La III República es a la vez una realidad histórica pendiente y una constante usurpación al pueblo.

Es difícil recordar ahora lo que significaba España para los liberales y para los hombres de izquierda de los años treinta, aunque para muchos de los que hemos sobrevivido es la única causa política que, incluso retrospectivamente, nos parece tan pura y convincente como en 1936. Ahora, incluso en España, parece un episodio de la prehistoria, pero en aquel momento, a quienes luchaban contra el fascismo les parecía el frente central de su batalla, porque era el único en que la acción no se interrumpió durante dos años y medio, el único en el que podían participar como individuos, si no como soldados, recaudando dinero, ayudando a los refugiados y realizando interminables campañas para presionar a nuestros cobardes gobiernos. Al mismo tiempo, el avance gradual, pero aparentemente, irresistible, del bando nacionalista hacía mas desesperadamente urgente la necesidad de forjar una unión contra el fascismo mundial” (página 165. Historia del Siglo XX, de Eric Hobsbawn)

Frente a los revisionistas y negacionistas de medio pelo, tipo Pío Moa o César Vidal, este fragmento de texto se impone. Es de Eric Hobsbawn, alguien cuya profesionalidad, en el ámbito académico, nadie pone en tela de juicio hoy día. Ha sufrido críticas por esta Historia Universal del siglo XX, pero siempre con relación a aspectos metodológicos, y jamás por tergiversar una verdad, cuya objetividad, parece ser, sólo se pone en duda dentro de España por los sectores más reaccionarios.

Con motivo del aniversario de la II República, debemos iniciar una reflexión original. La crítica interna a la estructura de este sistema político ha sido efectuada y no sin rigor. Crítica que, a diferencia de los negacionistas, jamás ha aspirado a justificar el fascismo, sino que, muy al contrario (y precisamente por considerar el sistema republicano como el más deseable), se ha movido en el ámbito de la crítica constructiva, positiva. Su pregunta central: “¿por qué no fue posible?” ha tenido siempre la función de hacer posible, en el futuro, una III República sin cometer los errores internos de pasado y, desde luego, la de conocernos un poco mejor.

Por tal aniversario, y animado por la idea necesaria de una III República, quiero aportar una serie de reflexiones sobre este hecho decisivo de la trágica Historia de España, de la Historia del eterno paternalismo y la unidad por la violencia de Estado a la que estamos siempre sometidos. Pero hay un punto de inflexión en la historia, un punto donde los elementos, aunque finalmente no fueron favorables, parecieron al principio confabularse para acabar con este triste destino que, muy a nuestro pesar, continua hasta hoy día. Sin embargo, mi reflexión va encaminada a demostrar, o al menos a intentarlo, cómo ese acontecimiento decisivo, históricamente, no ha pasado en vano.

Desde luego, ni yo, ni el tipo de crítico constructivo, hemos puesto en tela de juicio, jamás, la legitimidad de la II República. No hace falta ser de derechas ni de izquierdas, sino que basta con analizar el momento aplicando la teoría tradicional del Estado, sus elementos más básicos sobre la legitimidad de un ordenamiento jurídico cualquiera (a este respecto, leer Para una crítica de la violencia, de Walter Benjamin). Quien no lo hace así, genera ilusiones, como eso de las dos españas. Ilusiones por las que se puede igualar muertos y hablar de bandos, cuando en realidad, atendiendo a este esquema básico y sencillo, lo que aparecen son: arrestos, ejecuciones, acciones legales o ilegales (según el sistema, que da el criterio objetivo para diferenciar desde sí), resistencia, ejército y legitimidad, por el lado de República, y por otro (el de los rebeldes): delito, asesinato, ilegitimidad, golpe de estado, crimen… es decir, lo que está más allá de la ley, revelado contra ella y, por tanto, contenido en ella de forma negativa.

Con respecto al fascismo, el nacionalsocialismo nazi siempre ha generado algunas dudas, por ejemplo, el hecho de que impusiera una dictadura totalitaria desde dentro, desde los mecanismos de la República de Waimar, y que lo hiciera con el consentimiento, y apoyo, de las masas (este dato es relativo, y para comprobarlo recomiendo el libro de Klaus Hildebrand El Tercer Reich). De lo que no cabe duda es que su desenvolvimiento fue posible por una coalición conservadora con los elementos que, debiendo defender la legalidad vigente, contribuyeron a suprimirla mediante leyes para aniquilar el poder del Parlamento. Sin embargo, y aunque el golpe de estado en España estuvo siempre apoyado por elementos conservadores en el interior, éste fue realizado totalmente desde fuera, destruyendo violentamente la legalidad.

