‘La guardia urbana de Barcelona quiere encarcelar durante cuatro años a un sindicalista de la CNT’

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La Audiencia de Barcelona juzgará, el martes 29 de enero, a dos miembros del sindicato anarquista procesados ​​por el denominado ‘caso Casino’, que persigue la acción de protesta a las puertas de un debate electoral previo a los comicios municipales de mayo de 2015

Cinco agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) llevan a banquillo de los acusados ​​a dos sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Barcelona por los incidentes ocurridos durante una concentración celebrada el 8 de mayo de 2015 ante el Casino la Alianza del Poblenou. Estos policías formaban parte de un dispositivo compuesto por una decena de miembros que trabajaban vestidos de paisano en la protección de las representantes políticas que se encontraban en el interior de la emblemática sala.

Minutos antes del inicio del debate electoral, que fue retransmitido en directo por Barcelona Televisió (BTV), decenas de personas de diferentes colectivos se reunieron frente al edificio para expresar su malestar contra la clase política. Entre ellas había un grupo de sindicalistas de la CNT, del que formaban parte los actuales acusados, Ricardo T. y Francisco G., que portaban pancartas, banderas rojas y negras y coreaban lemas con un megáfono.

El piquete quería visibilizar el incumplimiento de una sentencia judicial contra la cesión ilegal de trabajadoras informáticas de la Generalitat de Cataluña a empresas como IECISA (informática de El Corte Inglés SA), de la que responsabilizaban al entonces partido de gobierno en Cataluña, CiU, y también a su alcaldable por Barcelona, ​​Xavier Trias, presente en ese debate.

Durante el transcurso del acto, las manifestantes se acercaron al acceso al recinto y los agentes les cerraron el paso, a pesar de que ellas afirman que desconocían su condición de policías. Fue en ese instante, cuando se produjo un rifirrafe que terminó con la detención de Ricardo T., lo que desencadenó una acción espontánea de respuesta que consistió en cortar el suministro del equipo electrógeno que permitía la emisión televisiva del debate. Por esta razón, la GUB procedió a la detención del segundo procesado, después de que el acto permaneciera parado durante unos minutos hasta que se restableció la conexión.

La causa cayó en manos del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, ​​comandado por la magistrada Silvia López Mejía, que notificó el auto de apertura del juicio oral por un delito agravado de atentado contra la autoridad, un delito de lesiones y tres faltas de lesiones contra Ricardo T., mientras que Francisco G. será juzgado por un delito de alteración de acto electoral.

En último término, la juez requirió al principal acusado el desembolso de una fianza de 21.000 € para «asegurar el cumplimiento de las eventuales responsabilidades civiles que puedan derivarse de la infracción penal», decretando la CNT como responsable civil subsidiaria, es decir, obligándola al pago último de este importe en caso de que no lo hiciera el procesado, tal como había exigido la acusación particular.

Ricardo y Francisco no estarán solos el día del juicio, ya que la campaña solidaria con su caso, que han llamado Solidaridad incuestionable, ha convocado una concentración este martes 29 a las 9 de la mañana ante el Palacio de Justicia de Barcelona, ​​ubicado en el paseo Lluís Companys.


Un despacho de abogados contratado por el Ayuntamiento

La representación legal de los cinco guardias urbanos en este procedimiento -acusación particular- ha sido impulsada por la letrada Paz Vallès Creixell, miembro del gabinete de abogados Molins y Silva, adjudicatario del servicio jurídico del Ayuntamiento de Barcelona encargado de los procesos judiciales de la GUB.

Aunque el despacho especializado en derecho penal ya desarrollaba esta tarea -muy bien remunerada a cargo del erario público- antes de la entrada de Ada Colau al gobierno municipal, Barcelona en Comú ha mantenido el acuerdo durante su etapa al frente del consistorio. En buena medida, esto ha sido posible después de plegarse a las presiones de los sindicatos del cuerpo policial, que cerraron filas con su gabinete jurídico de confianza a raíz del caso del vendedor ambulante Sidil Moctar, acusado de agredir a un agente de la GUB.

