La lucha por el derecho de autodeterminación del pueblo catalán un año después del 1-O

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Por Tomás Martínez Peña

Un año después del referéndum del 1-O podemos afirmar que cualquier organización revolucionaria que quiera acabar con el sistema capitalista en el Estado Español debe afrontar en su programa la cuestión de los derechos democráticos de los pueblos y en este caso la cuestión del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán.

Eso no significa que la lucha por el derecho a decidir en Catalunya no tenga contradicciones y dificultades. Sin embargo, encierra también muchas potencialidades y puntos de apoyo para romper con el régimen del 78 y sus instituciones y para seguir ensanchando brechas en el sistema capitalista incorporando a la lucha democrática, la lucha por un programa de urgencia social para l@s trabajador@s y la juventud.

Por tanto no se trata, por nuestra parte, de negar las dificultades, pero sí de afirmar que cualquier organización anticapitalista y revolucionaria no puede esquivar este debate y ponerse de canto esperando que el “problema” se disipe. Esa orientación acaba a la larga reforzando el propio sistema y sus instituciones ya que no ayuda a que la lucha por el derecho a decidir puede ganar e ir más allá. Se trata, por el contrario, de afrontar las dificultades y de dar respuestas para que esa lucha integre en su seno la lucha por otra sociedad sin opresión ni explotación. Esa es la responsabilidad de l@s revolucionari@s.

La lucha por el derecho a decidir en Catalunya no está exenta de contradicciones y dificultades.

Es cierto que existen dificultades y contradicciones que l@s revolucionari@s no podemos obviar. La primera es que dicha lucha está dirigida por una franja de la burguesía catalana. Y la segunda, que la clase trabajadora a nivel estatal se posiciona mayoritariamente en contra del derecho a decidir del pueblo catalán y que la propia clase en Catalunya también conoce divisiones entorno a esa cuestión. Sin embargo, se trata, aquí, de aportar respuestas que permitan, por un lado, disputar la dirección a esa fracción de la burguesía catalana defendiendo una política de independencia de clase ya que l@s anticapitalistas luchamos, no sólo, por los derechos democráticos sino también por la ruptura con el sistema capitalista y por una sociedad sin clases.

Esos elementos chocan por completo con los intereses de la burguesía sea nacionalista o no. Y por otro lado, se trata de ver cómo unificar a nuestra clase en Catalunya entorno a la lucha por las cuestiones democráticas ligándolas a un programa de urgencia social que diga qué tipo de República catalana quiere nuestro bando social y cómo crear un sentimiento de solidaridad con el resto de la clase a nivel del Estado Español entendiendo que existen diferentes niveles de conciencia entre l@s trabajador@s y la juventud en territorios como Euskal Herria y el resto del Estado.

De nuevo ahí la cuestión del programa de urgencia social ligado a la cuestión democrática y la cuestión de la independencia de clase de las organizaciones anticapitalistas e independentistas con respecto a cualquier burguesía vuelven a ser elementos determinantes. En ese sentido, hay que hacer también una lectura crítica de la orientación llevada a cabo por la CUP. Lejos de conseguir ligar claramente la lucha por la emancipación social y nacional en Catalunya desarrollando una hoja de ruta propia, ha ido demasiado a remolque de Junts pel Sí, llegando incluso a votar, en marzo de 2017, a favor de unos presupuestos antisociales que no revertían los recortes y situaban el gasto social en un 10% menos que en 2010.

Tal y como afirmaban entonces un sector de la CUP que se oponía a que sus diputad@s votasen a favor de la aprobación de dichos presupuestos: “vincular las políticas económicas neoliberales al derecho de autodeterminación es una apuesta perdedora pos sí misma porque impide ampliar la base social independentista entre las clases populares”. Ese es el problema de no llevar a cabo una política independiente del PdCat y de ERC.

Se acaba creando la ilusión de que es posible la autodeterminación mediante acuerdos con un sector de la burguesía catalana y sin que los sectores obreros y populares se movilicen ampliamente y encabecen dicha lucha dado que es imposible conseguir esto último sin ligar la lucha por la autodeterminación a la lucha por un programa de urgencia social. Aprobar unos presupuestos que recortan y externalizan servicios públicos y que regalan millones a empresas y a la iglesia (30 millones para las escuelas del Opus Dei) producen el efecto contrario. Aleja inevitablemente a sectores de nuestra clase a la lucha por la autodetrminación.

