Las multinacionales y la Iglesia se lucran con la privatización de la sanidad en Madrid

El proceso de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se radicaliza. A la entrada de multinacionales y organizaciones religiosas en los hospitales se suma la privatización encubierta de algunos centros de atención primaria, el apoyo a las universidades privadas de Medicina y la reciente eliminación de la Dirección General de Salud Pública, encargada entre otras cuestiones de la prevención y los estudios de impacto de las obras o el tráfico sobre la salud.

Asociaciones vecinales, profesionales sanitarios y estudiantes de Medicina continúan movilizándose para frenar la inclusión de mecanismos de gestión privada en la sanidad pública, fórmulas probadas ya sin éxito tanto dentro como fuera del Estado.

MADRID&nbsp : EL SECRETISMO PRESIDE EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA

Multinacionales y ONG de la Iglesia se benefician de la privatización de la salud

Felicia Barrio / Madrid

Tras meses de movilizaciones ciudadanas y profesionales en defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, los partidos políticos de la oposición reaccionan ahora ante un turbio proceso de privatizaciones que viene de lejos.

El debate político en torno a la vertiginosa privatización del Sistema de Salud Pública madrileño está cobrando un tono grueso. A las recientes huelgas de facultativos, las regulares manifestaciones de los colectivos vecinales, sindicatos y grupos de pacientes y a la alerta avivada por los profesionales, la semana pasada se unieron las denuncias de la famélica oposición parlamentaria de Esperanza Aguirre. “Alerta máxima”, “escándalo”, “apoyaremos todas las movilizaciones”, sentenciaron los máximos dirigentes del PSOE e IU.

Tarde. Han tenido que leer en los periódicos que, hace ya 18 meses, el Gobierno regional puso en manos privadas la asistencia hospitalaria urgente y programada, la atención especializada y los diagnósticos de laboratorio de la población de 14 zonas básicas de salud de la capital (unas 500.000 personas) y la noticia sobre la privatización de dos ambulatorios (Pontones y Quintana) para descubrir que el avanzado estado de descomposición en que se encuentra la sanidad en la región no concluía con la privatización de la gestión de los hospitales, sino en la Atención Primaria (AP). Primera consecuencia&nbsp : el reciente cierre de los laboratorios del centro de especialidades de Pontones, cuya labor pasará a realizar una firma privada.

En una región donde el PP es el partido más votado desde 1991, no debería alarmar a nadie la celeridad con que los últimos consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, ceden a manos privadas lo que es del común. Es la clandestinidad de sus decisiones lo que chirría del Gobierno Aguirre, las cuales ni siquiera somete al dictamen amigo de la Asamblea regional.

Y si la oposición llora cuando se hace eco de la prensa, los 700 trabajadores del Instituto de Salud Pública se enteraron por el Boletín Oficial de la CM del pasado 9 de abril de la desaparición del organismo que durante 30 años se ha encargado, entre otras funciones, de medir los niveles de contaminación ambiental o la potabilidad del agua, que lidió con la crisis de las ‘vacas locas’, la legionela o los brotes de meningitis. En un contexto de saturación de los hospitales públicos, endeudamiento acusado, caos en la AP y déficit progresivo de facultativos por la huida de médicos a la sanidad privada y comunidades limítrofes, el reparto del pastel sanitario encuentra dos destinatarios&nbsp : las multinacionales y las ONG religiosas.

Una de estas grandes beneficiarias es Capio, una transnacional de origen sueco (comprada en 2007 por Apax Partners, el mayor fondo de capital riesgo europeo, por 1.800 millones de euros) con intereses en nueve países de la UE y contrastada experiencia en el sistema de salud británico, gran inspirador de la política de Aguirre (ver recuadro). Las migajas de la tarta sanitaria caen en manos de organizaciones religiosas, bien a través de la derivación de enfermos a sus hospitales o con la introducción de sus asociaciones en los servicios de salud.

Es el caso de la ONG Desarrollo y Asistencia, vinculada al Opus Dei y presidida desde hace 13 años por el general jubilado José María Sáez de Tejada, recientemente condecorado. Esta entidad mantiene seis convenios con organismos públicos madrileños, principalmente con el Gobierno de Aguirre. Para ella gestiona el apoyo a los pacientes en dos hospitales públicos, el Clínico (desde 1999) y La Princesa (2001). A estas alturas, nadie conoce el coste económico real del proceso de privatización. Lo que sí puede medirse es lo que deja por hacer. En 2005, la CM prometió la creación de tres nuevas unidades de cuidados paliativos en los hospitales Clínico, La Paz y 12 de Octubre. El retraso de la aplicación de esta medida, que se materializará a partir de junio, ha hecho que los enfermos terminales hayan sido derivados a seis clínicas privadas, cinco de ellas pertenecientes a entidades religiosas.

