‘Las 5 del Naranco’ serán juzgadas por intentar paralizar el desahucio de una pareja y su bebé

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Las imágenes de aquel desahucio se propagaron por medio mundo. Fue una mañana de finales de junio del año 2012. Decenas de personas, entre las que se encontraban Lucía, Hugo, Juan Luis, Marcos y Marta o, lo que es lo mismo, ‘Las 5 del Naranco’, fueron a apoyar a Jorge Ordoñez, Patricia Cordero y Amanda, su bebé de seis meses, para intentar evitar que les desalojaran del piso en el que vivían. Pero alrededor de éste, rondando la calle Augusto Junquera, se congregaban 60 antidisturbios que garantizarían el cumplimiento de la orden judicial a través de una actuación que personas allí presentes califican como “desproporcionada y violenta”. Algunos medios tildaron de ‘batalla campal’ lo que sucedió en Ciudad Naranco, Oviedo, aquel día.

Un total de 20 personas fueron detenidas durante las cargas policiales, entre ellas el propio Jorge Ordóñez, que permanecía en el interior de la vivienda junto a un grupo. Muchas de las allí reunidas eran simpatizantes o activistas de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). La mayoría quedaron absueltas. Sin embargo, y aunque hayan pasado ya siete años, ‘las 5 del Naranco’ no se han librado de los efectos de aquella acción. En noviembre tienen una cita en el juzgado de instrucción número 1 de Oviedo acusadas de amenazas, atentado y lesiones a la autoridad. Dos de ellas fueron identificadas el mismo día del desahucio; a las otras tres les llegó la notificación de su imputación cinco años después, cuando el caso estaba a punto de archivarse. “Yo era fotógrafa del 15M y era muy visible, habíamos creado una especie de periódico de la acampada y visibilizábamos muchas luchas”, explica Marta Blázquez. “Soy muy consciente de que me conocían y tengo clarísimo lo que están persiguiendo”, añade.

A Jorge y Patricia les expulsaron de la vivienda, y Jorge estuvo más de dos meses en huelga de hambre frente a Cajastur

La acción policial logró su objetivo y a Jorge y Patricia les expulsaron de la vivienda. Pero intentaron conservarla hasta las últimas consecuencias. De hecho, Jorge estuvo más de dos meses en huelga de hambre frente a Cajastur, la entidad que terminó echándoles a la calle. Además de dejarles sin el piso, les pedían que siguieran pagando los 108.000 euros de la deuda que tenían pendiente. Después de meses de recogida de firmas, visitas a la entidad, reuniones y mucha implicación ciudadana, consiguieron que se cancelase la deuda y lograron la dación en pago, es decir, al entregar la casa quedaron en paz con la entidad.

Después de su desahucio, Jorge y Patricia vivieron una temporada en otro piso en Oviedo. Pero terminaron marchándose del país. A día de hoy ya no viven en España. Su proyecto de vida aquí no fructificó como esperaban. En un principio, cuando llegaron de Ecuador, él realizó trabajos en la construcción mientras su compañera se dedicada a limpiar casas. Después, con los ahorros que tenían, decidieron emprender y montaron una empresa de mensajería que funcionaba como subcontrata de otras. Pero con la llegada de la crisis, algunas empresas de transportes que requerían sus servicios, empezaron a no cumplir los plazos de pago y, por tanto, Jorge y Patricia, comenzaron también a no poder pagar su vivienda. Paradójicamente, una de estas empresas morosas fue Fastway, propiedad de José Suárez Arias-Cachero, ‘Felechosa’, quien por aquel entonces era también consejero general de Cajastur, la entidad que le concedió la hipoteca a la pareja. Paradójico y éticamente cuestionable.

Situaciones como la de Jorge y Patricia ocurren a diario. Personas que no pueden afrontar el pago de su hipoteca o de su alquiler y que no saben qué va a ocurrir con sus vidas. El Real Decreto 21/2018, de 14 de diciembre del pasado año, incluía una modificación del procedimiento de desahucio cuando afecte a ‘hogares vulnerables’ y se determinaba que se suspenderían estos procedimientos hasta que los servicios sociales tomasen las medidas oportunas. Que esta medida se cumpla o no es incierto, sobre todo por el cuestionamiento que la propia Administración hace del concepto de ‘vulnerabilidad’.

En cualquier caso, siguen adelante las citas para parar desahucios en todo el Estado. “Se trata de defender los derechos fundamentales”, explica Marta Blázquez. Lucía Rodríguez considera que sus imputaciones obedecen a un castigo ejemplar. “Creo que esto que están haciendo con nosotras es algo así como aleccionar a la gente, para transmitir un mensaje de precaución donde subyace que si te manifiestas puedes tener consecuencias”.

“Nos han imputado a nosotras como podrían haber imputado a otras personas; lo grave es lo que le pasó a Jorge y a su familia”

Junto a sus compañeras y otros colectivos, llevan meses organizando eventos donde informan de la causa y piden apoyo económico para enfrentar los gastos judiciales derivados del proceso y de las posibles sanciones que les impongan tras la sentencia. No obstante, y aunque consideran ‘injustificado’ el procedimiento, siguen teniendo presente qué es lo importante. “Lo nuestro es una consecuencia secundaria, nos han imputado a nosotras como podrían haber imputado a otras personas; lo grave es lo que le pasó a Jorge y su familia”, comenta Lucía. Sabe que puede salir del juicio con una cuantiosa multa, pero considera que el foco es otro. “Que te quiten la casa, que tengas una depresión porque la vas a perder o que te suicides por ello; eso sí es un verdadero daño”, añade.

Lucía y el resto del ‘Naranco’ son solo una muestra, pero por los juzgados de todo el Estado se dispersan personas encausadas en procesos judiciales por participar en las movilizaciones que han logrado distintas mejoras en el derecho a la vivienda.

 

Fuente: El Salto

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