Algun@s dirán que sin la aprobación de esos presupuestos no habría habido referéndum. Puede ser. Pero lo que está claro es que no será posible, en el futuro, imponer la autodeterminación sin la movilización social del conjunto de la clase trabajadora y de la juventud y que para conseguir eso es necesario incorporar en la lucha por el derecho a decidir, la lucha por la transformación social.

Eso se opone evidentemente radicalmente a los intereses de la burguesía nacionalista catalana, la de los recortes y de la corrupción del 3% y por eso hay que llevar a cabo una política independiente. Ese es el camino para unificar a nuestra clase en Catalunya y también en el resto del Estado Español a favor de los derechos democráticos. Lo contrario es pensar que la lucha por el derecho a decidir pasa al contrario por concesiones a la burguesía catalanista mediante el abandono de la lucha por un programa de urgencia social.

La posición de clase trabajadora en Catalunya y el resto del estado español

A día de hoy, la mayoría de la clase trabajadora del conjunto del Estado Español se opone frontalmente al derecho a decidir del pueblo catalán a la vez que encierra un nacionalismo español de lo más rancio que oprime en la práctica a gran parte del pueblo catalán que desea poder decidir. La cuestión nacional genera, por tanto, en el seno de la propia clase un sentimiento de división importante. Hay que insistir sin embargo en una cuestión.

Mientras que la lucha por la independencia de parte de la clase trabajadora catalana abre perspectivas para luchar contra el Estado y sus instituciones e incluso por un programa de urgencia social, la reacción del resto de la clase en el conjunto del Estado Español, sólo refuerza, por un lado, el nacionalismo español que juega un papel reaccionario y a su vez sus instituciones de clase que en definitiva sirven para salvaguardar los intereses de las clases dirigentes. De ahí lo dramático del papel asumido por gran parte de la clase trabajadora en el conjunto del Estado Español que ayuda a oprimir a otra parte de la clase en Catalunya imposibilitando a la larga, tal y como decía Marx, su propia emancipación.

Pero ese rol ni está escrito ni está en los genes de nuestra clase. Es fruto en primer lugar, de la herencia del franquismo y por tanto de la falsa Transición que conllevó una Constitución que niega la posibilidad de las naciones sin estado de poder autodeterminarse mientras les obliga a supeditarse al Reino de España. Y en segundo lugar, al papel de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero (sindicales y políticas) y de los llamados “nuevos reformismos” (PODEMOS, Los Comunes), con influencia en la clase trabajadora y en la juventud, que no se enfrentan a esos prejuicios asumidos por dicha clase sino que los acaba incluso reforzando. La responsabilidad de l@s revolucionari@s debe ser revertir esa situación denunciando y tomando iniciativas políticas.

En cuanto a la clase trabajadora en Catalunya, hay quienes afirman que el “conflicto” catalán le es totalmente ajeno. Decir eso equivale a pretender que el movimiento por el derecho de autodeterminación en Catalunya sólo estaría compuesto por una franja de la burguesía catalana olvidándose de manera interesada de que hasta un 80% de la población catalana está a favor de un referéndum y de las manifestaciones de masas que cada 11 de septiembre se dan en Catalunya con la Diada y que se han dado durante todo el otoño pasado.

Otro elemento que demuestra la implicación de nuestra clase en la lucha por el derecho a decidir es la respuesta organizada de centenares de miles de personas que se estuvieron enfrentando a las fuerzas represivas del Estado para que más de 2 millones de personas pudieran votar Sí a la independencia de un total de 5,5 millones de personas censadas. Es inimaginable pensar que ahí no hay una parte nada desdeñable de la clase trabajadora, al menos que en Catalunya la mayoría de la población sea burguesa.

Eso significa a su vez que el conjunto de nuestro bando social defiende la independencia en Catalunya. Evidentemente que no. Pero sí significa que una gran parte se moviliza por esa cuestión dotándose de estructuras y de formas de lucha propias a l@s trabajador@s como puede ser la huelga y las asambleas. Por tanto la tarea y la responsabilidad de l@s revolucionari@s debe ser, en lugar de desechar dicha lucha, ver cómo se refuerza para ir más allá de una simple lucha democrática e integrar cuestiones sociales. Eso quizás permitiría unificar a nuestra clase y evitar que el voto por C’s, claramente españolista y antisocial, siga aumentando en el cinturón de Barcelona tradicionalmente obrero.

