La Guardia Civil tarda siete meses en apartar a un sargento al que denunció por violación a una subordinada

Publicidad

  • Fue la propia Policía Judicial la que en diciembre acudió a un juzgado militar después de que la asociación de guardias civiles pusiera los hechos en conocimiento de la Dirección General

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.  E.P

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. E.P

Dos horas después de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) relatara este miércoles ante un grupo de periodistas un sórdido episodio de presunto abuso de autoridad en Murcia que incluyó violaciones y luego amenazas a la víctima para que abortase, la Dirección General del cuerpo ha suspendido al sargento denunciado.

La adopción de medidas cautelares ha tardado siete meses desde que, tal como confirmó la AUGC a infoLibre, fuese la propia Policía Judicial la que pusiera en diciembre el caso en manos de un juzgado militar «siguiendo instrucciones de la Dirección General de la Guardia Civil». La denuncia se formalizó tres meses después de que la asociación de guardias civiles hubiese enviado a la cúpula del Instituto Armado una carta en la que explicaba lo sucedido.

Por «miedo», la supuesta víctima se había negado durante años a denunciar ante sus superiores el calvario físico y psíquico al que la estaba sometiendo el sargento O.M.G. A tenor de los indicios recabados por el juzgado militar territorial 14, con sede en Cartagena, ese mismo sargento había terminado convertido en su perseguidor tras una breve relación sentimental consentida.

Pero en la causa –admite la AUGC– obran correos electrónicos enviados por él mismo. Y esos correos, escritos por quien habría ocultado en un primer momento a su víctima su condición de casado para luego abusar sexualmente de ella, violarla, forzarla a practicarle una felación y, finalmente, a abortar, son explícitos y «vergonzosos». La asociación de guardias civiles había pedido expresamente la suspensión del sargento.

La presunta víctima es una guardia de base, es decir, subalterna del investigado. De mediana edad y con un hijo a su cargo, desde marzo de 2015 se encuentra de baja. Paradójicamente, de nada le sirvió estar destinada en la oficina de violencia de género de su comandancia, la de Molina de Segura. Ni el portavoz de la AUGC,Juan Fernández, ni la abogada de la víctima, Laura Pérez, han accedido a facilitar más datos.

El auto judicial, recién notificado

Fuentes oficiales del Instituto Armado aseguraron a este diario que la suspensión ha sido aplicada en cuanto se ha recibido por cauces oficiales el auto que encausa al supuesto violador, dictado la semana pasada por una juez militar de Cartagena. Pero por el momento esas fuentes no tienen respuesta para la pregunta de por qué si fue la propia Policía Judicial la que formalizó la denuncia en diciembre ante la jurisdicción militar se ha mantenido en su puesto durante siete meses al sargento ahora formalmente imputado.

Las fuentes oficiales han remarcado que el auto de procesamiento –equivalente al de imputación formal de delitos en la jurisdicción civil– es el documento que ofrece elementos suficientespara aplicar medidas cautelares contra el investigado. Y que esas medidas son, en cualquier caso, discrecionales. En resumen, que podrían no haberse adoptado.

Lo que ha firmado este miércoles el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, es «la tramitación del pase a la situación administrativa de Suspenso de Funciones y posterior cese del destino, del Sargento O.M.G., destinado en el puesto de Molina de Segura (Murcia), por un presunto delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o inhumano en concurrencia con otro contra la libertad e indemnidad sexual en concurso con lesiones psíquicas graves y maltrato».

El «desprestigio» como argumento

La nota introduce un argumento inesperado cuando advierte de que la decisión de Fernández de Mesa «se basa en que los hechos delictivos que se investigan por la Autoridad judicial, además de por su gravedad y afectación individual de la víctima, han provocado una amplia difusión en los medios y generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado».

¿Significa lo anterior que el apartamiento del sargento no se habría producido si la noticia no hubiera trascendido a la opinión pública? ¿O que Fernández de Mesa lo habría ordenado hace siete meses si se hubiera conocido entonces que un juzgado militar había empezado a investigar la truculenta secuencia de hechos denunciada este miércoles por la AUGC?

No hay respuesta, aunque fuentes del cuerpo ajenas a la asociación y al equipo de Fernández Mesa aseguran que cuando un caso de abuso sexual acaba en la jurisdicción ordinaria, es decir, no en la militar, «las medidas cautelares son más rápidas». Y ejemplifican con lo ocurrido en Pamplona, donde fue suspendido de inmediato el guardia civil implicado en la violación múltiple durante los sanfermines a una joven: una joven civil.

Según la AUGC, la Guardia Civil «sabía a ciencia cierta» desde abril de 2013 lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo sabía? Por lo que explicaron el portavoz de la AUGC y la abogada de la presunta víctima, al menos una teniente de su comandancia y un guardia de base habían alertado a sus superiores jerárquicos ya en 2013. Ambos –dice la AUGC– acabaron amonestados.

Es más, la AUGC subraya que el capitán al que ambos se habrían dirigido aconsejó al sargento ahora investigado que emprendiese acciones contra el guardia en defensa de su honor. Esa versión no ha podido ser corroborada por este diario en fuentes oficiales.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/21/la_guardia_civil_tarda_siete_meses_apartar_sargento_que_denuncio_por_violacion_una_subordinada_52738_1012.html

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More