Este artículo fue publicado por la Fundación H. Böll previamente a la derogación de la ley que prohibía la minería metálica en El Salvador, con el propósito de abonar a la reflexión y el discernimiento político en favor de la defensa de la vida y el mayor bien común del pueblo salvadoreño y de su medio ambiente. A pesar de que el 23 de diciembre de 2024, la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la Ley General de Minería Metálica, se considera pertinente su publicación con el espíritu de ilustrar de forma clara la estructura de amenaza que representa el retorno de una de las actividades extractivas más agresivas con la vida, como lo ha sido y lo sigue siendo la minería metálica, sobre todo en uno de los países más vulnerable ante cambio climático y por su dependencia hídrica.
Por Mario Sánchez
El extractivismo minero en El Salvador, al igual que el resto de los países latinoamericanos, hunde sus raíces históricas en el período colonial. Posterior a la independencia, la minería se expandió e intensificó sus actividades extractivas a través de los enclaves mineros dominados por compañías extranjeras, predominantemente norteamericanas y canadienses, las cuales se enriquecieron bajo la lógica de la reproducción y acumulación globalizada del capital, dejando destrucción y daños socioambientales y cuyos efectos aún persisten.
¿Por qué no debemos permitir el extractivismo minero en El Salvador?
Hay múltiples razones por las cuales se ha prohibido legalmente la minería metálica industrial y por las cuales no se debería de volver a permitir su implantación en un país como El Salvador.
Razones políticas
La sociedad salvadoreña ya ha expresado su posición sobre la prohibición y rechazo a la actividad minera metálica industrial en el país, es decir un referéndum que ha sido apoyado, en su momento, por el Estado salvadoreño:
En primer lugar, las y los salvadoreños han manifestado su posición frente al extractivismo minero, a través de la opinión pública (IUDOP, 2015). En esta encuesta especializada sobre esta problemática, el 79.5% de las y los encuestados consideraron que El Salvador no es país apropiado para la minería metálica, frente a un 17.1% que opina lo contrario. Esto se entiende, cuando el 83.7% de la ciudadanía considera que deben tomarse medidas dirigidas a proteger el medio ambiente de forma inmediata, dado los niveles deforestación, apenas quedan el 30% de los bosques; así mismo y nivel de vulnerabilidad socioambiental. De igual manera, el 76.1% expresó que las empresas mineras dañarían el medio ambiente, el 89.9% valoran muy grave y algo grave el efecto de la minería sobre la contaminación del agua y el 88.3% el impacto sobre la tala de bosque y espacios verdes. Con relación al tema del empleo, el 86.5% de las personas encuestadas, expresó que no le gustaría trabajar en una mina, el 76% se opone a la apertura de proyectos mineros en su municipio y el 81.7% expresó que el extractivismo minero dañaría la agricultura. Prácticamente, se observa una valoración crítica y de rechazo al extractivismo minero, sustentado en cierta manera, sobre la conciencia de los impactos negativos en un país altamente vulnerable en términos socioambientales.
En segundo lugar, las comunidades del norte del país, junto a organizaciones sociales, han impulsado un proceso, por más de una década, de resistencia frente a la minería metálica, que culminó en la aprobación del Decreto 639, el cual prohibía la minería metálica industrial. Esta iniciativa fue acompañada y certificada por más de 33 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas, un precedente histórico con relación a otras iniciativas de ley.
En tercer lugar, el Estado salvadoreño en representación del interés público y garante de los derechos de la ciudadanía, consagrados en la Constitución de la República de El Salvador, ganó el litigio en contra de la empresa canadiense Ocean Gold, ante un arbitraje en el Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se trata de otro hecho inédito, que un Estado “anfitrión” gane en este tipo de litigio internacional a una empresa minera, sobre todo canadiense, en el marco de las cláusulas vigentes de un tratado de libre comercio.