La implicación de la clase trabajadora catalana en la lucha por el derecho a decidir

Además de la participación en el referéndum y de las encuestas a favor del derecho a decidir, hay otros ejemplos que dejan clara la implicación de parte de la clase trabajadora catalana en la lucha por el derecho a decidir. Cabe destacar ahí las declaraciones de los docentes mediante su organización mayoritaria USTEC haciendo un llamamiento a la desobediencia y a la resistencia al artículo 155 insistiendo en que “no reconocerán como interlocutores a aquellas personas que no sean representantes de la voluntad popular” haciendo un llamamiento a la comunidad educativa “a la resistencia contra las imposiciones de un Estado que, a partir de la pedagogía de los hechos, ya no puede considerarse como democrático”. Y eso a pesar de las amenazas por parte del Estado de graves represalias.

También podemos hablar de l@s trabajador@s de la Sanidad o de TV3 (televisión pública catalana) que anunciaron mediante su Comité de Empresa que rechazarían cualquier tipo de intervención en la cadena pública calificándola de un “ataque directo, indigno e impúdico a la libertad de expresión, de información y de prensa, y a la profesionalidad de los trabajadores”, no dudando además en hacer un llamamiento a l@s trabajador@s para no acatar la aplicación del 155 a pesar ahí también de las anunciadas represalias para tod@s aquell@s trabajador@s que no obedecieran las resoluciones o instrucciones que se les diese desde los nuevos gestores de los medios públicos catalanes.

Esto conllevó además una muestra de solidaridad por parte de l@s trabajador@s de RTVE (radio y televisión estatal) y de sus organizaciones sindicales poniéndose “a disposición de los Comités de Empresa de TV3 y Catalunya Ràdio, así como de los Comités Profesionales de dichos medios, para trabajar conjuntamente en defensa del derecho a la libertad de información, uno de los derechos fundamentales en toda democracia”. Una de las razones que explican que el Gobierno de Rajoy no acabase interviniendo TV3 es precisamente la determinación de sus trabajador@s a oponerse mediante las herramientas de lucha a su alcance: la huelga, las asambleas y la movilización.
Otro sector fueron los estibadores de Barcelona y de Tarragona. Se posicionaron a favor del derecho a decidir decidiendo en asamblea no operar los buques amarrados en ambos puertos para alojar a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que habían sido trasladados por el Gobierno central para impedir el referéndum del 1 de octubre. Otra muestra de solidaridad e implicación fue la del cuerpo de bomber@s de Catalunya que se opusieron a la represión policial del Estado defendiendo los colegios y las urnas cumpliendo así su compromiso hecho, unos días antes, de “velar por los derechos civiles de los y las catalanas”.
El seguimiento de las huelgas generales y la participación en las movilizaciones esos días no dejan dudas de que al menos una parte significativa de l@s trabajador@s catalan@s está implicada en la lucha por el derecho a decidir.

Nadie puede negar el alcance de la huelga general del 3 de octubre impulsada y convocada en un primer lugar por sindicatos independentistas (Intersindical CSC, COS) y con realidad estatal (CGT, USTEC por medio de la IAC…)a pesar del intento por parte de las direcciones de CCOO y UGT de transformar dicha huelga en un “paro de país”.

En efecto, la huelga del 3 de octubre obtuvo el mayor seguimiento de la historia reciente de Catalunya. Antes del 1-O, ni CCOO ni UGT convocaban dicha huelga. Sin embargo, tanto la alta movilización de l@s trabajador@s catalanes en el referéndum como la fuerte represión por parte del Estado Español obligaron a dichas centrales sindicales a tener que cambiar de orientación. En ningún caso habrían realizado dicho cambio de no ver que gran parte de la clase trabajadora podía verse interpelada por la convocatoria de huelga general del 3-O.

Por ello, las direcciones de CCOO y UGT optaron por convocar en el último minuto pero trasladando un discurso diferente: el del “paro de país” en lugar del de huelga general que tenía grandes implicaciones con carácter de clase ya que trataban mediante un acuerdo con la patronal minimizar los efectos de la huelga en términos de creación de autoactividad y de autoorganización de los y las trabajadoras. Mediante ese acuerdo de “paro de país” ya no hacían falta celebrar asambleas ni crear comités de huelga sino simplemente acordar entre burocracias sindicales y empresarios los paros.

