Las pruebas rápidas y las PCR se convierten en el negocio de las clínicas y laboratorios privados

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La pandemia del coronavirus ha roto las previsiones de todo el mundo, pero también de los departamentos y ministerios de Salud. Las primeras semanas se puso de manifiesto que había una carencia alarmante de material de protección, también para los sanitarios, y de material de detección. Las llegadas de aviones con cargamentos de PCR, pruebas rápidas y máscaras fueron noticia precisamente por eso, porque faltaba material. Con el levantamiento del estado de alarma muchos laboratorios y clínicas vieron en esta carencia una oportunidad, y aprovecharon la coyuntura para hacer negocio.

‘Aproximadamente entre treinta y cuarenta personas vienen cada día a hacerse el test de inmunidad, mientras que de PCR podemos hacer una quincena diariamente’, afirman en una clínica privada de Girona. Desde hace tres semanas este es su principal negocio. Para regular el sector, el 14 de abril el gobierno español intervino estos centros y los puso al servicio de las comunidades autónomas. De este modo, los departamentos de Salud podían ampliar la capacidad de diagnóstico en caso de necesidad, usando estos centros privados. Pero, además, el objetivo también era empezar a regular este negocio creciente –se habían llegado a cobrar trescientos euros por una PCR. Por eso se estableció que las pruebas solo se hicieran cuando hubiera una prescripción médica y que el centro tuviera que comunicar los datos de todos los análisis que hiciera.
Este primer requisito, según el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, tenía que servir para garantizar que estas pruebas solo se hicieran a quienes tuvieran síntomas. Pero no ha sido ningún impedimento para los centros privados. Todo el mundo que quiera y pueda pagar puede hacerse un test de inmunidad o una PCR. Algunas de las clínicas privadas consultadas por VilaWeb aseguran cumplir todos los requisitos y dicen que un mismo médico del centro hace la prescripción médica exigida por el Departamento de Salud. Algunos laboratorios, eso sí, dejan claro que hay que asistir con una prescripción médica, sea obtenida en un CAP o a través de un médico de una mutua.

Los precios son bastante variados, según el laboratorio o clínica. Hay laboratorios que hacen pruebas de detección de anticuerpos mediante la técnica ELISA o con tests rápidos, a partir de 30 euros. Pero también hay tarifas de 40, 50 y 60 euros, según donde se consulte. Esta es la prueba más rápida, la que nos indica si somos inmunes al coronavirus. Cuando señala que no tenemos anticuerpos, quiere decir que no hemos pasado la dolencia y que tenemos que continuar vigilantes. Según las clínicas consultadas, este es el resultado mayoritario entre los clientes. Ayer el gobierno español anunció que calculaba que solo un 5% de la población se había inmunizado.

Si la prueba rápida detecta un positivo de IgM, quiere decir que la infección está activa. En este caso los centros privados recomiendan hacerse la prueba PCR para saber si tenemos el virus. Los resultados de esta prueba pueden tardar cuarenta y ocho horas y cuesta entre 118 y 200 euros, según los laboratorios contactados. En todo caso, quien se encuentre con un positivo de IgM también puede ir a un CAP para hacerse la PCR y determinar su infección.

Todas estas clínicas y laboratorios –y empresas, que también hay que compran material de detección para analizar a sus plantillas–, tendrán que notificar al departamento de Salud los casos de Covid-19 confirmados, además del resultado de las pruebas diagnósticas que hayan hecho a todos los particulares. Sobre los precios, ni el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ni la Conselleria de Sanidad del País Valenciano no ponen topes. En el caso de Catalunya, la conselleroa dice que puede fijar los precios máximos aplicables a los servicios diagnósticos para garantizar ‘un acceso en condiciones de equidad y evitar el riesgo de cualquier situación abusiva en el acceso al servicio’. Aun así, hasta el momento no se ha establecido ningún límite. En el País Valenciano sucede lo mismo. El departamento de Ana Barceló ha establecido unos precios máximos para las pruebas que encargue el sistema sanitario valenciano, pero no para los particulares.

 

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