Fue un régimen golpista, y esto no genera ninguna duda, ya no digo para un historiador con dos dedos de frente, sino para cualquiera que entienda un poco de Derecho. Por otra parte, mientras que la revolución social, en la Alemania nazi, vino de manos de las masas fascistas organizadas desde la cúpula del Estado, en España la revolución social -y motivo por el cual las potencias no hicieron nada por remediarlo, incluidas Inglaterra y Francia- podía llegar del pueblo obrero, y al final, por culpa del golpe de Estado, fue una lucha de milicias que se organizaron mediante asambleas.

Cierto que tanto el régimen de Franco como el de Hitler pueden caracterizarse por haber elevado a rango legal constitutivo un continuo estado de excepción de esta ley. Pero esto sucede porque, en último término, no contaban con legitimación alguna, ni legal, ni popular, ni histórica, y ni tan siquiera dinástica. Fue el invento histórico de un puñado de usurpadores asesinos y golpistas sin respeto alguno por la ley ni por la vida humana, cuyos Estados quedaron finalmente confeccionados en la misma forma en que debieron desenvolverse, mediante la violencia, el terror y el engaño. Es decir, al final, y esto va por España, normalizaron esta situación de continua excepción y de levantamiento contra el traidor, primero en la forma de la guerra, y luego, durante 40 años, de forma selectiva y organizada con vistas a la supervivencia.

Hoy día, en España, tenemos un sistema más consolidado. De hecho, un gran sector de la población lo considera legítimo. En tanto que sistema legal -no es el lugar de reflexionar el motivo, pero adelanto que, en sentido estricto, la España de Franco no puede ser considerado sistema político- él mismo aporta los criterios objetivos gracias a los cuales podemos determinar si una acción de un gobierno electo se ajusta a lo legal. La dependencia de la justicia de la política hace imposible que tales actos sean reconocidos como tales jurídicamente y que los responsables políticos sean llevados frente al juez. Pero, qué duda cabe, desde la Transición hemos dispuesto, al menos para organizar protestas basadas en las propias leyes generales que poseemos, de un sistema estable. Por otra parte, es innegable que hemos disfrutado de un régimen más amplio de libertades civiles y políticas.

Sin embargo, y aquí va mi aportación, el problema de fondo que existe en España actualmente, a pesar de estos progresos, es la contradicción entre un sistema basado en la seguridad nacional y la unidad del Estado, y otro basado en la democracia real y la soberanía del pueblo. Durante el franquismo fue más evidente que lo primero primaba sobre lo segundo. De hecho, lo segundo brilló por su ausencia. Esto no se ha corregido en el sistema actual, la Monarquía Parlamentaria. Tenemos una serie de derechos civiles y políticos, pero estos no son propios, no son del pueblo, sino que “han sido dados al pueblo”. El derecho, en España, es, el último término, un don, es decir, la gracia de un monarca (por eso el relato mítico fundacional de la España libre es el del rey posibilitando la libertad, y la pésima película del 23 F lo demuestra), y el peligro que esto entraña es que, toda gracia, todo don divino, igual que es dado, puede ser usurpado sin que exista posibilidad de protestar.

No quiero decir con esto que los españoles que lucharon durante la Transición democrática por una España libre -incluso más allá del simple franquismo, es decir, libre de verdad- no fueran un elemento decisivo para la obtención de estos derechos. Pero, aunque fueron exigidos por este amplio sector de la población, al final y gracias a la astucia de los de dentro (franquistas metidos a políticos, partidos en el exilio, el rey…) y la presión y el intervencionismo de los de fuera (las potencias que organizaban en España una transición pacífica hacia formas pseudo-democráticas, todo para no perder la influencia que tuvieron durante el franquismo), los derechos quedaron recogidos en una Constitución que incluye, y esto es un dato objetivo, un Soberano. Un soberano, en cuanto tal, sólo puede ser incluido en un ordenamiento de forma paradójica.

Un soberano es aquel que está incluido en un ordenamiento sólo en la forma de su exclusión, es decir, que se incluye en el ordenamiento para que legalmente no pueda alcanzarlo ninguna ley, situación esta paradójica que se ampara en la necesidad de un mando único, total, para casos de extrema necesidad, es decir, de excepción. Por eso, si se excepcionaran en España todos los derechos civiles y políticos -y esta posibilidad está recogida en la Constitución- la monarquía aparecería como lo que es: soberana incondicional de España. Esto sucedía con Franco y sucede ahora, porque el problema de fondo es siempre el mismo: la absoluta incompatibilidad del poder soberano de uno sólo, con el poder del pueblo como poder de todos.

