La dispersión

A José, un imaginario veterano de la Guerra Civil, se le acaban los años y la memoria. De la guerra le tocó vivir el planteamiento, el nudo, el desenlace y, como dice alguno de sus antiguos compañeros, «también lo que sobró». Maestro de su pueblo, miliciano de la primera hora en una columna de Levante, luchó en Belchite, Teruel y el Ebro en una división del Ejército Popular. De la batalla del Ebro salió preso para un campo de concentración franquista y de allí a un batallón de trabajo donde estuvo picando piedra hasta mediados de los años 40.

Si José o sus familiares tuvieran que recurrir a documentos para reconstruir su experiencia en la guerra, su periplo por los archivos españoles sería digno de Ulises. De su significación sindicalista en su pueblo encontraría rastro en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Noticias de su papel en la formación del batallón de milicias de su pueblo, acaso podría encontrarlas en la «Causa general», conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Los papeles de la unidad en la que combatió en el Ejército Popular debería consultarlos en el Archivo General Militar de Ávila, mientras que sus años de penado en los campos de concentración y el batallón de trabajo franquistas quizá estén reseñados en los expedientes del Archivo General Militar de Guadalajara. Para completar el viaje documental a su pasado, quizá podría preguntar por su situación de depurado como maestro en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares.

El tira y afloja sobre los «papeles» de la Guerra Civil vuelve ahora al escaparate político después del «punto final» provisional dictaminado en 2002 por el Patronato del Archivo de Salamanca. La cuerda vuelve a tensarse a la espera de las nuevas negociaciones del Gobierno socialista con sus socios en la Generalitat de Cataluña. Pero lo que esta polémica ha ocultado es otro debate de fondo sobre el modo en que España ha atesorado la memoria documental de la mayor tragedia de su historia.

Una decena de archivos públicos

Los papeles de la contienda que conserva el Estado no pueden estar más dispersos, repartidos en no menos de una decena de archivos públicos. Eso sí, son centros en los que se atiende con todas las garantías las peticiones de quienes preguntan por documentación, ya sean investigadores, veteranos del conflicto o familiares que buscan el rastro de sus abuelos, padres o hermanos. Archivos como el de Guadalajara, Alcalá de Henares, Ávila, Segovia o Viso del Marqués.

«Cuando fue creado en 1979 como una sección independiente del Archivo Histórico Nacional, nadie se atrevió a bautizar al archivo de Salamanca como lo que realmente es, un archivo de la represión franquista. Para no molestar a nadie, se prefirió el eufemismo de «archivo de la Guerra Civil», cuando en realidad no lo es», afirma Carlos Dardé. Este historiador fue uno de los expertos designados por Pilar del Castillo como representante en la comisión paritaria Gobierno-Generalitat que debía decidir sobre la devolución de los «papeles de Salamanca».

«Lo cierto es que sin ser el archivo de la Guerra Civil -dice Carlos Dardé- Salamanca tiene una unidad y un sentido que se debe mantener para evitar la disgregación de la memoria de un hecho concreto, como es la represión contra los vencidos. Y preservar esta unidad quiere decir mantener juntos la documentación incautada por los servicios de represión franquistas y los fondos a que dio lugar: los tres millones de fichas y los noventa mil expedientes que sirvieron a los vencedores para identificar a las víctimas de la represión».

La comisión no llegó a ningún acuerdo y el asunto se dio por zanjado. Y ello a pesar de que Dardé se mostró favorable a la devolución a Cataluña de algunos documentos anteriores a 1936 que no tenían vinculación con el uso represivo del resto de los papeles incautados. «Hay papeles de sociedades ecologistas y naturistas catalanas de principios de siglo, o documentación del puerto de Barcelona. Son ejemplos de documentos que no tienen relación con el sentido del archivo», recuerda.

El historiador Borja de Riquer, que formó parte de la comisión de expertos por parte de la Generalitat de Cataluña, asegura que Salamanca «no es ciertamente el gran archivo de la Guerra Civil que deberíamos tener». Pero va más allá y afirma que el archivo salmantino «ni siquiera es el archivo de la represión franquista, porque no tiene toda la documentación sobre este capítulo, que se encuentra dispersa en muchos otros centros estatales».

