Las paradas policiales por perfil racial ¿Son acciones aisladas?

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El pasado 29 de Marzo, en pleno confinamiento, una vídeograbación anónima viralizada en las redes expuso ante la opinión publica un caso de violencia policial hacia una mujer magrebí y su hijo a partir de una parada policial en el barrio San Francisco de Bilbao. Tan claro era el abuso que el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, se apresuró a anunciar una investigación interna sobre el caso. Dos meses después todavía no hemos sabido nada del resultado.

Las identificaciones por perfil étnico constituyen una práctica policial habitual y normalizada en nuestras calles. Se realizan abiertamente, a la luz del día y con “espectacularidad”. Responden a una intencionalidad claramente política: crear un falso clima de “emergencia social” y de “seguridad” bajo el cual se justifica el control social de determinados colectivos. Esas paradas, a menudo, desembocan en mayores vulneraciones de derechos y últimamente van acompañadas de unas multas desorbitadas en aplicación de la ley Mordaza.

En los últimos meses, han sido inmerecidamente multadas en el barrio de San Francisco, vecinas que han grabado las intervenciones policiales racistas, personas que han protestado pacíficamente desde los balcones y las propias víctimas de las identificaciones y abusos policiales. Las personas obligadas a identificarse y multadas no tienen opción a cuestionar lo que les está ocurriendo debido a que cualquier palabra o pregunta puede ser considerada como una obstrucción o falta de respeto a la autoridad.

Tras un comunicado de SOS Racismo Bizkaia que denunciaba esas prácticas y avalado por 53 honorables organizaciones, los jefes de la Ertzaintza, la Policía Municipal, diversos sindicatos policiales, incluso el alcalde de Bilbao, salieron en banda a defender a sus policías, lo cual vino a demostrar que los abusos policiales no sólo responden a decisiones individuales de los agentes, sino que se amparan en un marco de impunidad consentido por los departamentos de seguridad y los responsables políticos.

Las identificaciones policiales por perfil racial o étnico no son “acciones aisladas”. Según un estudio elaborado por investigadores del Institut de Drets Humans de la Universitat de València (2012), en el Estado Español, -a falta de datos específicos en la CAV- las personas gitanas son identificadas diez veces más que las caucásicas europeas; los ciudadanos con rasgos magrebíes, 7,5 veces más, y los afro-latinoamericanos, 6,5 veces que los españoles con rasgos caucásicos (piel blanca).

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), el Comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU (CERD), y el Grupo de Trabajo de la ONU para las personas afrodescendientes, entre otros, han constatado que la práctica del perfil étnico en el Estado español es sistemática y contraria a los derechos fundamentales de las personas e instan, por tanto, su erradicación.

Las identificaciones por perfil étnico constituyen una manifestación del racismo institucional que permite ejercer el racismo de Estado a gran escala, dividiendo a la sociedad entre los que están autorizados a circular libremente y los que no.

Frente a todo esto, hay que decir que las paradas por perfil étnico, además de ilegales e injustas, perjudican gravemente a las personas que las sufren, ya que vinculan la apariencia física propia con el delito, refuerzan la criminalización de comunidades enteras, en el caso de personas migradas en situación administrativa irregular, constituyen una puerta a obtener órdenes de expulsión, dejan secuelas a nivel personal y colectivo y generan miedo, inseguridad e inestabilidad. No es de extrañar que la líder afroamericana Tamika Mallory, una de las representantes de las protestas por la muerte de George Floyd, haya denunciado toda la enfermedad mental que se ha infligido al pueblo afroamericano, todo su dolor. Debemos entender la gravedad y la magnitud de esta práctica.

El 25 de mayo, apenas dos meses después de la brutal agresión por parte de agentes de la Ertzaintza a una mujer magrebí y su hijo en Bilbao, el afroamericano George Floyd fue asesinado por la policía en Minneapolis. En ambos casos, un vídeo viral grabado por una persona anónima fue lo que provocó la indignación social. Hemos visto a los gobiernos aquí y allá proteger la impunidad de sus policías. Sólo las dignas e innumerables acciones de protesta en las calles han conseguido que los autores del crimen racista sean arrestados. ¿A qué esperamos aquí? ¿A que haya muertes para que se haga justicia?

Elena Bezanilla

SOS Racismo – Bizkaiko SOS Arrazakeria

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