El conflicto se desencadenó cuando el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Jaume Asens, criticó públicamente la petición de prisión provisional impulsada por el mismo despacho Molins contra Moctar, demanda que posibilitó que este esperara la celebración del juicio confinado durante meses en la extinta cárcel Modelo. Asens fue desautorizado por la alcaldesa y, finalmente, el mantero fue condenado a penas de prisión, por lo que decidió sustituir el cumplimiento de la sentencia privativa de libertad por su expulsión del Estado. En cambio, Molins y Silva salió reforzado dentro del cuerpo policial por su mano de hierro en la defensa de los agentes.

En el caso de los dos sindicalistas, fiscalía pide 2 años y 3 meses de prisión y el pago de 5.000 € de responsabilidad civil por el principal acusado, así como 6 meses de prisión por el segundo. Sin embargo, a la acusación particular dirigida por el despacho Molins no les pareció suficiente estas penas y han elevado su petición contra Ricardo T. hasta los 4 años de prisión, 6 meses de pena-multa a razón de 15 € diarios y 15.000 € de responsabilidad civil.

En su escrito de acusación, Paz Vallès se remite a una misiva de apoyo a los detenidos publicado por la CNT con posterioridad a los hechos para construir un relato incriminatorio e intentar sostener afirmaciones como que el sindicalista actuó con «absoluto desprecio al principio de autoridad y la integridad física de los agentes «. Posteriormente, la abogada hace una descripción detallada de las lesiones que el acusado habría causado a los agentes, entre las que destaca como la más grave de todas la fractura de un dedo de la mano, que habría sido provocada por un golpe con un palo de madera de una bandera, objeto que define como «instrumento peligroso».

Sin embargo, en un comunicado solidario con los dos represaliados la CNT ha expresado que están dispuestos a «asumir las consecuencias represivas de nuestras acciones, no eludiremos los ataques del poder y acompañaremos a los nuestros, a la clase obrera combativa, hasta el final».


L’Audiència de Barcelona jutjarà, dimarts 29 de gener, dos membres del sindicat anarquista processats per l’anomenat ‘cas Casino’, que persegueix l’acció de protesta a les portes d’un debat electoral previ als comicis municipals de maig de 2015

Cinc agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) porten a la banqueta dels acusats dos sindicalistes de la Confederació Nacional del Treball (CNT) de Barcelona pels incidents ocorreguts durant una concentració celebrada el 8 de maig de 2015 davant el Casino l’Aliança del Poblenou. Aquests policies formaven part d’un dispositiu compost per una desena de membres que treballaven vestits de paisà en la protecció de les representants polítiques que es trobaven a l’interior de l’emblemàtica sala.

Minuts abans de l’inici del debat electoral, que va ser retransmès en directe per Barcelona Televisió (BTV), desenes de persones de diferents col·lectius es van aplegar enfront l’edifici per expressar el seu malestar contra la classe política. Entre elles hi havia un grup de sindicalistes de la CNT, del qual formaven part els actuals acusats, Ricardo T. i Francisco G., que portaven pancartes, banderes roges i negres i corejaven lemes amb un megàfon.

El piquet volia visibilitzar l’incompliment d’una sentència judicial contra la cessió il·legal de treballadores informàtiques de la Generalitat de Catalunya a empreses com IECISA (informàtica de El Corte Inglés S.A.), de la qual responsabilitzaven l’aleshores partit de govern a Catalunya, Convergència i Unió, i també al seu alcaldable per Barcelona, Xavier Trias, present en aquell debat.

Les manifestants van apropar-se a l’accés al recinte i els agents els van barrar el pas, malgrat que elles afirmen que desconeixien la seva condició de policies. Va ser en aquell instant, quan es va produir una picabaralla

Durant el transcurs de l’acte, les manifestants van apropar-se a l’accés al recinte i els agents els van barrar el pas, malgrat que elles afirmen que desconeixien la seva condició de policies. Va ser en aquell instant, quan es va produir una picabaralla que va acabar amb la detenció de Ricardo T., el que va desencadenar una acció espontània de resposta que va consistir a tallar el subministrament de l’equip electrogen que permetia l’emissió televisiva del debat. Per aquesta raó, la GUB va procedir a la detenció del segon processat, després que l’acte romangués aturat durant uns minuts fins que es va restablir la connexió.

