La mediación, la senadora y los presidentes

Intempestivamente, y cuando nadie podía suponer tal cosa, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez canceló la autorización de mediación que había otorgado a la senadora colombiana Piedad Córdoba y al presidente de Venezuela Hugo Chávez, para discutir las condiciones que pudieran llevar a la liberación simultánea de los detenidos en poder de las FARC, y la de los guerrilleros presos.

Las condiciones que estableció el presidente de Colombia para la ejecución de esos buenos oficios por los prominentes políticos, no fueron realmente un handicap para mediar, sino más bien rémoras que lo dificultaban. Una: la no desmilitarización (despeje) de los municipios Florida y Paraderos, solicitada por la guerrilla. Dos, y obsérvese su gravedad, la negativa de conceder salvoconducto para transitar hacia Venezuela a los delegados de las FARC que al hacerlo, lo harían a su cuenta y riesgo. Pero hubo además un tercer reparo que inviabilizaba aún más cualquier posibilidad de acuerdo, pues Uribe objetó la puesta en la Mesa de Negociación, de la libertad de los guerrilleros que fueron extraditados a EEUU.

Simón Trinidad (Ricardo Palmera) fue capturado en Ecuador en clara violación del Derecho Internacional y extraditado de inmediato a EEUU. Sonia (Anayibe Rojas) apresada en Colombia también lo fue. Hasta ahora, el intento de las autoridades estadounidenses de probar la responsabilidad de ambos en el narcotráfico, ha sido negativo. El Tribunal donde radica la causa de Trinidad no ha encontrado sobre qué sentenciar. Las acusaciones que pretenden imputarle son absurdas, pues ubican el delito por el cual le acusan, en una zona y en un tiempo que, según videos aportados por la defensa, lo muestran muy lejos del área señalada en ese momento.

Se pudo conocer que el gobierno de EEUU intentó sobornar a Sandra para que involucrara a su compañero en el delito de narcotráfico, ofreciendo como les es usual en estos casos, identidad falsa y residencia para ella y sus allegados, protección y dinero suficiente en EEUU. Esta es una vieja historia suficientemente conocida; el de prestarse de falsos testimonios para condenar a su antojo a quien quieren. Dignísima, Sandra se negó terminantemente a tal vileza.

No han podido tal la ilegalidad de lo que pretenden, desarrollar el juicio. Pero no es de dudarse que recurran a cualquier trampa para condenar a Trinidad y a Sandra. Recuérdese el canallesco caso de los 5 héroes antiterroristas cubanos secuestrados infamemente por el gobierno estadounidense que en honor a la verdad, no tiene qué achacarles para mantenerlos recluidos.

Thomas Shannon, según nos hizo conocer Constanza Vieira en IPS el 12 de marzo de 2007 desde Bogotá, ve con buenos ojos el intercambio humanitario, pero excluye de él la liberación de los dos prisioneros políticos que ellos tienen: Simón Trinidad y Sandra. De persistirse en esta actitud es probable que las FARC exceptúen de cualquier acuerdo en el futuro, a los prisioneros estadounidenses.

En toda negociación, cada parte pretenderá obtener lo mejor de aquello que se negocia, que será siempre en detrimento de la otra. Los mediadores tienen en primer lugar que lograr el compromiso de los cedentes de respetar aquello que se acuerde. Luego deben de procurar que lo aceptado sea lo más justo para ambas partes, que asegura, además de resolver el diferendo en cuestión, eliminar para el futuro, residuos que impidan un salto cualitativo en otras mesas de negociación entre quienes confrontan.

En cualquier mediación hay patente, dos o más fuerzas que por sí, no pueden superar los obstáculos que les separan. Cuando concluyen que esto es así, que ellos no pueden acordarse, se recurre a la intermediación de quien o de quienes reconocen como imparciales en el problema que dilucidan. Las partes, en este caso beligerantes, tienen que asegurarle a quienes interceden, aceptar el resultado que se logre. Para ese fin, deben de aportar todo aquello que pueda predisponer al éxito de la gestión encomendada.

Tenemos en este caso concreto, una situación excesivamente compleja, por la actitud del gobierno colombiano que ha actuado con suprema reticencia en todo el tiempo que llevó el proceso ahora abortado: no permitiendo realizar reuniones de la senadora y el presidente, con la dirección de las FARC en suelo colombiano. No otorgando los salvoconductos y estableciendo restricciones en la nómina de las personas a intercambiar. Ni que decir que a lo ya descrito, se acrecienta la dificultad al poner un tope en el tiempo. Son más, muchas más las objeciones establecidas sin duda que en baja voz, por el gobierno de Uribe a la actividad de Córdoba y Chávez.

De antemano y de acuerdo al panorama planteado, puede afirmarse que estaba condenado al fracaso el intento. Pero no se contó con la obstinación, la terquedad y la firmeza de ánimo que ambos negociadores pusieron en el asador para conseguir el fruto buscado.

Encontrándose en Francia Chávez, Córdoba y un grupo de familiares de los retenidos, se enteraron que el gobierno de Uribe estableció como límite de la negociación, el 31 de diciembre del corriente año. La delegación a la cual nunca arredraron los impedimentos en la vía, estaba en plena efervescencia cuando recibió, como un balde lleno de agua fría, tal acotamiento. Sin embargo, ni aún así desfallecieron.

El gobierno de Francia por la voz de su presidente, el señor Sarkozy, auspició con total confianza la actividad de la pareja, sin óbice que ubicarles en el camino. En América, varios gobernantes y políticos de variada tendencia, apoyaron ese empeño. Todo estaba a favor para resolver el problema que se dilucidaba, menos esa reticencia entendible desde el punto de vista de Uribe, que al permitir la negociación rompía, destruía la calificación de terrorista a la FARC para reconocer su condición de fuerza beligerante, que ya hoy no puede negar sin caer en el ridículo.

Desde el principio, la secuencia de los episodios nos hicieron dudar de las buenas intenciones del gobierno colombiano. Se levantaron muchas barreras que no sólo no ayudaba sino que, por el contrario, entorpecía cualquier emprendimiento. Pero, no se contó con la voluntad, el brío y la tenacidad de la senadora Piedad Córdoba y del presidente Hugo Chávez que fueron encontrando a cada dificultad su solución. Imposible desligar la influencia estadounidense en la decisión uribista. Lo que se pensó en un principio que perjudicaría a ambos gestores, pronto se vio que sería todo lo contrario. No había otra cosa que hacer que interrumpir esa gestión. Cualquier pretexto habría sido bueno para tal fin.

En forma muy correcta y ajustada a lo que es norma en diplomacia, el gobierno venezolano contestó lo dispuesto por Uribe, sin adjetivar la decisión. En un comunicado escueto, donde lamenta la frustración de lo hecho, reconoce la soberanía del gobierno colombiano en lo dispuesto.

El balón pasó de nuevo al campo de Colombia. Venezuela debe seguir sentada, observando sin abrir la boca ni por mandato divino. No hay que mirar al horizonte para ver las nubes que pronto cubrirán al gobierno de Uribe, por lo abrupto de la interrupción. Pero, ese es ya su problema.

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