta en marcha de todos los recursos existentes en los hospitales de gestión directa publica, y en los hospitales privatizados de modelo PFI y PPP, para garantizar una atención de calidad y al margen del ánimo de lucro, así como planes para rescatar aquellos centros sanitarios privatizados que se considerasen necesarios.
Natalia Flores Amador, presidenta de CAS Madrid (www.casmadrid.org), febrero de 2021