La causa va caure en mans del Jutjat d’Instrucció 9 de Barcelona, comandat per la magistrada Sílvia López Mejía, que va notificar l’auto d’obertura del judici oral per un delicte agreujat d’atemptat contra l’autoritat, un delicte de lesions i tres faltes de lesions contra Ricardo T., mentre que Francisco G. serà jutjat per un delicte d’alteració d’acte electoral.

En darrer terme, la jutgessa va requerir al principal acusat el desemborsament d’una fiança de 21.000 € per “assegurar el compliment de les eventuals responsabilitats civils que es puguin derivar de la infracció penal”, decretant la CNT com a responsable civil subsidiària, és a dir, obligant-la al pagament últim d’aquest import en cas que no ho fes el processat, tal com havia exigit l’acusació particular.

Ricardo i Francisco no estaran sols el dia del judici, ja que la campanya solidària amb el seu cas, que han anomenat Solidaritat Inqüestionable, ha convocat una concentració dimarts 29 a les 9 h del matí davant el Palau de Justícia de Barcelona, ubicat al passeig Lluís Companys.


Un despatx d’advocats contractat per l’Ajuntament

La representació legal dels cinc guàrdies urbans en aquest procediment –acusació particular– ha estat impulsada per la lletrada Paz Vallès Creixell, membre del gabinet d’advocats Molins i Silva, adjudicatari del servei jurídic de l’Ajuntament de Barcelona encarregat dels processos judicials de la GUB.

Tot i que el despatx especialitzat en dret penal ja desenvolupava aquesta tasca –molt ben remunerada a càrrec de l’erari públic– abans de l’entrada d’Ada Colau al govern municipal, Barcelona en Comú ha mantingut l’acord durant la seva etapa al capdavant del consistori. En bona mesura, això ha estat possible després de doblegar-se a les pressions dels sindicats del cos policial, que van tancar files amb el seu gabinet jurídic de confiança arran del cas del venedor ambulant Sidil Moctar, acusat d’agredir un agent de la GUB.

El despatx Molins i Silva va sortir reforçat dins el cos policial per la seva mà de ferro en la defensa dels agents del cas Sidil Moctar

El conflicte es va desencadenar quan el tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, va criticar públicament la petició de presó provisional impulsada pel mateix despatx Molins contra Moctar, demanda que va possibilitar que aquest esperés la celebració del judici confinat durant mesos a l’extinta presó Model. Asens va ser desautoritzat per l’alcaldessa i, finalment, el manter va ser condemnat a penes de presó, motiu pel qual va decidir substituir el compliment de la sentència privativa de llibertat per la seva expulsió de l’Estat. En canvi, Molins i Silva va sortir reforçat dins el cos policial per la seva mà de ferro en la defensa dels agents.

En el cas dels dos sindicalistes, fiscalia demana 2 anys i 3 mesos de presó i el pagament de 5.000 € de responsabilitat civil pel principal acusat, així com 6 mesos de presó pel segon. Tanmateix, a l’acusació particular dirigida pel despatx Molins no els ha semblat suficient aquestes penes i han elevat la seva petició contra Ricardo T. fins als 4 anys de presó, 6 mesos de pena-multa a raó de 15 € diaris i 15.000 € de responsabilitat civil.

En el seu escrit d’acusació, Paz Vallès es remet a una missiva de suport als detinguts publicat per la CNT amb posterioritat als fets per construir un relat incriminatori i intentar sostenir afirmacions com que el sindicalista va actuar amb “absolut menyspreu al principi d’autoritat i la integritat física dels agents”. Posteriorment, l’advocada fa una descripció detallada de les lesions que l’acusat hauria causat als agents, entre les quals destaca com la més greu de totes la fractura d’un dit de la mà, que hauria estat provocada per un cop amb un pal de fusta d’una bandera, objecte que defineix com a “instrument perillós”.

Malgrat tot, en un comunicat solidari amb els dos represaliats la CNT ha expressat que estan disposats a “assumir les conseqüències repressives de les nostres accions, no eludirem els atacs del poder i acompanyarem als nostres, la classe obrera combativa, fins al final”.

La Guàrdia Urbana de Barcelona vol empresonar durant quatre anys un sindicalista de la CNT

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