La mitad de las comunidades gastan menos ahora en políticas sociales que al inicio de la crisis

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este lunes en Madrid su informe anual sobre el gasto de las comunidades en educación, sanidad y dependencia. La conclusión principal es el «frenazo» en políticas públicas en unos ámbitos «esenciales», que se encuentran en un «serio peligro ya no solo de estancamiento sino de retroceso», en palabras del presidente, José Manuel Ramírez. En 2018, el gasto social medio de las comunidades es 3,4% inferior al del 2009, al inicio de la crisis económica. Ese porcentaje se traduce en 4.190,2 millones de euros totales menos invertidos: 116.851,7 millones en 2009 y 112.661 en 2018. Nueve comunidades han incrementado su gasto en estos 12 años y ocho lo han recortado.

Según Ramírez y como «conclusión fundamental», las cifras de 2018, que muestran un «avance insuficiente», se debe principalmente a dos factores: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) paralizados ante la convocatoria de elecciones, y la incidencia de la deuda autonómica. En 2013 se registró el nivel más bajo de gasto autonómico social de los últimos diez años, 100.000 millones de euros. Desde entonces, ha habido una recuperación paulatina hasta los 112.662 millones de 2018. «Estos años de impass van a tener consecuencias», ha avisado Luis Barriga, coordinador de los documentos. Han recordado los datos de listas de espera al Sistema de Atención a la Dependenia: más de 250.000 personas con su prestación reconocida sin recibirla, y 140.000 pendientes de una valoración.

La situación se puede poner en un «escenario peligroso en 2020» si, de no haber gobierno, se vuelven a prorrogar los presupuestos, vaticinan desde la Asociación. Para solventarlo, exigen un «blindaje presupuestario de manera urgente para que el gasto se pueda cubrir». Ramírez ha adelantado que, si se confirma la nueva convocatoria de elecciones, inmediatamente pedirán a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, un Consejo Interterritorial en el que se estipule un nivel mínimo de gasto y se apruebe vía decreto ley.

Baleares, la que más incrementa

Baleares y Comunidad Valenciana son, porcentualmente, las que más han aumentado la diferencia entre 2009 y 2018 a mejor en los tres ámbitos –educación, sanidad y servicios sociales–, un 15,56% y 6,14% respectivamente. La Asociación ha valorado especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, «que durante muchos años, en nuestros informes, la destacábamos como la peor». Por eso, además de la falta de PGE y de la deuda, también cuentan como motivo de estancamiento o no las «voluntades políticas».

Además de las dos mencionadas, las otras comunidades –nueve en total– que mejoran su gasto en el cómputo de los tres ámbitos son Navarra, Euskadi, Cantabria, murcia, la Rioja, Asturias y Extremadura. La mejora se mueve entre el 0,11% de Extremadura y el 15,56% de Baleares. Por la cola, destacan Catalunya y Castilla-La Mancha, con una reducción del 19,91% y el 15,46% respectivamente. Supone 4.124 millones de euros menos desde 2009 solo en Catalunya, lo que, según los portavoces, revela la «desidia» de la Generalitat. Catalunya es la comunidad donde más listas de espera a la dependencia hay: uno de cada tres usuarios del sistema no están atendidos y constituyen el 30% de la espera global del Estado.

Las siguientes a la cola y que también recortan son Galicia (3,75% menos), Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Canarias y Andalucía (0,22% menos). Únicamente referido a servicios sociales, al margen de sanidad y educación, sí se ha incrementado el gasto desde el año 2009 en 1.320,2 euros. El mayor incremento se da también en la Comunidad Valenciana, con un 82,43% de aumento, y en Euskadi, un 47,41%. Cuatro comunidades han perdido también en este ámbito: Castilla-La Mancha (un 26,50%), Catalunya, Galicia y Andalucía.

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