Las exportaciones de armas se doblaron de 2012 a 2013 y se han multiplicado por diez desde 2004
Según información de Público, desde 2004, las empresas españolas han multiplicado por 1.128% las exportaciones de material de defensa, tendencia que se reforzó en 2013, cuando ingresaron 3.907 millones de euros, doblando las cifras del 2012 (1.953 millones). Estos números han convertido a España en el séptimo exportador internacional de armas, según los datos del Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, acaparando el 3% del mercado global.
Estas cifras, además estarán lejos de reducirse en los próximos años, puesto que en 2012 el Gobierno otorgó licencias a la industria para exportar otros 7.694 millones de euros, tal y como recoge el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en un informe sobre las exportaciones de armas españolas durante la última década. Estas autorizaciones se harán efectivas en los próximos años, cuando las empresas vayan entregando el material comprometido.
En su reporte (¿Promueve el Gobierno exportaciones ilícitas de armamento?), el Delàs recalca que «más de un tercio de las exportaciones de armas en 2013 se realizaron a países de Oriente Próximo y, especialmente, a países del Golfo Pérsico». Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y coautora del informe, denuncia que estas exportaciones «son ilegales si nos atenemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de armas, debido a la situación de inestabilidad existente en la región«.
A pesar de que la Ley 53/2007 obliga a rechazar las autorizaciones para exportar armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, el Gobierno no impidió la llegada de material de doble uso a diversos países sobre los que las organizaciones proderechos humanos mantienen encendidas las alertas.
De esta forma, en 2013 España exportó 406 millones de euros en armas y material policial a Arabia Saudí, acusada por Amnistía Internacional de «reprimir a quienes piden reformas políticas» así como a «activistas y defensores de los derechos humanos», restringir «con severidad la libertad de expresión, asociación y reunión» o aplicar «condenas de flagelación», además de ejecutar a 79 personas en ese mismo año.
Otro de los destinos del material español, Emiratos Árabes Unidos, donde se exportaron 717 millones de euros, mantuvo recluidos a «90 detractores del Gobierno, sin cargos ni juicio» y condenó a muerte «a 21 personas como mínimo», según la ONG. En Egipto, otro de los principales compradores con 126 millones, 28 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, que «usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes, que después denunciaron tortura u otros malos tratos bajo custodia», acusa Amnistía Internacional.
El pasado verano, el Gobierno se vio obligado a paralizar «cautelarmente» la venta de armas a Israel por la presión social surgida a raíz del conflicto en la franja de Gaza. Otro caso que saltó a las portadas internacionales fue la vinculación del ministro de Defensa, Pedro Morenés, con la empresa que vendió bombas de racimo a Libia en plena Primavera árabe.