La trama de los másters regalados pone bajo sospecha los estudios de los cargos públicos españoles (cast/cat)

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El 21 de marzo estalló un escándalo político cuando salió a la luz que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid en aquel momento, había falsificado las notas para obtener un máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Pero aquello sólo era una práctica más de un sistema que Rosa Berganza, candidata a rectora de la URJC el 2017, definía como ‘una red clientelista al más puro estilo mafioso’. Unas prácticas que no se circunscriben solamente en esta universidad, sino que va más allá.

El caso Cifuentes: la punta del iceberg

En un principio, eldiario.es hizo público que dos asignaturas y el trabajo de final de máster de Cifuentes habían pasado de ‘no presentados’ a ‘notable’ de manera irregular y sin justificación.

Aquel mismo día, el rector de la Universidad, Javier Ramos, explicó que se había descubierto un error de transcripción en el momento de pedir el título y que las materias siempre habían sido cursadas y aprobadas. Cristina Cifuentes anunció una querella criminal contra los periodistas del diario y mostró el acta de evaluación del trabajo de final de máster como prueba.

Sin embargo, cada nueva información hacía más grande el escándalo. Dos de los tres miembros del supuesto tribunal negaron que hubieran formado parte y denunciaron que las firmas habían sido falsificadas.

Finalmente, cuando la versión oficial ya no se sostenía, el director del máster, Enrique Álvarez Conde, denunció que había recibido ‘enormes presiones’ del rector para que hiciera un documento que se ajustara a la versión oficial, y a la vez él presionó a tres profesoras para que falsificaran el acta. El rector, por su parte, dijo que había sido engañado y que no había pedido nunca ninguna falsificación. Paralelamente, el caso fue a la fiscalía porque no se podía encontrar el acta del trabajo de final de máster, a pesar de que es obligatorio registrarla. El director del máster fue suspendido de las funciones como medida cautelar.

Se añadía al escándalo el hecho de que Cifuentes se había matriculado el 21 de diciembre, tres meses más tarde de la fecha tope, y en cambio, había obtenido tres excelentes y dos notables en asignaturas que ya se habían impartido en el momento de matricularse. Además, a pesar de que el máster era presencial, nadie había visto nunca a Cifuentes en las aulas. Todavía más: tres asignaturas habían sido convalidadas por una comisión que no existió nunca y cinco de las seis firmas del documento habían sido falsificadas.

Las incongruencias eran insostenibles. La versión de un profesor de una asignatura que había pasado de ‘no presentado’ a ‘notable’, Pablo Chico, decía que Cifuentes se había examinado con normalidad, pero más tarde Cifuentes misma lo negó, y dijo que simplemente se había adaptado a las facilidades que le daba la URJC y que había sustituido los exámenes por trabajos y que, en todo caso, el problema era de la universidad.

Finalmente, Cifuentes dimitió el 28 de abril después de la publicación de un vídeo en que se veía como la habían pillado robando unas cremas en un centro comercial. Perdió el apoyo que el PP le había dado hasta aquel día.

Una trama mafiosa en la URJC?

La jueza instructora ya ha encausado a diez implicados, incluida Cifuentes, el director del máster, la funcionaria que modificó la nota y varios profesores. Esto también hizo que el pasado 16 de mayo se abriera una nueva pieza relativa al máster, también en la URJC, de Pablo Casado, actual vicesecretario general de comunicación del PP.

Pero el escándalo es mucho más gordo, porque en el documento falsificado también se beneficiaban por convalidaciones fraudulentas diez alumnos más, todos ellos conectados con el PP, entre los cuales, el ex-teniente de alcalde de Madrid, Pedro Calvo.

Hay que señalar que en la URJC trabajan, como personal administrativo o profesores, decenas de familiares del PP, como por ejemplo, Margarita Cifuentes (hermana de Cristina Cifuentes) –en este caso, se ha denunciado que lo hace de manera ilegal–, Isabel Ruiz Gallardon (prima de Ruiz Gallardón) e Isabel Mayor (sobrina de Mayor Oreja).

