La pensión inicial se recortará 22 euros mensuales desde enero por la reforma de Zapatero de 2011

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Si derogar la reforma de las pensiones de 2013 y blindar la revalorización con el IPC es el caballo de batalla de millones de pensionistas, no sucede lo mismo con la reforma que la precedió en 2011. En 2020 los efectos aislados de esta reforma generarán en el cálculo de la pensión inicial de jubilación una rebaja de 22 euros respecto a 2019, según estimaciones de la Universidad de Valencia, uno de los centros más reconocidos en esta materia. Si se toma una referencia más larga en el tiempo y se compara con el sistema previo a la reforma introducida por José Luis Rodríguez Zapatero, la diferencia sube a 1.072 euros anuales. No es extraño que ya el año pasado uno de cada tres nuevos jubilados anticipara su retiro o buscara la fórmula para beneficiarse del sistema anterior.

Los 22 euros de diferencia en la pensión inicial de 2020 obedecen básicamente a que el próximo año entra en vigor una nueva etapa del periodo transitorio de aplicación de la reforma, ya en su ecuador. Se trata de la aplicación de los porcentajes a atribuir a los años cotizados para la pensión. La casuística para el cálculo de una pensión es muy amplia dependiendo de la vida laboral o la base de cotización, por ejemplo, pero el efecto aislado de la reforma para una persona que se jubile en 2020 a los 65 años con 35 años cotizados serían esos 22 euros respecto a 2019 o un 6,1% menos si se toma como referencia 2012. Las bajadas llegan al 10% en el caso de jubilaciones anticipadas a los 63 años.

La ley 27/2011 fue la última del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se publicó en agosto de ese año pero no entró en vigor hasta dos después. Lo hizo con una serie de elementos que, según el último informe sobre la situación y perspectivas de la Seguridad del Instituto de Actuarios Españoles, actúan como «una maquinaria» capaz de «recortar la generosidad del sistema» y de hacerlo con «sordina». «Puede parecer que no van a tener efecto sobre la generosidad; pero lo van a tener», sostienen los actuarios.

El informe señala que durante los primeros años de la reforma -aprobada en lo más crudo de la crisis- los cambios son de carácter «tenue» y que más adelante se desplegarán en toda su amplitud, en referencia a la cuantía de las pensiones iniciales de los nuevos jubilados. La reforma está planteada para trabajar en este sentido en el periodo 2013-2027, cuando estará plenamente en vigor. Actúa sobre dos ejes: la edad de jubilación y periodos de cotización por un lado y, por otro, nuevos porcentajes aplicados a esos años de cotización.

En cuanto a los porcentajes aplicados a los años cotizados, el año que viene se activa ya un primer recorte que continuará hacia una segunda fase en 2023. En lo referido a la edad de jubilación, para retirarse en 2027 con el 100% de la pensión, podrá realizarse a los 65 años si se cotizan 3 años y tres meses más que en 2012, es decir, 38 años y medio de cotización. Para periodos inferiores, el derecho al 100% de la prestación sube dos años, hasta los 67 años de edad. En 2020, el periodo transitorio de la reforma alcanzará su ecuador y los años de cotización exigidos para alcanzar el 100% serán 37 frente a los 35 de 2012.

Aunque cuando se aprobó había dos años de colchón para la entrada en vigor y 16 hasta su pleno funcionamiento, los efectos de la reforma de 2011 son ya visibles. Lo comprueban los propios pensionistas en el momento de acceder a la jubilación y buscar la prestación más ventajosa. Y también la Seguridad Social. «Aún se mantiene elevado el número de pensiones que se reconocen según la legislación de 2011», explica el documento, que añade que debido a las modificaciones introducidas por el Gobierno a través de decretos en diciembre del año pasado, no baja el número de personas que se acogen al sistema de cálculo previo a la reforma.

 

 

LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS ESCAPAN AL SISTEMA

Hasta septiembre de 2018, 89.641 personas accedieron a la jubilación utilizando las excepciones que contempla la ley y evitando la reforma, según el informe económico financiero del proyecto de presupuestos para la Seguridad Social de 2019. Prácticamente la mitad de las jubilaciones anticipadas y el 19,1% de las jubilaciones ordinarias se realizan de acuerdo con la legislación anterior, que garantiza unas pensiones iniciales más generosas. Suponen un 36% de los 246.057 que lo hicieron en total hasta el fin del tercer trimestre. Los 156.416 jubilados que lo hicieron con el sistema reformado para recomponer la sostenibilidad financiera del sistema obtuvieron peores condiciones.

La Universidad de Valencia toma como referencia una pensión inicial por jubilación de 1.400 euros para una persona de 65 años que se jubila este año con 35 años de cotización con el marco normativo reformado. Un jubilado en las mismas condiciones en 2012 hubiera dispuesto de una pensión inicial de 1.468 euros, es decir, 68 euros más al mes y 952 euros más al año, ya que se cobran 14 pagas. Con la entrada en vigor en 2020 de uno de los elementos mencionados por los actuarios, la tabla de porcentajes para el cálculo de la base reguladora, la diferencia con el sistema previo se acentúa y pasa a 1.076 euros menos. La «maquinaria» es gradual y estará ya plenamente en vigor en 2027. En ese momento, una pensión inicial para un perfil como el indicado será hasta 2.212 euros inferior a lo que hubiera sido con el sistema al que aún se acoge, con razón, más de un tercio de los jubilados.

Los pensionistas centran sus protestas en la revalorización de las prestaciones mientras omiten este sistema de recorte de generosidad, quizás por la mayor visibilidad que tiene la decisión de ligarlas al IPC y la menor de las tablas del cálculo de la base reguladora de la Ley 27/2011. También influye el hecho de que fuera propuesta por el Gobierno y respaldada por el Congreso y los agentes sociales. Una tercera razón es que quienes perciben las pensiones hoy son los más sensibles a la generosidad del sistema y a sus cambios. Más que quienes están en la fase de cotizar.

Ocho años después de su aprobación, la reforma de 2011 ha recortado la generosidad del sistema en el cálculo de sus pensiones iniciales, que son más altas que en 2012 pero podrían serlo más aún con los parámetros previos. Fue una reforma de última hora. La última del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero antes de convocar elecciones en julio de 2011. Impuesta por los organismos que supervisaron la economía española y aceptada por los agentes sociales, se publicó en agosto en el BOE, con edades de jubilación más altas y bases reguladoras más cortas para hacer más sostenible el sistema.

 

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