LOS NEGOCIOS DE CAPIO SANIDAD

En Capio Sanidad, la filial española de la empresa, trabajan 4.300 personas. En 2006 facturó 249,5 millones de euros, de los que al menos 140 procedieron de las arcas de la CM.&nbsp Entre sus activos (valorados en 659 millones) se incluyen la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital Sur de Valdemoro y otros 18 hospitales privados. En sus memorias de actividad, Capio presume del bajo absentismo de su plantilla, menor al 8%, pero omite cualquier mención a las ventas y los beneficios generados en España. En 2007 recibió del Gobierno regional 187,3 millones de euros, 47,3 más que el año anterior. Para parte de la oposición política, esa subida y la improvisación con que actúa el Servicio Madrileño de Salud explicarían el oscurantismo con que realiza sus movimientos más atrevidos.

MOVILIZACIONES&nbsp : SE REPRODUCEN LAS PROTESTAS VECINALES, PROFESIONALES Y DE ESTUDIANTES

La sociedad madrileña hace frente al envite del Gobierno regional

E. I. Errazkin / Madrid

Desde las manifestaciones por el Severo Ochoa, no pasa una semana sin que se produzcan concentraciones, huelgas o encierros en defensa de la sanidad pública. Estudiantes, vecinos y profesionales buscan un frente común.

La evidencia, dicen, es la más decisiva demostración. En la Comunidad de Madrid, las últimas medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad –la eliminación de la Dirección General de Salud Pública, el desmantelamiento de los hospitales públicos, la firma de un pacto secreto con una multinacional para emprender la privatización de los centros de especialidades y la creación de cuatro facultades privadas de Medicina, entre otras– han confirmado el verdadero interés del PP madrileño&nbsp : consumar el desprestigio de un servicio público para privatizarlo. La gravedad de las consecuencias de tamaño expolio y el desprecio al diálogo del Gobierno regional ante los constantes requerimientos de los agentes sociales han generado una activa movilización ciudadana, protagonizada en las últimas semanas por las asociaciones vecinales, los profesionales y los estudiantes de Medicina.

Vecinos y médicos coinciden en señalar que las millonarias transferencias presupuestarias realizadas a empresas privadas (Hispánica, FCC, Sacyr Vallehermoso, Dragados, Acciona…) tienen su oscuro correlato en el abandono de la sanidad pública, sobre todo de la Atención Primaria (AP) y afecta tanto a las condiciones laborales de los profesionales como a la calidad de la asistencia&nbsp : un 89,7% de los facultativos sufre una presión superior a la recomendada por la Ley General de Sanidad (LGS), lo que se traduce en listas de espera de hasta una semana para una primera cita con el médico de cabecera y de hasta 12 meses con el especialista. En los hospitales públicos, el 50% de las personas espera entre una y tres horas y un 8% más de tres para hacerse pruebas para las que ya tienen cita previa. Éstas y otras muchas deficiencias han alimentado las movilizaciones que han seguido a las masivas manifestaciones convocadas para denunciar la campaña de desprestigio de la sanidad pública orquestada por la CM en torno las presuntas sedaciones irregulares en el Severo Ochoa.

El pasado 29 de abril, a propuesta de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), entidades vecinales y coordinadoras ciudadanas llevaron a cabo de forma simultánea más de una veintena de acciones en Vallecas, Retiro, Moncloa, Villaverde, Usera, Tetuán, San Blas, Carabanchel, Leganés y Coslada en las que participaron más de 4.000 personas.

Denunciaban la privatización de la sanidad pública y el deterioro de la calidad asistencial, reflejado en el incremento de las listas de espera, la saturación de los centros de salud y la falta de profesionales. Con estas acciones, la FRAVM reclamaba la elaboración de un plan de salud que recoja una evaluación de las necesidades y de los recursos necesarios para ser sometido a debate y aprobación en la Asamblea de Madrid&nbsp ; la dotación de los recursos económicos y humanos necesarios para garantizar una adecuada atención en AP cumpliendo los estándares recomendados por la LGS (1.200 cartillas por médico y 900 por pediatra)&nbsp ; un cambio del modelo sanitario que sitúe la AP como eje del servicio público de salud garantizando el carácter público de todos los centros y del personal, incluidos los servicios no sanitarios y la inmediata puesta en marcha de los consejos de salud y de participación comunitaria.

El mismo día, futuros profesionales se concentraron en la capital convocados por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina para denunciar la creación de 14 nuevas facultades de Medicina sin un estudio previo “público y riguroso que justifique este incremento y constate las necesidades reales de la población en sanidad a corto, medio y largo plazo”, así como la “sustracción de recursos públicos de las universidades públicas a favor de las privadas”.

El tercer frente de la batalla ciudadana en defensa de la sanidad pública es el protagonizado por el “Caballo de Troya” profesional. El “clamoroso silencio de Güemes” ante el creciente malestar de los médicos por sus precarias condiciones laborales ha insuflado energía a un movimiento sindical que, durante marzo y abril, sembró de paros los centros de salud y el pasado 8 de mayo logró movilizar al 70% de los 20.000 facultativos de todos los centros sanitarios públicos en una huelga.