Un personaje clave es el director del máster, Álvarez Conde, que había sido un cargo de confianza de Mariano Rajoy y habitual de las actividades de la FAES. Además, una de las asignaturas aprobadas por Cifuentes la impartía la pareja del director del máster, Rosario Tur, que además fue secretaria de la tesis de Francisco Camps, acusada de plagio.

En el momento que Casado y Cifuentes obtuvieron el máster, el rector de la universidad era Pedro González-Trevijano (2002-2013) que, sin ser juez, actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. Su delfín fue Fernando Suárez (2013-2017), que plagió la tesis doctoral y una quincena de obras más. El rector actual, Javier Ramos, fue designado a dedo por Suárez y su nombramiento enterró cualquier posibilidad de investigar los plagios contrastados.

La candidata Rosa Berganza, que en 2017 se enfrentó a Javier Ramos y obtuvo el 41% de los votos, denunció que la universidad funcionaba ‘como una red clientelista al más puro estilo mafioso’, montada por González-Trevijano y seguida por Suárez y Ramos.

Como ejemplo de estas prácticas, encontramos el caso de David Ríos, que denunció que González-Trevijano no se podía presentar en 2011 porque ya había cumplido dos mandatos. Como consecuencia, once profesores de su entorno sin plaza fija fueron despedidos. Parece que en aquel momento Javier Ramos movió hilos en nombre del actual magistrado del TC para que se retirara la demanda a cambio de dinero, profesores, departamentos o espacios. Además, se amenazó con despidos a Antonio Alonso, profesor que apoyaba a David Ríos. Su departamento pasó de veinte profesores a siete en sólo tres años.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Ríos, pero el TC, donde González-Trevijano entró sólo dos años después, anuló la sentencia.

La sombra del estado español

Las ‘facilidades’ no son únicamente para Cifuentes y otros cargos del PP. El sindicato Alternativa Sindical de Policía, uno de los más pequeños, denunció un grado en línea de la URJC entre 2013 y 2015, exclusivo para mandos superiores de la policía, que permitía obtener el grado de Criminología en sólo nueve meses, a pesar de que para el resto de gente dura cuatro años.

El curso, aprobado por doscientos mandos de la policía española, y que además tenía poco contenido, parece que se podría haber obtenido de manera fraudulenta. El caso se tiene que enmarcar en la ley de personal del cuerpo del 2015, que obliga a tener una titulación para ascender a los cargos más altos a la administración policial. El mismo ministro Zoido reconoció que había altos mandos de la policía que estaban en el cargo gracias a este título.

También está la denuncia de la asociación APEDANICA, que señaló que varios fiscales, incluido al fiscal en jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, participaban en docencia remunerada en un máster de la URJC y que esto podía comportar un ‘conflicto de intereses’ porque se investigaba a profesores del centro.

Hay que decir, además, que la financiación de la universidad proviene de subvenciones de la Comunidad de Madrid y de empresas mediante convenios –por valor de 560.900€ el 2016– con empresas del Ibex-35 (CaixaBank, Iberdrola, Repsol, y Telefónica). También tiene convenios con Inditex y El Corte Inglés, y el principal patrocinador del 2016 fue el Banco Santander, con una aportación de 850.000€.

Los otros casos Cifuentes?

Actualmente, uno de los casos más mediáticos es el de Pablo Casado. En siete años, aprobó únicamente trece asignaturas de la licenciatura de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. A media carrera se matriculó en el Centro Cardenal Cisneros, adscrito en la Universidad Complutense, que depende de la Comunidad de Madrid y con un director elegido a dedo por el consejero de Educación.

El junio del 2007, Casado se convirtió en diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del PP de la comunidad, además de portavoz de dos comisiones. Y entre junio y el septiembre de aquel mismo año, sólo en cuatro meses, aprobó las doce asignaturas que le faltaban (el 48% de la carrera) y acabó la licenciatura.

Alberto Pérez de Vargas, ex-director del centro, declaró al Mundo que Pablo Casado había aparecido de la mano de Esperanza Aguirre y que había obtenido la carrera gracias a llamadas intensas y presiones de altos cargos del PP a varios profesores. Una actuación que también habría tenido cuando el presidente de la Comunidad de Madrid era el socialista Joaquín Leguina (1983-1995).

