La empresa que ha despedido Silvia Villullas por aparecer en «Ciutat morta» habría estafado al gobierno español
El Reina Sofía , los Ministerios de Economía y Hacienda y la Biblioteca de Cataluña serían algunas víctimas del presunto fraude millonario cometido por Segur Ibérica. Segur Ibérica habría estafado tanto al gobierno catalán como español.
Durante la rueda de prensa que familiares, amigos y afectadas por el caso que recoge el documental Ciudad Muerta, una de las amigas de Patricia Heras, Silvia Villullas, ha denunciado que a raíz de la emisión el pasado sábado del documental en el Canal 33, el empresa en la que trabajaba, Segur Ibérica, la ha despedido.
La Directa en papel publicó en su número 324, como esta empresa habría estafado los gobiernos españoles y catalán.
El fraude, que según la denuncia ascendería a nueve millones de euros sólo entre los años 2005 y 2007, habría sido posible a través de la manipulación del programa informático de gestión de personal, donde se habrían introducido datos falsos, según la empresa informática valenciana Nix Universal SL, proveedora del software -llamado Visualplan- y que se ha querellado contra Segur Ibérica en el juzgado de instrucción número 39 de Madrid. Entre las instituciones supuestamente afectadas está el Museo Reina Sofía -que habría sufrido una estafa de más de tres millones-, los Ministerios de Economía -cerca de dos millones- y Hacienda, la Biblioteca de Cataluña -35.000 euros-, la Delegación de la Generalidad en Madrid -cerca de 18.000 euros- o las sociedades públicas Aena, Adif y Renfe.
El fraude habría sido posible a través de la manipulación del programa informático de gestión de personal.
Detectives avalan el fraude
Según la versión que Antonio Morgado, abogado y administrador de Nix Universal SL, ha dado a la Directa, el caso arranca en 2007, cuando Segur Ibérica debía renovar la licencia de uso del programa Visualplan. La empresa de seguridad decidió presentar una demanda en un juzgado de Valencia contra la compañía informática con el argumento de que el programa no funcionaba correctamente y había provocado que pagara más horas a las trabajadoras, lo que le había causado un perjuicio económico. A raíz de la demanda, Nix Universal SL comprobó que el programa había sido manipulado -siempre según su versión- y descubrió las diversas irregularidades que, supuestamente, habría cometido Segur Ibérica, como la facturación por servicios no prestados o el uso de personal no cualificado para la tarea de vigilante de seguridad. La compañía de Morgado reaccionó con la presentación de dos querellas por fraude a la administración pública en el juzgado de instrucción número 39 de Madrid, pero fueron archivadas en los años 2010 y 2011. El administrador de Nix Universal no esconde que continúa con el caso porque el enfrentamiento con Segur Ibérica ha perjudicado su compañía, que ha perdido muchas clientas y ha despedido gran parte de la plantilla a consecuencia de una «campaña de difamación» por parte de la empresa de seguridad, con quien dejar de trabajar en 2007.
El proceso judicial se reabrió en 2013, a raíz de la aportación de pruebas nuevas por parte de un bufete de detectives contratado por Nix Universal, que en un informe certifica la presunta estafa de Segur Ibérica. El documento, incorporado a la instrucción del caso y al que ha tenido acceso la Directa, asegura que, entre 2005 y 2007, la empresa de seguridad cobró por el trabajo de al menos 657 trabajadoras con la categoría de vigilante «sin que tuvieran la correspondiente autorización administrativa del Ministerio del Interior para la realización de un mínimo de 7.568 servicios de vigilancia y seguridad además de 306 entidades diferentes «. Las denuncias presentadas contra Segur Ibérica también se refuerzan con los testimonios de varias antiguas trabajadoras, que avalan el fraude.
