Las trabajadoras de TEMPO o trabajar sin cobrar
La empresa mantiene una deuda monumental con sus trabajadoras y con la Seguridad Social
La empresa mantiene una deuda monumental con sus trabajadoras y con la Seguridad Social
Varios centenares de trabajadoras que prestan sus servicios para la Junta de Andalucía y diversas entidades y administraciones públicas están viéndose abocadas a trabajar sin cobrar. Ya son tres las nóminas que les adeudan y que, en breve, se convertirán en cuatro cuando finalice el mes de enero.
La práctica abusiva de la política de contratación pública, la falta de rigor en el control de las empresas contratadas y el filibusterismo de las empresas de servicios y limpieza se unen para que la cadena se quiebre por el eslabón supuestamente más débil: las trabajadoras de limpieza.
Tempo no paga.
Tempo Facility Services SL es una empresa de servicios que ha venido acaparando importantes contratos públicos en Andalucía en los últimos años. Como curiosidad aportaremos el dato de que esta empresa se ocupa de la limpieza de algunos centros y oficinas de la Inspección de Trabajo, pero es la Junta de Andalucía la que mayor número de contratos ha firmado con la empresa de Francisco Sánchez, empresa que lleva desde el mes de noviembre del 2019 sin abonar las nóminas de sus empleadas sin que la Junta de Andalucía haya advertido que TEMPO ha acumulado ocho mensualidades de impagos a la Seguridad Social además de las faltas de abono de salarios referidas anteriormente. Tras esta pasmosa realidad se esconde el uso y abuso de la contratación pública por parte de la Junta de Andalucía en la alocada carrera -emprendida por Susana Díaz y continuada por Juan Manuel Moreno- encaminada a obtener las licitaciones más baratas para obtener una disminución de gastos. Si a esta política que obvia las condiciones y clausulas sociales que debieran vigilar y orientar las contrataciones públicas sumamos que TEMPO ha estado acudiendo a los concursos públicos ofertando sus servicios por debajo de los costes reales de los mismos, nos encontramos con que el desastre ya estaba servido.
Tras un contacto con trabajadoras de la limpieza de la Agencia IDEA de Granada, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) y después de varios intentos infructuosos por contactar telefónicamente con sus responsables en la provincia, el 18 de diciembre se dirige un correo electrónico alertando a la gerente de IDEA en Granada, Leonor Aranda, de la situación de las trabajadoras con salarios pendientes y en defensa de sus intereses. La cita no será concedida hasta ¡el 15 de enero!, pero ante la dilación y el silencio de la administración, el SAT y las trabajadoras no habían permanecido de brazos cruzados.
TEMPO y la Junta de Andalucía han dejado a varias decenas de trabajadoras sin cobrar y pasando una de sus Navidades más amargas. Ellas están en el Teatro Alhambra, la Agencia IDEA, la Escuela de Arte Joven, edificos y dependencias de Justicia como la fiscalía y los juzgados de Motril y Almuñécar en Granada1 en la Delegación de Salud en Almería, cuyas trabajadoras también contactaron con nuestro sindicato y que llevan desde septiembre moviéndose en defensa de sus intereses y las incertidumbres que se les presentaban.
La situación actual, comienzan las movilizaciones
Tras la denuncia del SAT en diciembre y sus posteriores gestiones, la Junta de Andalucía dice “darse por enterada” y ha aplicado la clausulas que le permiten rescindir los contratos con TEMPO, según informó al SAT uno de los responsables de contratación de la agencia IDEA, Arturo Ponce, pero esto no soluciona la precaria situación de las empleadas, que, de verse abocadas a esperar una nueva licitación, verían como la deuda y los impagos de sus salarios podrían aumentar considerablemente hasta las ocho o nueves, meses lo que convertiría la situación en insostenible. En esta tesitura, las trabajadoras comienzan a hacer protestas públicas en Granada y Almería, se organizan, cursan sus denuncias ante los Juzgados de lo Social y comienzan a preparar la inminente huelga, única salida que les queda para que la Junta les tome verdaderamente en serio, algo que hasta ahora no se ha producido. Ya, mención aparte estaría la sarta de mentiras e incumplimiento de promesas con que “deleitó” el Delegado Territorial de Salud de Almería, Juan de la Cruz Belmonte Mena, a la delegación del SAT que se entrevistó con él hace meses para denunciar los constantes retrasos en los pagos.
Las demandas de las trabajadoras y del sindicato son:
1º.- Solución inmediata para los impagos de TEMPO y en los que la Junta tiene que ver al no haber vigilado los impagos de salarios y seguridad Social por parte de la empresa a la que dieron el contrato de limpieza.
2º.- Cesión por parte de TEMPO de sus contratos para que otra empresa pueda hacerse cargo de las trabajadoras y para que no aumente la deuda que se mantiene con ellas. En este caso hay un claro interés por parte de la empresa granadina LAS NIEVES (Las Nieves Servicios Generales De Limpieza SL) para quedarse con los contratos de TEMPO en Andalucía, según se ha sabido desde el SAT tras entrevistarnos con el dueño de la empresa, Enrique González Bedmar.
3º.- Licitación “exprés” de nuevos contratos con empresas que no puedan resolverse mediante la cesión de contratos, para poder hacer las nuevas licitaciones cuanto antes.
4º.- Que la Junta y sus responsables, den la cara y respondan a las trabajadoras de una vez.
Bajo estas premisas y reivindicaciones se realizaron sendas concentraciones en Granada y Almería el viernes 17 de enero.
La Junta no cumple y actúa arbitrariamente.
La contratación pública no debiera ser ni para la Junta ni para ninguna Administración Pública un fin en sí mismo y esos empleados tendrían que ser contratados por la propia administración al tratarse generalmente de empleos con una función estructural y permanente. Trabajadores y trabajadoras que prestan servicios durante muchos años consecutivos ven como van pasando de empresa a empresa y siempre con la precariedad y los bajos salarios pendiendo sobre sus cabezas, Desgraciadamente, la Junta de Andalucía hace de la contratación pública un medio para la obtención de prestaciones, obras o servicios en las condiciones económicamente más ventajosas para la administración, cuando la contratación pública debiera ser, sobre todo, una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Parece claro, pues, que la Junta ignora que gobierna una nacionalidad histórica que está constituida en Comunidad Autónoma dentro de un Estado que se define en el artículo 1 de la Constitución como “estado social y de derecho” y eso tiene implicaciones tanto constitucionales como legales.
Actualmente la contratación pública de la Junta se basa en unos criterios objetivos (condiciones técnicas y precio) y la aplicación de unos principios (libre concurrencia y publicidad), no teniendo en cuenta otros principios –quizá bastante más importantes de carácter ético, social y solidario-, como el fomento del empleo de personas y colectivos desfavorecidos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empleo de calidad y con derechos, la protección medioambiental, el comercio justo, etc, según determina la propia legislación del Estado Español y los reglamentos y normativas que emanan desde la unión Europea.
La Junta, visto lo visto, ignora cualquier legislación de aplicación y abandona unos criterios ético-políticos que nuca ha debido tener muy claros, siendo otra evidencia de este abandono de la rectitud que se presume de una administración el conflicto que actualmente está desarrollándose a causa del despido de la delegada sindical del SAT, Vanesa Sánchez, a manos del delegado teritorial de Turismo en Granada, Gustavo Adolfo Rodríguez, y de los frecuentes conflictos que la sucesión de empresas produce en la estabilidad del empleo entre las trabajadoras de la limpieza.
La huelga de las trabajadoras de TEMPO está servida.