Cuando el poder del pueblo no es efectivo, sino representado, y además representado en la figura del Soberano, del monarca, todo se convierte en una gran patraña política. Es decir, en España, hora mismo, potencialmente, prima la seguridad nacional sobre la libertad del individuo. Esta libertad, al ser un don, una gracia, un regalo, puede ser arrebatada, con lo cual, sin querer desmerecer las conquistas del periodo de monarquía parlamentaria, a efectos políticos es evidente que democracia y monarquía siempre serán elementos incompatibles, e incluso antitéticos. Esto no significa, sin embargo, que desde dentro de la legalidad establecida en 1978 no se pueda avanzar hacia un Estado Republicano, desde luego, pero, entonces, deberíamos de interpretar la Transición como un hecho no consumado aún. Y esta transición, inevitablemente, debería estar encaminada a restaurar en España el estado de cosas legítimo (el único verdaderamente legítimo de toda nuestra Historia) que fue destruido violentamente por un golpe militar. Pero veremos a continuación si es posible esta evolución desde dentro.

La III República debe entenderse siempre como la fase siguiente, y final, de la II República. ¿Por qué? Porque su legitimación vino de dos frentes: El primero, gracias a las elecciones democráticas que trajeron la República en 1931, y segundo, por un hecho que también en la historia de España resulta insólito, aunque ésta esté poblada de insurrecciones a las que la historia -siempre mediatizada por intereses políticos concretos que han devaluado nuestro devenir comunitario para apropiarse su sentido- no ha hecho todavía la suficiente justicia. Este hecho es de la defensa del sistema, a partir de 1936, por parte del pueblo, pero no un pueblo entendido como abstracción jurídica, sino un pueblo real, sangrante, oprimido, que se lanzó a las barricadas para impedir el paso del fascismo. Este heroísmo es cantado desde todos los lugares del mundo por quienes aman la libertad. Y resulta increíble que sea en España, lugar de mitos, de antepasados, donde más dificultades encuentra siempre ese canto al heroísmo real del pueblo español.

Hay antecedentes de un pueblo español que se subleva contra el opresor, pero jamás fue tan claro ni llevado a la práctica de forma tan general. De hecho, el siglo XIX estuvo plagado de pronunciamientos. El ejército imponía su ley destituyendo los poderes de turno e imponiendo otros. Si estos pronunciamientos jamás fueron sanguinarios, como la Guerra Civil de 1936, fue porque el pueblo se mantenía al margen, y, si lo hacía, era porque no consideraba que existiese nada suyo, propio, que defender. La política era una cosa de aritócratas. Cuando las tropas de Franco avanzaron, encontraron más resistencia en algunos sitios, en otros muy poca. Que no obtuvieran resistencia no significa, sin embargo, que tuvieran apoyo del pueblo, el cual sólo vino por parte de elites políticas internas de carácter conservador, e intereses internacionales (que van más allá del apoyo de Alemania o Italia) Por eso, no es cierto que hubiera una guerra entre dos españas. Militares y milicianos eran españoles, es cierto, pero fue una guerra entre un ejército bien armado y provisto continuamente por la Alemania nazi (esto es lógico, pues la Segunda Guerra Mundial comenzó en España, tanto a nivel ideológico como estratégico, pues era esencial a Hitler para sus planes de conquistar la Unión Soviética que el Frente Popular en España no saliera adelante para tener, con Franco, cubierta la retaguardia) y el pueblo, convertido ahora en el único sistema legítimo a través de la República.

Por terrible que fuera el fascismo en Europa con relación al franquismo, en ningún lugar como éste se hizo más evidente que dicho fascismo consistía en que el ejército, impunemente, aplastaba y masacraba a su propio pueblo. Lo que hubo en España durante 40 años de dictadura militar no fue sino la normalización de este estado de cosas. Fue una sociedad que se regía militarmente, tal como comenzó la Guerra Civil. Pero, si fue en España donde más descarnada se mostró esta relación del fascismo con el pueblo oprimido -tendente por las circunstancias económicas al movimiento obrero revolucionario- fue también aquí, y esto lo corrobora el historiador Eric Hobsbawn, donde se le plantó cara al fascismo más allá de toda maquinación política. Lógicamente, hubieron maquinaciones políticas, pero estas no empañan en modo alguno la actuación del pueblo. Incluso esta actuación estuvo más allá de todas las expectativas, siendo ejemplar para los elementos institucionales del sistema.