Razones socioambientales
La minería agota el agua en un planeta sediento y un país vulnerable
El agua es el bien natural presente y necesario en casi todas las actividades cotidianas que realiza el ser humano, por lo que su gestión constituye un asunto prioritario a fin de garantizar la vida. Las diferentes actividades humanas, como la industrial, la agricultura y el uso doméstico compiten por el agua azul. Estas actividades realizan un uso consuntivo del agua, es decir, que el agua utilizada por una actividad queda indisponible para otra. En lugares con escasez o dependencia hídrica, el favorecer una actividad disminuye la posibilidad de uso por otras actividades. De ahí, la importancia de que los gobiernos y el conjunto de actores sociales sepan analizar responsablemente los impactos de cualquier elección de uso del territorio y sus bienes naturales, como el agua. Sobre todo, porque la escasez de agua está aumentando, como también aumentan la salinización y la contaminación de los cursos y masas de agua y la degradación de los ecosistemas hídricos. El problema con el uso y disposición de agua es crítico, cuando el agua dulce disponibles por persona han disminuido en más de un 20% en las últimas dos décadas debido al crecimiento de la población y el desarrollo económico, exacerbados por el cambio climático.
Una de las actividades más asociada al consumo de agua en América Latina, es la producción de alimentos. Según advertencia de la FAO, el uso de este bien natural se incrementará, dado que se estima que la demanda de alimentos para el 2050 aumentará en los países del sur global en un 100% con relación a la demanda de inicios del siglo XXI (FAO, 2012). El problema de los países latinoamericanos es que producen a nivel mundial el 45% del cobre, 51% de la plata, y, en general, más del 25% de metales (Willaarts, Garrido y Llamas, 2014, citado por Peña, 2016).
Explotación de agua para minería
Como se ha señalado, la minería compite el recurso del agua con otras actividades, como la agricultura. Estudios realizados por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) en cada proyecto minero que se desarrolle a nivel nacional, se estaría utilizando 900 mil litros diarios de agua (Gonzáles, 2018). Sumado a esto, el agua además de ser uno de los recursos más consumidos durante el proceso de extracción minera, es uno de los más impactados, pues recibe los residuos líquidos, con metales pesados, del proceso, en la mayoría de los casos de manera directa y sin tratamientos previos que disminuyan la carga contaminante.
El estudio técnico “Calidad de Agua en la Zona de Explotación Minera de San Sebastián” realizado en el año 2006, reveló que se encontró: cianuro, aluminio, cobre, hierro, entre otros, que afectan el cuerpo humano, los animales, las cosechas y el medio ambiente. Uno de los materiales más nocivos para la salud humana es el aluminio porque afecta el sistema nervioso, sistema respiratorio, causa demencia y pérdida de memoria. La contaminación del agua por minerales pesados, provoca que no se pueda usar ni para uso doméstico, sin embargo, muchas comunidades aledañas aún utilizan el agua del río, debido a que no cuentan con el servicio de acceso a agua potable. Además de la amenaza que representa la expansión del extractivismo minero, más de tres mil millones de personas viven actualmente en áreas agrícolas con una gran escasez de agua y casi la mitad de ellos, 1,200 millones, se enfrentan a graves limitaciones. Concretamente, 171 millones de hectáreas, de las tierras de cultivo de regadío sufren una gran escasez de agua (Naciones Unidas, 2020).
