La excepcionalidad del ordenamiento jurídico español como un obstáculo para la paz. 2ª Entrega.

El estado español mantiene una práctica antiterrorista que vulnera derechos individuales y colectivos. En los últimos años han sido muchas las denuncias y recomendaciones de organismos internacionales en materia de libertades. Desde el “Pacto por las Libertades” del 2000 y la “Ley de Partidos Políticos” del 2002 apoyados por PP y PSOE, se ha incrementado la vulneración de leyes y garantías jurídicas propias de un estado de derecho.

Las normas excepcionales se vuelven permanentes, naturalizándose la excepción penal y las leyes ad hoc (a la medida). Hemos llegado al punto de que no se investiga un hecho delictivo, sino a un colectivo de personas por sus convicciones políticas. Se suceden los grandes procesos sumarios contra grupos de personas: 18/98, Jarrai-Segi, Egunkaria, movimiento Pro amnistía, Udalbiltza … donde se enjuician temas económicos, culturales, comunicativos o de mera actividad política, forzando la interpretación expansiva de los hechos delictivos tipificados en el Código Penal.

Estos procesos están dirigidos por la Audiencia Nacional, un Tribunal de excepción heredero del TOP (Tribunal de Orden Público) franquista. El intenso papel de creación legislativa por parte de la Audiencia Nacional supone que algunas leyes no se hagan en el Parlamento sino en tribunales de dudosa constitucionalidad. Se incrementa la vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad entre la conducta y la tipificación penal de la misma.

Se instauran nuevos conceptos legales como “terrorismo preventivo“ o “terrorismo desarmado”, cuyo contenido es puramente político y no jurídico. Se normaliza un “derecho penal del enemigo”, contrario al derecho penal del hecho, que excluye la responsabilidad penal por las ideas. Delinquen las personas no las ideas ni los pueblos.

Fue muy grave la sentencia contra las organizaciones juveniles al condenar a los jóvenes por “servir a los fines de ETA“. Posteriormente, en la sentencia del sumario 18/98 aparece ETA, no como una organización armada sino como una organización global. La sustancia de todas las organizaciones que formarían parte de ella es la defensa del derecho de autodeterminación.

La policía aporta en los procesos atestados que son denuncias. Lo que debería ser objeto de prueba se convierte en prueba. La policía -y no el juez- instruye el proceso. Las situaciones de incomunicación, malos tratos y tortura que propicia la legislación antiterrorista, son una constante; el uso de la prisión provisional es desproporcionado al igual que las fianzas que se imponen a muchos procesados. La ilegalidad de la política de dispersión carcelaria y alejamiento de los presos respecto a su domicilio, es flagrante. Los medios de comunicación, con una información unilateral del conflicto, justifican la politización y las vulneraciones de derechos y garantías de estos macrosumarios.

Tras la muerte de Franco el 20/XI/1975, la Monarquía Parlamentaria Española mantuvo la exclusión política del movimiento popular por la soberanía y el socialismo en Euskadi. El problema nacional, como afirmación de la identidad política de las mayorías sociales en las naciones periféricas del Estado Español, es negado de forma explícita en el artículo 2 del Título Preliminar de la Constitución Española. La autodeterminación, que es la esencia de la democracia, está expresamente prohibida por la Constitución Española, con la participación activa de casi todos los grupos políticos de derecha y de izquierda del Estado. La democracia resultante de este secuestro de la voluntad popular, se vendió como reconciliación y perdón universal. Los que se quedaron fuera de esta concordia, pasaron a ser enemigos de la democracia.

En el manifiesto de presentación de la “Plataforma por una solución democrática y dialogada del conflicto vasco” se dice: “ … ante la actual coyuntura política, los movimientos sociales del resto del estado debemos apoyar al movimiento popular vasco en sus demandas de encauzar este proceso de diálogo, paz y democracia. De hecho, desde finales de 2009, dicho movimiento por la independencia y el socialismo apuesta con firmeza por la superación de la violencia y el conflicto entre el estado español y el pueblo vasco … Ante este compromiso popular por la paz, el PP y el PSOE mantienen su política represora como indican las últimas detenciones por el hecho de participar en una organización juvenil o por supuestos hechos delictivos acontecidos hace una década. Con libertades ciudadanas no habría violencia y en un contexto democrático, sería imposible el engendro de un gobierno PSOE o PP en Euskadi”.

La apuesta del movimiento popular vasco por un proceso de superación del conflicto en los parámetros citados, ha tenido variadas reacciones. Mientras el PSOE dice que son necesarios más hechos, el PP sigue apostando por la línea dura de “vencer al enemigo“. Por su lado, el Presidente del PSE, Eguiguren, opina que la propuesta de la izquierda abertzale es real y está próximo el final de la violencia en Euskadi.

Más allá de las declaraciones de los políticos, es el momento de hablar de justicia, de democracia, de memoria, de reconciliación y de paz. Hablar de justicia es poner encima de la mesa el restablecimiento de los derechos vulnerados que generaron el conflicto y sus violencias posteriores. Se trata de tener presentes la memoria de todos los sufrimientos. Tanto el de las víctimas “oficiales” como el de las víctimas ocultadas por el poder.

A pesar del dolor causado, la reconciliación, como restablecimiento de los vínculos rotos por el conflicto, es necesaria para la convivencia una vez superado el enfrentamiento. Lo que define las relaciones sociales es el conflicto, como motor de los procesos históricos y es un hecho que los enfrentamientos violentos rompen gravemente el tejido social. Por ese motivo, curar las heridas causadas por estos conflictos es buscar la justicia y la reparación de lo sufrido.

Las víctimas, todas las víctimas, necesitan que se reconozca su sufrimiento a la vez que deben reconocer el dolor de los otros. La fuerza de un proceso de reconciliación auténtico radica en el mutuo reconocimiento de las víctimas.

La reconciliación no puede ser un manto de olvido. Implica enfrentarse con la verdad de todos los que han sufrido. Aunque haya documentos que la legalicen, la reconciliación no se decreta. Un buen comienzo en Madrid de este proceso es la convocatoria de la “Plataforma por una solución democrática y dialogada del conflicto vasco”, para escuchar las razones de las otras víctimas del “conflicto vasco”, en la presentación del libro del abogado Julen Arzuaga, “La maza y la cantera. Juventud vasca, rebeldía y represión”. Dicho acto se celebrará en el Ateneo de Madrid, el próximo 19 de noviembre 2010, a las 19:30 h.

10.11.10. José Manuel Hernández, abogado.

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