La sombra alargada de las energéticas

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Pasar frío, no encender las luces o procurar poner menos lavadoras son algunos de los esfuerzos que hizo Carmen González para reducir, por todos los medios, las facturas de suministros que llegaban a su casa, en el barrio Espronceda de Sabadell. Prácticamente sin ingresos y con dos hijos a cargo, no se trata, ni mucho menos, de un caso aislado. Algunos son visibles porque afectan a personas organizadas en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), pero otras quedan cerrados con llave dentro de los hogares y se sufren en silencio. Además de gente como Carmen, a quien Gas Natural cortó la luz hace un año y medio, hay un número indefinido de personas que hacen malabares para llegar a fin de mes y, de todas ellas, es una incógnita cuántas terminan pinchando los suministros.

Para hacer un mapa real de la pobreza energética, habría que hacer un diagnóstico desde la administración pública que tuviera en cuenta los ingresos de cada hogar y los perfiles de las personas que la componen, el consumo ideal para garantizar un bienestar energético y, sin menos importante, la eficiencia energética de los edificios. En Sabadell, apunta José María Mora del APE, muchos casos detectados afectan a personas en situación de exclusión residencial, que están ocupando. Sin embargo, Xavier Pallarès, también de la Alianza, insiste en que los perfiles son diversos y que afectan especialmente a las personas enfermas, ancianos y los hogares con niños.

La pobreza energética se extiende como una mancha de aceite. Sólo en Cataluña, el Idescat apunta que, en 2015, más de 511.000 personas tenían problemas para pagar los suministros y el Observatorio DESC señala que, según datos de las mismas compañías, 161.000 sufrieron cortes. En cuatro años, Cáritas ha multiplicado por cinco las familias atendidas con ayudas para pagar facturas.
Desconocimiento de los derechos

De todos modos, mientras no haya un diagnóstico preciso, el alcance de la problemática permanecerá en la penumbra. La mayoría de gente afectada, aseguran desde la APE, no se atreve a hacer una denuncia pública de su situación o desconoce los derechos que puede exigir, concretamente, desde la entrada en vigor de la ley 24/2015 del agosto del año pasado. Aunque el Tribunal Constitucional suspendió algunos artículos sobre emergencia habitacional, la parte de pobreza energética sigue intacta: instaura el criterio de precaución, que estipula que, antes de hacer efectivo un corte, las empresas de energía deben consultar los servicios sociales y, si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, le deben garantizar los suministros.

Si desde el estallido de la crisis el recibo de la luz ha aumentado un 70%, el agua un 60% y el gas un 31%, los ingresos de los hogares para la subsistencia se han desplomado un 9%

Pero la ley no siempre se cumple. El caso más flagrante es el de la mujer de 81 años de Reus que murió en un incendio provocado por una vela; hacía dos meses que no tenía luz. «Si se cumpliera la obligación de información, tanto de las suministradoras como del gobierno catalán, muchas personas podrían saber qué opciones tienen ante una situación de vulnerabilidad energética», explica Pallarès. El APE, la PAH y un amplio abanico de entidades del tercer sector insisten en denunciarlo. En coordinación con varias ciudades, el 2 de diciembre pasado, empapelar las sedes de Gas Natural y de Endesa en Barcelona para exigir el cumplimiento de la ley y acusaron a las empresas de jugar con las vidas de las personas para conseguir beneficios económicos. Sólo en 2015, Gas Natural ganó 1.502 millones de euros, Endesa 1.090 y Agbar 120.

«Hasta que no me ayudó la PAH, no era consciente de mis derechos», explica Sandra LF «Las empresas se cuidan mucho de no darnos ninguna información o de recurso en caso de no poder asumir las facturas». En 2014, antes de la entrada en vigor de la ley y con dos hijos a cargo -uno de ellos mayor de edad pero con diversidad funcional cognitiva-, ya estuvo veinte días sin luz ni agua en pleno invierno.

Carmen González (Sabadell): «Yo quiero llegar a un acuerdo, pero dentro de mis posibilidades. Si no tengo casi para comer,
como tengo que pagar?» / David Moya

Sandra se había visto forzada a cambiar de domicilio por una situación de violencia de género y acoso. Todo ello, sumado a su situación de irregularidad administrativa, le ha imposibilitado encontrar un trabajo estable. «Hay momentos en que las situaciones de vulnerabilidad se acumulan y, sola, ya no puedes salir», relata. Detuvo el primer desahucio y consiguió que los servicios sociales le asignaran un piso de emergencia, en cesión temporal de uso, por 90 euros mensuales. «Tengo una ayuda de 426 euros, pero, al principio, en este segundo piso, las facturas de suministros rondaban los 200 euros bimensuales, era inasumible». Gracias a la ley 24/2015, ahora paga 50 euros al mes. «Si se hiciera universal su cumplimiento, salvaría muchas vidas y evitaría mucho sufrimiento. Las empresas energéticas cometen asesinatos encubiertos «, sentencia Sandra. En todo caso, hay un debate de fondo sobre el modelo energético, un sector estratégico que actualmente está en manos de un grupo reducido de empresas privadas. Para la APE, no es ético ni debería ser posible lucrarse con necesidades básicas como el agua, la luz, el gas y también la vivienda.

