La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, un brindis al sol que dependerá del próximo Gobierno

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la denominada Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, un documento de 177 páginas que no supone ningún avance desde un punto de vista material en relación a la actual situación. Con las elecciones generales encima, parece más una medida de cara a la galería que la voluntad real de concretar mecanismos efectivos para paliar los efectos de la pobreza energética en el Estado español.

Los orígenes de este plan se remontan al mes de octubre de 2018, con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, norma en la que se establecía la obligación de aprobar una estrategia de alcance estatal en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Rozando la fecha límite, la ministra Teresa Ribera hacía público en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 5 de abril la publicación de este documento, que ya desde su inicio ha contado con un proceso de participación limitadísimo. Partimos como punto de salida del hecho de que se trata de un plan a cinco años vista que se pone como objetivo afrontar por primera vez la problemática de la pobreza energética y reducir las cifras en un 25% como mínimo antes de 2025.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), entendemos que una iniciativa tan importante como ésta debería haber sido debatida ampliamente con todos los colectivos sociales que día tras día defendemos en las calles los derechos básicos de las familias en situación de vulnerabilidad en relación a los suministros básicos. En vez de eso, hacemos patente que nuestra voz se ha sentido solo en una reunión con el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, y su equipo, y posteriormente a través de las alegaciones que realizamos en el propio documento de la estrategia y que no han sido contestadas, perdiendo así una oportunidad histórica de generar un espacio de debate y trabajo amplio que contara con todas las voces de la sociedad civil organizada.

En cuanto al documento en sí mismo, y tal como avanzamos en nuestras alegaciones al mismo, la Estrategia tiene una serie de déficits, de los cuales enumeramos los más importantes a continuación:

  • Por primera vez se define el concepto de pobreza energética, pero el Ministerio lo considera simplemente como una esfera más de la pobreza y la exclusión social. En el concepto propuesto se mencionan como causas el nivel de ingresos del hogar y la ineficiencia energética de la vivienda, pero sospechosamente se obvia la tercera de las causas de la problemática: el precio de la energía.Desde la APE seguimos defendiendo la necesidad de poner el foco sobre las empresas que se enriquecen a partir de servicios básicos para la ciudadanía, y, más concretamente, sobre el oligopolio energético, que ha contado con innumerables privilegios a lo largo de su historia. Por el contrario, el documento ministerial no hace ninguna referencia a estas empresas, excepto en el caso de Naturgy, a la que sorprendentemente pone como ejemplo de buena práctica en materia de actuaciones a corto plazo, a pesar de que sigue acosando a familias en situación de vulnerabilidad que tienen deudas con la compañía y aún a día de hoy no ha aceptado su responsabilidad en el caso de Rosa de Reus a quien la compañía le cortó el suministro de manera ilegal.
  • La Estrategia Nacional hace un intento de aumentar la protección de las usuarias de energía en caso de impago y restringir los supuestos de corte respecto al escenario actual. Con respecto a esta cuestión, plantea prohibir la interrupción del suministro en episodios climatológicos extremos, una medida que siempre hemos criticado, que ya se intentó en Cataluña y fue un absoluto fracaso. Por otra parte, introduce la posibilidad de aumentar el plazo antes del corte, de los cuatro a los ocho meses, manteniendo una potencia mínima durante este tiempo, que califica como “consumo mínimo vital”. A esta medida la llama “principio de precaución”, a pesar de que dista mucho del grado de protección de la Ley 24/2015, y a la cual siempre nos hemos referido cuando hemos podido interactuar con el Ministerio. No descansaremos hasta que se aprueben medidas valientes que garanticen el suministro a toda la ciudadanía, en especial a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
  • Una vez más, se pierde la ocasión de implicar al sector privado en la lucha contra la pobreza energética, que es lo que siempre hemos reclamado desde la APE. Es imprescindible que aquellos que mercadean con un bien básico y que tienen beneficios multimillonarios tengan la obligación de pasar cuentas con la ciudadanía y afrontar los gastos derivados de la vulnerabilidad energética, que en gran parte ellos mismos han provocado.

Como indica el titular de este comunicado, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética supone un brindis al sol, ya que solo representa una declaración de intenciones. Es decir, se proponen una serie de medidas, pero todas ellas se supeditan a un posterior desarrollo normativo, que en el mejor de los casos dependerá del partido que ocupe el Gobierno en la próxima legislatura, y en el peor, de la correlación de fuerzas en el Congreso si se requiere un cambio legislativo.

Por todo ello, desde la APE, a pesar de que celebramos que la pobreza energética tenga por fin la atención necesaria por parte de las instituciones estatales, vemos esta propuesta como un acto de carácter electoralista que no ha contado con la mínima participación ciudadana exigible. Ahora más que nunca, reclamamos un espacio de trabajo que integre a todas las entidades sociales que trabajamos a favor de los derechos de la ciudadanía y que sea más ambicioso que la llamada Mesa social de pobreza energética, que no se ha visto concretada.

Si desean saber nuestra opinión en profundidad de las medidas anunciadas, pueden acceder a nuestras alegaciones a través de este enlace.

 

Rebelión

 

 

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