Pérez de Vargas reconoce ‘facilidades’ a Casado, con profesores que lo aprobaban sin examen o que le daban permiso para no ir a clase. La Facultad de Derecho de la Complutense le convalidó siete asignaturas oficialmente, pero dice que extraoficialmente fueron muchas más y que sólo hizo ‘cuatro o cinco exámenes’.

Sin embargo, la pieza judicial que se ha abierto es por el máster que obtuvo en la URJC, como el de Cifuentes. Enrique Álvarez Conde mismo, como director del máster, le dio una ‘flexibilidad’ que le permitía no asistir en clase (para el resto era obligatorio) y le fueron convalidadas 18 asignaturas de 22; actuación bastante dudosa si tenemos en cuenta que era un máster de especialización. Las que cursó, las pudo aprobar con trabajos que suman en total 92 folios.

Casado tampoco discutió con nadie sobre cómo tenían que ser los trabajos, según explicaciones a eldiario.es, sino que él mismo decidió qué trabajos tenía que hacer ‘fijándose en el título de las materias’. Tampoco se sabe quién los evaluó, sencillamente los entregaba en los despachos de Álvarez Conde. Sacó cuatro excelentes. Tampoco hizo ningún trabajo de final de máster.

Casado se ha escudado en el argumento que él no cometió ninguna irregularidad, sino que simplemente se acogió a las facilidades que le ofrecía la universidad.

La importancia de ser de la familia real española

Otro caso excepcional es el de Iñaki Urdangarin, que obtuvo en sólo dos años una doble titulación en ESADE en administración de empresas, estudios que acostumbran a implicar, como mínimo, cinco cursos.

Cómo señaló el diario Ara, le convalidaron tres cursos de una diplomatura de la Universitat de Barcelona. Una actuación sin precedentes, que no se hace con ningún estudiante, y a lo sumo se ha llegado a convalidar una asignatura o dos.

Además, recibió trato de deportista –con un horario adaptado, una plan a medida y clases particulares–, privilegio que mantuvo cuando ya no estaba en activo. Los compañeros de promoción no recuerdan ni un examen o trabajo en que compareciera, a pesar de que él se ha justificado diciendo que lo hacía individualmente.

Hay que recordar que los correos electrónicos hechos públicos por Diego Torres en los juicios del caso Nóos muestran que Urdangarin tenía trabajadores del Instituto Nóos encargados de hacer la tesina que le hacía falta para obtener los títulos.

Después, fue incorporado como profesor en el centro durante tres años, elegido por Marcel Planellas, todavía hoy profesor, y que tuvo que dimitir del cargo de secretario general cuando se supo que el Instituto Nóos le había pagado 128.000€ por trabajos de consultoría.

Hasta donde llega?
Después del caso Cifuentes, una quincena de diputados del congreso español modificaron el currículum. Fue el caso, por ejemplo, de Toni Cantó, que había mentido diciendo que era pedagogo, de Ana Pastor y de Jorge Moragas, entre otros. A pesar de que son casos diferentes –aquí, los diputados habían mentido y falsificado un documento–, sólo dimitió un diputado gallego de En Marea que había dicho que tenía un título de ingeniero que no poseía.

Incluso, el medio La Marea puso en cuestión la tesis doctoral de Pedro Sánchez durante la construcción del candidato socialista.

Parece claro que el caso de la ex-presidenta madrileña Cristina Cifuentes es sólo la punta del iceberg de un sistema de tratos de favor que hace décadas que dura y que incluye a políticos, jueces, administración e Ibex-35. Y todavía no se sabe hasta donde llegaba la trama y a cambio de qué. Mientras tanto, el resto de la población se tiene que esforzar para obtener los títulos académicos.

