La Plataforma Aturem la Llei Aragonès protesta ante la Delegación de la Comisión Europea contra una ley que «atenta contra los derechos humanos»

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Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948. Fue dos años después de su aprobación, en 1950, que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como el Día mundial de los Derechos Humanos.

71 años después de esta fecha, decenas de entidades en defensa de los Derechos Humanos se han reunido a las puertas de la sede de la Delegación de la Comisión de la Unión Europea en Barcelona, convocados por la Plataforma Aturem la Llei Aragonès y Marea Blanca. El objetivo del encuentro ha sido denunciar «la agresión tan grave como premeditada que supone la Ley Aragonés en nuestra sanidad, educación, y todos los servicios sociales convertidos en objeto de deseo de los mercados».

Hoy se han realizado diversas acciones en todo el territorio del Estado español y en Barcelona se ha aprovechado la jornada para protestar contra la ley que podría suponer externalizaciones dentro de los sectores públicos y que se considera que «atenta profundamente contra los derechos humanos», apuntó Toni Barbarà, de Marea Blanca Catalunya. «Hemos venido aquí a decir al gobierno que le da apoyo que se equivoca y que pasará factura», ha añadido, justo antes de la lectura del manifiesto.

Este texto, elaborado de manera conjunta por los miembros de la Plataforma y que han presentado en la Delegación del estamento Europeo, asegura que padecemos «verdaderas epidemias que incrementan y degradan nuestra sociedad: desigualdades, pobreza extrema, exclusión y discriminación, violencia de género, calentamiento global, autoritarismo, xenofobia, injusticias sociales». Además, se han centrado en poner especial énfasis en la afectación de los Servicios Públicos que «son un instrumento fundamental para reconducir una situación que está siendo insostenible y que empeora, día a día, tanto a nivel global como local».

Y en esta globalización es donde la Plataforma justifica la concentración a las puertas de la comisión de la Unión Europea: «la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, la dependencia, la reinversión son cada vez más objetivo de la externalización y mercantilización más impune, apoyándose precisamente en estrategias de la Unión Europea que promulga directivas cada vez más depredadoras del espacio público», declaran. Al mismo tiempo, denuncian «agresiones por parasitación y ataque a la gratuidad, universalidad y calidad de los servicios públicos destinados a garantizar los derechos fundamentales de todas las personas».

La Plataforma Aturem la Llei Aragonès alega que este «deterioro está particularmente afectado por un retroceso sistemático de la inversión pública» y que se materializa a través de la Ley de Contratos de Servicios a las Personas conocida popularmente como Llei Aragonès. La lectura que desde la Plataforma hacen es que esta ley, «que dice ampararse en las Directivas Europeas 23 y 24/14», quiere «avalar y extender la externalización y privatización de todo tipo de servicios públicos ofertados al sector empresarial y lucrativo, con el consecuente efecto y desmantelamiento del sector público hasta llegar a cuestionar su propia existencia».

 

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