En Centroamérica, entre el 80 y el 98% de los rubros agropecuarios dependen de la lluvia (GWP, 2011). Cerca de 10 millones de centroamericanos viven en áreas rurales del “Corredor Seco[1] o Corredor de la Sequía” y están expuestos a desastres naturales y a la escasez periódica de alimentos (FAO, 2022) y además, 7.3 millones de personas, equivalente al 16% de la población total, sufren subnutrición (BCIE, 2014). Según ACNUR, desde el 2009 una persona se desplaza por causa de un desastre natural cada segundo en el mundo, advirtiendo que la movilidad por desastres ambientales y/o por el cambio climático, se ha constituido en un factor predominante (ACNUR, sf, citado por Ocman y Negrete, 2024)
Como advierte Kochiro Matsura, “hemos llegado a un punto donde no procede formular declaraciones ni comunicados. Ahora, es preciso dar prioridad a la acción. Necesitamos movilizar el compromiso político, la capacidad y la buena fe del ser humano para evitar que se hagan realidad los augurios acerca de una inminente crisis del agua”. En la misma intervención puntualizó que los recursos hídricos además de esenciales para la vida están estrechamente unidos con otros temas globales tales como la energía, cambio climático y economía internacional y por tanto debe ser detenida la “explotación insostenible” (Unesco, 2009)
El caso de El Salvador
El Salvador es uno de los países más vulnerable hídricamente en Centroamérica y América Latina, después de Haití: en primer lugar, la mayor parte de los más de 360 ríos han perdido entre 30% y 70% de sus caudales de verano en los últimos 25 años (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2013, citado por McKinley, 2015, p. 9); en segundo lugar, relacionado con lo anterior, es el país con la menor cantidad de agua per cápita m3 por habitante por año; y en tercer lugar, es el país de la región con la tasa más alta de dependencia hídrica, el 40.5%.
Gráfica 1. Agua per cápita m3 hab. Año y tasa de dependencia hídrica en C.A. Elaboración propia con base a FAO 2014 AQUASAT. licence infos
Este gráfico nos indica que El Salvador es el país con el menor índice per cápita de m3 por año y a su vez, es el que tiene la mayor tasa de dependencia hídrica, la mayor parte del recurso hídrico provienen de cuencas transfronterizas. Además del poco acceso al agua, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha alertado que más del 90% de las aguas del país están seriamente contaminadas y que sólo el 10% de las aguas superficiales son aptas para potabilizar por medios convencionales (Oxfam América, 2015).
Según la siguiente tabla, la superficie total de las tres cuencas transfronterizas, que recorren el territorio salvadoreño, suma 23,140 km2, una extensión que superan la superficie de este país centroamericano, 21.040 Km2. De las aguas del río Lempa se abastecen 4.5 millones de salvadoreñas y salvadoreños, lo que representa el 74.6% de la población total del país.
Tabla 1. Cuencas transfronterizas de El Salvador
| Cuenca transfronteriza | Superficie |
| 1.- Río Lema (Guatemala-Honduras-El Salvador) | 18,234 km2 |
| 2.- Río Paz (Guatemala-El Salvador) | 2,161 km2 |
| 3.- Río Goascorán (Honduras-El Salvador) | 2,745 km2 |
| Total | 23,140 km2 |
Esta condición de dependencia hídrica se agrava por el hecho de que Guatemala y Honduras están entre los países más afectados ante el cambio climático, durante los años 1996-2015, a nivel mundial, según el Índice Global de Riesgo Climático elaborado por Germanwatch y Munich Re NatCatSERVICE (Kreft, Eckestein y Melchor, 2017). El problema es el hecho de que el cambio climático se ha constituido en un factor determinante para la gestión del agua, dado que está modificando el régimen hidrológico y la forma de distribución de la precipitación en el tiempo y en el espacio. Cada vez resulta difícil, por no decir imposible, de establecer con claridad el período de estación lluviosa y la seca, lo que, si es seguro, es la incertidumbre y la vulnerabilidad climática con efectos progresivamente críticos y desastrosos.
De ahí, que la seguridad hídrica se constituye en un marco referencial para articular el uso y conservación del agua con las metas y propósitos de desarrollo nacional, regional y local de cada país y de la región en términos transfronterizos. En sentido, la minería metálica industrial, no puede ser considerada, bajo ninguna circunstancia, como una actividad viable en un país como El Salvador, sobre todo, cuando una mina de oro suele consumir varios millones de litros de agua al día, según United States Geological Survey (USGS, 2015). Esto sin tomar en cuenta, las múltiples agresiones y daños perpetuos al medio ambiente.