Ese enfoque demuestra que existía un peligro para dichas direcciones sindicales a que la huelga general permitiera a sectores de la clase trabajadora hacerse con sus propias herramientas de lucha y empezar a tomar iniciativas. No es casual también que el Jefe del Estado Español, el Rey Felipe VI, eligiera ese mismo día para lanzar un discurso político defendiendo la unidad de España y legitimando el derecho de ésta a defenderse de cualquier agresión de sedición.

Hay que recordar que el último discurso político pronunciado por un Rey en televisión fue el celebrado por el Rey Juan Carlos I durante… el golpe de estado de Tejero en 1981. Ese hecho también muestra a las claras la sacudida que representa para el régimen del 78, la cuestión del derecho a decidir en Catalunya.

Dicho esto, algunos datos son muy ilustrativos y van también en el mismo sentido. En declaraciones del propio presidente de la CEOE, Juan Rosell, éste consideraba de “brutal y tremendo” que Catalunya perdiera en octubre de 2017 (mes del referéndum y de la huelga general del 3 de octubre y de la huelga en educación del 25 y 26 de octubre) cerca de 10 millones de horas por huelgas, casi lo mismo que se perdió en todo el Estado Español en el año 2016 (11 millones).

En octubre, Catalunya protagonizó 17 huelgas, secundadas por más de un millón de trabajador@s, siendo el territorio con más paros y con más trabajador@s en huelga de todos los territorios del Estado Español. Como resultado, las horas perdidas por huelgas en Catalunya sobrepasaron los 9 millones, concentrando así el 94% de las horas perdidas por huelga en todoel Estado Español durante el citado mes de octubre. La conflictividad laboral en Catalunya disparó las horas perdidas por huelga en todo el Estado Español en octubre. Éstas se triplicaron respecto al mismo mes de 2016 y alcanzaron su cifra más elevada en un mes de octubre desde el año 2001.

Para concluir este punto, también hay que recordar que la lucha por los derechos democráticos y contra la represión en Catalunya ha conllevado una fuerte movilización de la juventud en general y de los y las estudiantes en particular con varias jornadas de huelga en octubre y abril con miles de estudiantes en las calles y en sus centros de estudio.

Por tanto sin negar que existan dificultades y contradicciones en dicho movimiento, es cierto también que implica y posiciona, para bien o para mal, al conjunto de nuestra clase y que por tanto l@s revolucionari@s tenemos unas responsabilidades para hacer que dicha lucha acabe favoreciendo y fortaleciendo la lucha contra el sistema capitalista y no lo contrario. Para ello, hay que ver los puntos de apoyo existentes y reforzarlos. En efecto, no sólo existen dificultades. También existen numerosas potencialidades en los que apoyarse para seguir abriendo brechas y seguir debilitando el régimen del 78 y sus instituciones.

¿Qué potencialidades ofrece para l@s revolucionari@s la lucha por el derecho a decidir en Catalunya y en qué sentido puede conseguir abrir brechas en el sistema capitalista?

– La lucha por el derecho a decidir ha permitido que se constituyan marcos de autoorganización que deben perfilarse y reforzarse en los centros de trabajo y de estudios. Los CDR (Comités de Defensa del Referéndum primero y luego de la República) son una muestra de ello. Sólo la implicación y el grado de autoorganización de la gente explica que se pudiera celebrar y hacer frente a la represión el 1-O y antes.

Hay que recordar que antes del 1-O, el Estado Español puso toda su maquinaria represiva para evitar el referéndum: papeletas y materiales de campaña encautados, colegios sellados, amenazas y anuncios de represalias para impedir que la gente se movilizara a favor del derecho a decidir. Para hacer frente a todo eso, hay que dar mucha confianza de que se puede conseguir el objetivo y hacer frente a la represión. Eso sólo es posible mediante un fuerte grado de implicación y de autoorganización.

Todo esto explica cómo, a pesar del empeño del Estado Español para que no se celebrase el referéndum, se consiguió votar ese día sin que ni una sola urna fuese interceptada por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Afirmar eso no significa embellecer y/o sobrevalorar los CDR. Sólo significa que existen embriones de marcos de autoorganización en los que parte de la clase trabajadora y de la juventud se organiza y que por tanto la responsabilidad de l@s militantes revolucionari@s debe ser participar en su seno y defender una orientación de clase que vaya en el sentido de la lucha por una República catalana en la que se suban los salarios, se expropien las viviendas vacías a los bancos, se reparta las riquezas, se defiendan los servicios públicos y no se pague la deuda, se prohíban los despidos o se expropien los bancos y las grandes empresas bajo control de los y las trabajadoras.

