La vigencia de Rodolfo Walsh: La secta de la picana (segunda nota)

Las notas que se publican a continuación fueron redactadas por Rodolfo Walsh –aunque no hayan llevado su firma- y conforman una serie investigativa publicada en Primera Plana sobre las torturas, los métodos y el accionar policial con procedimientos tales como los que, años más tarde, emplearía la dictadura militar de Videla y compañía.
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Los artículos fueron publicados a fines de 1968 y principios de 1969 pero bien podrían ser parte de la crónica diaria de hechos que esta Agencia suele publicar, aunque, lógicamente, sin la pluma de uno de los periodistas más importantes y comprometidos que tuvo este continente a lo largo de la historia.
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Más de 25 años antes de que se acuñara el término “gatillo fácil” para dar cuenta de la facilidad de disparo de los agentes policiales al perseguir pobres para eliminarlos, Walsh ya hablaba de “gatillo alegre” para explicar idéntica situación.
De manera tal que el presente Boletín se convierte en una línea histórica en la que la tortura, las persecuciones, los delitos, las picanas y la corrupción eran y son parte ineludible del accionar de las fuerzas de seguridad.
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Un ejemplo más sobre la inseguridad que los medios omiten y que los ricos y famosos prefieren no ver. Una muestra contundente para los que se sorprenden por la “delincuencia” y no alcanzan a comprender que antes de eso está la desigualdad, la persecución policial, las necesidades insatisfechas, la falta de oportunidades, la droga que manejan la Policía, y el discurso que habla de los “negros de mierda”.


Explicamos en el número anterior los métodos que utiliza para «aclarar» delitos una organización delictiva, de carácter oficial, conocida con el nombre de Brigada de Investigaciones de Avellaneda, cuyo jefe es: el comisario Ernesto Verdum, domiciliado en la calle 12 de Octubre 234 de Avellaneda, con tres procesos abiertos por extorsión, cohecho y privación ilegítima de la libertad. Queremos aclarar hoy que los procesos son, en realidad, cinco, e incluyen apremios y exacciones ilegales. Prosigamos ahora con la historia.
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LOS CONOCIDOS DE SIEMPRE
El jueves 10 de octubre el abogado de los hermanos Grillo presentó ante el juez, doctor Ornar Ozafrain, un recurso de amparo. Ante el pedido del juez, la Jefatura de Policía de La Plata –desempeñada por un militar– respondió con las mentiras de siempre: esos hombres no estaban detenidos, mientras bajo cuerda se ponía sobre aviso a la brigada. Eso provocó al día siguiente el traslado de los detenidos a Avellaneda; y el sábado, a la comisaría tercera de Temperley.
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Afortunadamente hay y habrá siempre en la policía hombres que reaccionan con indignación ante las torturas. Uno de ellos pasó el informe que permitió al juez allanar el lunes 14 la comisaría de Temperley, donde encontró a los ocho detenidos en lamentable estado. El examen médico, que reseñamos en nuestro número anterior, probó sin lugar a dudas el tipo de castigo a que habían sido sometidos.
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La confidencia de origen policial iba más lejos, suministrando la dirección exacta de la casa de las torturas. Allí se precipitó el 16 de octubre el juez, en compañía de Fortunato Grillo.
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Aprovechando su detención, la brigada había desvalijado el domicilio de Grillo. Esto tampoco es nuevo: lo mismo había ocurrido con Juan Bautista Avelia, en Dock Sud. Lo cierto es que en el reducto de los torturadores, Grillo encontró ahora una serie de objetos de su propiedad –desde colchones hasta un mate con bombilla– con que los correctos funcionarios estaban amoblando su nidito.
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Lo más importante, desde luego, no era eso, sino las dos mesas de tortura –buenas para faenar chanchos, como dijo un testigo– que el magistrado exhibiría más tarde ante los estupefactos periodistas. Millones de lectores han visto las fotografías, así que ahorramos la descripción.
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Aun esto no era lo más importante, sino dos papelitos que el doctor Ozafrain tuvo el acierto de encontrar. Uno parece insignificante –la anotación de un partido de chinchón–, pero no lo es, porque en otro brutal episodio de torturas que era denunciado casi simultáneamente, la víctima, Humberto Castañares, recuerda que sus verdugos también jugaban un partido de chinchón. Señalamos la coincidencia al juez doctor Querello, que trata ese caso, y sirva ésta de atenta nota de remisión, como dicen en tribunales.
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El otro papelito tiene un mensaje manuscrito que dice así: «Crucci o Cortez esta caja de balas estaba en el suelo de la pieza última, le gastamos 5 balas. Decíle a Alaniz que deje la radio afuera y kerosén – Sardón».
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La explicación de las balas es simple. Con un rifle 22, también robado a Grillo, los hombres de la brigada se entretuvieron en perforar latas el tiempo que les dejaron libre las partidas de chinchón y las sesiones de picana. Dejemos a Crucci por el momento en la heladera (mientras procuramos que él no nos ponga en la parrilla) y veamos quién es Cortez. Se trata de:
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Manuel Eulogio Cortez, cabo de la brigada de Avellaneda, felicitado en junio de 1967 por el
«esclarecimiento» del caso llamado del Sátiro, y no sabemos si felicitado en abril de este año por la
«ejecución» de los presuntos delincuentes Moro y Moya.