Un informe del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) ya cuantificaba que, desde la liberalización del sector energético en 1998 hasta 2013, a través de las facturas, se han pagado entre 81.709 y 103.892 millones de euros » ilegítimos «(actualizando el valor del dinero). Alfonso Pérez de la Red por la Soberanía Energética concreta que los «importes ilegítimos» que se facturan a los hogares incluyen moratoria nuclear, pago del déficit de tarifa y costes de transición del carbón, entre otros. Para Pérez, las facturas nada o muy poco tienen que ver con el propio servicio y producción de energía: «las eléctricas se vuelcan un montón de gastos y la factura se ha convertido en un cajón de sastre».

La Red propone cambiar los actores del modelo energético y descentralizarlo, transitar hacia la producción distribuida y conferir mayor capacidad y autonomía a escala local: «creemos que la remunicipalización y la relocalización de la energía es muy transformadora porque acerca la producción y la gestión a la ciudadanía «.
Sanciones por incumplir la ley

El Ayuntamiento de Sabadell ha sido el primero en iniciar procesos sancionadores a dos de las principales compañías del que se conoce como el oligopolio eléctrico en Cataluña, Gas Natural y Endesa, por el incumplimiento de la ley 24/2015. Tras estudiar los casos, han abierto dieciocho expedientes que, en total, recogen 203 cortes indebidos, en la mayoría de los que la compañía no cumplió el criterio de precaución. Ante estas cifras, el concejal de Acción Social, Gabriel Fernández, habla de una mala práctica reiterada que, según estipula el Código de consumo, puede implicar sanciones de entre 10.000 y 100.000 euros.

En Barcelona, ​​aseguran que están revisando un total de 2.000 casos susceptibles de ser constitutivos de infracciones. Fruto de ello, la gerencia de Derechos Sociales ya ha impuesto una primera sanción a Endesa por valor de 7.000 euros, que la empresa ha recurrido. Asimismo, se han incoado 31 expedientes sancionadores más en contra de otras empresas de suministros de servicios esenciales.

Además de los municipios, la Generalitat también tiene competencias para abrir expedientes y, desde el departamento de prensa de Empresa y Conocimiento, aseguran que se han impuesto 57 sanciones con la ley en marcha y se han evitado 38.777 cortes de suministros. Sea como sea, las sanciones quedan cortas para el APE, ya que «las empresas siguen causando problemáticas a las afectadas, acosan los hogares y no dan la información necesaria», explica Pallarès.

Gas Natural, que actualmente tiene 1,7 millones de clientes de gas y más de 407.000 de electricidad en Cataluña, ha asegurado en la Directa que, «hoy en día -7 de diciembre-, ningún ayuntamiento catalán le ha impuesto sanción». Sobre el terreno, la empresa sólo reconoce un total de 9.211 «clientes vulnerables» a 419 municipios, pero asegura que ha llegado a acuerdos y convenios para proteger el 90% de esta gente y ha desarrollado activamente un canal de comunicación directa con los servicios sociales municipales. Pero, si el canal de comunicación y los mecanismos de la ley se hubieran aplicado, Rosa, la mujer reusense, no habría muerto a causa de un incendio con una vela.
El origen de los fuegos, dato significativo

El departamento de prensa de los Bomberos de la Generalitat ha explicado en la Directa que, en los informes de incendios urbanos, «no deben indicar la causa probable del fuego, sino que eso queda en manos de la investigación policial o de las aseguradoras «. Pero, ahora, el sindicato de Bomberos de UGT ha pedido que sea obligatorio consignar esta información porque ayudaría a visibilizar la pobreza energética. Según los portavoces sindicales de CATAC, UGT y CCOO, en el año 2014, el 70% de las víctimas mortales eran atribuibles, directa o indirectamente, a la pobreza. En 2015, hubo trece víctimas mortales en incendios en el hogar y los casos de intoxicación por falta de mantenimiento o manipulación de los aparatos de suministros aumentaron un 20%.

Sandra LF (Barcelona): «Las empresas energéticas están lucrando de los pobres, es necesario imponer sanciones inmediatamente para frenar esta masacre» / Estel·la Marcos

Como consecuencia de la pobreza energética, no sólo se producen accidentes, advierte Xavier Pallarès, sino que, en muchas ocasiones, el estado de salud, físico y mental, se resiente gravemente. Antes de llegar al corte, hay mucha gente que pasa frío en invierno y calor en verano. En Cataluña, según datos del año 2015 del Instituto Nacional de Estadística (INE), es el 8,7% de la población, cuando en 2008 era un 5%. En el País Valenciano, ha aumentado del 9% al 16,3% y, en las Islas Baleares, del 5,6% al 7,4%. Más allá de las fronteras, se trata de un fenómeno global que, en los países empobrecidos, afecta 1.300 millones de personas, que no tienen garantizado el acceso a la energía.