– La lucha por el derecho a decidir puede permitir poner sobre la mesa todas esas cuestiones popularizando un programa de urgencia social para l@s que sufrimos la crisis capitalista. Las movilizaciones del curso pasado en Catalunya y las presiones de la gran burguesía catalana mediante sus bancos y grandes empresas facilitan la concreción de muchas de esas medidas.

Reivindicaciones como la expropiación de las entidades financieras y de las grandes empresas bajo control de los y las trabajadoras son mucho más entendibles cuando CaixaBank, Sabadell, Gaz natural, eDreams o Abertis anuncian que si se proclama la independencia se marchan de Catalunya. Algunas organizaciones sindicales independentistas como COS (Coordinadora Obrera Sindical) hicieron precisamente una campaña que iba en ese sentido con la consigna siguiente: “Ni us volem, ni us necessitem! Banca pública sota control popular”.

De la misma forma, este conflicto político deja entrever más fácilmente el poder que tenemos l@strabajador@s para paralizar un país mediante la huelga general pero también para luchar de manera eficaz contra la represión y la aplicación, por ejemplo, del artículo 155. En efecto, los diferentes llamamientos realizados por sindicatos con implantación en sectores como la educación, la sanidad o las telecomunicaciones a que l@s trabajador@s desobedecieran en el caso de verse intervenidos muestra en última instancia quien detiene realmente el poder de hacer funcionar las cosas.

Igualmente, la cuestión de la proclamación de la República catalana facilita que se discuta sobre qué tipo de Catalunya se quiere y sobre la necesidad, para la clase trabajadora y la juventud, de poder decidir sobre muchas más cosas: qué se produce, para qué…
– La lucha por el derecho a decidir ha dejado claro, y a gran escala en Catalunya y más allá, el papel del Estado y de sus instituciones que no dudan en ejercer la violencia y la represión para mantener su statu quo. La represión ejercida el 1-O, los políticos encarcelados, los artistas perseguidos y las exposiciones prohibidas han sido la tónica general este curso pasado.

El Estado usa toda la maquinaria puesta a su disposición para evitar movilizaciones populares que puedan cuestionar el actual régimen y en concreto aquí la unidad de España y su Monarquía. Si para eso es necesario perseguir a políticos y activistas, forzar su exilio, intervenir Catalunya, destituir el Govern y disolver el Parlament salidos de unas elecciones en teoría democráticas, no hay ningún problema. Se hace y punto. Sin embargo, eso está teniendo un coste. En Catalunya es cada vez más evidente que un Estado no es neutral y que la justicia y la policía están al servicio de los que gobiernan.

– La lucha por el derecho a decidir ha puesto en evidencia la credibilidad institucional del régimen del 78 en Catalunya pero también a nivel internacional. Los reveses sufridos por el Gobierno español y por la justicia española a nivel internacional han sido innumerables dañando así las instituciones españolas. Han sido varios los países europeos y sus juzgados que han denegado que haya existido delito de sedición. Bélgica, Suiza, Inglaterra e incluso Alemania.

De nada han servido todos los intentos del juez Llarena por extraditar a Puigdemont y los demás Consellers. Sólo le queda la supuesta malversación. Pero hasta en eso hay flecos serios. El propio Montoro, ministro de Hacienda de Rajoy durante el 1-O, mantiene que no se destinó dinero público para el Procés. (El País, 16/04/2018). Y por si todo esto fuera poco, la justicia Belga ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por miembros del Govern en el exilio y ha llamado a declarar al Juez Llarena por posible vulneración del derecho a un juez imparcial, a un proceso judicial equitativo y justo, y al derecho a la presunción de inocencia. Con todo eso, es evidente que es hoy más fácil que ayer mostrar de manera amplia el papel parcial de la justicia y de las instituciones.

Para concluir este punto, está claro que existen, por tanto, potencialidades en las que apoyarse para, partiendo de la lucha por los derechos democráticos, defender un programa de urgencia social que muestre el rostro antidemocrático, represivo y antisocial del Estado Español y todo eso desde una posición de independencia de clase con respecto a la burguesía nacionalista catalana. Pero para eso hace falta tener una estrategia y una voluntad política de apoyarse en las brechas existentes para seguir ensanchándolas. Sin embargo la orientación de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero del Estado Español así como las nuevas formaciones políticas del mal llamado “cambio” no ha ido en esa dirección.

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