Otra característica del extractivismo minero, es que se ha constituido en una de las actividades más peligrosa, debido a la violencia que instrumentalizan las compañías en complicidad con los Estados, cuando las comunidades se oponen al desarrollo de los proyectos mineros, en defensa de sus territorios y bienes naturales. Un recuento elaborado por Global Witness (2020) sobre las estadísticas de asesinatos perpetrados en contra de los defensores del medio ambiente, entre los años 2012-2020, registra 231 asesinatos, de los cuales el 97.84%, es decir 226, se cometieron sólo en estos tres países centroamericanos: Honduras (108), Guatemala (77) y Nicaragua (41). Estos datos nos ilustran un patrón del extractivismo minero autoritario, el cual “ha contado como una de las condiciones fundamentales de posibilidad, con el recurso abusivo a la violencia (siempre, en última instancia jurídica y políticamente organizada) como principal “fuerza productiva” (Machado, 2018, p. 9).
Razones económicas
Una de las falacias que más se utiliza en la narrativa prominera, es la generación de empleos. Sin embargo, las cifras en cada uno de los países de la región han demostrado lo contrario (tabla 2).
Tabla 2. Inversión extranjera directa, PIB y porcentaje de empleos asegurados
| Países de la región norte de C.A. | IED en mill. USD | Empleos | PIB en mill. USD | % del total PIB |
| Guatemala | 34.5 | 0.13% | 470.72 | 6.61% |
| Honduras | 8.2 | 0.40% | 249.33 | 0.80% |
| Nicaragua | 469.3 | 0.73% | 1127.9 | 2.57% |
Fuente: Datos de los institutos de seguridad social de cada país.
Con relación a los ingresos al Estado en concepto de regalías, Díaz (2016), advierte, en el caso de Nicaragua, que “el monto de las regalías se considera muy bajo” (p. 182) al igual que sus aportes a las municipalidades anfitrionas o zonas de sacrificios. Cabe agregar, que la actividad minera industrial es uno de los sectores que se han beneficiado del régimen 29-89 de Maquila en el marco del Tratado de Libre Comercio (Álvarez et al, 2015), lo que le favorece en el nivel de márgenes de ganancias y acumulación de riqueza, y a su vez, lo exonera de sus responsabilidades fiscales.
De forma similar, sucede en Guatemala, Honduras y Panamás, países donde aún sigue el extractivismo minero acumulando capital a costa de los pasivos ambientales, la desarticulación de las economías locales, entro otros problemas. Sumado a esto, los beneficios fiscales que gozan las empresas mineras se traducen en costo fiscales, dado que los Estados dejan de percibir ingresos por el otorgamiento de dichos beneficios tributarios.
Otro mecanismo por el cual las economías de los países expoliadados por la minería pierden ingresos, es a través de los flujos financieros ilícitos (FFI). Como se ha constatado en países como Chile, Colombia y Perú, las compañías mineras la modificación del valor de los productos a exportar o importar, ya sea facturación por encima o por debajo del valor exacto para obtener esas rebajas. Esta modalidad también se utiliza para realizar triangulación de mercancías, lavar dinero, evadir controles de divisas (Cedetrabajo, 2020). Esta organización advierte la evasión de controles de capital explican que los productos, entre otras razones, que los productos más exportados para Colombia, Perú y Chile que son el petróleo, el oro y el cobre, así mismo, sean los responsables de las mayores distorsiones en las exportaciones totales de cada país. Por ejemplo, en el caso colombiano, el volumen promedio de capital evadido a través de las distorsiones de las exportaciones de petróleo es de USD 14.000 millones (Cedetrabajo, 2020, p. 2).
Todas las compañías mineras expatrian sus ganancias, la mayoría las invierten en mercados de valor, como la sucede en la bolsa de valores de Toronto, una de las más permisivas en prácticas especulativas y políticas fiscales. Es decir, no reinvierte en la economía de los países de donde extraen los minerales y gozan de muchas exenciones de impuestos, además de causar múltiples impactos o daños medioambientales y humanos. Por tanto, es discutible y no hay evidencia de que el extractivismo minera sea una ruta para el desarrollo de una sociedad, al contrario, la mayoría de los distritos mineros son escenarios de pobreza, deterioro ambiental, descomposición social y territorios de expulsión (Villafuerte, 2014).
