La lamentable reapertura de los CIE vuelve a poner en evidencia el racismo institucional

Desde el editorial de este digital hemos señalado en muchas ocasiones  la situación que viven las personas migrante que llegan al Estado español. En la medida que tenemos el compromiso de ser un altavoz para los movimientos sociales y populares nuestra brújula ideológica solo podía señalar en una dirección, no a la reapertura de los CIE y sí a una política migratoria humanitaria. El Gobierno ha optado por la reaccionaria y lamentable primera opción.

Ha sido el Ministerio de Interior quien ha anunciado esta decisión. Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) quedaron clausurados durante el “estado de alarma” por la pandemia de covid-19, una medida devenida de la imposibilidad de expulsar a las personas migrantes debido al cierre de las fronteras. De esta manera, el gobierno cerro las puertas de unos edificios que, aunque se asegura no son centros penitenciarios actúan de esta manera de facto. Respecto a ello se debe tener en cuenta el hecho de que, su gestión es policial y sirven para privar de libertad hasta un máximo de 60 días a personas que han cometido una falta administrativa ya que, migrar no es un delito. Un periodo en el que se trabaja en la deportación de las personas internadas pero, en una situación que dista mucho de ser la mas deseable y humana.

¿Una medida meditada o una solución de urgencia?

No podemos dejar de destacar que el internamiento debería ser una herramienta a descartar. Es de sobra sabido como siendo una medida cautelar contiene unos márgenes excesivamente estrechos dentro del marco constitucional ya que el mismo ordenamiento jurídico prevé medidas alternativas. Una medida injusta, arbitraria y aleatoria que, no toma en cuenta las vulnerabilidades (e incluso las intersecciones entre estas) de las personas sobre las que se aplica. Este el caso de menores de edad que, en cualquier deberían recibir una acogida solidaria y protectora, el de personas necesitadas de protección internacional, mucho más común de lo que cabría imaginar y que también son recluidas para su deportación, personas con enfermedades mentales, absolutamente olvidadas y silenciadas o incluso de aquellas cuya devolución se anticipa imposible y a pesar de esto son privadas de su libertad en los CIE.

A todo esto hay que añadir como  la crisis del Covid-19 esta muy lejos de haberse resuelto. Con la reapertura de los CIE se está enviando un mensaje claro, que su cierre fue meramente burocrático y debido a la imposibilidad de la devolución pero, en ningún caso atendiendo a las condiciones de riesgo para la salud que estos espacios suponen para las personas allí recluidas. Cuestiones que ya en periodo de “normalidad” preocupaban a instituciones como el Defensor del Pueblo. Siendo que, antes de la pandemia ya se señalaban deficits en estos espacios:

«la no remisión de los partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente por parte de determinados médicos; las deficiencias de los puntos de recarga de teléfonos móviles; la asistencia jurídica de las personas privadas de libertad en los CIE; el uso de medidas coercitivas, y la práctica de comunicaciones y visitas sin que haya obstáculos que impidan el contacto entre visitante y el visitado»

En definitiva una medida que, parece mas bien responder a la presión popular (y mediática) a raíz de las dolorosas condiciones de hacinamiento vistas en varías regiones. Destaca entre ellas el caso de Canarias donde se ha llegado a tener a mas de 400 personas en un puertito pesquero. Escenas surrealistas no solo en tierra sino también en los rescates marítimos donde hace escasos días el descontrol y el hecho de priorizar la gestión política frente a la humanitaria llego a comprometer la intervención de Salvamento Marítimo. Una situación en la que, desde Costas se instaba a no recoger a las migrantes que se encontraban en un cayuco cuando dicha embarcación ya estaba “a la banda” (con el casco pegado) al buque de Salvamar lo cual pudo llegar a poner en riesgo la vida de esas personas y también de las trabajadoras de Sassemar. Finalmente debieron esperar a la llegada de la patrullera de la Guardia Civil para completar el rescate:

Por estas y otras tantas razones parece mas un nuevo ejercicio de improvisación política que, una medida meditada y bien articulada. Mediante ningún medio se ha garantizado la seguridad sanitaria en dichos CIE. Tampoco nada asegura que las personas recientemente llegadas al Estado español vía marítima deban ser “repatriadas” o hayan incurrido en algún tipo de falta puesto que, se sabe es muy probable muchas de ellas de procedan de países en guerra o, sencillamente cumplan con los requisitos para ser acogidas dentro del marco de la Unión Europea por razones humanitarias. La única respuesta plausible es pensar que esta medida es mas bien “estética” y trata como en otras tantas ocasiones de esconder una problemática creada por el genocidio migratorio del capital. Y entre este tipo de medidas que nos afectan a todas valdría recordar como, allí donde las contradicciones del capitalismo atentan contra la vida también existen personas solidarias que se movilizan. Para muestra el siguiente video de las movilizaciones del año pasado contra el racismo en el CIE de Zapadores (Valencia) donde la Plataforma CIEs NO exigía el cierre de estos centros:

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