La fiscalía española pedirá 10 años de inhabilitación para Artur Mas por el caso del 9-N, según filtra el Mundo
Según publica el diario El Mundo, la fiscalía española pedirá 10 años de inhabilitación para el ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el proceso judicial de la consulta del 9-N. Pero, además, se enfrenta a una petición de multa por un supuesto delito grave de desobediencia, por el que también son procesados el ex-vicepresidenta, Joana Ortega, y el ex-consellera, Irene Rigau.
En el último escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales, Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, explican: ‘Los investigados, muy especialmente Mas, desafiaron abiertamente y públicamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que supieron el mismo día que se dictó, el 4 de noviembre de 2014 (…) los querellados, en especial preponderancia del presidente de la Generalitat, amparados simplemente en su voluntad, que convirtieron irracionalmente en una aparente fuente de normatividad, y actuando en plena conciencia y voluntad permitieron las votaciones ‘.
La fiscalía no pedirá penas de prisión para Mas, Ortega y Rigau, dado que no les acusan de un delito de malversación de fondos públicos. Los fiscales consideran que los gastos relacionados con la consulta (organización y desarrollo) se acordaron previamente a la suspensión del TC español, lo que conllevaba que el gobierno no podía incurrir en impagos.
Sólo la acusación popular, ejercida por el Sindicato Profesional de la Policía española y la Unión Federal de la Policía española, acusa a Mas, Ortega y Rigau de malversación, delito que puede acarrear penas de prisión, por los 13 millones de euros que costó el 9-N.
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