La fiscalía, sin embargo, asegura que no ve indicios de delito y, hasta ahora, ha declinado investigar el caso, a pesar de las pruebas aportadas, que según Segur Ibérica están «falsificadas». La compañía de seguridad ha demandado Nix por un delito de «violación de secretos» por el hecho de destapar información confidencial de sus trabajadoras. Con todo ello, Antonio Morgado no se está recordar que el exmagistrado de la Audiencia Nacional española Carlos Bueren se encarga de la defensa de Segur Ibérica y que su hermano José Luis es el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. Nix Universal presentó un recurso a la última decisión de la fiscalía y aún no ha sido resuelto.
Irregularidades en la Biblioteca de Cataluña
Una derivada del caso llegó la semana pasada a los tribunales catalanes. La jefa del servicio de administración de la Biblioteca de Cataluña, Margarita Valverde, y el responsable de mantenimiento de la misma institución, Fernando López, tuvieron que comparecer, el 27 de junio, en el juzgado de instrucción número 21 de la Ciudad de la Justicia después de que Nix Universal se querellara contra ellas acusándolas de los presuntos delitos de falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos, con el argumento de que eran conocedoras de la supuesta estafa de Segur Ibérica y no actuaron para impedirlo la. En su declaración, reiteraron que no tenían conocimiento de ningún fraude y que lo afirmaban basándose en la documentación aportada, precisamente, por la compañía de seguridad.
La réplica de la empresa informática de Antonio Morgado es el informe del bufete de detectives, que detectó varias irregularidades cometidas por Segur Ibérica en la Biblioteca de Cataluña (como la contratación de falsas vigilantes, la superación de las horas de trabajo establecidas por convenio o la falta de respeto a los descansos semanales de las trabajadoras), y las declaraciones ante notario que hizo, en el mes de mayo, José Albuixech, jefe de servicios de Segur Ibérica en el Principado y las Islas entre el 2005 y el 2010. En la declaración consultada por este semanario, Albuixech reconoce la estafa y explica que era difícil detectarla porque «si el cliente contrataba 100 vigilantes, los cuadrantes aparecían 100 vigilantes«, sin embargo, a la hora de la verdad, había menos y se pagaba un número inferior de nóminas. El antiguo alto cargo de la compañía añade que introducían nombres falsos como vigilante X o vigilante Casper al programa Visualplan para tapar los «descubiertos», es decir, la ausencia ocasional de alguna trabajadora. Así pues, se cobraba un servicio que no se había prestado. José Albuixech afirma que las coordinadoras de servicio de Segur Ibérica participaban en la trama y obtenían un sobresueldo con el dinero extra que ingresaba la compañía con el presunto fraude.
Segur Ibérica es una de las muchas empresas de seguridad privada que contrata el gobierno catalán
Contratos con la Generalitat
Segur Ibérica es una de las muchas empresas de seguridad privada que contrata el gobierno catalán. Se encarga de esta tarea en la Biblioteca de Cataluña desde 1993 y el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) publicaba, el 17 de abril de este año, la adjudicación de los servicios de vigilancia de los centros educativos La encina, Tilos, Montilivi, Can Llupià y Segre a la compañía por casi cinco millones de euros. El primer centro también se menciona en la documentación que Nix Universal aporta a la querella, donde se asegura que algunas de las personas encargadas de «vigilar» los menores eran, en realidad, jardineras. En este caso, el supuesto fraude no llegaría a los 3.000 euros. Varias oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) o la empresa del Ayuntamiento Barcelona de Servicios Municipales (B: SM) también habrían sido víctimas de una estafa, según denuncia la compañía informática.
