La universidad pública, en peligro

Ya hasta el rector de la Universidad&nbsp Nacional, conocido por ser siempre un defensor de las medidas del gobierno en temas de educación, autor de una pesima reforma para la universidad, hasta él,&nbsp es perfectamente consciente de la situación de las universidades públicas.

La Ley 30 de 1992 definió de qué manera se construye el presupuesto de las universidades públicas del país. El legislador de entonces, con una clara intención que se trasluce en las motivaciones y que se confirma en múltiples sentencias de las altas cortes, trató de defender ese presupuesto y determinó que el aporte de la Nación debía ajustarse anualmente usando el IPC como indicador. La interpretación de los gobiernos desde la expedición de la Ley ha sido que el incremento se hace "sólo" con el IPC sin ninguna preocupación por el mantenimiento del valor real de la oferta educativa.

A primera vista pareciera que el IPC y el valor real son la misma cosa, pero no es así. Desde 1993 se han venido dictando leyes y decretos diversos que modifican el costo de la Universidad muy por encima del IPC. Se decidió que la calidad de la educación dependía (según Perogrullo) de la calidad de los profesores, y se expidieron decretos que estimulaban la contratación de docentes con posgrados -especialmente doctorado-, la investigación y la creación artística y cultural. El estímulo es un aumento salarial de acuerdo con productividad, muy por encima del IPC. Se generaron gastos adicionales para las universidades, como aportes patronales a la seguridad social.

Además de eso, los costos de la educación en Colombia y el mundo aumentaron por cambios en el proceso educativo mismo. Los doctorados apenas nacientes en 1993 son hoy importantes y diversos. Nuevas tecnologías han exigido equipos de cómputo, redes y licencias; las bibliotecas han crecido sustancialmente; se construyeron nuevas aulas tecnológicas, laboratorios y talleres. La enseñanza de idiomas se volvió parte de los currículos, así como muchas otras actividades conducentes a una formación ciudadana e integral. La cobertura pública de pregrado se duplicó, la de posgrado se multiplicó varias veces y la investigación creció en forma exponencial.

A pesar de eso, por más de 16 años las universidades mantienen su presupuesto congelado de forma que (para la Universidad Nacional, por ejemplo) en el año 2010 el aporte de la Nación para funcionamiento solo cubrirá gastos de personal y en los próximos años ni siquiera eso.

Los rectores del Sistema Universitario Estatal, a finales del año pasado, le planteamos esta situación al Señor Presidente. Él reconoció los hechos básicos y manifestó su acuerdo con la necesidad de un aumento de la base presupuestal para compensar el deterioro constante y sugirió que se hiciera en el presupuesto del 2010. Un estudio cuidadoso de los gerentes y vicerrectores financieros de las siete universidades públicas más grandes se presentó sin que fuera objetado. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto actualmente en discusión no apareció la esperada compensación.

En múltiples foros, muchos de ellos citados por el propio Ministerio de Educación Nacional, expertos nacionales e internacionales han argumentado sobre la importancia de afianzar a las universidades líderes y fortalecer su capacidad de investigación. Eso no solo contribuye a aumentar el potencial nacional de competitividad en un mundo global, sino que es definitivo para compensar inequidades y mejorar la movilidad social de jóvenes con pocos recursos económicos.

El Ministerio de Educación Nacional viene esgrimiendo, desde hace un tiempo, el argumento de que el hecho de que haya universidades públicas más costosas que otras es una inequidad. Está buscando el ahogado aguas arriba. Por supuesto que hay que mejorar los presupuestos de las universidades débiles, pero no igualando por lo bajo. El problema de equidad no está entre las universidades públicas grandes y las pequeñas. Está en el hecho de que si no se ofrece educación pública de máxima calidad se perpetúa la ausencia de una importante parte de la población en las posiciones de liderazgo social y estas serán detentadas siempre por una minoría privilegiada.

Hace 30 o 40 años la educación básica y media pública, por una política restrictiva, perdió su capacidad de competir por los mejores maestros y la de invertir en infraestructura moderna y adecuada para sus retos; los presupuestos de la nación se ajustaron para garantizar apenas su mantenimiento básico. Hoy se ven los resultados cuando en las listas de mejores colegios prácticamente no aparecen aquellos que eran un orgullo y los malos indicadores constituyen predicciones sombrías para el éxito académico y laboral de buena parte de los estudiantes del sistema público. De perpetuarse la situación que describo, dentro de 30 años alguien estará preguntando qué se hicieron las maravillosas universidades públicas de principios del siglo 21.