 


 

La trama dels màsters regalats posa sota sospita els estudis dels polítics espanyols

El cas Cifuentes ha mostrat un sistema de tracte a favor de personalitats i polítics d’una extensió encara insospitada

 

El 21 de març va esclatar un escàndol polític quan va sortir a la llum que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid en aquell moment, havia falsificat les notes per obtenir un màster de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC). Però allò només era una pràctica més d’un sistema que Rosa Berganza, candidata a rectora de la URJC el 2017, definia com ‘una xarxa clientelista al més pur estil mafiós’. Unes pràctiques que no se circumscriuen solament a aquesta universitat, sinó que va més enllà.

El cas Cifuentes: la punta de l’iceberg
En un principi, eldiario.es va fer públic que dues assignatures i el treball de final de màster de Cifuentes havien passat de ‘no presentats’ a ‘notable’ de manera irregular i sense justificació.

Aquell mateix dia, el rector de la Universitat, Javier Ramos, va explicar que s’havia descobert un error de transcripció en el moment de demanar el títol i que les matèries sempre havien estat cursades i aprovades. Cristina Cifuentes va anunciar una querella criminal contra els periodistes del diari i va mostrar l’acta d’avaluació del treball de final de màster com a prova.

No obstant això, cada nova informació feia més gran l’escàndol. Dos dels tres membres del suposat tribunal van negar que n’haguessin format part i van denunciar que les signatures havien estat falsificades.

Finalment, quan la versió oficial ja no se sostenia, el director del màster, Enrique Álvarez Conde, va denunciar que havia rebut ‘enormes pressions’ del rector perquè fes un document que s’ajustés a la versió oficial, i alhora ell va pressionar tres professores perquè falsifiquessin l’acta. El rector, per la seva part, va dir que havia estat enganyat i que no havia demanat mai cap falsificació. Paral·lelament, el cas va anar a la fiscalia perquè no es podia trobar l’acta del treball de final de màster, malgrat que és obligatori registrar-la. El director del màster va ser suspès de les funcions com a mesura cautelar.

S’afegia a l’escàndol el fet que Cifuentes s’havia matriculat el 21 de desembre, tres mesos més tard de la data límit, i en canvi, havia obtingut tres excel·lents i dos notables en assignatures que ja s’havien impartit en el moment de matricular-se. A més, tot i que el màster era presencial, ningú no havia vist mai Cifuentes a les aules. Encara més: tres assignatures havien estat convalidades per una comissió que no va existir mai i cinc de les sis signatures del document havien estat falsificades.

Les incongruències eren insostenibles. La versió d’un professor d’una assignatura que havia passat de ‘no presentat’ a ‘notable’, Pablo Chico, deia que Cifuentes s’havia examinat amb normalitat, però més tard Cifuentes mateixa ho va negar, i va dir que simplement s’havia adaptat a les facilitats que li donava la URJC i que havia substituït els exàmens per treballs i que, en tot cas, el problema era de la universitat.

Finalment, Cifuentes va dimitir el 28 d’abril després de la publicació d’un vídeo en què es veia com l’havien enxampada robant unes cremes en un centre comercial. Va perdre el suport que el PP li havia donat fins aquell dia.

Una trama mafiosa a la URJC?
La jutgessa instructora ja ha encausat deu implicats, inclosa Cifuentes, el director del màster, la funcionària que va modificar la nota i diversos professors. Això també va fer que el passat 16 de maig s’obrís una nova peça relativa al màster, també a la URJC, de Pablo Casado, actual vice-secretari general de comunicació del PP.

Però l’escàndol és molt més gros, perquè en el document falsificat també es beneficiaven per convalidacions fraudulentes deu alumnes més, tots ells connectats amb el PP, entre els quals, l’ex-tinent de batlle de Madrid, Pedro Calvo.

Cal assenyalar que a la URJC hi treballen, com a personal administratiu o professors, desenes de familiars del PP, com per exemple, Margarita Cifuentes (germana de Cristina Cifiuentes) –en aquest cas, s’ha denunciatque ho fa de manera il·legal–, Isabel Ruiz Gallardon (cosina de Ruiz Gallardon) i Isabel Mayor (neboda de Mayor Oreja).

