La memoria recuperada. Amnistía Internacional publica un informe sobre la deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

AI – La Revista – Número 75 OCTUBRE – NOVIEMBRE 2005

Marta Gómez Casas, AI España

El 26 de abril de 1937, toneladas de bombas fueron arrojadas sobre la población de Guernica por la Legión Cóndor de la Luftwaffe, a modo de ensayo para la blitzkrieg aérea de Hitler. Fue uno de los ataques dirigidos contra civiles durante la Guerra Civil española, que dejaron miles de personas muertas y mutiladas detrás.

Con el fin del franquismo, y con la llegada de la transición política y de la democracia, las viejas heridas quedaron ocultas bajo un barniz de reconciliación. Sin embargo, para Amnistía Internacional los crímenes contra la humanidad no pueden ser borrados por actos de perdón ni olvido, y es preciso que los Estados ofrezcan verdad, justicia y reparación a sus víctimas.

Éste es el eje vertebrador del último informe de Amnistía Internacional, España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista. El país que pidió la extradición de Pinochet, y cuya Audiencia Nacional ha condenado recientemente al ex militar argentino Scilingo por crímenes de lesa humanidad, aplicando el principio de jurisdicción universal, no ha sido capaz de reparar la deuda existente con sus propias víctimas.

En España ha proseguido hasta nuestros días el silencio y la impunidad de todos aquellos que nunca rindieron cuentas ante el régimen franquista por los abusos cometidos bajo su amparo. Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, afirma que «en ningún caso ha habido una investigación imparcial que aclare los hechos y establezca responsabilidades; y ése es uno de los objetivos que perseguimos con este informe».

Mecanismos

Amnistía pide al gobierno español que adopte mecanismos para garantizar la memoria colectiva respecto a los crímenes del pasado, afirmando el derecho a saber y el deber de no olvidar. La preservación de archivos, su acceso y la inclusión de medidas en el ámbito educativo, son aspectos que el Estado debe asegurar. Además, considera necesaria la creación de un órgano oficial temporal de carácter no judicial para que se investiguen los atentados contra el derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista.

Por lo que se refiere a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, AI cree que el Gobierno debe asumir su responsabilidad y aportar los recursos suficientes para localizar las fosas, exhumar los cadáveres, identificar los restos y restituirlos a sus familias. También pide la creación de una Fiscalía Especializada para impulsar la investigación y contribuir a esclarecer la suerte de los desaparecidos.

Aunque el Congreso de los Diputados acordó el 1 de junio de 2004 instar al Gobierno a elaborar un informe sobre «las reparaciones morales, sociales y económicas» a las víctimas, y en septiembre se creó una comisión interministerial encargada de ponerlo en marcha, un año después todavía no conocemos el resultado efectivo de su trabajo. Entre las recomendaciones que Amnistía plantea al Gobierno figuran, entre otras, que España se adhiera a una resolución de Naciones Unidas, en vigor desde 1970, que declara que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Era previsible que tras la presentación del informe algunos medios de comunicación acusarían a Amnistía Internacional de haber realizado una investigación sesgada y partidista, olvidando a las víctimas del bando nacional; sin embargo, esto no es así. AI conoce la existencia de crímenes atribuidos a autores de ambos bandos durante la Guerra Civil, y por eso exige el más alto respeto por la dignidad de todas las víctimas. Esteban Beltrán recuerda que «en España, las víctimas estuvieron divididas. Durante el régimen franquista, la pertenencia real o presunta a un bando o ideología estableció la diferencia entre conseguir beneficios o penalidades, condición que se mantuvo a lo largo de cuarenta años».

En opinión de Beltrán, una vez finalizada la dictadura, «la transición y los gobiernos posteriores no modificaron sustancialmente las posiciones establecidas por el régimen franquista con relación a las víctimas» y, a excepción de reparaciones parciales y administrativas hasta la fecha, «la inmensa mayoría de las familias no han tenido nada, desconocen dónde están sus seres queridos, no han podido interponer recursos ante los tribunales y no han recibido un solo euro».

Obstáculos

El director de AI denuncia también que «más allá de que muchas fuentes primarias desaparecieran durante los primeros años de la transición a la democracia, todavía existen obstáculos para aclarar lo sucedido, por ejemplo cuando un juez considera prescrito el delito sin que haya investigación de por medio, o cuando los restos mortales hallados se declaran restos arqueológicos».

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, afirma que en este tema concreto «la jurisprudencia se ha aferrado a un formalismo jurídico desfasado, diciendo que para que haya revisión tiene que haber un hecho nuevo». Además le preocupa el hecho de que para algunos sectores «la legalidad emanada del franquismo sea considerada igual a la de un parlamento democrático».

Un ejemplo claro de cómo debe resolverse a nivel legal una deuda histórica es el de Argentina. La Corte Suprema de este país declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que protegían a quienes habían cometido violaciones de derechos humanos durante el último régimen militar (1976-1983).

Modelo de olvido

Este caso, como el de El Salvador, Guatemala y Uruguay, son para Amnistía el camino a seguir. Según Esteban Beltrán, «tenemos mucho que aprender de los procesos contra la impunidad en América Latina; no se pueden poner puertas al campo cuando hablamos de tragedias humanas tan grandes». Fuera de España, «ningún otro país del mundo ha seguido este modelo de olvido tan completo». Para AI «las normas internacionales son claras y el Estado no puede elegir dar un poquito de verdad, nada de justicia y algo de reparación, no es algo que se pueda elegir como un menú a la carta».

Todas las guerras son crueles e injustas. Siempre hay quien sufre y quien oficia de verdugo, pero hay que intentar que el disco duro de la historia grabe los errores humanos para que no estemos condenados a repetirnos.

Descargar el informe (enlace a las páginas de la Sección Española de AI)

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