La FAPE se niega a condenar las coacciones y amenazas a periodistas en las calles de Catalonia

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La directiva de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España), representada por su actual presidente, Nemesio Rodríguez López y por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, se ha negado a condenar la actuación coercitiva de unidades antidisturbios contra periodistas que desarrollan su labor profesional en las calles de Barcelona y que quedó recogida en un video de la cadena catalana TV3.

En este sentido, la FAPE fue informada documentalmente de cómo una docena de agentes antidisturbios, miembros de la policía nacional, se ocupaban de impedir a los reporteros gráficos grabar y fotografiar las torturas que aplicaban a un joven independentista. Una cámara de la televisión catalana TV3 grabó el momento en el que varios policías amenazaban con sus porras e intimidaban a los reporteros para que abandonaran el lugar donde un joven independentista era detenido y torturado por la policía. En las imágenes recogidas por la cámara queda en evidencia la actuación criminal de los agentes antidisturbios: mientras unos ocultan al joven indefenso para propinarle patadas, puñetazos y golpes con sus porras, otros se ocupan de apartar violentamente a los informadores para que no haya constancia de su delictiva conducta.

Esta reprobable actuación criminal de los policías antidisturbios que recoge el video, amenazando a los informadores con sus porras para impedirles grabar lo que ocurría, no parece ser razón de peso suficiente para que la FAPE presentara una queja formal ante el ministerio del Interior o realizarse cualquier otro tipo de acción en apoyo de los profesionales de la información que se vieron coaccionados en su trabajo.

Amenazas con las porras

El requerimiento a la FAPE para que actuase ante un caso tan flagrante de violación de la libertad de expresión, así como de amenazas y coacciones a profesionales de la información para impedirles realizar su trabajo, vino de la mano del miembro de base Tomas F. Ruiz, que hizo llegar al presidente, Nemesio Rodríguez, la página web de TV3 donde se recogen estas coacciones, instándolo para que se posicionara en defensa de la labor de los informadores y presentara queja formal, incluso en forma de querella criminal sufragada por la propia FAPE, ante los organismos responsables del Estado español.

El presidente de la FAPE no solamente se negó a condenar este reprobable comportamiento policial ante los organismos gubernamentales responsables, sino que mantuvo un cobarde y cómplice silencio ante los sucesivos correos electrónicos que le fueron enviados por parte de Tomás F. Ruiz. A la vista de que Nemesio Rodríguez no estaba dispuesto a defender la labor de los profesionales implicados en este caso de coacciones y amenazas a la prensa, Tomás F. Ruiz se dirigió a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la misma FAPE, para que actuaran disciplinariamente contra la nula actuación del presidente de una asociación cuyo primer y fundamental principio, es el de defensa de la libertad de prensa y la protección de los profesionales que trabajan bajo ella.

En fecha 24 de febrero de 2020, la Comisión Permanente de Arbitraje, Quejas y Deontología decidió desestimar la queja de Tomás F. Ruiz considerando que su cometido “no es denunciar periodistas, sino recibir la evaluación de los posibles daños que se efectúan, una vez expuestos por las personas perjudicadas, lo que no es este caso”. La Comisión de Arbitraje incluso se atrevió a negar, contradiciendo la máxima periodística de que una imagen vale más que mil palabras, los hechos grabados por la cámara de televisión donde aparecen unos policías antidisturbios deteniendo y golpeando brutalmente a un adolescente independentista, mientras que otros agentes amenazan y con sus porras a los reporteros gráficos que intentaban recoger el hecho con sus cámaras.

La carta de la Comisión de Arbitraje

En la carta enviada a Tomás F. Ruiz, firmada por Cristina Fuertes-Planas Aleix, la Comisión Permanente informa que: “Hemos visto varias veces el vídeo en el que denuncia como los antidisturbios amenazan a los fotógrafos que intentan llegar al lugar donde no se produce la tortura del joven, en el que no se aprecia ninguna tortura, ni amenazas, violaciones y coacciones que la policía nacional practicó con los periodistas y que, de ser cierto, sería objeto de una denuncia judicial, ajena totalmente a nuestras competencias”.