Un personatge clau és el director del màster, Álvarez Conde, que havia estat un càrrec de confiança de Mariano Rajoy i habitual de les activitats de la FAES. A més, una de les assignatures aprovades per Cifuentes la impartia la parella del director del màster, Rosario Tur, que a més va ser secretària de la tesi de Francisco Camps, acusada de plagi.

En el moment que Casado i Cifuentes es van treure el màster, el rector de la universitat era Pedro González-Trevijano (2002-2013) que, sense ser jutge, actualment és magistrat del Tribunal Constitucional a proposta del PP. El seu delfí va ser Fernando Suárez (2013-2017), que va plagiar la tesi doctoral i una quinzena d’obres més. El rector actual, Javier Ramos, va ser designat a dit per Suárez i el seu nomenament va enterrar cap possibilitat d’investigar els plagis contrastats.

La candidata Rosa Berganza, que el 2017 es va enfrontar a Javier Ramos i va obtenir el 41% dels vots, va denunciar que la universitat funcionava ‘com una xarxa clientelista al més pur estil mafiós’, muntada per González-Trevijano i seguida per Suárez i Ramos.

Com a exemple d’aquestes pràctiques, trobem el cas de David Ríos, que va denunciar que González-Trevijano no es podia presentar el 2011 perquè ja havia fet dos mandats. Com a conseqüència, onze professors del seu entorn sense plaça fixa van ser acomiadats. Sembla que en aquell moment Javier Ramos va moure fils en nom de l’actual magistrat del TC perquè es retirés la demanda a canvi de diners, professors, departaments o espais. A més, es va amenaçar amb acomiadaments Antoni Alonso, professor que donava suport a David Ríos. El seu departament va passar de vint professors a set en només tres anys.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va donar la raó a Ríos, però el TC, on González-Trevijano va entrar només dos anys després, va anul·lar la sentència.

L’ombra de l’estat espanyol
Les ‘facilitats’ no són únicament a Cifuentes i altres càrrecs del PP. El sindicat Alternativa Sindical de Policia, un dels més petits, va denunciar un grau en línia de la URJC entre 2013 i 2015, exclusiu per a comandaments superiors de la policia, que permetia d’obtenir el grau de Criminologia en només nou mesos, tot i que per a la resta de gent dura quatre anys.

El curs, aprovat per dos-cents comandaments de la policia espanyola, i que a més tenia poc contingut, sembla que es podria haver obtingut de manera fraudulenta. El cas s’ha d’emmarcar en la llei de personal del cos del 2015, que obliga a tenir una titulació per a ascendir als càrrecs més alts a l’administració policíaca. El mateix ministre Zoido va reconèixer que hi havia alts comandaments de la policia que eren en el càrrec gràcies a aquest títol.

També hi ha la denúncia de l’associació APEDANICA, que va assenyalar que diversos fiscals, inclòs el fiscal en cap de l’Audiència Provincial de Madrid, participaven en docència remunerada en un màster de la URJC i que això podia comportar un ‘conflicte d’interessos’ perquè s’investigaven professors del centre.

Cal dir, a més, que el finançament de la universitat prové de subvencions de la Comunitat de Madrid i d’empreses mitjançant convenis –per valor de 560.900€ el 2016– amb empreses de l’Ibex-35 (CaixaBank, Iberdrola, Repsol, i Telefónica). També té convenis amb Inditex i El Corte Inglés, i el principal patrocinador del 2016 va ser el Banc Santander, amb una aportació de 850.000€.

Els altres casos Cifuentes?
Actualment, un dels casos més mediàtics és el de Pablo Casado. En set anys, va aprovar únicament tretze assignatures de la llicenciatura de Dret de la Universitat Pontifícia de Comillas. A mitja carrera es va matricular al Centre Cardenal Cisneros, adscrit a la Universitat Complutense, que depèn de la Comunitat de Madrid i amb un director elegit a dit pel conseller d’Educació.

El juny del 2007, Casado va esdevenir diputat de l’Assemblea de Madrid i president de Nuevas Generaciones del PP de la comunitat, a més de portaveu de dues comissions. I entre el juny i el setembre d’aquell mateix any, només quatre mesos, va aprovar les dotze assignatures que li faltaven (el 48% de la carrera) i va acabar la llicenciatura.

