La Ley Mordaza sigue vigente ¿En qué punto se encuentra el debate en las Instituciones en su 2º nefasto aniversario?

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El 1 de julio de 2015 entraba en vigor la Ley de Seguridad ciudadana, estando el PP en mayoría en el Congreso.

ARM analizó en esos momentos lo que suponía el grave recorte a la libertad de expresión, las devoluciones en caliente,  al derecho a la protesta, en general. En el VÍDEO se explica.

Expresaba hace unos días el jurista Carlos Sánchez Almeida en la guía El periodismo y el activismo frente a las leyes mordaza, que fue editado por la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), «Cuando las imposiciones de los acreedores condicionaron para España una política de recortes en derechos sociales, la respuesta de los ciudadanos fue la movilización. Y contra esa movilización que se manifestaba en la calle, orquestada en buena parte en las redes sociales, se dirigió el arsenal jurídico del partido gobernante durante la primera legislatura de Rajoy».

Al perder la mayoría absoluta el PP, otros partidos plantearon algunas reformas, pero, tal y como analiza la plataforma No Somos Delito, solo supone el típico «cambiar algo para que no cambie nada», evitando además entrar en un debate sereno, profundo y articulado con todos los actores sobre el concepto de seguridad ciudadana y las necesidades reales de legislación .
Aquí traemos «LOS 10 PUNTOS MÁS PREOCUPANTES de las reformas presentadas tras el estudio realizado por el grupo de Análisis Jurídico de la Plataforma formado por más de 20 juristas y ciudadanía en general:

1. Justificación de las reformas

A pesar de que el PSOE alude en su exposición de motivos a la amplia contestación social como el principal motivo de necesidad para reformar la ley vigente, sin embargo su propuesta de derogación combina lo peor de la Ley Mordaza y de la Ley Corcuera, más conocida esta última como Ley de Patada en la Puerta (LO 1/1992). Y esto, sumado a que el texto presentado por el grupo socialista sigue abusando del uso de conceptos jurídicos indeterminados y genéricos, que dificultan la definición del ámbito de aplicación de esta ley, lo que nos dejaría de nuevo ante una situación de indefensión frente a la norma, una de las principales críticas sociales a la ley vigente.
Por su parte, el PNV anuncia en su exposición de motivos una ampliación del derecho de huelga y los derechos y libertades de los extranjeros en España (derogación de las devoluciones en caliente incluida). Pero, si continuamos la lectura del texto, descubrimos que ¡no se incluyen tales cambios!, ya que dichos conceptos no aparecen desarrollados en su articulado.

2. ¿Una ley de seguridad ciudadana para proteger los derechos de las personas?

Nos preocupa mucho la noción de seguridad ciudadana que manejan las reformas presentadas tanto por el PSOE como el PNV.

En el caso del PNV se coloca en el mismo plano la protección de los derechos fundamentales y la de los bienes, entendiendo la esfera pública como un espacio de «uso y disfrute públicos» y no como un espacio para el libre ejercicio de derechos, concepción que se aleja mucho de lo que necesita la ciudadanía y de la defensa de los derechos fundamentales. Además de que esta reforma mantiene en su definición de seguridad ciudadana conceptos jurídicos indeterminados como «tranquilidad y convivencia ciudadanas», que amplían el margen de discrecionalidad a la hora de aplicar dicha ley.

Manel Armengol. Barcelona 1976. Cartel del 19º EIF 2015

Por su lado, el PSOE mantiene el mismo prisma que el PP sobre seguridad ciudadana confundiendo este concepto con el mantenimiento del orden público; además, de que no introduce en el texto ninguna definición. La única definición posible que encontramos en el texto sobre la noción de seguridad ciudadana es la referente a la finalidad de aplicación de la ley destinada a “asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas”. Definición que usa de nuevo conceptos jurídicos genéricos, volviendo a la inseguridad jurídica que esto supone para la ciudadanía.

3. Regitros domiciliarios

En esta ocasión el PNV pierde una preciosa oportunidad para regular de manera más garantista este apartado de registros domiciliarios, ignorando de nuevo que, salvo casos de autorización u orden judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo deben intervenir en domicilios particulares en supuestos tasados.

Es aun peor en este punto la propuesta del PSOE, que, en el Capítulo 3, recoge la posibilidad de entrada y registro en domicilios en diferentes supuestos, algunos de los cuales son competencia municipal y podrían ser usados para facilitar desalojos ilegales. Se incluye, además, una potestad de entrada en edificios de entidades públicas sin necesidad de autorización previa que, nuevamente, puede ser utilizado como excusa general para desalojar actos de protesta. En este mismo capítulo, recupera la posibilidad de realizar controles en la vía pública o en carretera para «el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social», sin describir a qué supuestos se refiere.

4. Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)

Respecto a evitar arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios públicos en la propuesta registrada por el PNV, el texto no especifica los supuestos en los que está justificada esta intervención. Los criterios propuestos para delimitar su actuación van desde el amplio marco de los «indicios» de participación y el vago espectro de que “se considere razonablemente necesario».

Tanto PNV como PSOE pierden la oportunidad de regular de manera más garantista los supuestos en los que se puede requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios y la posibilidad de regular con rigor los derechos que asisten a la persona «retenida» para ser identificada. Respecto de los principios que deben regir la actuación de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, el PSOE destaca la “cooperación y la lealtad institucional”, omitiendo otros principios esenciales para la protección de nuestros derechos como la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad y responsabilidad.


A. Kudacki. Manifestante con una máscara contra la Ley Mordaza.
Madrid 30 Junio 2015

Procede señalar que ambas propuestas mantienen, además, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. Resulta preocupante comprobar cómo en un procedimiento tan poco garantista como es el sancionador se insiste en no revisar una previsión que supone, de facto, una pérdida de posibilidades del derecho a la defensa.






5. Mantienen o incrementan los supuestos de infracciones

La propuesta del PNV mantiene 3 de las 4 infracciones muy graves, eliminando la sanción por manifestaciones frente infraestructuras en las que se presten servicios básicos para la comunidad, salvo en el supuesto en que la intrusión en las mismas produzca “una interferencia grave en su funcionamiento”, un término ambiguo que no es precisamente exculpador. De las infracciones graves, el PNV mantiene 7 de las tipificadas en la actual Ley Mordaza.

A. Kudacki La policía entra en un casa de tras derribar la puerta para ejecutar el desahucio de María Isabel Rodriguez Romero y su familia, incluida su hija de ocho años. Madrid 2013.

En el caso de las multas por obstrucción a la autoridad, como son las protestas por desahucios, el PNV, por un lado, elimina de este supuesto la figura de las autoridades judiciales, pero, por otro lado, mantiene la figura de las autoridades administrativas, con lo que se podrían seguir sancionado las protestas por desahucios de vivienda municipal y autonómica que ahora son particularmente frecuentes. Además mantiene 10 de las 17 infracciones leves, lo cual resulta preocupante,entre ellas, la sanción por falta de respeto a agentes de las FCSE, responsable de miles de multas infundadas desde que entró en vigor la actual ley. .

En la proposición del PSOE se incrementan de 4 a 11 el número de infracciones muy graves y desaparece solo una infracción. En cuanto a las infracciones graves, el PSOE reproduce 11 de las infracciones existentes e introduce 7 nuevas en su mayoría relacionadas con el uso y gestión de establecimientos y locales. De las infracciones leves mantiene 6 e incorpora 5 nuevas infracciones además de numerosos conceptos jurídicos indeterminados, como la alteración seguridad colectiva, actividades con trascendencia para la seguridad, etc.

Por último, otra cuestión que preocupa mucho es el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana, o listas negras de infractores, que quedaría derogado por parte del PSOE, pero sin especificar qué pasará con los datos ya existentes en el registro, y que se mantiene vigente en el caso del PNV.

6. Derecho a la protesta

El PSOE mantiene 3 infracciones muy graves referidas al ejercicio del derecho de reunión y rescata de la Ley Corcuera las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana, extendiendo la responsabilidad del individuo a las reacciones de terceras personas. Además, añade otra infracción muy grave, como la de causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Entre las leves, introducen 3 nuevas infracciones: la desobediencia a agente de la autoridad, la alteración de la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías públicas. Y mantiene además la infracción por la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público (artículo 26 j), lo que nos llama poderosamente la atención ya que precisamente este fue uno de los artículos de la Ley Mordaza (37.1) que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.


Á. Minguito. Carga contra manifestantes antidesahucios.
Lavapiés, 2014.

El PNV introduce una disposición final que modifica la Ley reguladora del derecho de reunión, posibilitando la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, una reivindicación ciudadana constante, así como una exigencia por parte de la jurisprudencia europea. Pero, respecto a la responsabilidad de los promotores u organizadores de manifestaciones o concentraciones, mantienen exactamente la misma regulación que la ley vigente.

7. Criminalización de la pobreza

Nos preocupa gravemente que la proposición de la Ley de Seguridad Ciudadana del PNV mantenga la aberración jurídica que suponen las devoluciones en caliente en la frontera sur vulnerando el derecho de asilo. En su texto se limitan a señalar la exigencia de una regulación en el plazo de 3 meses para poder llevar a cabo las devoluciones conforme a la legalidad internacional, algo que, de facto, es ilegal.