Más adelante, la carta enviada a Tomás F. Ruiz (que el receptor hace pública a través de este medio) los miembros de la Comisión de Arbitraje declaran: “Nosotros no podemos ponernos a leer todos los periódicos ni visualizar los medios de comunicación, ya que esta labor de control excede de los límites de nuestra competencia”.

Finalmente, la misiva informa a Tomás F. Ruiz de que desestiman su propuesta de tomar medidas disciplinarias contra el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, tal y como, les había sido solicitado ante su censurable y cómplice silencio. “Lamentamos no poder aceptar el caso -puntualizan los miembros de la comisión- porque no tenemos ninguna competencia para entrar a juzgar dichos asuntos”.

Con esta denegación de su deber -afirma Tomas F. Ruiz en respuesta a la carta- la Comisión de Arbitraje comete un claro delito de prevaricación, pues, habiendo sido advertida previamente, está incumpliendo sus funciones administrativas y actuando mal a sabiendas de lo que hace. Intentaré conseguir el asesoramiento de un equipo de abogados, lo suficiente comprometidos con la libertad de expresión como para iniciar una querella criminal contra la FAPE por este prevaricador comportamiento, un comportamiento más vergonzoso y despreciable aun cuando proviene de una entidad que debería proteger la libertad de prensa como principal objetivo”.

El Código Deontológico del periodista

Según el Código Deontológico, que la propia FAPE redactó en fecha 27 de noviembre de 1993 y actualizó en asamblea ordinaria el día 22 de abril de 2017, “el periodista defenderá siempre el principio de la libertad de investigar y de difundir la información y la libertad del comentario y la crítica”. En el video de referencia al asunto que nos ocupa https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/agents-de-la-policia-nacional-detenen-un-jove-a-la-via laietana/video/5940896, los informadores que aparecen en él intentan dejar constancia de un hecho informativo: el de recoger la criminal actuación que la policía nacional comete, en forma de torturas, contra un joven independentista en las calles de la vecina república catalana. Los propios agentes antidisturbios se ocuparon de impedir a los fotógrafos y periodistas acercarse hasta la escena del crimen, dirigiéndoles amenazas, empujándolos y haciendo amago de golpearlos con sus porras, tal y como incuestionablemente recoge el video. Esa reprobable actuación policial está incluso tipificada como delito (artículo 172 Código Penal “amenazas, coacción e intimidación, en este caso a un periodista, para impedirle realizar su cometido profesional”).

Resulta vergonzoso que una fundación creada para proteger los derechos de los periodistas y ampararlos en caso de agresiones, tal y como es el principio fundacional de la FAPE, mantenga silencio y otorgue su apoyo a los enemigos de la libertad de expresión -apunta Tomás F. Ruiz-. Una FAPE que está ahí para validar este tipo de abusos, ataques y atentados contra la prensa, no solamente no recoge el indignado sentir de los periodistas españoles inscritos en ella, sino que se alinea en el bando opuesto, en el de las fuerzas represivas policiales que vienen imponiendo su ley del hampa en las calles de la vecina república catalana y que pretenden impedir a los periodistas cumplir con su labor informativa”.

Elsa González también mantuvo un cobarde silencio

En fecha 28 de julio de 2014, Tomás F. Ruiz expuso a la entonces presidenta de la FAPE, Elsa González, la grave situación que estaba viviendo en Cuenca, donde un sicario, protegido por la misma policía, lo atacó en la calle para coaccionarlo e impedirle hacer su trabajo informativo. En la comunicación que Tomás F. Ruiz envió, hasta en tres ocasiones, a la presidenta de la FAPE, se demostraba que este sicario estaba siendo amparado y protegido a todos los niveles por la justicia española y que su ataque había sido planeado como un atentado contra la libertad de prensa. Elsa González no sólo se negó a apoyar corporativamente la labor de Tomás F. Ruiz, sino que ni siquiera contestó a los numerosos emails que le fueron enviados por el periodista agredido.

Tomás F. Ruiz aportó todas las pruebas que confirmaban la complicidad de jueces y magistrados con uno de los sicarios que lo atacaron (Juan Ramón Fernández Serrano, conocido con el alias de “Juanra” en Cuenca y que desde que cometió su delito está recibiendo todo tipo de privilegios por parte de la Administración de Castilla-La Mancha). No obstante, esta grave situación de acoso a un periodista, refrendada y amparada por los mismos jueces, no tuvo la enérgica respuesta que correspondía por parte de la FAPE, una institución cuyo cometido principal es defender tanto la labor profesional, como la integridad física de los periodistas.

