Las empresas del IBEX quieren fondos públicos para socializar pérdidas y asegurar sus beneficios

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La conferencia, inédita en los últimos años, agrupa desde grandes multinacionales del IBEX35 hasta sectores de las pequeñas y medianas empresas. Convocada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tienen el objetivo de consolidar una posición unitaria de las patronales para las nuevas negociaciones con el Gobierno. Está sobre la mesa el debate por la prorrogación de los ERTE y, más importante aún, acerca del destino de las ayudas públicas y la liquidez que aportará Bruselas para contener la crisis económica.

El presidente del grupo Inditex, Pablo Isla, ha asegurado que “es fundamental dar seguridad jurídica a empresas e inversores si se quiere generar empleo y atraer inversiones a largo plazo”. Pero ¿qué significado tiene, en esta coyuntura, la fórmula de la “seguridad jurídica”, tantas veces repetida por los empresarios?

Isla lo dejaba muy claro: “No hay que revertir las medidas eficaces para salir de la crisis e introducir rigideces en el empleo. No es el momento de retirar antes de tiempo los ERTE y los avales públicos porque si se destruye el tejido empresarial luego es mucho más difícil reconstruirlo». A su vez, ha exigido que no se tomen medidas fiscales que afecten la situación de las empresas [traducción: que no se les ocurra subir los impuestos a los empresarios].

Garamendi e Isla encabezan las negociaciones por parte de la CEOE con el Gobierno PSOE – Unidas Podemos, acompañados de otros empresarios como Juan Roig del grupo Mercadona. En la cumbre también participan otros “pesos pesados” de la gran patronal española, como Ana Botín del Banco Santander, José María Álvarez-Pallete de Telefónica, José Manuel Entrecanales de Acciona y Antonio Brufau de Repsol. Por parte de la banca también están presentes Carlos Torres (BBVA), Jordi Gual (Caixabank), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Josep Oliú (Sabadell) y José Luis Aguirre (Ibercaja).

El presidente de Bankia lanzó un mensaje directo al Gobierno, asegurando que “es muy contraproducente que en esta situación se le pida al sector un esfuerzo adicional en forma de impuesto”. Por su parte, Botín demandó que las ayudas públicas se destinen especialmente al sector del turismo y la vivienda. En concreto, propuso que el Estado avale un plan de créditos para que jóvenes menores de 35 años accedan a vivienda. Lo que puede parecer una medida “social” esconde en realidad una motivación muy clara: más financiación pública para avalar créditos, lo que cumple el papel de un “rescate” anticipado a la banca.

La mayoría de los empresarios que tomaron la palabra en la primera jornada de la cumbre saludaron las medidas de inversión pública promovidas desde Bruselas para todos los países de la UE y que el gobierno de Pedro Sánchez se propone implementar. No es para menos, estamos hablando de más de medio billón de euros que aportará la UE, de los cuales al Estado español le corresponderían 77 mil millones en ayudas no reembolsables -aunque condicionadas a subvencionar sectores empresariales concretos-, 88 mil en préstamos y 15 mil para el pago de los ERTEs.

En este marco, entre los mandamases del IBEX no solo que no hubo críticas a las políticas “sociales” del Gobierno, como el Ingreso mínimo vital (votado en el Congreso por todos los grupos parlamentarios), sino que algunos hasta la avalaron. Esto ha llevado a algunos comentaristas a decir la tontería de que los empresarios del IBEX se han vuelto “socialistas”. “Algo ha cambiado respecto de la última crisis. El IBEX ya no pide bajar salarios o reducir ya el déficit público. Ahora se piden estímulos públicos. Hay que salvar la demanda interna”, escribió un editorialista en El Confidencial. Pero la realidad, como se imaginarán los lectores, es muy distinta.

Los empresarios y Gobiernos, no solo en el Estado español sino a nivel mundial, apuestan como salida de esta crisis a una fuerte inversión pública e inyección de liquidez, a través de la generación de deuda, ampliación de los déficits públicos y ayudas masivas a las empresas por la vía de subsidios y rebajas impositivas. Pero no se trata de una medida “socialista”, sino de la socialización de sus pérdidas, con el objetivo de garantizar sus beneficios.

En ese terreno, el PSOE siempre ha sido un campeón. Y como lo hemos visto desde el estallido de la pandemia, lo sigue siendo, ahora junto a sus socios de Podemos e Izquierda Unida.

Y para rescatar los beneficios capitalistas nuevamente se hará pagar a la clase trabajadora y los sectores populares. Porque a pesar del nivel extraordinario de partidas destinadas, es poco probable que estas puedan solventar la crisis que viene, y mucho menos si pasado el verano viene un rebrote de la pandemia, como auguran sanitarios y especialistas.

Como explica Santiago Lupe en un artículo publicado en el último número de Contrapunto: “Si tomamos el Estado español como botón de muestra, la lista de gastos que hay por delante, solo en los próximos meses, es mucho mayor que el paquete prometido por la UE. Solo en los ERTEs, hasta el 30 de junio, la factura se eleva a los 21 mil millones, ya por encima del total de fondos que le corresponderían del programa europeo”.

Mientras tanto, “la mayor partida anunciada hasta ahora han sido los 100 mil millones de euros en avales públicos para créditos empresariales. La banca los está utilizando para refinanciar parte de su deuda -y garantizar así que en caso de morosidad el 80% de las pérdidas las cubrirá el Estado – o para facilitar créditos a empresas tan ‘necesitadas’ como el Barça o el Real Madrid que han pedido hasta 200 millones para el pago de sus jugadores. Todo un rescate preventivo de los mismos que aún deben 42 mil millones del de 2012 a pesar de llevar un lustro con beneficios históricos.”

Ante este escenario, en ningún caso se está planteando que los recursos para sustentar estas medidas deben partir de afectar los beneficios de las grandes fortunas, las empresas del IBEX y los bancos. Todo lo contrario. La propuesta de impuestos a las grandes fortunas de Unidas Podemos fue un fiasco que incluso de haberse implementado habría recaudado apenas 11 mil millones de euros, una cantidad que equivale a una paga extra de los pensionistas.

Del mismo modo que lo hicieran Zapatero y Rajoy, el gobierno neoliberal progre del PSOE y Unidas Podemos se propone utilizar el fondo de rescate europeo y seguir aumentando la deuda pública. Una factura que como dicta el dogma neoliberal, se pagará con nuevos ajustes y contrarreformas sociales, como ya ha advertido el Banco de España.

Ante este escenario, hace falta luchar por un programa que ataque los intereses capitalistas, empezando por nacionalizar los bancos y las principales empresas estratégicas bajo control de las y los trabajadores. Para que esta vez la crisis no la paguen los trabajadores y los sectores populares.

 

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