Si la República reaccionó tarde y mal, fue el pueblo, los milicianos, los que en nombre de la libertad -que ahora identificaban con una II República en la que habían triunfado una coalición de izquierdas, el Frente Popular- se lanzaron a la defensa de la legalidad, en la que por primera vez vieron la posibilidad de la libertad efectiva. Que los españoles se hayan lanzado a la defensa de la legalidad es un hecho tan insólito como cierto, y esto sólo puede deberse a que existió un periodo de tiempo donde tal legalidad fue considerada como propia, como digna de ser defendida aun a riesgo de perder la vida. Posiblemente, pocos o ningún español hoy día estarían dispuesto a dar su vida por la monarquía, por bien que pudiéramos vivir al amparo de tal sistema.

Este choque entre un ejército que representa y condensa las fuerzas represoras desprovistas de su máscara ideológica, y un pueblo que ha sabido identificar cuáles son sus intereses, este coche de fuerza puras, descarnadas, que comienza con las elecciones democráticas que trajeron la II República, es lo que culmina el proceso por el cual España pudo -sólo pudo, pues no llegó cuajar- constituirse como un Estado soberano de todos los españoles, pero de verdad, y no en la teoría. Es decir, la Guerra Civil, además de ser un escenario sangriento, es el acontecimiento por el cual identificamos el momento en que se frustró la posibilidad de que España llegara a ser una comunidad política real de ciudadanos iguales, pues fue, no teoría, sino auténtica práxis de la libertad y, por efecto de las milicias independientes y las asambleas, una praxis de libertad que incluía el proceso democrático en su estado más puro y la igualdad reconocida y practicada, incluso entre hombres y mujeres. Los avances de hoy día en materia de igualdad entre sexo están aún lejos de la praxis igualitaria entre hombres y mujeres surgida de la necesidad. De hecho, incluso esta igualdad hoy día debe ser impuesta por ley, mientras que, durante los años de la guerra civil y gracias al periodo de libertad abierto desde 1931, la igualdad entre géneros era una realidad.

Los españoles, desde entonces, siempre han sido iguales en teoría, teoría que ha venido impuesta por la violencia de sucesivos ordenamientos unitarios que han tutelado las libertades civiles, pero sólo en aquel instante fueron verdaderamente iguales, pues surgió de la praxis revolucionaria y democrática, formada en torno al combate contra el movimiento que de forma más condensada a representado la opresión, esto es, el fascismo. La libertad, la igualdad y fraternidad, lejos de ser una proclama, fue en España una practica real que pudo cuajar en instituciones democráticas, de haberse ganado la guerra. La prueba de que el franquismo no logró nada de esto, y de que España es un pueblo rebelde por naturaleza, es que, a pesar de disponer de 40 años para lograr la plena integración del Estado, en cuanto murió Franco los primeros pasos que se dieron hacia la libertad consistieron en reabrir el debate autonómico. Esto significa que, a la fuerza, puede existir una unidad aparente, pero nunca real.

Pero esto no cayó en saco roto. Teóricos e Historiadores deberían hoy día hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué en ningún otro régimen anterior fue el pueblo tan sumamente masacrado, perseguido, vejado y oprimido como durante los 40 años del régimen de franco? El régimen se reveló contra cualquier elemento que pudiera poner en peligro su autoridad. Hay dos clases de delitos, los comunes y los políticos. Anterior al régimen de Franco, el primer tipo de delitos era, casi siempre, achacado al pueblo, existiendo una legislación para estos asuntos. Y el segundo, a elites políticas que ocupando posiciones de poder se revelaban contra una formación política dada. Esta duplicidad, que implica la exclusividad de la acción política para una elite, es lo que explica que los pronunciamientos no desembocaran en cruentas guerras civiles. Pero esto cambió con la II República.

Aunque ya había sucedido con anterioridad, es a lo largo del régimen de franco cuando las cárceles se llenan de delincuentes que, siendo elementos del pueblo, es decir, no formando parte de una aristocracia política, ya no son propiamente delincuentes comunes, sino delincuentes políticos. Algunas veces son designados como delincuentes comunes, pero para ocultar a la opinión pública su filiación con ideas políticas subversivas. Y así son tratados. Esto significa, y la explicación es correlativa a lo ya dicho sobre la naturaleza de la guerra de 1936-39, que fue en la II República y durante su defensa cuando el pueblo entró activamente (y ya para siempre) a formar parte de la vida política de España. Fue el actual rey quien, durante la Transición, comprendió que o permitía al pueblo obtener más derechos que los simplemente referidos a garantías civiles, es decir, derechos políticos, o jamás podría reinar, dado que el pueblo español ya era un sujeto políticamente activo -aunque silenciado, y precisamente por eso silenciado-, motivo por el cual sufrió el aplastamiento en la guerra y la persecución durante 40 interminables años.

