El deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha atribuido a una estrategia del Partido Comunista de España la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de encargar a un grupo de expertos el informe, conocido el sábado, cuya principal conclusión es que la Mezquita nunca fue propiedad de la Iglesia católica.

Aunque en la rueda de prensa ofrecida ayer en Córdoba Pérez Moya no hizo alusión alguna a ese supuesto plan de los comunistas cuyo propósito último sería arrebatar la Mezquita al Cabildo catedralicio, la noche anterior sí expuso con claridad su denuncia en el programa religioso de Canal Sur Radio ‘Palabras para la vida’, que dirige y presenta Rafael Pérez Pallarés.

La reunión

Tras reiterar, como viene sosteniendo la Iglesia, que “no hay ningún documento que refleje que la Mezquita era patrimonio del Estado”, al ser preguntado por las razones de que el foco sobre las inmatriculaciones se haya centrado en la Mezquita-Catedral con la elaboración del informe municipal, el deán respondía así: “El teniente de alcalde de Córdoba, que es de Izquierda Unida, Pedro García, en una reunión con todos, podemos decir, los del Partido Comunista, en Madrid, dijo: vamos a ir a por la Mezquita Catedral porque es la ficha de dominó, con ésta caerán las demás catedrales”.

El director del espacio radiofónico le preguntaba a continuación si el encargo del informe obedecía a una estrategia política, a lo que Pérez Moya contestaba que, en efecto, así era: “Es una estrategia perfectamente del grupo de Izquierda Unida-Podemos”.

Documentos “guardaditos”

En la rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana, el deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba aseguraba que en el archivo histórico del templo existe un documento que acredita la titularidad eclesiástica de la Mezquita-Catedral: “El documento está ahí y también en el Archivo de Simancas, con el sello del rey Alfonso X el Sabio”, por lo que “quien dude de eso es que ha perdido la memoria histórica”.

El deán se adornaba en su argumentación con esta recomendación algo zumbona dirigida a los periodistas: “Podéis ir todos y consultarlo, como con la famosa tesis de Pedro Sánchez“, si bien a renglón seguido añadía, mucho más cauteloso, que tiene en su poder los datos históricos “guardaditos para cuando me los solicite un juez”, pero “a cualquiera que me los pida no se los voy a dar”, porque “una cosa es el Estado y otra, la justicia”, informa Efe.

“No hubo donación”

No ve las cosas de la misma manera ni mucho menos el historiador y profesor titular de la Universidad de Huelva Alejandro García-Sanjuán, coautor del informe encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, en el que también participaron, entre otros, el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aunque dejó la comisión de expertos tras ser designada para el cargo.

Para este investigador no existe documento alguno que certifique la donación de la Mezquita por Alfonso X o Fernando III a la Iglesia: “Las mezquitas eran del rey. No existió donación, sino consagración, a la que se añadieron las habituales dotaciones necesarias” para hacer efectivo el culto, dijo anoche al espacio La Entrevista de Hora Sur, de Canal Sur Radio, que dirige Carmen Rodríguez.

García-Sanjuán y sus compañeros –que han realizado el informe “gratis et amore”– no ponen en cuestión “el uso de un culto católico” que viene de siglos atrás, sino el hecho de que “un espacio singular como es la Mezquita no se está gestionando con criterios profesionales, sino con el criterio con que se gestiona un museo cofrade”.

El origen

Como se sabe, los privilegios de la Iglesia católica a la hora de registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público, parten de un ley de 1946, se ampliaron en 1998 con la posibilidad de inmatricular también los templos de culto, y se eliminaron definitivamente con la última reforma de la Ley Hipotecaria, en 2015.

La polémica sobre las “inmatriculaciones” -registrar una propiedad por primera vez- llevadas a cabo por la Iglesia ha sido una cuestión recurrente que ahora ha vuelto a primera plana con el anuncio del Gobierno de que elaborará un listado de esos bienes y ese reciente estudio que cuestiona el derecho de propiedad de la Iglesia sobre uno de los más emblemáticos, la Mezquita de Córdoba, informa Efe.

¿Un Estado aconfesional?

La Ley Hipotecaria de 1946 consideraba a la iglesia de la misma forma que a las administraciones públicas y, por tanto, le permitía registrar bienes inmuebles mediante un procedimiento rápido y sencillo, sin tener que presentar la documentación que se exige al resto de personas físicas y jurídicas para acreditar una propiedad.

Esa equiparación de la iglesia católica con las administraciones públicas –recoge una información firmada por Luis Sanz para Efe– ha sido considerada por algunos juristas abiertamente contraria al artículo 16.3 de la Constitución, que establece el carácter aconfesional del Estado, así como al 14, que establece la igualdad ante la ley, ya que otorga un privilegio a la Iglesia católica frente a otras confesiones religiosas.