Los números no cuadran: sube la energía mientras cae el poder adquisitivo de la población. Si desde el estallido de la crisis el recibo de la luz ha aumentado un 70%, el agua un 60% y el gas un 31%, los ingresos de los hogares para la subsistencia se han desplomado un 9%.

El Ayuntamiento de Sabadell ha sido el primero en iniciar procesos sancionadores contra Gas naural y Endesa por el incumplimiento de la ley 24/2015

El caso de la sabadellense Carmen González es una evidencia. Paga un alquiler social de 135 euros en un piso de Adigsa, pero, en parte por motivos de salud, no tiene un trabajo estable. Prácticamente sin ingresos, le llegaban unas facturas de luz de 200 euros que no podía asumir. Mientras CASSA, la compañía de agua en Sabadell, participada de Agbar, le concedió una moratoria de un año, Gas Natural le cortó la luz. Desde entonces, la tiene pinchazo: «Pasábamos frío y me sabía mal por mis hijos. Los suministros son una necesidad, pero los han convertido en un lujo «, denuncia.

Con el apoyo de la APE, puso reclamaciones y, en varias ocasiones, visitó la compañía en Barcelona. «Yo quiero llegar a un acuerdo, pero dentro de mis posibilidades. Si casi no tengo nada para comer, como tengo que pagar? «, Se pregunta. González recuerda que, durante una temporada, Gas Natural la llamaba hasta tres veces al día y llegó a amenazarla de demandarla y advertirle de que, entonces, también debería hacer frente a las costas judiciales.
Quien asume la deuda?

Actualmente, hay una pugna entre las administraciones y las empresas para determinar quién paga la deuda acumulada de las familias en situación vulnerable. A Venesa Ceal Manenti, le cortaron el gas en 2015, según la compañía, por una deuda pendiente, al que se ha añadido una deuda de luz. Después de luchar para que le repusieran los suministros, hace unas semanas que vive en un piso social y está tramitando el bono social para pagar el agua, la luz y el gas en función de sus posibilidades. Carmen, por ejemplo, diez más de 200 euros de gas y 600 de luz.

Venesa Ceal (Sabadell): «Tuve problemas con los suministros y tuvimos que hacer una acción con la PAH. Ahora, pediré un bono social» / David Moya

La concejal de Derechos Sociales de Barcelona, ​​Laia Ortiz, ha advertido que el Ayuntamiento dejará de pagar la deuda de las familias por impago de las facturas energéticas si las suministradoras no se corresponsabilizan. Para el concejal de Acción Social sabadellense, la ley plantea un cambio de paradigma: las empresas que gestionan servicios esenciales deben tener un fondo para poder responder ante estos casos y, por tanto, deberían asumir: «El poder del capital no está acostumbrado a que lo marque la política «.

Sobre el papel, el artículo 6 de la ley establece que las administraciones públicas deben firmar los acuerdos o los convenios necesarios con las compañías de suministros para garantizar la concesión de ayudas a fondo perdido a las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o bien la aplicación de descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos. Los convenios, para el APE, deberían establecer que las suministradoras asumieran la deuda, ya que sus beneficios anuales podrían cubrir sobradamente los casos existentes.

Pero, además, Xavier Pallarès argumenta que, a largo plazo, habría que introducir descuentos significativos en el precio de los suministros mediante una auditoría de producción, que, en primer lugar, demuestre el coste real de proveer de agua, luz y gas. «Actualmente, estamos hablando de una deuda no legítimo porque es totalmente opaco y el funcionamiento de las tarifas energéticas es incomprensible», denuncia.

Acción de la PAH y la APE el 2 de diciembre en la sede de Gas Natural, ubicada en el paseo Marítimo de Barcelona / Victor Serri

Luego, para el APE, habrá que asegurar que el consumo se garantiza universalmente, preferiblemente desde empresas de titularidad pública, pero con la misma obligación de cumplimiento por parte de las privadas; evitar el pinchazo de suministros para evitar riesgos de mal funcionamiento o accidentes en los hogares, y, finalmente, asegurar tarifas sociales adaptadas a las situaciones económicas de cada caso y que tan sólo se comtempla destinar el 10% de los ingresos a pagar suministros. De hecho, varios municipios ya se están planteando remunicipalizar los servicios.

Por ahora, la Generalitat es quien paga la deuda acumulada a las empresas a través de un fondo de 1,2 millones (entre 2015 y 2016), más 3,8 millones provenientes de un convenio con la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña. Para el 2017, se han anunciado un total de 10 millones.

Sin embargo, las empresas han decidido contraatacar. En Barcelona, ​​la patronal del sector eléctrico Unesa, integrada por Gas Natural, Endesa, Iberdrola, Viesgo y EDP, ha presentado un recurso contra la instrucción del Ayuntamiento que pretende facilitar la aplicación del apartado sobre pobreza energética de la ley . Habrá que ver si las empresas acatan las sanciones, si la administración ejerce un control real para garantizar la aplicación de la normativa y si, finalmente, acaban garantizando derechos básicos como el agua, el gas y la luz a todos.
* Artículo publicado en la edición 421 de la Directa. Suscríbete!

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