La gran estafa: viaje a las tripas del “mayor proceso especulativo de la historia”

Por Martín Cúneo

La querella del Tribunal Ciudadano de Justicia, admitida a finales de marzo, abre las puertas para juzgar a los principales responsables del hundimiento de Caja Madrid. No sólo por estafar al banco, sino a toda la sociedad española.

“Como el Gobierno no va a investigar, lo vamos a hacer nosotros”, fue la idea que impulsó la creación de plataformas ciudadanas para juzgar a los responsables de una crisis que las asambleas del 15M siempre calificaron de “gran estafa”. En 2012, de forma paralela a la creación de 15MpaRato, en Madrid nacía el Tribunal Ciudadano de Jus­ticia(TCJ). Cuatro años después, el pasado 30 de marzo, desde el centro social okupadoCSOA La Mo­rada, sus portavoces anunciaban la noticia más esperada: el juez José de la Mata había admitido su querella contra el expresidente de Caja Ma­drid Miguel Blesa y una veintena de altos directivos por la sobretasación de viviendas y la concesión de hipotecas basura.

Un frente más se abre para los gestores de la caja nacionalizada, en especial para Miguel Blesa, que en 2014 había evitado que la cosa fuera a mayores con la inhabilitación de por vida del juez que instruía su caso, Elpidio Silva. Un nuevo frente que “apunta al fondo de la cuestión: cómo nos estafaron los gestores de los bancos”, dice aDiagonal Liliana Pineda, una de las impulsoras del TCJ.

A diferencia de otras iniciativas similares, dice, la querella del TCJ pretende poner en el centro “el carácter sistémico” de la estafa inmobiliaria. En esta demanda, explica Pineda, los afectados de esta “gran estafa” no son un sector específico: “De alguna manera estos gestores han defraudado al conjunto de la sociedad, porque ha sido el Estado, a través de los recortes, los rescates y la emisión de deuda, quien ha tenido que cubrir esta gestión fraudulenta de los bancos”.

De las plazas a los tribunales

“Hemos llegado aquí gracias al éxito de la gestión horizontal y participativa”, explicaba el 30 de marzo Pedro Martí, otro de los portavoces del TCJ. Desde inicios del 15M, narra Liliana Pineda, la “angustia de la gente que se movilizaba por el tema de la vivienda, que estaba sufriendo los de­sahucios”, condujo en las plazas al gran debate:cómo castigar a los responsables del fraude inmobiliario.

A mediados de 2012, el TCJ hizo un llamamiento a los afectados por la sobretasación hipotecaria y el 7 de junio se reunieron cerca de 300 personas en la Plaza del Carmen, a pocos metros de Sol.

“Nos dimos cuenta de que para demostrar el carácter sistemático de la estafa no valía con aportar unos pocos informes”, cuenta Pineda. En la plaza del Carmen se comenzaron a revisar cientos, miles de casos de afectados por la estafa inmobiliaria. No fue algo fácil. Escritura completa, papeles de la hipoteca, de la tasación… La mayoría de los afectados no tenían esa documentación. Según relata Pineda, se pusieron en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con las asambleas de vivienda que habían nacido en los barrios al calor del 15M. De los más de 2.000 afectados con los que hablaron, pudieron documentar cientos y cientos de casos de sobretasaciones y concesiones fraudulentas de hipotecas en Caja Madrid.

Las historias se repetían. Eran personas que “por su situación económica o social” tenían dificultades para conseguir una vivienda en alquiler. A menudo, las condiciones para comprarse una casa a 25 años eran más asequibles que los requisitos –y los precios– que les pedían para una vivienda en alquiler. “En un momento de explosión urbanística sin precedentes, lo importante era enganchar a la gente. La mayoría tenía contratos laborales que no pasaban de los dos años. Algunos tenían permisos temporales de residencia”, dice Pi­neda. En ocasiones, relata, los promotores juntaban a dos compradores que no se conocían y en el mismo momento de la venta uno se convertía en avalista del otro.

La euforia del boom urbanístico se sumó, afirma Juan Carlos Barba, integrante delColectivo Burbuja, a la “tradición que han tenido las familias españolas desde los años 50 de ahorrar a través de la vivienda”. Para muchos de los afectados con los que habló el TCJ, la compra de una vivienda era el equivalente a un seguro de vejez. “En la mayoría de los casos que estudiamos, difícilmente iban a poder cotizar el tiempo suficiente para ser acreedores de una pensión de jubilación o una pensión por enfermedad”, dice Pi­neda. Las dos frases cuñadas por excelencia –“alquilar es tirar el dinero” y “el precio de la vivienda nunca va a caer”– tuvieron su traslación sociológica en el fenómeno que Isidro López y Emmanuel Ro­dríguez llamaron en su libro Fin de ciclo la “utopía de una sociedad de propietarios”. Una utopía convertida en pesadilla distópica cuando estalló la burbuja.

Tu casa nunca valió tanto

Además de la falta de información sobre lo que estaban firmando –qué eran las cláusulas suelo, cómo su­bían los intereses a partir del segundo año o qué era la dación en pago a la que no tenían derecho–, el otro punto que une todos los relatos eran lassobretasaciones.