Este análisis, además, es extensible a las guerras mundiales, donde quedaba definitivamente claro que, en adelante, el gran masacrado del poder sería el mismo pueblo. Sería interesante analizar este periodo según este marco conceptual, para ver hasta qué punto es posible explicar desde ahí las aberraciones sufridas en toda Europa contra la población civil. De hecho, la democratización real, más allá del plano utópico o ideal, quizá haya consistido en la inclusión del pueblo, primero, en la vida económica, de la que antes de ser proletariado estaba parcialmente excluido, y luego en la vida política. Una tesis parecida es la que sostiene Hannah Arendt con relación al sindicato político y el revolucionario.

Con todo esto no estoy diciendo, lógicamente, que los españoles debamos repetir la experiencia de una guerra civil para traer una III República. Ni yo ni nadie en su sano juicio la querría, además de ser imposible. Un conflicto civil, de hecho, es un retroceso. Imposible porque eso fue lo que sucedió entonces, y no volverá a ocurrir. Pero quizá todos estos elementos, así interpretados, puedan abrir un espacio de reflexión para organizar el proceso moderado hacia una III República. Siendo crítico con mi propio artículo y mi propia interpretación, que el pueblo se haya convertido en sujeto político durante la Guerra Civil, entraña el peligro de que, ahora, se haya transformado en Cortesano del Reino. Esto depende de la nomenclatura del pueblo con relación al sistema en que vive. Además, depende también de cómo interpretemos históricamente las revoluciones sociales, si como un proceso inacabado hacia la libertad, o como un proceso de integración en el sistema, cualquiera que sea este. Para este segundo enigma no tengo respuestas, ya que la historia está abierta y todo depende de cómo nos manejemos, de lo que queramos ser.

Yo pienso que mientras exista una Constitución según la cual todo derecho civil y político es una Gracia del poder del monarca -además, como he querido demostrar, concedida estratégicamente para afianzarse en el trono-, donde la seguridad de la Nación está representada en la figura simbólica de un sólo hombre que, por ley, está más allá de la ley, y donde dicha seguridad, en tanto que posibilita la excepción de los derechos civiles y políticos, está por encima, relativiza e incluso neutraliza la libertad y el derecho, mientras suceda todo esto, el estado de cosas frustradas a causa de la Guerra Civil siempre representará un proceso inacabado, donde esa inclusión del pueblo en la vida política que realizó libremente al defender con su vida un sistema con el cual identificaba sus propios intereses, no significa sino el paso previo a una III República que llegará, pero… ¿pacíficamente?

Quizá sí pueda llegar de forma más o menos pacífica, porque, bien pensado, los 30 años de monarquía parlamentaria pueden ser interpretados como sigue: tanto Franco como el actual Rey identificaron en el pueblo la figura de un sujeto político, figura que se generó durante la Guerra Civil. El proceder del franquismo fue el natural de un régimen negativo, que se afianza en el poder reprimiendo jurídica y físicamente los logros en el derecho obtenidos de hecho durante la praxis revolucionaria y defensiva. Pero el desarrollo de estos 40 años y la situación de España con relación a un contexto internacional, representan el paso en el que este derecho político entendido negativamente, pasa a ser comprendido positivamente. Tanto Franco como el monarca tienen la misma intención, afianzarse en el poder a partir de la comprensión de España como sujeto político, pero mientras un poder es militar, represor y negativo con este derecho político del pueblo, el segundo, por depender del momento histórico, ha de ser civil (de ahí su nomenclatura, Monarquía Parlamentaria), generoso (en su forma de liberador del franquismo, luego el rey reconocía la ilegitimidad de Franco, y por eso se sancionó a sí mismo en las elecciones de 1978) y positivo, esto es, instituyendo una serie de derechos civiles y políticos que intentaran hacer justicia en el plano del derecho abstracto a lo que los españoles había logrado en el plano del derecho real y activo durante la Guerra, su libertad política.

