La sombra de los lobbies en la salud

Todo esto necesita de un trabajo sistemático de relaciones públicas y contactos directos entre el personal de las empresas y asociaciones empresariales, los lobbistas, con los políticos y funcionarios locales. Las administraciones regionales tampoco se libran de los lobbies que atentan contra el medio ambiente y la salud pública. En Extremadura [ver pág. 37], en una de las comarcas más fértiles de toda la Unión Europea, Tierra de Barros (Badajoz), el empresario más rico de la Comunidad Autónoma, Alfonso Gallardo -alguien que ha construido un imperio que fabrica acero y hormigón partiendo de sus orígenes como chatarrero gracias en parte a las subvenciones públicas con las que le beneficia la Junta de Extremadura- quiere instalar una refinería petroquímica. En pleno siglo XXI, el de la preocupación por la crisis ecológica mundial, socios como BBVA, Iberdrola, Caja Madrid o Caja Extremadura le acompañan. El Grupo Alfonso Gallardo tiene en Francisco Fuentes Gallardo, sobrino del jefe y senador del PSOE por Extremadura a su enlace con el Gobierno extremeño. La compañera sentimental del segundo es la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, en la tierra del cerdo ibérico y ha destacado por reprimir cualquier crítica al proyecto contaminante. Para que la ciudadanía extremeña le otorgue su beneplácito, las encuestas favorables a los intereses de Gallardo y la Junta de Extremadura las realiza el Instituto Opina, que trabaja, entre otros partidos, para el PSOE, obvia preguntas incómodas, como la verdad, y luego son reproducidas por los medios en los que el empresario inserta publicidad o pertenecen a accionistas que también lo son del proyecto refinero.

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