La oposición en bloque exige en el Congreso la retirada de la Ley de Montes

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El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, ERC, BNG y Amaiur han exigido al Gobierno la retirada del proyecto de Ley de Montes en sendas enmiendas de totalidad presentadas en el Congreso al texto legal del Ejecutivo, a las que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, los socialistas han pedido la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Montes porque «privatiza y degrada los bienes públicos ambientales», según ha denunciado en su enmienda de totalidad la diputada y secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio.

La socialista denuncia así «el plan sistemático» del Ejecutivo ‘popular’ en esta reforma legislativa cuyo objetivo, insiste, es «la privatización, mercantilización y precarización del medio ambiente».

Lucio mantiene que esta ley va en la dirección contraria a la que debería ir y, a su juicio, es «inaceptable» el «menosprecio» a la autoridad de los agentes forestales o agentes medioambientales que se realiza en este proyecto de ley.

Según avisa, de aprobarse esta normativa, se dificultaría «enormemente» su actuación de denuncia de delitos. Es más, recuerda que la Comunidad de Madrid trató de eliminar de su legislación autonómica el carácter de agente de la autoridad a los agentes forestales, «algo que el Tribunal Constitucional impidió, anulando la norma».

«El Gobierno del PP ha hecho que nuestra competitividad para empresas se base en poner los costes laborales y los costes ambientales a precio de saldo», ha subrayado Lucio, al mismo tiempo que ve «imposible de justificar» la posibilidad de recalificar los terrenos incendiados.

Lucio alerta de que la quema de un bosque puede tener como consecuencia a medio plazo la urbanización de esos terrenos quemados, supondría dar «alas a los delincuentes y especuladores».

«Frente a la protección medioambiental, con consenso y transparencia, que siempre ha pretendido el PSOE, el PP desprotege nuestro patrimonio natural en beneficio de unos pocos poderosos y privilegiados», ha criticado la secretaria federal de Medio Ambiente del PSOE.

UNA REFORMA «INNECESARIA»

Desde la Izquierda Plural sostienen que esta reforma es «innecesaria» porque su objetivo es reducir tanto su eficacia como las garantías medioambientales en la protección del medio natural. «Es un nuevo paso atrás en línea con las reformas que se han venido haciendo en otras leyes medioambientales», apostilla.

A su vez, dicen que los cambios en la ley no incorporan mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas, suponen un «grave retroceso» en la «necesaria planificación forestal», degradan la figura el agente forestal y permiten que las comunidades autónomas autoricen la construcción en zonas incendiadas.

«Este proyecto está hecho a medida de los intereses de unos cuantos y no del interés general, que debería proteger los espacios naturales. De hecho, la propuesta cuenta con el rechazo frontal de aquellos que se dedican a la protección del medio natural, como son los ecologistas y el cuerpo de agentes forestales», recalca la formación de izquierdas.

Mientras, la formación que lidera Rosa Díez cita a distintas asociaciones de agentes forestales para advertir de que este proyecto de ley puede suponer una «privatización encubierta de la defensa de los montes».

Además ve «absolutamente fuera de lugar» que esta normativa sobre montes pretenda incluir regulación sobre caza y pesca cuando , según la Constitución, son competencias asumidas por las comunidades autónomas.

UPyD considera también que esta reforma de la Ley de Montes disminuye la protección de los montes, ya que se reduce la planificación de los mismos, desaparece la obligación de contar con planes de gestión de los montes no catalogados y permite excepciones en la prohibición de construir en zonas forestales incendiadas durante 30 años, salvo la excepción para terrenos en que concurran «razones imperiosas de interés general de primer orden» que resulten prevalentes de su carácter forestal.

«Parece que se trata de una modificación que no va más en la idea de aumentar la protección de los montes y, por lo tanto, del Medio Ambiente, si no en lo contrario, dado que dificulta en gran medida la posibilidad de que un monte sea declarado como bien público. (…)Trata los montes como explotaciones forestales, sin entrar a valorar los servicios que prestan los ecosistemas, ni incorpora conceptos que llevan años trabajándose como la restauración ecológica», añade la formación magenta.

«ES COMPETENCIA AUTONÓMICA»

El PNV, por su parte, presenta una enmienda de totalidad «en defensa de la competencia que en materia de montes ostentan las diputaciones forales» en el País Vasco.

En su opinión, este proyecto de ley lamina y limita competencias de las comunidades autónomas, cuando éstas han demostrado «de manera ejemplar» su capacidad de gestión, conservación y control de los montes.

La formación nacionalista vasca critica también que, fruto de la CORA, se despoja a los agentes forestales de su carácter de funcionarios públicos y se les convierte en personal auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con lo que «únicamente» podrán actuar como policía administrativa ante las existencias de hechos que puedan constituir faltas administrativas.

«Además, la reducción funcional de estos agentes y la pérdida de su naturaleza funcionarial se percibe desde el mundo sindical como una fórmula enmascarada para una futura privatización de este servicio», agrega.

En materia competencial también insiste ERC, que cree que la aprobación de esta ley supongrá restringir la actuación a los agentes rurales catalanes, encargados del cuidado y protección de los montes, e impedir la protección del medio ambiente en Cataluña.

A su vez, aprecia la «ausencia» de una «mínima» referencia al impacto económico que tendrá para Cataluña y para el resto de comunidades autónomas que cuenten con agentes foretales en sus plantillas.

El partido republicano catalán cere que este proyecto de ley supone «un ataque directo» a los agentes forestales y les impide denunciar delitos medioambientales. «Es una reforma acuñada desde el interés por la explotación de los recursos naturales que supone la desregularización del medio natural», agrega.

ERRÓNEA POLÍTICA FORESTAL

En su enmienda de totalidad, el BNG señala que este proyecto de ley contiene «los mismos errores» que las distintas normas precentes sobre espacios forestales y se insiste en un modelo y en una planificación estatal de los montes, cuando las realidades forestales son «diametralmente opuestas» y, por tanto, las medidas a aplicar han de ser diseñadas y ejecutadas sin interferencias por parte de las comunidades.

A su juicio, se desperdicia otra oportunidad para modificar el rumbo de una «política forestal errónea» que ha causado «graves desequilibrios» en determinadas zonas del Estado español.

Por su parte, Amaiur considera que esta norma no aporta «mejoras sustanciales» a la vigente regulación. Es más, considera que la empeora en aspectos básicos de proteción medioambiental, profundiza en la desregulación ambiental desarrollada durante esta legislatura, ha sido «ampliamente contestada» por los sectores directamente afectados, no favorece el desarrollo rural ni la creación de empleo, además de ahondar en la recentralización e invasión competencial.

Agencias

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