Alberto Pérez de Vargas, ex-director del centre, va declarar a El Mundo que Pablo Casado havia aparegut de la mà d’Esperanza Aguirre i que havia obtingut la carrera gràcies a trucades intenses i pressions d’alts càrrecs del PP a diversos professors. Una actuació que també hauria tingut quan el president de la Comunitat de Madrid era el socialista Joaquín Leguina (1983-1995).

Pérez de Vargas reconeix ‘facilitats’ a Casado, amb professors que l’aprovaven sense examen o que li donaven permís per a no anar a classe. La Facultat de Dret de la Complutense li va convalidar set assignatures oficialment, però diu que extraoficialment en van ser moltes més i que només va fer ‘quatre o cinc exàmens’.

No obstant això, la peça judicial que s’ha obert és pel màster que va obtenir a la URJC, com el de Cifuentes. Enrique Álvarez Conde mateix, com a director del màster, li va donar una ‘flexibilitat’ que li permetia de no assistir a classe (per a la resta era obligatori) i li van ser convalidades 18 assignatures de 22; actuació força dubtosa si tenim en compte que era un màster d’especialització. Les que va cursar, les va poder aprovar amb treballs que sumen en total 92 folis.

Casado tampoc no va discutir amb ningú sobre com havien de ser els treballs, segons explicacions a eldiario.es, sinó que ell mateix va decidir quins treballs havia de fer ‘fixant-se en el títol de les matèries’. Tampoc no se sap qui els va avaluar, senzillament els lliurava als despatxos d’Álvarez Conde. Va treure quatre excel·lents. Tampoc no va fer cap treball de final de màster.

Casado s’ha escudat en l’argument que ell no va cometre cap irregularitat, sinó que simplement es va acollir a les facilitats que li oferia la universitat.

La importància de ser de la família reial espanyola
Un altre cas excepcional és el d’Iñaki Urdangarin, que va obtenir en només dos anys una doble titulació a ESADE en administració d’empreses, estudis que acostumen a implicar, com a mínim, cinc cursos.

Com va assenyalar el diari Ara, li van convalidar tres cursos d’una diplomatura de la Universitat de Barcelona. Una actuació sense precedents, que no es fa amb cap estudiant, i a tot estirar s’ha arribat a convalidar una assignatura o dues.

A més, va rebre tracte d’esportista –amb un horari adaptat, una pla a mida i classes particulars–, privilegi que va mantenir quan ja no estava en actiu. Els companys de promoció no recorden ni un examen o treball en què comparegués, tot i que ell s’ha justificat dient que ho feia individualment.

Cal recordar que els correus electrònics fets públics per Diego Torres en els judicis del cas Nóos mostren que Urdangarin tenia treballadors de l’Institut Nóos encarregats de fer la tesina que li calia per a obtenir els títols.

Després, va ser incorporat com a professor al centre durant tres anys, tria feta per Marcel Planellas, encara avui professor, i que va haver de dimitir del càrrec de secretari general quan es va saber que l’Institut Nóos li havia pagat 128.000€ per feines de consultoria.

Fins on arriba?
Després del cas Cifuentes, una quinzena de diputats del congrés espanyol van modificar el currículum. Va ser el cas, per exemple, de Toni Cantó, que havia mentit dient que era pedagog, d’Ana Pastor i de Jorge Moragas, entre més. Tot i que són casos diferents –aquí, els diputats havien mentit i falsificat un document i prou–, només va dimitir un diputat gallec d’En Marea que havia dit que tenia un títol d’enginyer que no posseïa pas.

Fins i tot, el mitjà La Marea va posar en qüestió la tesi doctoral de Pedro Sánchez durant la construcció del candidat socialista.

Sembla clar que el cas de l’ex-presidenta madrilenya Cristina Cifuentes és només la punta de l’iceberg d’un sistema de tractes de favor que fa dècades que dura i que inclou polítics, jutges, administració i Ibex-35. I encara no se sap fins on arribava la trama i a canvi de què. Mentrestant, la resta de la població s’ha d’esforçar per obtenir els títols acadèmics.

 

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