Riquer asegura que con el material documental de la Guerra Civil «no ha habido un verdadera política archivística, no se sabe por qué, si por desorden, por desidia o por incapacidad». «Hay una absoluta dispersión de los fondos militares, que se han ido trasladando a distintos archivos desde el Servicio Histórico Militar por problemas de espacio. Si están en Ávila o Guadalajara no es más que por disponibilidad de edificios para albergarlos. Lo mismo ocurre con los fondos civiles, que se han ido dispersando en distintos archivos estatales sin ningún criterio aparente».

El historiador catalán apuesta abiertamente «por una solución política para un contencioso lamentable». Y esta solución política es la de «apostar por la reunión de los fondos dispersos, con una coherencia temática y cronológica de la Guerra Civil». Aunque advierte que desde un punto de vista archivístico, podría haber objeciones para la reunión de los fondos, cree que «la dimensión política de la polémica debería llevar a un acuerdo de conciliación, con un proyecto de concentración de los fondos de la Guerra Civil en el archivo de Salamanca, como la «Causa General» o la documentación de unidades y operaciones militares, a cambio del retorno de la documentación que no tiene nada que ver con la Guerra Civil a sus legítimos propietarios: partidos, sindicatos, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc».

Carlos Dardé opina, por el contrario, que «un contenedor de todos los fondos de la Guerra Civil es difícil de imaginar. Hay un objetivo más modesto, que es el mantenimiento de los archivos que tienen una unidad y un sentido». «Entre los archiveros -añade- hay una clara oposición a los archivos temáticos, porque resulta muy difícil concentrar todos los documentos de una época: militares, sociales, políticos, diplomáticos… Un gran archivo de la Guerra Civil sería muy difícil de gestionar y de agrupar, pero además la reunificación de todos estos documentos estaría siempre sujeta a los criterios de interpretación del fenómeno que se dieran en cada momento».

Reproducción de los fondos

Entre los objetivos del Archivo de Salamanca se ha contado siempre el de aumentar y completar sus fondos, en cualquier soporte. En junio de 2002, al establecerse las competencias del Centro de Estudios y Documentación de la Guerra Civil, vinculado al Archivo de Salamanca, se apostaba por «disponer de copias en microfilm, microficha o en cualquier tipo de reproducción o soporte, de los fondos bibliográficos y documentales que se conserven en archivos nacionales o extranjeros».

Pero el actual director del archivo de Salamanca, Miguel Ángel Jaramillo, se muestra contrario a desvestir otros archivos para enriquecer el de Salamanca, informa Ana Belén Hernández Bravo. «El Archivo se creó en 1979 -explica Jaramillo- con la idea de ir reuniendo todos aquellos archivos o documentos que no tuvieran una sede y hablen de la Guerra Civil y sus consecuencias, fundamentalmente del exilio. Nosotros ofrecemos el archivo para custodiar todos aquellos documentos que todavía no tienen un destino o están en manos privadas. No se trata de que nos llevemos todos los archivos y los documentos de la guerra, eso sería una barbaridad».

La idea de unificar en Salamanca al menos la posibilidad de consultar física o digitalmente todos los fondos documentales de la Guerra Civil continuaba en el terreno de las buenas intenciones en el programa de cultura del PSOE en las pasadas elecciones. El programa recogía la creación de un Centro Estatal de Documentación e Investigación sobre la Guerra Civil y el Franquismo. Este centro debería permitir la «consulta, investigación y exhibición, a través de soportes físicos o virtuales digitalizados, sobre la totalidad de los fondos existentes, de titularidad pública o privada, en todo el Estado español, relacionados con el periodo comprendido entre 1936 y 1975».

En abril, el PP y el PSOE aprobaban en el Ayuntamiento de Salamanca una moción conjunta en la que se pedía al Gobierno socialista que mantenga la integridad del archivo y lleve adelante la creación del Museo Nacional de la Guerra Civil. La moción expresaba la necesidad de ampliar sus colecciones con nuevos fondos como garantía de futuro del archivo.

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