Tomando en cuenta estas consideraciones históricas, políticas, socioambientales y económicas de lo que representa e implica el extractivismo minero, es necesario reiterar su inviabilidad, en todo caso, animar la discusión y el discernimiento sobre la base de evidencias científicas y sobre todo tomando en cuenta la voluntad de las comunidades.
Del lastre colonial extractivo a la apuesta por la vida
El extractivismo minero en El Salvador, al igual que el resto de los países latinoamericanos, hunde sus raíces históricas en el período colonial. Posterior a la independencia, la minería se expandió e intensificó sus actividades extractivas a través de los enclaves mineros dominados por compañías extranjeras, predominantemente norteamericanas y canadienses, las cuales se enriquecieron bajo la lógica de la reproducción y acumulación globalizada del capital, dejando destrucción y daños socioambientales y cuyos efectos aún persisten.
Desde entonces, el extractivismo minero metalífero ha funcionado bajo la lógica de la colonialidad de la naturaleza, entendida por Machado (2013), como la visión y la forma de interacción de las élites dominantes locales y transnacionales con la realidad biofísica y su configuración territorial, como un espacio subalterno que puede y debe ser explotado y reconfigurado según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes. En este sentido, la minería metálica ha sido una de las actividades más agresiva y devastadora contra la vida humana y el medio ambiente, y ha estado históricamente determinada por la demanda de materias primas, por parte de las grandes economías y sujeta a la variación de los precios internacionales de los minerales, como el oro y otros minerales estratégicos o críticos.
A nivel mundial, según el informe World Mining 2022, la producción de minerales metálicos ha crecido en veinte años un 52.2%, entre 2000 a 2020, es decir, pasó de 11.3 billones de toneladas métricas a 17.2 toneladas métricas (Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism, 2022). Este crecimiento vertiginoso del extractivismo minero, se da en un contexto de capitalismo globalizador financiarizado, donde el consenso de los commodities (Svampa, 2012) ha estimulado la explotación de minerales metálicos hacia nuevos territorios o zonas de sacrificios de comunidades campesinas, de pueblos indígenas y afrodescendientes, y con ello la emergencia de nuevas conflictividades.
En el caso de El Salvador, la conflictividad socioambiental frente a la minería metálica en las dos primeras décadas del siglo XXI, mostró dos elementos novedosos no sólo en la historia de este país centroamericano, sino a nivel mundial: 1) El Salvador se convierte en el primer país en prohibir legalmente la minería metálica industrial, producto de la articulación colectiva de una exigencia basada en derecho, que logró unir de forma inédita a todas las fuerzas políticas del país en esta lucha; y 2) relacionado con lo anterior, se da paso a la transición de los conflictos del capital versus trabajo a la conflictividad capital versus la vida.
Este cambio se produce por la conciencia y postura que las comunidades asumen frente al extractivismo, como una forma de acumulación por despojo que destruye la vida en todas sus formas, causando daños socioambientales perpetuos, lo que Sassen (2015) denomina “tierra y agua muerta”. Esta conciencia o enmarcamiento es lo que Svampa (2017) denomina el giro ecoterritorial de los conflictos, entendido como una forma de “pensar y representar, desde la perspectiva de las resistencias colectivas, las actuales luchas socioambientales centradas en la defensa de la tierra, los bienes naturales, el territorio” y sobre todo la VIDA (p. 10). Todo esto gracias a la sostenida lucha de las comunidades de la zona norte del país y del movimiento liderado por la Mesa Nacional Contra la Minería y sus aliados.
Referencias bibliográficas
Álvarez, M., Mira, M. E., Veliz Estrada, R., Ortega, A., Mendoza, C., & Alemancia, J. (2015). El extractivismo en América Central. Un balance del desarrollo de las industrias extractivas y sus principales impactos en los países centroamericanos. San José, Costa Rica: Fundación Friedrich Ebert.
