La nueva Lecrim deja en el aire cerca de 150 procedimientos de delitos económicos de especial gravedad

Por Loreto Ochando

La Sección de Delitos Económicos (SDEC) de la Fiscalía Provincial de Valencia tiene que hacer frente a los nuevos plazos que marca la recién estrenada Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga seis meses para la instrucción, más 18 meses extra en los casos de especial complejidad. Según los datos de la memoria de 2014, la […]

La Sección de Delitos Económicos (SDEC) de la Fiscalía Provincial de Valencia tiene que hacer frente a los nuevos plazos que marca la recién estrenada Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga seis meses para la instrucción, más 18 meses extra en los casos de especial complejidad. Según los datos de la memoria de 2014, la de este año todavía no está, alrededor de 150 procedimientos de este tipo entran cada año en la Fiscalía valenciana, entre ellos los relacionados con corrupción, los delitos contra la Hacienda Pública, los fraudes de subvenciones, los delitos concursales o los alzamientos de bienes. En la Comunitat el número de procedimientos de esta clase supera los 350.

Aunque el número de procedimientos pueda parecer escaso, no lo es ni mucho menos, ya que en esta sección sólo entran los procedimientos que afectan a determinados delitos económicos. Es decir, por ejemplo, ni todos los fraudes son investigados por ellos ni mucho menos todas las estafas que fueron más de 8.000, así como aquellos procedimientos que son delitos económicos pero se han realizado a través de la red que van directamente a la Fiscalía de Delitos Telemáticos. Por tanto, en la SDEC hay sólo 150 pero en la Fiscalía se ven miles de delitos de esta índole cada año. Miles de delitos que obviamente también se verán afectados por la nueva Lecrim.

Los plazos

El principal problema con el que se enfrenta el Ministerio Público es que desde ayer sólo tiene seis meses para instruir las causas a no ser que se solicite la especial complejidad pero, y siempre dentro de lo que estipula la propia ley, a priori muchos de esos procedimientos no cumplen los requisitos para ampliar los plazos.

La nueva Lecrim deja muy en el aire qué periciales son complejas puesto que no las define. Así, podría darse el caso de que un fiscal pida la especial complejidad de un procedimiento de fraude porque debe solicitar acceso a cuentas bancarias y el magistrado instructor le deniegue la complejidad. Según fuentes de toda solvencia, los jueces y magistrados están por la labor de colaborar con sus compañeros fiscales pero eso no deja de ser un acto personal de cada uno de ellos.

Ante la poca claridad de la nueva Lecrim, la Fiscalía General del Estado ha enviado una directriz a todos los fiscales de España en la que les dice que: “antes de la expiración de ese plazo, el instructor, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo  estipulado o concurran de forma sobrevenida alguna de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo”. Esta directriz viene a decir de forma indirecta que soliciten la complejidad siempre que lo necesiten, se cumplan o no las características que marca la Lecrim.

La Audiencia Nacional

Es tal la incertidumbre que ha generado la nueva Lecrim en el ámbito judicial que en el caso de la Audiencia Nacional han sido los propios magistrados de instrucción los que van a declarar la espacial complejidad de sus asuntos sin necesidad de que el fiscal lo solicite. Además, la Fiscalía de la AN ha incorporado un programa informático que avisará con 20 días de antelación a cada fiscal de que sus procedimientos están a punto de caducar.

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