Pongamos que una casa vale 100, y la notaría y los impuestos otros 10. El Banco de España recomienda que el crédito para pagar esa vivienda no supere 80. Es decir, que el comprador debe aportar los 30 que faltan. Pero, ¿qué pasa si no los tiene? En los años del milagro español eso no era un problema. La tasadora valoraba el piso en 130, de forma que sobre el papel parecía que no se había concedido un crédito hipotecario superior al 100% del valor del inmueble. Así, la banca podía dar préstamos a “personas insolventes, quienes, sin adelantar cantidad alguna, veían cómo les entregaban una casa”, cuentan desde el TCJ. A veces, en la ampliación de hipoteca se incluían el coche o los muebles.

Pero ¿por qué la tasadora iba a hacer algo así? Ah, ¿no lo hemos dicho? La mayoría de las tasadoras son propiedad de los bancos. Es el caso de la tasadora del grupo de la caja madrileña, Tasaciones Madrid SA, cuyo ex director general Ignacio de Navas­cués ha sido imputado por el juez De la Mata en la querella del TCJ.

La misma Fiscalía Anticorrupción –con ese nombre, ¿no se debería dedicar a perseguir la corrupción?– no negó la veracidad de las acusaciones de la querella, aunque recomendó que ésta no fuera aceptada al tratarse de una “práctica generalizada”. En esto tiene razón: el Banco de España y un estudio de 57.000 casos de la Universidad Pompeu Fabra confirmaban que las sobretasaciones eran una práctica sistemática. Pero la Fiscalía Anticorrup­ción –“aliada de los querellados”, según denuncia Pineda– se equivocaba en el resto, al menos según el juez De la Mata: el hecho de que las sobretasaciones fueran “generalizadas” no puede “justificar cualquier práctica”, dice el texto en el que se admite la querella.

¿Quién se come el marrón?

Pero la pregunta sigue ahí: ¿por qué un banco se iba a arriesgar a que todos estos créditos nunca fueran devueltos? La querella del TCJ tiene una explicación. Se llamatitulización. Un procedimiento que los bancos sólo podrían utilizar con los préstamos hipotecarios “saludables”, aquellos que no supusieran –precisamente– más del 80% del valor del inmueble.

Pero ¿qué es titulizar? Tomas unas cuantas miles de hipotecas, de las buenas, fuertes y robustas, y las mezclas con otras miles de origen dudoso, tóxicas, las empaquetas en un bono hipotecario, te aseguras de que alguna de las tres grandes agencias de calificación les den la máxima calificación –una triple A– y las vendes en los mercados financieros internacionales. De esta forma, explica Juan Carlos Barba, no tenían que esperar 25 años para recuperar el valor total del dinero prestado, sino que, de forma inmediata, “volvían a conseguir financiación para alimentar el monstruo en el que se había convertido el sector de la construcción”.

Otra vez con la conspiranoia: ¿por qué una agencia de calificación de prestigio internacional con más de 100 años de antigüedad iba a engañar a los inversores? La razón hay que rastrearla a mediados de los años 70, cuando la desregulación de los mercados financieros llevó a que las agencias de calificación ya no fueran remuneradas –como había sido hasta entonces– por las personas que invierten en bonos y en acciones, sino por aquellas entidades que los emiten. Por esta misma práctica, estas calificadoras han recibido multas milmillonarias en EE UU.

Cuando “el mayor proceso es­peculativo de la historia del capi­talismo”, según palabras de The Eco­nomist, quedó al descubierto, el sistema bancario quebró en cadena, también en España. “¿Cómo podíamos ganar cada vez menos y gastar cada vez más?”, se pregunta José Luis Carretero en el libro Tu casa no es tuya, es del banco.

En el caso de Caja Madrid, según Pedro Martí, “esas pérdidas, inicialmente, trataron de cubrirse con las participaciones preferentes”, pero como no lograron cubrir el agujero generado, la caja efectuó su salida a bolsa sin informar a los accionistas de que el banco estaba arruinado. Este proceso, prosigue Martí, terminó con el rescate de la banca. “La crisis la iba a pagar sólo la población, ése fue el acuerdo”, sostienen desde el TCJ.

La demanda del TCJ pretende poner en el centro “el carácter sistémico” de la estafa inmobiliaria

“En vez de meter en la cárcel a los gestores que habían causado la crisis y exigirles responsabilidades, el Gobierno aceptó el poder de éstos”, dicen. Como nadie más iba a hacerlo, han sido las iniciativas desde abajo las que han marcado el debate y los procesos judicialescontra Caja Madrid y Bankia. Liliana Pineda admite que prevén encontrarse con todo tipo de obstáculos: además de la resistencia de la Fiscalía Antico­rrupción, con los despachos más potentes a nivel mundial.

Muchas querellas que intentaron abordar las sobretasaciones habían fracasado. ¿De qué valía presentar una demanda impecable desde el punto de vista político si ni siquiera era admitida? El principal “atasco” que debía resolver la querella del TCJ si quería tener futuro, reconoce Pineda, era poder demostrar que quien realiza la demanda es “afectado directo por el delito cometido”. Y ésta ha sido, según la abogada del TCJ, la principal aportación de esta querella: son dos accionistas de Bankia, que “también son dueños de la caja”, quienes denuncian a la dirección del banco y de la tasadora por haber estafado a la entidad. Al tratarse de un banco rescatado con dinero público, no es difícil dar el siguiente paso: los acusados también estafaron al conjunto de la población. “Los banqueros se han apropiado de los recursos de toda la sociedad para hacerse aún más ricos”, dice Pineda.

“Estamos apuntando muy alto, a las tripas del sistema financiero… Pero ya consideramos un éxito que la querella haya sido admitida y que de alguna manera se pueda estar hablando sobre todo esto”, dice la abogada del TCJ.

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