Azueta, C. A. O., & Ortiz, J. G. N. (2024). Panorama sobre la movilidad humana y cambio climático en los países del Norte de Centroamérica. Acciones internacionales, regionales y estatales. Albores, 3(4), 7-22. Recuperado: https://revistas.uaq.mx/index.php/albores/article/view/1238/1143
CEDETRABAJO. (2020). Distorsiones de la renta recibida del sector minero. Autor. Recuperado: https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2020/08/Distorsiones-de-la-renta-recibida-del-sector-minero.pdf
Díaz, J. M. (2016). Eficiencia económica de la inversión pública financiada con recursos del canon y regalías mineras en el Perú. In Anales científicos (Vol. 77, No. 2, pp. 309-318). Universidad Nacional Agraria La Molina.
FAO. (2022). Franja de Oportunidades. Corredor seco en El Salvador, Guatemala y Honduras. Recuperado: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/42ae7dd2-a291-4575-81fb-dffeed05f538/content
FAO. (2012). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. La gestión de los sistemas en situación de riesgo. Autor.
Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism. (2023). World Mining Data 2022. Recuperado: https://www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD2022.pdf
Global Witness. (2020). Base de datos Lethal attacks against land and environmental defender. 2020. Recuperado: https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/
Gonzáles, L. (13 julio 2018). La minería metálica amenaza los bienes hídricos en El Salvador. BioDiversidad. Recuperado: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/La_mineria_metalica_amenaza_los_bienes_hidricos_en_El_Salvador
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP). (2015). Encuesta sobre conocimientos y percepciones hacia el medio ambiente y la minería metálica en El Salvador. Autor. Recuperado: https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/INFORME-MINERIA-2015.pdf
Kreft, S., Eckestein, D, y Melchor, I. (2017). Global Climate Risk Index 2017. Who Sufferts Most From Extreme Weather Events? Weather -related Loss Events in 2015 and 1996 to 2015. Geremanwatch. Recuperado: https://www.germanwatch.org/sites/default/files/publication/16411.pdf
Machado, H. (2013). Orden neocolonial, extractivismo y ecología política de las emociones. RBSE-Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, 12(34), 11-43.
McKinley, A. (2015) El derecho de saber y decidir sobre la minería metálica. El caso de El Salvador. IDHUCA. Recuperado: https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2024/12/El-Derecho-de-Saber-y-Decidir-sobre-la-Mineria-Metalica-IDHUCA.pdf
Oxfam America (2015, Members of Congress, Urge El Salvador to Protect Environment and Communities from Mining.
Peña, H. (2016). Desafíos de la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe. CEPAL. Recuperado: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40074
Sassen, S. (2015). Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires. Katz editores.
Svampa, M. (2017). Conflictos socioambientales, Giro ecoterritorial y alternativas en América Latina. En Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales, Buenos Aires, Edhasa, 2017, pp.79-106.
UNESCO. (7 de Julio de 2009). Informe Final Resultados de la Reunión de Expertos Internacionales sobre: El Derecho Humano al Agua. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001854/185432s.pdf
- S. Departament of the Interior, U.S. Geological Survey. (2015). Estimated Use of Water in the United States in 2015. Autor. Recuperado: https://pubs.usgs.gov/circ/1441/circ1441.pdf
Vargas, L. (2012). Análisis de los impactos generados por la minería de oro y platino a cielo abierto sobre los recursos hídricos a partir de la cuantificación del consumo de agua y la carga contaminante de los vertimientos. Revista Bioetnia, 9(2), 203-214.
Villafuerte Salís, D. (2014). Neoextractivismo, megaproyectos y conflictividad en Guatemala y Nicaragua. Espiral (Guadalajara), 21 (61),109-141.
Willaarts, Bárbara; Alberto Garrido y Ramón Llamas (eds.) (2014), Water for food security and well-being in Latin America and the Caribbean. Social and environmental implications for a globalized economy, Routledge, Fundación Botín.
Publicado originalmente por la fundación H. Böll: https://sv.boell.org/es/2024/12/12/la-prohibicion-de-la-mineria-metalica-en-el-salvador-antecedentes-argumentos-y-desafios