Diferentes organizaciones estudian en este momento hacer confluir sus movilizaciones para acumular fuerzas en una campaña que se prevé larga.

ANÁLISIS&nbsp : MECANISMOS DE GESTIÓN PRIVADA EN LA SANIDAD PÚBLICA

Teorías neoliberales en la gestión de lo público

Marciano Sánchez Bayle, médico y Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

El autor desgrana las diferentes fórmulas de gestión privada que las teorías neoliberales han introducido en los sistemas públicos de salud. Desarrolladas a partir de los años ‘80 han tenido nulo éxito tanto fuera como dentro del Estado español.

Las teorías neoliberales han propugnado la introducción de mecanismos de gestión privada dentro de los sistemas públicos de salud. Estas teorías han tenido especial relevancia a partir de las propuestas de Einthoven en los años ‘80 del siglo pasado, centradas en el desarrollo de la llamada competencia gestionada y el desarrollo de mercados internos dentro de los sistemas sanitarios. La aplicación de estas teorías en los sistemas sanitarios tuvieron un gran desarrollo desde los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y su puesta en práctica en el Servicio Nacional de Salud lo sumió en una profunda crisis de la que todavía no se ha recuperado.

Las fórmulas concretas son muy variables y se basan en dos premisas&nbsp : las supuestas virtudes del mercado a la hora de la provisión de los servicios sanitarios y la búsqueda de la eficiencia económica en los centros sanitarios mediante la utilización de las técnicas del sector privado. Sobre estas premisas se ha avanzado en varios modelos de gestión a los que vamos a referirnos centrándonos más en los que se han implantado en España.

FUNDHODINGS

Son médicos de atención primaria con presupuestos. Es un modelo desarrollado en el Reino Unido en el que los médicos de primaria reciben los fondos totales para la atención de sus pacientes y ellos pagan y contratan la hospitalización, derivaciones a especialistas, pruebas diagnósticas, etc., quedándose con los superávit. Presenta muy serios problemas por la tendencia al ahorro de prestaciones necesarias y la gran desigualdad en la atención sanitaria. En España no se ha desarrollado aunque hay alguna experiencia parecida en Cataluña como las EBA (empresas de base asociativa) que son grupos de médicos que conciertan con el sistema sanitario público la asistencia de una población.

TITULARIDAD PÚBLICA Y GESTIÓN PRIVADA

Se trata de fundaciones sanitarias, empresas públicas, etc. Introducen las técnicas de gestión privada en el sistema sanitario, laboralizando el personal. La experiencia indica que se caracterizan por tener un número significativamente menor de personal y un funcionamiento no mejor, pero sí más barato, en comparación con el sistema sanitario tradicional. Las fundaciones son mas baratas que los centros tradicionales, porque tienen menos personal, realizan menos actividad y ‘producen’ menos UPH (unidades de producción hospitalarias = actividad ajustada por complejidad). Las fundaciones son una iniciativa del PP en Galicia extendida a seis comunidades, y que se ha copiado en Inglaterra. Algunos gobiernos autonómicos (Galicia, Murcia) están volviendo a reintegrar a estos centros en la gestión tradicional.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Una fórmula que consiste en dejar en manos del sector privado la atención sanitaria de un área. Inicialmente, el hospital de Alzira (Alicante) se trató de un centro construido por el sector privado que se hacía cargo de la asistencia especializada durante un plazo de 30 años a cambio del pago de un canon anual. Luego se amplió a la atención primaria y especializada (Alzira y Denia) e incluso a la atención sociosanitaria (Torrevieja). El modelo supone una privatización clara, la prestación queda en manos del sector privado sin dar ninguna opción de elección a los ciudadanos, encarece notablemente el coste y fomenta desigualdades en la asistencia en cuanto a los ciudadanos de la zona asignada y los que provienen de otras zonas (estos se cobran aparte) y también la no utilización de recursos públicos existentes (Valdemoro en Madrid).

INICIATIVAS DE FINANCIACIÓN PRIVADA

El nombre procede del nombre en inglés (PFI) y tiene larga experiencia en el Reino Unido&nbsp : una empresa privada construye el hospital y se queda con la gestión de la parte no sanitaria a cambio de un pago durante 30- 60 años, mientras que el sector público sigue gestionando lo sanitario.

En Madrid están previstos siete hospitales (seis han iniciado su funcionamiento y además la parte sanitaria se gestiona mediante una empresa pública distinta para cada centro) y otro más en Burgos. Los resultados en Inglaterra son conocidos y coinciden con lo que esta sucediendo en Madrid, tienen menos camas, menos personal, peor funcionamiento y calidad de las prestaciones y muy serios problemas a la hora de coordinarse las dos empresas que conviven en los centros. Por otro lado el coste es muy superior al del modelo tradicional. La conclusión de un estudio de la Organización Mundial de la Salud es que se trata de una mala fórmula que genera más problemas que los que resuelve. En suma, se trata de fórmulas que colocan el ahorro económico por delante de la salud de los ciudadanos y consideran a la salud no como un derecho sino como una mercancía.

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