Tomas F. Ruiz informó igualmente a Elsa González de que, debido a la indefensión que le afectaba tras la sentencia que absolvía a su agresor, éste mismo o cualquier otro sicario podrían atacarle de nuevo y salir impunes de su delito, gracias al precedente judicial que la sentencia absolutoria sentaba en toda España. “Dicha sentencia -apunta el periodista- puede ser utilizada como comodín para agredir impunemente a cualquier otro profesional que pretenda llevar a cabo un periodismo de investigación como el que yo desarrollo y que, en el caso que nos ocupa, trataba de la corrupción institucional en que está inmerso el turismo de Castilla-La Mancha”.

La presidenta Elsa González se negó entonces a proteger a un periodista de carrera inscrito en la misma FAPE, así como a apoyar la labor de un profesional de la información. “Elsa González actuó de la manera más cobarde y rastrera que puede imaginarse -asegura Tomás F. Ruiz-: calló ante las amenazas y agresiones que sufrí y se negó a brindarme el apoyo y la protección de la FAPE que necesitaba cuando estaba acosado por bandas criminales. La presidenta ni siquiera reaccionó ante el hecho de que yo estaba sufriendo una absoluta indefensión por parte de las autoridades, que deberían haberme protegido y que, en realidad, hasta la fecha, a quienes protegen es a los sicarios que me atacaron. Mi caso no es en absoluto aislado y aquí se está actuando contra toda la profesión periodística de España… Por extensión, el cobarde silencio de Elsa González la convierte en cómplice de las bandas criminales y de los corruptos jueces y magistrados que las amparan”.

Debido a la absoluta indefensión que afecta al periodista Tomas F. Ruiz, éste se ve obligado a mantenerse en paradero desconocido para evitar que las amenazas de muerte que recibe puedan llevarse a cabo. “Con la abyecta complicidad de Elsa González -explica-, todos los jueces españoles, todas las instancias superiores, altos tribunales, cortes constitucionales y defensores del pueblo a que recurrí, se pusieron de acuerdo para desestimar mis recursos y asestar este golpe de mano a la libertad de prensa en España”.

Página web con imágenes de agentes antidisturbios amenazando a periodistas: (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/agents-de-la-policia-nacional-detenen-un-jove-a-la-via-laietana/video/5940896)


RESPUESTA DE FAPE

Madrid, 24 de febrero de 2020

Sr. D. TOMÁS F. RUIZ

Muy Sr. Mío:

Acusamos recibo de su queja de diciembre y lamentamos no haberle contestado antes, ya que la secretaria de contacto con las oficinas, causó baja en el mes de enero y entretanto se ha tenido que ir buscando otra persona que la sustituya.

La Comisión Permanente ha decidido desestimar su queja porque nuestro cometido no es denunciar periodistas, sino recibir la evaluación de los posibles daños que se efectúan, una vez expuestos por las personas perjudicadas, lo que no es este caso.

Nosotros no podemos ponernos a leer todos los periódicos ni visualizar los medios de comunicación, ya que esta labor de control excede de los límites de nuestra competencia.

Hemos visto varias veces el vídeo en el que denuncia como los antidisturbios amenazan a los fotógrafos que intentan llegar al lugar donde no se produce la tortura del joven, en el que no se aprecia ninguna tortura, ni amenazas, violaciones y coacciones que la policía nacional practicó con los periodistas y que, de ser cierto, sería objeto de una denuncia judicial, ajena totalmente a nuestras competencias.

Lamentamos no poder aceptar el caso porque no tenemos ninguna competencia para entrar a juzgar dichos asuntos.

Un cordial saludo

Cristina Fuertes-Planas Aleix

Secretaria de la Comisión.

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo se constituye como órgano ético de la profesión desde la autorregulación independiente y responsable, y vela por el cumplimiento del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

CARTA de FAPE CON NO ADMISIÓN QUEJA TOMÁS F. RUIZ COMISION ARBITRAJE

 

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