Fracasa política universitaria uribista
por Guillermo Baquero Wednesday, Oct. 28, 2009 at 4:08 PM

La crisis de la universidad pública colombiana, obliga a ensanchar la mirada sobre los elementos que desbordan su delicada situación económica – financiera, que es una de las secuelas más sensibles del fenómeno desarrollista que ha impuesto en la última etapa el gobierno de Uribe Vélez a la universidad. Los postulados de la revolución educativa encaran una supuesta modernización de la educación superior, soportada en los pilares de la cobertura, la calidad, la pertinencia y la efi ciencia, desde la premisa de hacer más con menos, donde las universidades puedan autofi nanciar integralmente sus gastos y logren ser, uno de los principales eslabones productivos del mercado en Colombia (modelo universidadempresa), como el lamentable caso de la Universidad de Pamplona, que en tres años, pasó de ser el ejemplo de ese modelo al colapso, y su única salida según el Gobierno, es transitar por el mismo sendero que el de la Universidad del Atlántico, que bajo la aplicación de la ley de quiebras, hoy se encuentra al borde de la liquidación.

No podríamos limitarnos a valorar cuantitativamente las presiones generadas por esta política en el presupuesto de las universidades, donde las nuevas obligaciones, como el pago de la producción intelectual, el incremento desaforado de cobertura, la acreditación de programas, la cualificación docente, la regionalización, el pasivo pensional, la sistematización y otras responsabilidades, han generado un déficit acumulado que sobrepasa los $158.000 millones y unos gastos de personal que superan los 469.000 millones de pesos con corte a diciembre de 2007 y a pesos del mismo año.

El fondo de la crisis en esencia expresa el fracaso de un modelo de sociedad excluyente que destina más del 20% del PIB a la guerra y un 0.4% a la educación superior, pero además, un modelo que financia la demanda educativa desde el crédito de ICETEX, siendo éste, la versión de Agro Ingreso Seguro en el sector educativo. Este modelo autoritario de educación, asume la universidad como estricto escenario para la instrucción laboral, desde la apología de las competencias, liquidando las libertades democráticas, la construcción de pensamiento crítico, la reflexión, el dialogo y cualquier posibilidad de cualificación de los conflictos sociales, principios desde donde se nutre, la naturaleza de una universidad en razón de la sociedad y no del mercado.

La movilización de miles de jóvenes universitarios, otros sectores sociales y el apoyo parlamentario, logró arrancar algunos recursos de la “seguridad democrática”, que no pretendían otorgar a las universidades, aunque estos, no son sufi cientes para sortear la delicada situación fi nanciera, y por otro lado, su distribución será hecha por el Ministerio de Educación, bajo los criterios que han conducido a la universidad a tan grave situación. La decisión incondicional del movimiento estudiantil y el proceso desarrollado, demostró la posibilidad de alterar desde la movilización, no solo la distribución del presupuesto nacional, sino de cualquier intención de suprimir los derechos fundamentales del pueblo colombiano.

Los retos del movimiento estudiantil y universitario, se suscriben a la necesidad de defender radicalmente el derecho a una educación verdaderamente pública, gratuita, democratizadora y para la transformación. No es la defensa de esta educación del saber hacer, es luchar por la educación del ser, donde los hombres y las mujeres seamos piedra angular del desarrollo humano, de la sociedad y no objetos con los únicos derechos de comprar y vender. Pero además, los universitarios debemos forjar desde nuestros escenarios de construcción colectiva, herramientas para la articulación con otros sectores sociales y populares, que desborde en un gran proceso de reforma democrática de la universidad colombiana.

La unidad y la organización sin vacilación del movimiento estudiantil, podrá lograr arrastrar a un estadio distinto, la cruel realidad que padece el país, su rebeldía y sus pasos sin temores, tiene el deber de romper con la imposición del silencio y las cadenas del terror; tiene la fuerza suficiente, para despojar a esta generación del vergonzoso lastre del Estado comunitario.

VOZ

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