* Publicado en la Directa en papel núm.324. Traducido electrónicamente del enlace:
https://directa.cat/lempresa-que-ha-acomiadat-silvia-villullas-ser-testimoni-ciutat-morta-hauria-estafat-governsL’empresa que ha acomiadat Silvia Villullas per ser testimoni a ‘Ciutat Morta’ hauria estafat els governs espanyol i català
Durant la roda de premsa que familiars, amics i afectades pel cas que recull el documental Ciutat Morta, una de les amigues de Patricia Heras, Silvia Villullas, ha denunciat que arran de l’emissió el passat dissabte del documental al Canal 33, l’empresa en la qual treballava, Segur Ibérica, l’ha acomiadat. La Directa en paper va publicar en el seu número 324, com aquesta empresa hauria estafat els governs espanyols i català.
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Diverses administracions públiques –entre les quals hi ha la Generalitat de Catalunya– i centenars d’empreses privades haurien estat víctimes d’una presumpta estafa milionària comesa per Segur Ibérica, una companyia de seguretat que presidia Pedro Morenés abans de ser nomenat ministre de Defensa, el gener de 2012, i que compta amb l’exministra Anna Birulés (PP) com a consellera. Segons una denúncia, Segur Ibérica hauria inflat la facturació a les clientes incorporant-hi serveis de seguretat mai prestats o que van ser cobrats a preu de personal qualificat tot i que van ser duts a terme per treballadores sense la titulació de vigilant de seguretat, a les quals l’empresa pagava en funció de la seva categoria laboral real i, per tant, n’obtenia un lucre evident.
El frau, que segons la denúncia pujaria a nou milions d’euros només entre els anys 2005 i 2007, hauria estat possible a través de la manipulació del programa informàtic de gestió de personal, on s’haurien introduït dades falses, segons l’empresa informàtica valenciana Nix Universal SL, proveïdora del software –anomenat Visualplan– i que s’ha querellat contra Segur Ibérica al jutjat d’instrucció número 39 de Madrid. Entre les institucions suposadament afectades hi ha el Museu Reina Sofía –que hauria patit una estafa de més de tres milions–, els ministeris d’Economia –prop de dos milions– i Hisenda, la Biblioteca de Catalunya –35.000 euros–, la Delegació de la Generalitat a Madrid –prop de 18.000 euros– o les societats públiques Aena, Adif i Renfe.
Detectius avalen el frau
Segons la versió que Antonio Morgado, advocat i administrador de Nix Universal SL, ha donat a la Directa, el cas arrenca el 2007, quan Segur Ibérica havia de renovar la llicència d’ús del programa Visualplan. L’empresa de seguretat va decidir presentar una demanda a un jutjat de València contra la companyia informàtica amb l’argument que el programa no funcionava correctament i havia provocat que pagués més hores a les treballadores, fet que li havia causat un perjudici econòmic. Arran de la demanda, Nix Universal SL va comprovar que el programa havia estat manipulat –sempre segons la seva versió– i va descobrir les diverses irregularitats que, suposadament, hauria comès Segur Ibèrica, com la facturació per a serveis no prestats o l’ús de personal no qualificat per a la tasca de vigilant de seguretat. La companyia de Morgado va reaccionar amb la presentació de dues querelles per frau a l’administració pública al jutjat d’instrucció número 39 de Madrid, però van ser arxivades els anys 2010 i 2011. L’administrador de Nix Universal no amaga que continua amb el cas perquè l’enfrontament amb Segur Ibèrica ha perjudicat la seva companyia, que ha perdut moltes clientes i ha acomiadat gran part de la plantilla a conseqüència d’una “campanya de difamació” per part de l’empresa de seguretat, amb qui va deixar de treballar el 2007.
El procés judicial es va reobrir el 2013, arran de l’aportació de proves noves per part d’un bufet de detectius contractat per Nix Universal, que en un informe certifica la presumpta estafa de Segur Ibérica. El document, incorporat a la instrucció del cas i al qual ha tingut accés la Directa, assegura que, entre 2005 i 2007, l’empresa de seguretat va cobrar per la feina d’almenys 657 treballadores amb la categoria de vigilant “sense que tinguessin la corresponent autorització administrativa del Ministeri de l’Interior per a la realització d’un mínim de 7.568 serveis de vigilància i seguretat a més de 306 entitats diferents”. Les denúncies presentades contra Segur Ibérica també es reforcen amb els testimonis de diverses antigues treballadores, que avalen el frau.
