La obediencia debida

Por Rafael Cid

A medida que la pugna en el seno del Partido Socialista se desliza hacía un vergonzante “prietas las filas”, como corresponde a un lobby ideológico convertido en agencia de colocación, parece necesario dejar de llamar partido político a lo que en la práctica supone una congregación de fieles. Porque esa es la característica principal que define a una organización que, como el PSOE dinástico, enarbola una fantasmagórica “disciplina de voto” como norma suprema. Solo las órdenes monásticas y las bandas fascistas piden a sus miembros parecida disciplina. Las primeras, exigiendo tomar los votos (de pobreza, castidad, obediencia, etc.) a su grey para ser admitida, y las segundas, ejerciendo la obediencia debida caiga quien caiga. En este último caso, ciertamente, hasta que los Juicios de Núremberg fallaron que esa fe ciega no eximia de responsabilidad a quienes habían jaleado los crímenes de los jerarcas nazis.

Desde que la ilustración secularizó la política, creíamos estar a salvo de algunos aquelarres más propios de los conjurados de la devotio ibérica que de quienes actúan como legítimos representantes de la ciudadanía. ¿Cómo puede confiarse en un partido que cercena la libertad de conciencia de sus integrantes para gobernar una sociedad democrática? ¿Con semejantes atributos despóticos, dónde queda el enunciado constitucional que prescribe a los partidos una estructura y funcionamiento democrático (art.6.C.E.)? ¿No supone ya una flagrante vulneración de esa Constitución que, en vez activar el artículo 36 de los Estatutos del PSOE para convocar un Congreso extraordinario que devuelva la decisión a las bases, se forme una gestora conculcando su propia normativa?

Agencia de colocación, obediencia debida, disciplina de voto, es el pautado del partido concebido como aparato de poder autorreferencial. Pero hay más y peor. Ocurre que, al considerarlos “un instrumento fundamental para la participación política” (art.6. C.E.), lo que hagan necesariamente nos afecta. Representantes y representados van encadenados como una cuerda de presos, y sus virtudes y sus vicios terminan siendo parte de su acervo común. Por capilaridad, ósmosis o simple mimetismo, todos están concernidos. Y eso se demuestra en el hecho absurdo y patético de que sus propias fechorías terminan siendo secundadas por parte sociedad a la que dicen servir. Se trata de la gota malaya por la que la corrupción obtiene recompensa en las urnas y se acepta sin demasiado reproche que la cúpula del primer partido de la oposición funcione con una cuadrilla de bribones.

Tantos años denunciando el modelo en que una minoría privilegiada somete a la mayoría social, para al final verlo reproducido en aquellos que lo criticaban. Ni siquiera los escasos 200.000 afiliados del PSOE serán los que con su abstención vayan a dar el gobierno sobre 46 millones de españoles al Partido Popular de la trama Gürtel. Esa pirueta la hará posible un grupo de notables interpretando a su favor la opinión de los más de 5 millones de votantes que creyeron en el programa socialista para echar al PP de la Moncloa. Y todo ello con trolas y falsedades que sonrojarían a cualquier persona con dos dedos de frente y un átomo de decencia. Sin importarles el grado de desfachatez e impostura. Se puede escuchar al número dos de Susana Díaz argumentar que el acta del diputado pertenece al partido, sin parar en que la Constitución prohíbe el mandato imperativo (art. 67, 2). O toparse con un titular a cuatro columnas de un diario de referencia afirmando que “los votantes del PSOE creen que al partido le conviene abstenerse” aunque la encuesta en que se basa diga todo lo contrario: que el 49 % de los votantes socialistas prefieren evitar un gobierno de Rajoy frente al 47% que piensan que lo óptimo es impedir nuevas elecciones” (El País, 15 de octubre, págs. 1 y 15).

Dudo mucho que, como acaba de escribir, el profesor Javier Pérez Royo, estemos en la antesala de la Tercera República. Precisamente porque actualmente no existe un bloque de centro izquierda capaz de un nuevo Pacto de San Sebastián que entierre a esta Segunda Restauración. Por más que desde el punto de vista de su adecuación a la realidad social hace tiempo que el régimen de la Transición es un cadáver exquisito. Lo que si puede afirmarse con toda seguridad es que desde este momento el PSOE ya forma parte del problema, junto a los sindicatos CCOO y UGT que han asistido al putsch de los barones desde la barrera. Todos a una porque “la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art.2 C.E.), puede verse comprometida por el derecho a decidir en Catalunya. Pienso más bien que nos encontramos en los prolegómenos de algo parecido a los que ocurrió en las Cortes de Cádiz (180-1814), cuando los comisionados americanos defendieron para sus circunscripciones un nuevo estatus fundado en la igualdad, la autonomía y en el reconocimiento de su especificidad republicana.

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