La llama de Standing Rock enciende una ola de protestas en EE.UU.
Ayer se cumplían dos semanas desde que los cuerpos policiales del estado de Dakota del Norte y algunas unidades militares del ejército de EEUU entraron a desalojar el último campamento de resistencia sioux contra el Dakota Access Pipeline (DAPL) a Standing Rock, el llamado Oceti Sakowin campo. Durante el desalojo se detuvieron 47 personas a la vez que se destruyeron todas las estructuras que las protectoras del agua -water protectors- habían construido en los últimos meses para poder vivir y así evitar el inicio de las obras para concluir la oleoducto, que pretende unir los yacimientos de petróleo de Bakken con una central de almacenamiento en Illinois.
Muy lejos queda ya la victoria conseguida por el movimiento de oposición al DAPL -formado por miembros de más de 300 tribus indígenas y activistas medioambientales- el pasado mes de diciembre, cuando después de nueve meses de protesta lograron que el entonces todavía presidente Barack Obama denegara temporalmente el permiso de construcción del oleoducto. Durante las protestas más de 700 activistas han sido detenidas a raíz de los enfrentamientos con la policía, y muchas se enfrentan actualmente a procedimientos judiciales que podrían culminar en penas de prisión. Entre ellas, hay diez periodistas de medios alternativos que fueron identificadas y detenidas mientras cubrían el desalojo de los campamentos.
Con la llegada de Trump a la presidencia de EEUU y su clara intención de retomar el proyecto, el movimiento de oposición empezó a sufrir algunas divisiones internas entre los líderes de la tribu de Standing Rock y las activistas que vivían en los campos. El consejo tribal pidió a las activistas que abandonaron los campos durante el pasado mes de enero para así poder centrarse en combatir el proyecto por la vía legal, lo que provocó que la mayoría abandonaran campamentos ubicados a orillas del río Missouri . Las autoridades del estado de Dakota del Norte, al mismo tiempo, también argumentaron el riesgo de inundaciones en el que estaban sometidas las activistas una vez el deshielo primaveral hiciera crecer el caudal del río, así como la contaminación que ello supondría. A pesar de la petición de las tribus y las recomendaciones gubernamentales, un centenar de activistas decidió quedarse a resistir en el campo hasta el final.
El descenso en la presencia de activistas y las recomendaciones hechas por las autoridades del estado de Dakota del Norte fueron motivos suficientes para que finalmente el cuerpo de ingenieros del ejército de EEUU -los Army Corps of Engineers- autorizara el desalojo los campos el pasado jueves 23 de febrero. En la intervención participaron unidades armadas de la policía y el ejercito de los EEUU, que detuvieron de forma violenta las activistas que se resistían a abandonar el campamento. Victoria Tauli-Corpuz, reportera de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, explicó esta semana la agencia Associated Press que «mi impresión es que hubo un uso innecesario de la fuerza» durante el desalojo del campo, y añadió que «todos tienen derecho a protestar y expresar su oposición a lo que está pasando aquí». Actualmente, ya no hay oposición al proyecto sobre el terreno, y las obras para concluir la construcción del oleoducto ya han comenzado.
Crecen las protestas, aumenta la represión
En las últimas semanas, los gobiernos de dieciséis estados de EEUU han comenzado a proponer nuevas legislaciones con la intención de regular las protestas y aplicar castigos más duros para las activistas que no respetan las leyes del estado. Algunas voces sugieren que estas nuevas leyes son una respuesta al creciente movimiento de protesta que está viviendo el país desde que el republicano Donald Trump llegara a la presidencia el pasado mes de enero.
Según explicaba Jennifer Cook -directora de la organización American Civil Liberties Union de Dakota del Norte en una entrevista concedida al New York Times la semana pasada, «estas nuevas leyes, que se presentan como elementos de mejora de la seguridad ciudadana, en el fondo son estrategias del gobierno para criminalizar las protestas «.
Las recientes acciones represivas contra los movimientos sociales y organizaciones indígenas de EEUU muestran la preocupación de las autoridades conservadoras hacia un nuevo escenario de tensión en las calles, que está derivando en que estas protestas se extiendan por los diferentes estados y ciudades del país. Un ejemplo de ello es que está empezando a pasar en Luisiana, donde la misma compañía que se encarga de la construcción del DAPL, Energy Transfer Partners, pretende construir otra extensión del oleoducto Bayou Bridge. A raíz de los hechos a Standing Rock, muchas personas han tomado conciencia sobre el tema y se está empezando a organizar otro movimiento de resistencia formado por activistas del medio ambiente, pero también para propietarias de tierras, campesinos y pescadores.
Hoy viernes una marcha de apoyo a las naciones nativas, denominada Native Nation March, recorrerá las calles de Washington DC -y acabará ante la Casa Blanca-, con el objetivo de visibilizar la lucha de las naciones indígenas y presionar al gobierno de Trump porque escuche y respete los derechos fundamentales de los primeros pobladores. Esta acción está enmarcada en unas jornadas de protesta que comenzaron el pasado martes con el establecimiento de un campamento informativo frente al monumento a Washington. En declaraciones a ABC News desde el nuevo campamento informativo, el representante de la tribu Standing Rock Dave Archambault afirmaba que «a partir de ahora, comenzamos la batalla legal contra el DAPL, debemos mantener fuertes y unidos».
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