La fiscalia, però, assegura que no veu indicis de delicte i, fins ara, ha declinat investigar el cas, malgrat les proves aportades, que segons Segur Ibérica estan “falsificades”. La companyia de seguretat ha demandat Nix per un delicte de “violació de secrets” pel fet de destapar informació confidencial de les seves treballadores. Amb tot això, Antonio Morgado no s’està de recordar que l’exmagistrat de l’Audiència Nacional espanyola Carlos Bueren s’encarrega de la defensa de Segur Ibérica i que el seu germà José Luis és el fiscal en cap de la Unitat de Suport de la Fiscalia General de l’Estat. Nix Universal va presentar un recurs a la darrera decisió de la fiscalia i encara no ha estat resolt.
Irregularitats a la Biblioteca de Catalunya
Una derivada del cas va arribar la setmana passada als tribunals catalans. La cap del servei d’administració de la Biblioteca de Catalunya, Margarita Valverde, i el responsable de manteniment de la mateixa institució, Ferran López, van haver de comparèixer, el 27 de juny, al jutjat d’instrucció número 21 de la Ciutat de la Justícia després que Nix Universal es querellés contra elles acusant-les dels presumptes delictes de falsedat en document públic i omissió del deure de perseguir delictes, amb l’argument que eren coneixedores de la suposada estafa de Segur Ibérica i no van actuar per impedir-la. En la seva declaració, van reiterar que no tenien coneixement de cap frau i que ho afirmaven basant-se en la documentació aportada, precisament, per la companyia de seguretat.
La rèplica de l’empresa informàtica d’Antonio Morgado és l’informe del bufet de detectius, que va detectar diverses irregularitats comeses per Segur Ibèrica a la Biblioteca de Catalunya (com ara la contractació de falses vigilants, la superació de les hores de treball establertes per conveni o la manca de respecte als descansos setmanals de les treballadores), i les declaracions davant de notari que va fer, el mes de maig, José Albuixech, cap de serveis de Segur Ibèrica al Principat i les Illes entre el 2005 i el 2010. A la declaració consultada per aquest setmanari, Albuixech reconeix l’estafa i explica que era difícil detectar-la perquè “si el client contractava 100 vigilants, als quadrants hi apareixien 100 vigilants”, però, a l’hora de la veritat, n’hi havia menys i es pagava un nombre inferior de nòmines. L’antic alt càrrec de la companyia afegeix que s’introduïen noms falsos com vigilant X o vigilant Casper al programa Visualplan per tapar els “descoberts”, és a dir, l’absència ocasional d’alguna treballadora. Així doncs, es cobrava un servei que no s’havia prestat. José Albuixech afirma que les coordinadores de servei de Segur Ibérica participaven a la trama i obtenien un sobresou amb els diners extra que ingressava la companyia amb el presumpte frau.
Contractes amb la Generalitat
Segur Ibérica és una de les moltes empreses de seguretat privada que contracta el govern català. S’encarrega d’aquesta tasca a la Biblioteca de Catalunya des de 1993 i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicava, el 17 d’abril d’enguany, l’adjudicació dels serveis de vigilància dels centres educatius L’Alzina, Til·lers, Montilivi, Can Llupià i Segre a la companyia per gairebé cinc milions d’euros. El primer centre també s’esmenta a la documentació que Nix Universal aporta a la querella, on s’assegura que algunes de les persones encarregades de “vigilar” els menors eren, en realitat, jardineres. En aquest cas, el suposat frau no arribaria als 3.000 euros. Diverses oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o l’empresa de l’Ajuntament Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) també haurien estat víctimes d’una estafa, segons denuncia la companyia informàtica.
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