Las familias de la PAH realojadas en bloques vacíos piden a la Generalitat que actúe ante la Sareb

Habitantes de los 13 bloques recuperados por la PAH en Catalunya se concentran desde las 11 h de la mañana frente a la sede de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume de Barcelona en demanda de una solución para la situación de “emergencia habitacional” en la que consideran se encuentra la región. La concentración coincide con el fin del plazo que se había dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pronunciarse sobre la posición del Gobierno español respecto a las familias realojadas por la PAH en el Bloc Salt, el inmueble del ‘banco malo’ cuyo desalojo fue paralizado cautelarmente por este tribunal el día 18. El TEDH fijó inicialmente el 28 de octubre como fecha para dar a conocier su resolución, fecha que prorrogó hasta el 5.

La PAH espera que la Generalitat dé pasos efectivos para solucionar esta situación de emergencia habitacional, y en concreto la situación de las 43 personas que viven en el bloque recuperado a la Sareb en la localidad gerundense de Salt. Según destaca la plataforma, son 15.000 los inmuebles de los que dispone el conocido como ‘banco malo’ sólo en Catalunya. Tras la acampada de 700 personas que se reunieron a las puertas del bloque en la víspera del desalojo dictado por la Audiencia Provincial de Girona, ha trascendido quela Generalitat ha ido ofreciendo distintas salidas individuales de realojo a las familias del bloque. “La solución planteada por la Generlitat ha de ser generalizable para todas las personas que se han visto obligadas a recuperar una vivienda para no quedarse en la calle”, afirma la PAH, que también destaca que el Gobierno catalán “no está en disposición, ni cuenta con los recursos para garantizar el derecho a la vivienda de las centenares de personas realojadas por la PAH”, con lo cual le exige que haga valer su posición frente a la Sareb para forzarla a más cesiones de pisos.

Del lado del banco malo las respuestas llegan a cuentagotas y parecen ir al compás de las protestas. Tras la ocupación de su stand en el salón inmobiliario de Barcelona por parte de activistas de la PAH, el organismo anunció la semana pasada que pondría a disposición de las comunidades autónomas 2.000 pisos para destinarlos al alquiler social, si bien por un tiempo limitado de dos años -la actual ley de arrendamientos urbanos no les obligaría a más de tres años-. Mientras, mantiene la denuncia sobre el bloque de Salt. Y el escrito de la abogacía del Estado presentado ante el TEDH no va mucho más allá. La PAH lo conoce desde el lunes 4, y una de sus perlas es que la Justicia europea no puede amparar a las familias del bloque dado que esto alentaría nuevas ocupaciones y es de «interés nacional» que esto no suceda.

Lo que va quedando claro es un nuevo marco temporal de referencia para una crisis habitacional que sigue sin resolverse. Y éste no va más allá de tres años. Los que marca la propia ley de arrendamientos urbanos, los ofrecimientos de alquiler social de la Sareb, la moratoria de la ejecución hipotecaria para miles de familias que expira en mayo de 2015 o la propia medida de expropiación temporal de viviendas ofrecida por la Junta de Andalucía. De parte de las entidades que manejan la política de vivienda se espera que para entonces todo haya mejorado. Las previsiones económicas de la Comisión Europea conocidas esta mañana hablan de una tasa de paro del 25% para 2015, y eso si se cumple su previsión de crecimiento económico del 1,5% del PIB para ese año.

La PAH denuncia que el escrito de la abogacía del Estado defiende el desalojo del bloque de Salt por «interés nacional»

Todavía no se ha hecho público el escrito entregado por la abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, a través de la PAH sí conocemos algunas de sus líneas argumentales. Así, el Gobierno expone que la Sareb no tiene responsabilidad sobre cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda, algo a lo que afectados por la hipoteca piensa alegar con el hecho de que la entidad ha recibido millones de euros por parte del Estado a través del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

De forma más llamativa, el escrito de la abogacía del Estado plantea que este modelo -el aval público establecido a través del FROB- ha sido impuesto por la Unión Europea en el marco del memorándum de entendimiento para el rescate a los bancos españoles. De modo que hay algún tipo de «interés nacional» en preservar la misión de la Sareb, que es colocar esos pisos en el mercado a un precio adecuado. La PAH hará notar que el derecho a la vivienda y los derechos humanos están por encima de este supuesto interés nacional, así como el hecho de que hasta la fecha las familias no dispongan de información concreta de un posible realojo ni el Sareb una oferta concreta de compra del edificio. 

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/20574-familias-la-pah-realojadas-bloques-vacios-piden-la-generalitat-actue-ante-sareb

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