La «policía patriótica»: un ejemplo más de que este sistema no es democrático y sirve a sus propios intereses de clase

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Por Tomás Martínez Peña

La «policía patriótica»: un ejemplo más de que este sistema no es democrático y sirve a sus propios intereses de clase

Por mucho que el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, trate de quitarle hierro al asunto asegurando que las cloacas del Estado son “cosas del pasado” y que más que hablar de “brigada política” habría que referirse a “personas concretas, policías concretos con nombres y apellidos” que “hacían utilizaciones fraudulentas de parte del aparato ministerial”, éste no engaña ya a nadie.

El último escándalo que ha salido a la luz tras unas nuevas grabaciones relacionadas también con el ex comisario Villarejo deja claro que existió, durante el gobierno de Rajoy, una “policía patriótica” encargada de crear y destruir pruebas en función de los intereses particulares del gobierno de turno. El objetivo era claro: evitar condenas por corrupción de políticos del PP, salpicar a adversarios políticos con casos de corrupción inexistentes o sobornar a un antiguo ministro de Chaves destituido por éste por casos de corrupción para que declarase que Podems había sido financiado por el gobierno bolivariano. Todo esto en connivencia, al parecer, con medios de comunicación dispuestos a difundir todas esas pruebas falsas construidas y manipuladas por dicha policía.

Rápidamente la mayoría de las organizaciones políticas fieles a los intereses del régimen del 78 se han apresurado en declarar al igual que lo hacía Grande-Marlaska que este hecho es un caso aislado y que nada tiene que ver con una cuestión estructural del sistema capitalista y del estado burgués. No vayamos a pensar que el Estado no es neutral y que usa todo lo que está en su poder para defender los intereses de clase de los ricos. Lo que pasa es que por mucho que traten de taparlo es más que evidente que el Estado no es neutral.

Es más que evidente que el Estado y sus instituciones son una herramienta para mantener los privilegios de unos pocos en detrimento de la mayoría. Y si para eso hace falta una “policía político-social” como en los buenos tiempo del dictador y criminal Franco pues adelante. ¿Quién puede aún creerse que la justicia es igual para tod@s y es neutral con sentencias como la de la Manada, con macrojuicios en contra de políticos que permitieron un referéndum, o con el Tribunal Supremo que paraliza sentencias sobre las hipotecas para beneficiar a los bancos? ¿Quién puede aún creerse que la policía actúa de manera independiente y neutral cuando golpea con fuerza a trabajador@s de Alcoa que se movilizan por sus puestos de trabajo mientras que acoge en ágapes organizados en sus comisarías, a torturadores como “Billy el Niño”?

La realidad es que no hay quien se lo crea. Estos escándalos no son casos aislados. Son prácticas comunes. Son la demostración que la democracia en la que vivimos no es tal y que los gobiernos de turno usan todas las herramientas a su disposición para defender sus intereses propios y los de su clase: es decir los intereses de los ricos. O acaso nos quieren hacer creer como ya hicieran con escándalos anteriores como los de los fondos reservados y los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que los gobiernos de turno no tienen nada que ver.

Acaso aún se cree alguien que Felipe González no sabía nada de esos escándalos y que fueron llevados a cabo a sus espaldas por los entonces ministros Vera y Barrionuevo. De la misma manera que nadie se cree que todo esto de la “policía patriótica” sea posible sin que el presidente del gobierno de entonces, Rajoy, y su ministro del interior, Fernández Díaz, supiesen nada.

Esas prácticas escandalosas no son exclusivas del estado español sin embargo aquí son reforzadas además por unas instituciones con herencia franquista que no han sido depuradas en ningún momento. Muchos de los políticos, de los jueces, de los policías y de los militares que entonces apoyaban la dictadura de Franco siguen estando hoy en puestos de responsabilidades y lo están sus hijos políticos y/o biológicos.
Sólo un lavado de cara posibilitado por la falsa Transición y por leyes del olvido que equipararon a víctimas y verdugos mediante la búsqueda consciente de una amnesia colectiva y que permiten que hoy nostálgicos del fascismo saquen la patita y asomen por los parlamentos con neonazis y militares fascistas ocupando puestos de salida en sus listas electorales.

Luchar por una sociedad dónde los y las que producimos las riquezas seamos los que tomemos las decisiones sobre las que cosas importantes que nos afectan. Luchar para acabar con los privilegios de unos pocos que basan su riqueza en la explotación y precariedad de la mayoría, en la destrucción del planeta y en la opresión de las mujeres pasa inevitablemente por acabar enfrentándose a todas esas instituciones. Y para eso no hay otra solución que organizarse colectivamente y reforzar las experiencias de los y las que se movilizan.

Frente a la fuerza de los ricos, su policía, sus militares o sus jueces no hay otra forma que oponer la fuerza del número de los y las que somos trabajadoras. Somos muchos más y de nosotros depende que la economía funcione, no de unos cuantos parásitos. La movilización consciente y la utilización de los métodos de lucha tradicionales del movimiento obrero como las huelgas, las ocupaciones o las manifestaciones son las que pueden permitirnos enfrentarnos a los que defienden con uñas y dientes los intereses de los ricos. Es difícil pero desde luego no hay atajos.

Todas las conquistas sociales se han logrado mediante la movilización sostenida de nuestro bando al igual que todos los procesos de transformación de la sociedad. Y en el futuro, la defensa de nuestros salarios, nuestros empleos, nuestras pensiones, nuestros servicios públicos o nuestros derechos democráticos también pasarán por la capacidad que tengamos o no de construir movilizaciones y organizaciones que las refuercen.

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