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¿Y el que iba a dejar la radio afuera? Es:
Zenón Alaniz, sargento primero de la brigada, con parecida foja e idénticas felicitaciones.
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Dijimos ya en el número 2 de CGT (9 de mayo) que estos hombres eran torturadores, y relatamos el caso del infortunado Luis Rudaz, a quien la brigada calificó de «Sátiro» y picaneó de lo lindo hasta que el juez lo excarceló y tuvieron que buscar otro: lo encontraron al día siguiente.
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Verdum, Alaniz, Cortez integraron con otros la comisión que dio muerte el 17 de abril de este año a los delincuentes José Moro y Eulogio Moya. Vista la irresistible costumbre de la policía bonaerense de matar delincuentes en proporción de diez a uno con sus propias bajas, reiteramos, agravada, la pregunta que formulamos hace seis meses:
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Si el Sátiro no era el Sátiro, y si los camioneros torturados en El Destino no eran ladrones, Moya y Moro ¿serían delincuentes?
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Uno de los acusados ante el juez Ozafrain parecía albergar las mismas dudas, y pidió que se reabriera aquella causa. Era el:
Oficial inspector Carlos Arturo Figueroa, domiciliado en Ignacio Cortina 2131, Valentín Alsina, y miembro precisamente de la comisión que con Verdum, Alaniz y Cortez, «ejecutó» a los presuntos delincuentes Moya y Moro.
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¿Qué podía perseguir el inspector Figueroa con esta reapertura de la causa? Lo que consiguió: que el expediente pasara de las manos del doctor Ozafrain a las de otro juez, el doctor Madina, con quien espera, acaso inútilmente, tener mejor suerte.
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La maniobra merece una explicación.
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POLICÍAS TORTURAN POLICÍAS
En la defensa de los derechos humanos algunos jueces de La Plata mantienen desde hace años una honorable tradición. Baste recordar la brillante pesquisa del juez Hueyo en «Operación Masacre» o las acusaciones del fiscal D'Elía en los casos Valiese y Florida. El propio Madina, el fiscal Doglia y otros han hecho más de una vez honor a su magisterio. Todo hacía presumir a fines de octubre que el juez Ozafrain confirmaría esa trayectoria con un rápido esclarecimiento de los hechos. La Policía bonaerense tenía un motivo especial para pensarlo: en junio último el doctor Ozafrain desafió sus iras, amparando un acto en homenaje a la Reforma y ordenando la detención del comisario Aceto que se había alzado contra su autoridad. En respuesta, la Escuela de Policía despojó al doctor Ozafrain de las cátedras que allí dictaba.
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Y esto explica la desesperada maniobra del inspector Figueroa para cambiar de juez.
Lo que quedó sin explicar es la furia con que la Brigada de Avellaneda se ensañó contra uno de los ocho torturados de El Destino. Se trata de Víctor Augusto Liway, quien tiene la curiosa particularidad de ser empleado (mecánico) de la Policía Federal.
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Cuando Liway mostró su credencial, arreciaron los golpes. Cuando su mujer quiso intervenir, amenazaron llevársela. Cuando insistió en que él era de la Federal, se refirieron a esa institución en términos irreproducibles. Lo picanearon de tal modo que, no pudiendo resistir el dolor, confesó cualquier cosa.
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De este modo parecía reiniciarse la guerra secreta entre ambas policías, sobre la que el periodismo especializado volcó en su hora ríos de tinta, y que habría dado origen a aquella famosa «serie sangrienta» que en 1964 pobló de cadáveres los caminos del Gran Buenos Aires y sólo terminó con el «suicidio» del Loco Prieto. Tampoco faltaron entonces las torturas infligidas por la bonaerense a miembros de la Federal, como los suboficiales Daumas, Farquarson y Rivero.
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Esta vez, la réplica de la Federal fue contundente. El 26 de octubre la comisaría 33a anunciaba complacida al periodismo que tras una rápida incursión a la provincia, se había detenido a una temible banda de extorsionadores. Uno de sus jefes era el oficial ayudante Oscar Rene Torne, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires…
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UN SECUESTRO
Una denuncia urgente nos obliga a interrumpir momentáneamente la continuidad de esta serie:
El jueves 31 de octubre fue secuestrado en Isidro Casanova, entre las 18.30 y las 19, el compañero
Osvaldo Scarlatto, de 17 años, militante de la Juventud Peronista de Matanza.
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Como la policía de la Matanza está complicada juntamente con la brigada de Avellaneda en los casos de tortura que investiga el juez Guerello, se teme fundidamente por la vida de ese compañero que no había aparecido al cierre de esta edición, martes 5. La CGT se ha movilizado para dar con su paradero, sin perjuicio de denunciar con urgencia, en nivel internacional, esta serie infame de atropellos que asimismo se nutre a último momento con nuevos casos en Mendoza y Tucumán.
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