El rey, como he dicho, sabía que, sin estos derechos (entre los que se incluía la legalización de partidos de izquierda como símbolo de su voluntad democrática y social) los españoles entenderían, en su mayoría, la llegada de la monarquía como una mutación más del régimen (una de tantas, la cuarta concretamente). Así pues, la estrategia que, otorgándolos, anulaba la efectividad de los derechos políticos del pueblo en una situación de excepción, es la misma que ahora pone al descubierto la realidad histórica -históricamente lograda- del derecho de los españoles a la autodeterminación con respecto a su sistema político.

Y esta autodeterminación sólo puede derivar en una República, pues esta no es ni más ni menos que la expresión conceptual en el plano de la abstracción de la acción autolegisladora que se emprende. Es decir, autodeterminarse es ya ser republicano.

Pero no hay que ser muy optimista con respecto a la posibilidad de un cambio de sistema operado desde dentro. Durante la Transición, existía, por parte de la Corona la voluntad de legitimarse traicionando los principios franquistas que había jurado. Ahora no existen elementos internos, o al menos no con suficiente peso, provistos de una voluntad de cambio. Antes bien, si los derechos políticos amparados en la Constitución de 1978 ponen de manifiesto la clara conciencia que tenían los poderes fácticos de que el pueblo era un sujeto político al que había que darle un papel activo -o de lo contrario el proceso relativamente pacífico habría terminado en violencia-, fue esta misma conciencia la que, por otro lado, blindó desde dentro cualquier procedimiento renovador. Cualquiera que lea detenidamente la Carta Magna advertirá enseguida que quienes la redactaron y aprobaron para que fuera luego sancionada -legitimada- hicieron todo lo posible por sostener, a través de la misma, el poder de forma indefinida. De hecho, la división de poderes que debería haberse efectuado entre las Cortes y el Poder Judicial es sólo un espejismo. Antes bien, la justicia está literalmente en manos de los políticos, y tal posesión está amparada por la Constitución, que se refiere a la forma de elección de los miembros del CGPJ. Sobre esto escribí un artículo en kaosenlared relacionado con el juez Garzón, donde creo que lo demuestro.

Otra dificultad añadida del cambio desde dentro es que, aunque pudiera operarse… ¿no sucedería que los elementos anti-republicanos y anti-demócratas se disfrazarían de republicanismo para poder sobrevivir durante algún tiempo en estado embrionario, hasta ver la oportunidad, la coyuntura social, gracias a la cual poder destruir todas las reformas democráticas? Esto es lo que siempre ha pasado. Los historiadores han pintado a la CEDA como una coalición de demócrata cristianos, pero en realidad, según el mismo Santiago Carrillo, eran una clara avanzadilla política del fascismo. Lo mismo sucede ahora que los elementos de la ultraderecha franquista han sobrevivido a la Transición al amparo de agrupaciones políticas como el PP que se dicen democráticas. Ésta concretamente fue fundada por Fraga, quien, en su día, intentó por todos los medios impedir una Constitución que legalizara el sufragio universal. Su proyecto era el de una democracia orgánica. En España, y esto es un hecho, la tibieza de las izquierdas siempre ha favorecido a los sectores de la ultraderecha, pues jamás han sabido identificar qué elementos serían más perjudiciales, en el futuro, para la libertad.

Así las cosas, si los españoles son, desde la Guerra Civil, un sujeto políticamente activo, y si tal estatus está avalado tanto por la represión franquista como por los derechos políticos vigentes desde 1978, sin una movilización impulsada además por graves dificultades sociales en la que el pueblo, otra vez, exija aquel protagonismo que le fue usurpado, no parece posible un cambio de sistema que implique el final de la monarquía.

En definitiva, según un análisis marxista, es la propia praxis histórica la que abre a posibilidad de una III República. ¿Cómo si no se explica que yo, con 29 años y fiel creyente, hasta hace relativamente poco, de vivir en una auténtica democracia, esté ahora planteando teóricamente la posibilidad de una III República como democracia real y efectivo gobierno del pueblo?

También hay argumentos suficientes, relacionados con la interpretación de la Guerra Civil que acabo de exponer, para demostrar que la Monarquía Parlamentaria es la cuarta mutación del régimen franquista, y que por tanto aún estamos pendientes del único referendum legítimo, aquel que decida entre monarquía o república. Esta es la deuda histórica. Pero esto habrá de quedar para otro artículo y, por supuesto, siempre abierto a debate gracias al sistema de comentarios de kaosenlared, por cierto, otra praxis democrática en medio de este océano de autoritarismo y falsedad.

Viva la República.

A por la III.

Salud.

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