La necrogestión del coronavirus

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Desde finales de marzo, decenas de entidades sociales que trabajamos en la denuncia pública y jurídica de la violación de derechos en la cárceles, así como en el acompañamiento a las personas presas y sus familias, lanzamos un mensaje urgente de alarma sanitaria en relación con la forma en la que se está abandonando a su suerte tanto a las personas presas, como a sus familias, por una falta de aplicación, con carácter urgente y generalizado, de las medidas concretas recomendadas por Organismos Internacionales como la OMS y el Consejo de Europa, así como por diversos agentes sociales. Las iniciativas fueron muy diversas y dirigidas a instituciones vinculadas al poder ejecutivo, legislativa y judicial, así como a instancias garantistas internacionales, estatales y autonómicas. Ahora que estamos a mediados de mayo, sigue sin existir un plan de actuación y sin aplicarse las medidas urgentes propuestas que en resumen eran y por desgracia ya en fase de desescalada son:

1. En relación con las medidas básicas de prevención y contención de la epidemia, no se ha facilitado al acceso a los test a toda la población recluida, ni a todo el funcionariado de prisiones, con el fin de detectar los casos reales y poder aislar en dependencias sanitarias a las personas sintomáticas con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

2. En relación con la atención sanitaria, no se ha diseñado y mucho menos aplicado, un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, reforzando de inmediato la plantilla de personal sanitario dentro de prisión, teniendo en cuenta que al igual que en las residencias de ancianos, las condiciones de encierro y de riesgo de transmisión que se dan en este medio cerrado, pueden producir a medio plazo un auténtico carcelicidio. Es necesario subrayar que la población total encarcelada en el sistema penitenciario español y catalán es superior en la actualidad a las 60 mil personas, lo que da idea de la magnitud del problema que estamos planteando y de sus consecuencias.

3. En relación con las medidas para evitar el hacinamiento y garantizar la distancia social, imprescindible para evitar la propagación de la infección, y ante la falta de cumplimiento del precepto legal que garantiza el derecho a la intimidad y al trato digno y, establece que, habría de haber una persona presa por celda, no se han tomado de un modo inmediato y generalizado las medidas de excarcelación propuestas de la población recluida preventiva, con condenas cortas, en tercer grado, gravemente enferma y mayor de 70 años. Parece que las excarcelaciones, como siempre se producirán cuando las personas se encuentren gravemente enfermas, y se les traslade a los hospitales para morir fuera, evitando así que se visibilice que el motivo de su muerte no fue el virus, sino el abandono institucional.

4. En relación con la suspensión de derechos fundamentales en las cárceles, como es el derecho a las comunicaciones con familiares, no se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas.

Resulta más que evidente que no se ha actuado de manera urgente y contundente, con el fin de impedir la transmisión del coronavirus en las cárceles y, evitar que además de por otras causas no naturales, por las que mueren al año cientos de personas presas dentro de las cárceles o en los hospitales, la siniestralidad crezca debido a un sistema penitenciario incapaz de garantizar el derecho a la vida, a la salud y al trato digno de las personas presas y sus familiares, derechos que no han sido suspendidos en ningún fallo condenatorio o al aplicar ninguna medida de seguridad.

Y lo que es más importante, no ha servido esta nefasta gestión de la epidemia vírica en las cárceles para hacer efectivo el principio de no repetición, implementando las acciones, programas y políticas de seguridad sanitaria que combatan los graves problemas de salud que aquejan a la población recluida creando las estructuras socio-sanitarias de las que adolece una sanidad penitenciaria en endémica situación de precariedad. No olvidemos que las cárceles están pobladas mayoritariamente por personas aquejadas por patologías físicas y mentales y, al igual que ha ocurrido con las residencias de ancianos, esas endémicas y precarias condiciones de vida y en particular en la asistencia sanitaria, son hoy una bomba de relojería que sino desactivamos urgentemente podría explotar.

Como siempre, lo que se ha hecho por parte de los poderes del Estado es minimizar y ocultar los datos sobre la epidemia en las cárceles, difundiendo una propaganda institucional de falsa normalidad con acciones puntuales tímidas y limitadas, para evitar así la alarma social y, ocultar la angustia que está provocando en las personas presas y sus familiares, auspiciada por la desinformación. Así no se han hecho públicos los datos sobre cifras reales de personas presas fallecidas en las prisiones o en los hospitales de referencia por patologías asociadas al coronavirus. Paradójica y sorpresivamente, las cifras oficiales de personas presas infectadas, es residual (a principios de mayo tan solo 56 personas presas infectadas y 2 fallecidos), cuando en el caso de los funcionarios de prisiones los casos registrados se cuentan centenares (más de 250 funcionarios y 3 fallecidos).

Pero lo cierto e importante es que la presión ejercida por las propias personas presas con concentraciones en algunas cárceles, por las asociaciones de familiares, por las entidades de apoyo, han servido para hacer visible esta necro-gestión, para obligar a las instituciones a tomar algunas medidas y verse obligados a dar algunas explicaciones y, también para conseguir el posicionamiento de diversos partidos políticos parlamentarios exigiendo una acción proactiva tanto al Ministerio de Interior del Gobierno español, como a los Gobiernos autonómicos con competencias totales o parciales en materia penitenciaria, lo cual, aunque tarde y de un modo tímido, ha servido para forzar a que se tomen algunas de las medidas propuestas. En conclusión, seguiremos denunciando y trabajando y, sobre todo, cuestionando la propia existencia de la cárcel y la necesidad de un modelo de prevención y lucha contra el delito alternativo que garantice la seguridad de todas las personas.

César Manzanos es Doctor en Sociología, representante de la asociación de apoyo a personas presas y sus familiares, Salhaketa de Araba.

vientosur.info/spip.php?article15960

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