La Plataforma ‘Plan de Choque Social’ denuncia que el Ingreso Mínimo Vital es insuficiente y reclama una Renta Básica de emergencia universal

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En un comunicado tras la aprobación del IMV por parte del gobierno, el Plan de Choque Social denuncia que «El ingreso mínimo que plantea el gobierno nace ineficaz e insuficiente. Tal solo alcanzará al 7% de la población que más lo necesita. Reclamamos: Renta Básica de emergencia universal, incondicional, individual y suficiente»

 

Comunicado: Plan de choque por la emergencia de la Renta Básica

El Ingreso Mínimo Vital que plantea el Gobierno de España nace ineficaz e insuficiente tal y como diversos colectivos sociales vienen advirtiendo desde el inicio del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria. Las administraciones públicas en España, dedican alrededor de 18.000 millones de euros a las prestaciones no contributivas o asistenciales (rentas mínimas, subsidios por desempleo, PNC, etc). Las rentas mínimas de las CC.AA. similares a la propuesta del Gobierno, están dotadas con unos 1.500 millones de euros que como viene denunciando la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, solo cubren al 7’6% de la población que en nuestro país vive por debajo del umbral de la pobreza.

Se prevé que la dotación del IMV sea de 3.000 millones, cifra que está lejos del compromiso electoral de las dos fuerzas políticas que componen el Gobierno, 6.000 millones (Ingreso Mínimo Vital-PSOE) y 10.000 millones (Ingreso Básico Garantizado-Unidas Podemos) respectivamente. Constituye una afrenta a las personas que sufren el paro, la pobreza o la precariedad, que las cantidades que se indican ahora, tras la gigantesca crisis socio-sanitaria del coronavirus, estén muy por debajo de lo prometido.

Pretender que, en las circunstancias derivadas del confinamiento, con millones de personas despedidas, sin la válvula de escape que supone la economía sumergida (el 22% de la economía española) y con la situación de pobreza o exclusión social que ya afectaba antes de la crisis a un 26% de la población, se pueda hacer frente con este ingreso mínimo es un disparate.

Por otro lado las condiciones que se tienen que cumplir para recibir tanto el IMV como el resto de rentas condicionadas, señalan el carácter restrictivo con el que se conciben estas ayudas. En el caso de la propuesta del Gobierno el principal requisito es que los ingresos mensuales de la unidad familiar que opta a la prestación sean inferiores a la cuantía de ayuda que le correspondería. Así, una persona podrá acceder a esta ayuda si tiene un ingreso por debajo de los 230 euros; pero también podrá hacerlo en función de la renta del hogar siempre y cuando la media de ingresos de cada individuo está por debajo de los 450 euros. Se ha publicado en prensa que esta dotación podrá ser compatible con otras prestaciones autonómicas y que se dará un incentivo, aún por determinar, a quienes logren otros ingresos. ¿Qué ocurre entonces con aquellas personas que trabajan ‘por suerte’ un cuarto o media jornada laboral y por lo tanto no puedan acceder a la ayuda, cuando sabemos que incluso quienes trabajan a jornada completa tienen salarios que no les permiten llegar a final de mes? ¿Qué ocurre con aquellas que reciben una prestación no contributiva o ayuda familiar que tampoco les permite vivir dignamente?

Otro de los problemas que conocemos de las rentas condicionadas como el IMV es la obligación de tener que demostrar que se es merecedor de recibir esa ayuda, que las personas que la soliciten además de demostrar fehacientemente que son pobres deberán superar todo un laberinto burocrático más propio del siglo XIX que del XXI, tal y como denunció el relator de la ONU en su visita e informe de primeros de este año. A esto se une la infradotación de la mayoría de servicios sociales que solo cuentan con atención telefónica y que las personas en situación más precaria no tienen medios informáticos para poder solicitarlo siquiera, creemos que excluirá una vez más a quienes más lo precisan.

Debemos tener muy en cuenta que la propuesta del Gobierno, emana de un organismo contaminado hasta la médula por la filosofía neoliberal como es la AIREF, cuyo cometido es velar por “el principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española”, o sea velar por los intereses de la banca. Como consecuencia de esta filosofía económica y política, el IMV nace ligado a la búsqueda activa de empleo en un mercado laboral que no existía antes de la pandemia y menos lo hará después. Es por esto que debemos poner en cuestión la centralidad del empleo remunerado, especialmente en un contexto de creciente precariedad laboral, una precariedad que afecta principalmente a las mujeres. El empleo no puede ser la única forma de acceder a recursos para las mayorías sociales, porque eso nos mercantiliza y somete.

El Ingreso Mínimo Vital al no ser individual y al estar ligado a unidades familiares se demuestra incapaz de romper con las dinámicas de dependencia tanto en el ámbito de la pareja como en el entorno laboral.

Decepción e indignación es lo que sentimos por el hecho de que en unas circunstancias históricas de excepcionalidad como las que vivimos el Gobierno no haya ni siquiera contemplado la posibilidad de establecer una renta básica de cuarentena, como le han reclamado diversos colectivos y movimientos como Red Renta Básica o Marea Básica entre otros. Estamos en un momento en el que el debate sobre la RBU cobra aún más relevancia. Y mientras que políticos y economistas de todo el mundo están valorando su posible implantación como medida de protección social necesaria en una crisis sociosanitaria sin precedentes, nos encontramos con lo contrario, el Gobierno español opta por una renta mínima miserable y miserabilista.

En consecuencia proponemos al Gobierno de España la implementación de urgencia de la Renta Básica Universal con motivo de la emergencia social mediante pagos generalizados a todos los solicitantes, mientras se coordinan los ajustes necesarios en el modelo fiscal para su integración como mecanismo de protección social permanente. La propuesta de Renta Básica Universal debe ser entendida siempre como un Derecho Universal y una herramienta contra la desigualdad, la pobreza o la dependencia económica y nunca en detrimento de los servicios públicos ni las demandas laborales como el reparto del trabajo o la reducción de la jornada laboral. Esta Renta Básica debe ser:

  • Universal: La reciben todas las personas mayores de edad, residentes o con permiso de residencia en el país, y menores de edad de manera proporcional (30%) a través de sus tutores legales, de manera que se ven compensados los gastos adicionales de las familias.
  • Incondicional: La reciben todas las personas que residen, trabajan o tributan en España sin necesidad de cribar burocráticamente a quien le corresponde y a quien no. Se recibe sin condicionantes de otros ingresos que se pudieran tener o nivel de rentas, y se regulariza mediante un tipo impositivo del IRPF en torno al 47%. De este modo el 80% de la población gana con la RBU, unos más, otros menos, pero todos ganan, y el 20% tiene que tributar mucho más por sus elevados ingresos.
  • IndividualLa prestación debe ser individual para garantizar la autonomía personal y evitar que se produzcan situaciones de dependencia económica entre las personas de la unidad de convivencia, no por grupos familiares y la reciben tanto mayores como niños (Estos un 30% de dicha cuantía a través de sus tutores legales)
  • Suficiente: La cuantía de la Renta Básica debe ajustarse a lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en la Carta Social Europea, es decir por encima del Umbral de la Pobreza, equivalente al 60% de la Renta Media del país. La vinculación a este índice estadístico garantiza que su cuantía no puede modificarse arbitrariamente como consecuencia de decisiones políticas.

 

 

Plan de Choque Social

 

 

 

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