La ofensiva de la ultraderecha contra los criterios ecológicos y sociales de inversión

 

La reacción trumpiana contra la utilización de los criterios medioambientales en el diseño de las estrategias de las empresas y las Administraciones Públicas es ya una realidad. Los activistas ecologistas no son los únicos que presionan a legisladores y sistemas judiciales para que tomen decisiones sobre el cambio climático y la transición ecológica. Una iniciativa de tres diputados estatales del Partido Republicano del Estado de Nuevo Hampshire propone que el uso de criterios ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobernanza) en la elección de las finalidades del gasto público sea penado con hasta 20 años de cárcel.

La propuesta plantea la prohibición de la inversión de fondos del Tesoro del Estado de Nuevo Hampshire, las agencias de la rama ejecutiva, y del sistema de jubilación estatal en inversiones que hayan tenido en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Literalmente, indica: “Será un delito punible con no menos de un año y no más de 20 años de prisión violar las disposiciones de esta sección mediante la inversión de fondos estatales o de los contribuyentes a sabiendas, de una manera que viole el deber fiduciario en relación con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)”.

Mike Blencher, uno de los firmantes de la propuesta, afirma que “la inversión ESG debe prohibirse en los fondos gestionados por el Estado porque esta práctica provoca necesariamente una disminución de los beneficios al dar prioridad a criterios distintos de las ganancias financieras”. Para él “la inversión ESG es similar al fraude”.

Los diputados republicanos de Nuevo Hampshire no están solos en esta cruzada. Otros estados norteamericanos, como Florida, Luisiana y Texas, han sancionado ya a fondos de inversión concretos por valorar criterios medioambientales. Más de una docena de Estados, gobernados por el Partido Republicano norteamericano han presentado leyes contra la utilización de los criterios ESG en el reparto de fondos públicos, considerándolos, incluso, como discriminatorios.

La ofensiva contra los criterios ESG no se ha limitado al mundo político. Wall Street parece cada vez más tendente a avanzar en la misma dirección. Los fondos de inversión ligados a los criterios ESG perdieron más de 20.000 millones de dólares en depósitos en 2023, tras la enorme polémica desatada tras el enfrentamiento entre Disney el gobernador de Florida, Ron DeSantis, acerca de la educación sexual en las escuelas de dicho Estado norteamericano. Como resultado del conflicto, Disney perdió sus privilegios fiscales en el Estado y su capacidad de gestionar autónomamente los terrenos donde se ubican sus parques de atracciones en Florida.

Fondos globales como BlackRock o Fidelity evitan ahora usar las siglas ESG en su comunicación con sus inversores. La mayoría de las empresas de Wall Street han decidido emplear otro vocabulario: “propósito corporativo” o “negocio responsable”. Aunque dicen seguir comprometidos con la “E” (la sostenibilidad ecológica) por las obligaciones legales relacionadas con el cambio climático y la regulación federal al respecto, la “S” y la “G” (lo social y la gobernanza) se encuentran desaparecidas en su discurso.

La marea contra los criterios medioambientales y sociales en el mundo financiero no se ha detenido en los Estados Unidos. El Consejo de Información Financiera del Reino Unido ha retirado toda referencia a los criterios ESG en su nueva versión del Código de Gobierno Corporativo británico, que entrará en vigor en enero de 2025. Se trata de un documento de “soft law” (es decir, que no establece obligaciones legales concretas), pero que debe ser cumplido por las empresas presentes en la Bolsa de Londres, a no ser que puedan dar una explicación razonable de su incumplimiento. La redacción previa del Código incorporaba 14 alusiones concretas a los criterios ESG. Todas ellas han desaparecido en la nueva versión.

Mientras tanto, la ultraderecha europea trata de imbricar las protestas campesinas en gran parte del continente con una impugnación global del proceso de transición ecológica. Las medidas medioambientales son presentadas como las culpables esenciales de la crisis en el mundo rural. Nada se dice de la vertiginosa ofensiva de los fondos de inversión globales sobre la propiedad de la tierra y sobre la industria agroalimentaria. Ni, tampoco, sobre la estructura neoliberal de la Unión Europea, que fomenta la entrada de capitales y producción foránea que hunden los mercados agrícolas. Ni, por supuesto, sobre la ausencia de mecanismos legales y de financiación pública que aliente la integración cooperativa de las cadenas de valor de los productos agrarios, permitiendo el impulso de la soberanía alimentaria y la independencia del campesinado de las grandes distribuidoras transnacionales.

Los criterios ESG han sido, ciertamente, un mecanismo más publicitario que real de enfrentar la crisis climática desde el mundo empresarial. Pero no debemos subestimar la importancia de las “guerras culturales” que impulsa la ultraderecha. Lo que hay detrás de la ofensiva contra los criterios ESG no es tanto un asunto de efectos prácticos como de instalar socialmente una idea concreta y poderosa (poderosamente falaz): la rentabilidad monetaria es el único criterio aceptable en la vida económica.

Pero esa idea, que parece simple y notoria, no es sostenible desde el punto racional. La rentabilidad de la que hablan los críticos de los criterios ESG sólo existe porque se dejan de contabilizar las llamadas “externalidades” de las actividades contaminantes o antisociales. Si, de manera real, las empresas tuvieran que pagar todos los costes generados por sus actividades, incluyendo la regeneración de las zonas contaminadas, la reconstrucción del tejido social circundante o la puesta en marcha de medidas de mitigación o adaptación ante el cambio climático, su rentabilidad desaparecería y veríamos cuales de ellas serían aun realmente viables.

La ofensiva contra los criterios ESG busca, entonces, ampliar la incidencia de la ultraderecha en el mundo financiero y difundir las bases de un nuevo credo desregulador y ultraliberal. No es que las operaciones de imagen de los fondos de inversión nos atraigan demasiado, pero lo cierto es que hay que responder a las mentiras que pretenden instalar en esta sociedad la hegemonía de la irracionalidad y el egoísmo.

Un sociedad libre y justa necesitará criterios para determinar en qué se invierte la riqueza y el trabajo de su población. Y esos criterios no pueden ser sólo los que garanticen el mayor enriquecimiento de los más privilegiados, pasando por encima de los derechos colectivos (al agua limpia, a un medio natural vivible, a una vida social y comunitaria satisfactoria y rica) de la mayoría.

 

Por José Luis Carretero Miramar para Kaosenlared