A. Ruiz. Guardias civiles durante la deportación ilegal de un inmigrante en Melilla 2014.


8. Lo (poco) que cambia a mejor

Caben señalar también cambios positivos, aunque poco significativos en comparación a todo aquello que nos preocupa. La propuesta del PSOE contempla una rebaja de la cuantía de las sanciones respecto de la ley vigente en dos de los tipos de infracciones, volviendo a Ley Corcuera (LO 1/1992). En su caso, el PNV, aunque mantiene las mismas cuantías, introduce que las sanciones impuestas no podrán ser superiores a la que corresponda por infracción penal y propone, además, eliminar las sanciones por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en manifestaciones ante Congreso y Senado y los desórdenes y obstaculización en la vía pública. Incorporan, además, una disposición que posibilita la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia.

9. La respuesta ciudadana

En vista a que estas propuestas de reforma se están llevando a cabo sin contar con la sociedad civil e ignorando que han sido plataformas ciudadanas, entidades sociales, operadores jurídicos y órganos nacionales e internacionales de Derechos Humanos las que han conseguido, con su trabajo reflexivo de análisis y denuncia, que esta norma tenga hoy un poco menos de repercusión negativa en los derechos de las personas, desde No Somos Delito organizaron un debate ciudadano que se celebró el viernes 17 de marzo en la Nave de Terneras de Matadero Madrid para analizar algunas de las cuestiones más inquietantes recogidas tanto en la Ley Mordaza como en los proyectos alternativos presentados por los distintos grupos parlamentarios y proponer cómo debería ser una legislación respetuosa con los derechos humanos sobre esta materia.

10. Abrir el debate sobre la noción de seguridad ciudadana para la defensa de derechos fundamentales

Considerar necesario abandonar la concepción jurisprudencial que entiende que seguridad ciudadana es aquello que sirve para limitar el ejercicio de derechos y libertades (STC 37/1998). Así como recoger la definición que propone el Consejo General del Poder Judicial en su Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: Seguridad ciudadana como el «estado en el cual los ciudadanos gozan de una situación de tranquilidad y estabilidad que les permite ejercer de forma libre y responsable los derechos y las libertades reconocidos constitucionalmente”.

Frente al eje «libertad-seguridad» tradicional, al que parece que solo cabe oponer «más libertad individual», toca apostar por un tercer eje que rompa la dicotomía: igualdad. La seguridad ciudadana se construye sobre discursos y lógicas de desigualdad y toca recuperar la esfera pública como escenario donde se produce esta confrontación: el espacio de la desigualdad ha de ser el espacio del debate sobre este conflicto, el de la batalla por recuperar la igualdad.»

Es el momento de preguntarnos qué se está haciendo ahora en el Congreso de los Diputados donde ya no está el PP en mayoría. Tantas voces en contra de esta Ley por parte de todos los partidos de la oposición ¿en qué se traduce en la actualidad? ¿En qué punto se encuentra el debate en las Instituciones? Necesitamos información completa y veraz de lo que está pasando. Esperábamos que en este negro segundo aniversario hubiera habido declaraciones, pero no ha sido así.

Tras ser aprobada dicha Ley se ha estado aplicando en los desahucios, en la libertad de expresión de personas, en el arte, en los inmigrantes… y lo que es peor en muchas ocasiones nos hemos aplicado una autocensura para evitar las multas imposibles de pagar.

Desde otra asociación, La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha presentado este miércoles (28 de junio) en el Congreso un documento con el balance de la citada ley, y ha reclamado a los grupos parlamentarios que aceleren la DEROGACIÓN de la misma.

Las sanciones contra la libertad de información con la Ley Mordaza se camuflan, según esta Plataforma, «bajo infracciones genéricas como faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o resistencia a la autoridad».

Como última «anécdota» relatamos lo que ocurrió el pasado jueves (29 de junio), cuando Amnistía Internacional realizaba un acto de protesta donde presentaron, ante los medios de comunicación, su informe ‘Activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira’ sobre el balance de las consecuencias de esta ley, la policía procedió a identificar a los activistas que habían acudido a la presentación con la camiseta con el lema A.C.A.B., conocida «provocación» para los garantes del orden, a pesar de que se aclaraba el desglose del acrónimo: «All Cats Are Beautiful»; claro, estaba en inglés…
Son multitud de colectivos y organizaciones las que opinan que esta ley está teniendo un efecto «desmovilizador» en la ciudadanía por posible miedo a ser sancionado lo que supone una limitación de derechos fundamentales como el de reunión, manifestación o expresión.

Una vez más afirmamos que la protesta organizada va a ser la vía para presionar a la clase política y DEROGAR cuanto antes esta perversa ley.

Murcia, manifestación contra la Ley Mordaza en 2015
                       Á. Minguito. Manifestación contra la Ley Mordaza.
Madrid. 30 Junio de 2015
DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE LAS REFORMAS:
Archivos asociados:
analisisresumen_del_proyecto_de_ley_del_psoe.pdf
analisisresumen_del_proyecto_de_ley_pnv.pdfEnlace al VÍDEO que se emitió en directo donde la policía identificaba a activistas que llevaban la satánica camiseta A.C.A.B. en el el acto de protesta de Amnistía internacional.#2AñosDeMordaza

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